El principio de la libre determinación de los pueblos

Sergey Pesterev @sickle

 

Allí donde existen conflictos de tipo secesionista es muy habitual apelar al llamado “principio de libre determinación de los pueblos” (en adelante 'PLDP'). Un principio con una larga historia y que la Corte Internacional de Justicia (en adelante 'CIJ') ha clasificado de esencial en la configuración del Derecho Internacional (véase la resolución sobre el caso del Timor Oriental de 1995). Sin embargo, cuál sea su alcance y significado preciso es algo que no tiende a llegar con tanta profusión al debate público. Introduzcamos entonces esta cuestión de manera breve a fin de arrojar un poco de luz al respecto, clarificando qué hay de cierto en las tertulias, proclamas políticas y columnas de opinión que tantas veces manosean el concepto.

 

El antecedente histórico más importante del PLDP suele situarse el 8 de enero de 1918, en el discurso que el entonces presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson dirigió al Congreso. Conocido posteriormente como los "Catorce Puntos", Wilson pretendía que sus propuestas sirvieran para establecer las bases de un nuevo orden geopolítico capaz de evitar que en el futuro pudieran repetirse conflictos internacionales tan destructivos como la Primera Guerra Mundial, por entonces, en sus postrimerías. El quinto punto decía así:

 

"Reajuste, absolutamente imparcial, de las reclamaciones coloniales, de tal manera que los intereses de los pueblos merezcan igual consideración que las aspiraciones de los gobiernos, cuyo fundamento habrá de ser determinado"

 

Sin embargo, lo cierto es que estas ideas no acabaron de cuajar en el plano jurídico. Y es que si bien en el articulado del Pacto de la Sociedad de Naciones se recogía el establecimiento de un régimen particular para las colonias de las potencias perdedoras, se estaba muy lejos de los postulados de Wilson. Tal y como recoge Piernas (2016: 266-2667), la Comisión de juristas de la Sociedad de Naciones en relación al caso de las islas Aaland dejó claro cuál era el estado de la cuestión:

 

"Aunque el principio de libre determinación de los pueblos ocupa un lugar importante en el pensamiento político moderno, sobre todo desde la guerra mundial, conviene destacar que no figura recogido en el Pacto de la Sociedad de Naciones. Y la consagración de este principio en cierto número de tratados internacionales no basta para considerarlo como una de las reglas positivas del Derecho de Gentes... El Derecho internacional positivo no reconoce, pues, a colectivos nacionales, como tales, el derecho a separarse por un simple acto de voluntad del Estado del que forman parte".

 

Debemos esperar al final de la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que los términos 'libre determinación de los pueblos' sean positivizados. Así, en el art. 1.2 de la Carta de las Naciones Unidas se expone que uno de los objetivos principales de la ONU debe ser:  

 

"Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;"

 

Paradójicamente, la propia carta aceptaba en su capítulo XI la realidad colonial, si acaso matizándola y obligando a las metrópolis:

 

"que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo, aceptan como un encargo sagrado la obligación de promover en todo lo posible, dentro del sistema de paz y de seguridad internacionales establecido por esta Carta, el bienestar de los habitantes de esos territorios".

 

Es por ello que solo puede afirmarse que el PDLP entra a formar parte del ordenamiento internacional en los términos que hoy lo comprendemos a partir de 1960 cuando, en respuesta a las presiones de las colonias y la URSS (Piernas, 2016: 269) la Asamblea General de la ONU adoptara la Resolución 1512 (XV). En ella se afirma que:

 

Consciente de la necesidad de crear condiciones de estabilidad y bienestar y relaciones pacíficas y amistosas basadas en el respeto de los principios de la igualdad de derechos y de la libre determinación de todos los pueblos, y de asegurar el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades,

 

Reconociendo el apasionado deseo de libertad que abrigan todos los pueblos dependientes y el papel decisivo de dichos pueblos en el logro de su independencia,

 

Consciente de los crecientes conflictos que origina el hecho de negar la libertad a esos pueblos o de impedirla, los cual constituye una grave amenaza a la paz mundial,

 

[…] Reconociendo que los pueblos del mundo desean ardientemente el fin del colonialismo en todas sus manifestaciones,

 

[…] Creyendo que el proceso de liberación es irresistible e irreversible y que, a fin de evitar crisis graves, es preciso poner fin al colonialismo y a todas las prácticas de segregación y discriminación que lo acompañan

 

[…] Convencida de que todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad absoluta, al ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional,"

 

Nótese la impronta de Wilson en esta declaración, donde se vincula la cuestión de la libre determinación de los pueblos a la paz y estabilidad internacional, así como al carácter inevitable de estos procesos que, parece razonable, convendría canalizar legalmente dotándolos de un marco jurídico en el que tener lugar. Es en base a lo anterior que también se declaraba que:

 

"[…] A fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer pacífica y libremente su derecho a la independencia completa, deberá cesar toda acción armada o toda medida represiva de cualquier índole dirigida contra ellos, y deberá respetarse la integridad de su territorio nacional. […] En los territorios en fideicomiso y no autónomos y en todos los demás territorios que no han logrado aún su independencia deberán tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones ni reservas, en conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados, y sin distinción de raza, credo ni color, para permitirles gozar de una libertad y una independencia absolutas."

 

Qué debiera entenderse como un ‘territorio en fideicomiso y no autónomo’ quedaba definido en el anexo a la Resolución como “un territorio que está separado geográficamente del país que lo administra y es distinto de éste en sus aspectos étnicos o culturales.“ Queda entonces claro que, al menos en aquel momento, los grupos humanos con una capacidad plena de auto determinarse eran unas poblaciones muy concretas. No en vano la Resolución se cerraba afirmando en su sexto punto que:

 

Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.”

 

Unas ideas que, diez años más tarde, serían reiterados en la Resolución 2625 (XXV):

 

“[…] la sujeción de los pueblos a la subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye uno de los mayores obstáculos al fomento de la paz y la seguridad internacionales,

 

Convencida de que el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos constituye una importante contribución al Derecho Internacional contemporáneo, y de que su aplicación efectiva es de la suprema importancia para fomentar entre los Estados las relaciones de amistad basadas en el respeto del principio de la igualdad soberana,

 

Convencida, en consecuencia, de que todo intento de quebrantar parcial o totalmente la unidad nacional y la integridad territorial de un Estado o país o su independencia política es incompatible con los propósitos y principios de la Carta

 

Como vemos la estructura y la filosofía de fondo se mantiene: el colonialismo supone una importante amenaza a la paz mundial, el PLDP constituye una norma esencial del ordenamiento internacional y, no menos importante, debe respetarse la integridad territorial de los Estados. De este modo, y de acuerdo con estas resoluciones, los territorios que cumplan los requisitos anteriores tendrán derecho a: 

 

El establecimiento de un Estado soberano e independiente, la libre asociación o integración con un Estado independiente o la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo constituyen formas del ejercicio del derecho de libre determinación de ese pueblo.”

 

A lo largo de las décadas decenas de pueblos (principalmente africanos) ejercieron este derecho. Ahora bien, ¿cuál es la relación exacta que se establece entre el PLDP y el principio de integridad territorial? Podría parecer que, o bien están en contradicción, o bien el primero excepciona al segundo. Sin embargo, la comprensión más extendida al respecto considera que no existe solapamiento entre ellos ya que las colonias –aquellos pueblos amparados por el PLDP- no forman parte de los Estados de los que, aparentemente, se separan. Así lo aclara la propia Resolución cuando afirma que:

 

El territorio de una colonia u otro territorio no autónomo tiene, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, una condición jurídica distinta  y separada de la del territorio del Estado que lo administra, y esa condición jurídica distinta y separada conforme a la Carta existirá hasta que el pueblo de la colonia o territorio no autónomo haya ejercido su derecho de libre determinación de conformidad con la Carta y, en particular, con sus propósitos y principios.”  

 

De allí que, en rigor, la independencia de la colonia no pueda considerarse una violación de la integridad territorial del “Estado madre” ni, por tanto, un caso de secesión –pues esta implica un desmembramiento efectivo (Pons, 2014). Es por ello que, de nuevo, la Resolución indica en el párrafo inmediatamente posterior que:

 

Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descritos y estén, por tanto dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color.”

 

Repárese en las últimas líneas de este importante fragmento: se vincula el respeto al PLDP con la representación sin discriminación de todos los ciudadanos de un Estado. Pues bien, ¿qué conlleva este nuevo inciso, original de la Resolución 2625 (XXV)? Se trata de la conocida como “cláusula de salvaguarda” que ha dado lugar a una distinción doctrinal entre dos aspectos o dimensiones del PLDP. La dimensión externa, que ya hemos visto al hablar de los territorios coloniales, y la dimensión interna, aplicable a cualquier otro pueblo pero que solo exigiría que el Gobierno del Estado en cuestión los representada sin discriminación y, para el caso de los pueblos indígenas, quizás cierta capacidad de autogobierno para sus asuntos locales. Solo en caso contrario, en caso de existir una situación de abierta y sistemática discriminación, podría plantearse la llamada “secesión-remedio”, cuestión bastante controvertida y que merece una entrada específica.

 

Así pues, aun cuando textos tan importantes como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en vigor desde 1976 inicien su articulado afirmando sin ambages que “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación”, hoy el consenso doctrinal es casi unánime al decir que, en su dimensión externa, el PLDP solo cubre a los pueblos coloniales. Es más, que la oposición a las secesiones es uno de los pocos puntos en que existe un acuerdo unánime entre todos los Estados (Cassese, 1995).

 

No obstante, es de reconocer cuan sencillo es llevarse a error. Consideremos sino el Acta Final de Helsinki donde se afirma con rotundidad que: “[…] todos los pueblos tienen siempre el derecho, con plena libertad, a determinar cuándo y cómo lo deseen, su condición política interna y externa, sin injerencia exterior, y a proseguir, como estimen oportuno, su desarrollo político, econó­mico, social y cultural”. Es cierto que en otros puntos del texto, al hablar de fronteras y de integridad territorial, la cuestión se aclara algo más pero este continuo tira y afloja entre la comprensión restrictiva y la amplia del PLDP da que pensar, sugiriéndole a uno importantes dudas. ¿Qué sentido puede tener afirmar sin matices que todos los pueblos tienen siempre el derecho con plena libertad para determinar su condición política interna y externa si la autodeterminación completa debiera restringirse para las colonias? 

 

La conclusión a esta introducción podemos encontrarla en Özden y Golay (2010: 7) cuando, comentando esta misma cuestión –y en particular, los párrafos del artículo 1.2 de la Declaración y el Programa de Acción de Viena (1993)- afirman que estas contradicciones "exponen toda la complejidad de la cuestión y muestran que atañe más a la política y a las relaciones de fuerza que al derecho”. 

 

-Cassase, A., (1995), Self-determination of People; A Legal Reappraisal, Cambridge University Press.

 

-Pons, X., (2014) “Legalidad internacional y derecho a Decidir” Revista Electrónica de Estudios Internacionales, num. 27

 

-Piernas, J.J., (2016), “100 años de libre determinación de los pueblos. La evolución del principio” Anuario español de derecho internacional, Vol. 32 (259-295)

 

-Özden, M. y Golay, C., (2010) “El derecho de los pueblos a la autodeterminación”, Centro Europa - Tercer Mundo (CETIM).

 

 

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