• Sergi Lostao

¿Votar a los 16?


Taylor Wilcox @taypaigey

El pasado 20 de octubre el Senado debatió una propuesta de ERC para rebajar el umbral de edad mínima en España para votar de los 18 a los 16 años. La propuesta fue rechazada por una amplia mayoría, pero es de esperar que en los próximos años vuelva a aparecer en la palestra política española, ya que existen otras formaciones políticas que defienden esta medida en sus programas electorales, la cual ya existe en algunos países. ¿Es esta una buena idea? ¿Debería rebajarse la edad mínima para votar o ya está bien en los vigentes 18 años? Este artículo pretende examinar los argumentos más comunes a favor y en contra de esta medida.


Probablemente el argumento más frecuente en favor de la rebaja de edad es el de la equiparación de derechos y deberes. En España existen una serie de derechos que se pueden empezar a ejercer a partir de los 16 años, como el del trabajo (si bien requiere del consentimiento paterno si no se es un menor emancipado), casarse, conducir ciclomotores, abortar… Asimismo, a partir de los 16 también hacen su aparición una serie de deberes como el pago de algunos impuestos o la posibilidad de enfrentarse a responsabilidades penales como un adulto. Parecería pues lógico que si a los 16 años uno ya es mayor para disponer de derechos y deberes tan importantes, también lo sea para escoger a los representantes que van a tomar importantes decisiones para su vida, pues esta asimetría sería injusta. O como dirían los colonos británicos en la América del siglo XVIII, no taxation without representation.


Ante esta posición también cabría señalar que si bien es cierto que una serie de derechos y deberes importantes aparecen a los 16 años, otros tantos no lo hacen hasta los 18, así que la fijación del umbral de voto legal no tendría porque ir de la mano de unos derechos necesariamente en detrimento de los otros, a no ser que consideraremos que todos a la vez deban aparecer en la misma edad por la antes mencionada injusta asimetría. Es más, otorgar un derecho tan importante a los 16 años cuando aún hay deberes que no aparecen hasta los 18 supondría desequilibrar (un poco más) la balanza.


Este punto, acaso el más importante, no tiene una fácil resolución. La discusión sobre en qué edad debemos otorgar derechos y deberes dista de ser sencilla, y tampoco es fácil determinar cuáles deben aparecer conjuntamente o no. Parece claro que el elemento fundamental detrás de esta decisión sería el peso que le damos a la madurez y responsabilidad del individuo en cada momento de su vida. Asumiendo que realizar este juicio caso por caso sería inviable, necesitamos un umbral de edad aplicable a todos los individuos por igual (si acaso con la excepción de discapacidades severas o similares). De los muchos elementos que configuran nuestra realidad social, económica, política, etc., también parece razonable asumir que unos u otros requerirán un nivel de madurez y responsabilidad distintos. Esto justificaría que se dispongan de derechos y deberes distintos en edades distintas, pero no nos soluciona el problema de la balanza desequilibrada. Si consideramos que esto es especialmente grave, la solución parecería clara: equiparemos derechos y deberes a la misma edad, y discutamos si la edad de 16, 18 u otra nos parece la más adecuada para este punto de equilibrio.


El segundo argumento más común hace referencia al fomento del interés de los jóvenes en la política. Si asumimos que es deseable que los jóvenes se interesen e involucren en la política, permitirles ejercer el voto antes puede ser una buena manera de convertirles en ciudadanos más cívicos y comprometidos. De hecho, es una tónica muy común en las democracias actuales que la cohorte de edad más joven es la que menos vota en las elecciones.


Ante este razonamiento, los críticos con esta propuesta suelen señalar el riesgo de permitir votar a personas con un conocimiento bajo de los asuntos políticos y sociales (además de la ya mencionada inmadurez), y sobre todo, de aparente fácil manipulación. Estaríamos permitiendo votar a gente influenciable, que ejercería el voto de forma poco responsable e inconsciente, siendo pasto de populismos y mensajes peligrosos.


Sin embargo, ¿qué evidencia existe sobre las supuestas mejores capacidades de los adultos para ejercer un derecho a voto de forma “responsable? Más allá del intuitivo argumento de la madurez, no parece que haya una respuesta tan obvia ni que la carga de la prueba deba recaer solo sobre los jóvenes. Además, si realmente esto es tan importante, ¿no sería entonces necesario determinar algún mecanismo para poder juzgar el buen criterio y raciocinio de todos los individuos? ¿Y cuál debería ser? Desde luego estas preguntas abren otro debate distinto, pero que quizás es necesario tener si aceptamos la premisa de la que hemos partido.


Aun si esta premisa fuera cierta, aceptar este argumento implica suponer que el grupo de edad de 16 a 18 años es significativamente más manipulable e irresponsable que los grupos más adultos, o que con los 18 años estos riesgos se reducen significativamente. Esto no se puede asumir tan a la ligera. En primer lugar, habría que determinar de qué hablamos cuando consideramos que los jóvenes votarían “mal”. ¿Votarían a partidos de extrema izquierda o derecha? ¿Votarían a populistas? ¿A candidatos outsiders o que se presentan a modo de burla al sistema? Una vez que sepamos de qué mal hay que morir, en segundo lugar tendríamos que demostrar que los jóvenes votan en mayor medida a estos partidos que el resto de la ciudadanía. Si no se cumplen estas dos condiciones, este argumento no parece demasiado consistente.


Relacionado con este punto anterior, existe otra crítica a la propuesta que hace referencia a qué partidos beneficiaría. Así pues, se suele decir que los partidos que defienden esta medida lo hacen porque esperan obtener un beneficio neto electoral. En otras palabras, porque esperan que los jóvenes les votarían a ellos. Bien, independientemente de si esto ocurriera o no y si realmente existe una motivación espuria para hacer esta propuesta, esto no invalidará los argumentos a favor que puedan existir, como los ya comentados. Si rebajar la edad de voto es una buena idea, deberíamos apoyarlo al margen de lo que supongamos que van a votar los jóvenes. Además, tampoco se puede asumir que este colectivo votará siempre igual, pues a menudo se producen cambios a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en la II República se temía que conceder el voto a las mujeres supusiera un apoyo extra para la derecha, pero el periodo democrático actual los sondeos sugieren que las mujeres españolas se sitúan ligeramente a la izquierda del centro político.


El tercer argumento a favor hace referencia a mejorar la representación de los intereses de los jóvenes en las políticas públicas. Como ya hemos mencionado, los jóvenes voten poco. Esta situación toma forma de una suerte de círculo vicioso: como los jóvenes votan poco, los políticos no se esfuerzan demasiado en fomentar políticas que les favorezcan, lo cual a su vez acrecienta el desapego de los jóvenes hacia la política. Esto es especialmente notorio en una sociedad cada vez más envejecida y con un número de nacimientos muy inferior al de décadas atrás. Si además de votar poco, los jóvenes son un grupo cada vez más reducido demográficamente, el sistema político siempre tenderá a tener poco en cuenta sus necesidades y problemas. Permitir introducir savia nueva en el censo electoral ayudaría a revertir algo esta tendencia, pues los políticos deberían prestarles un poco más de atención.


Hay incluso otra vuelta de tuerca a este argumento, más allá de si se presta atención a las demandas “propias” de la juventud, que es cuando los grupos de edad tienen preferencias muy diferentes sobre un asunto de relevancia política. Véase el caso de la independencia de Escocia. El apoyo a la misma es abrumador entre los jóvenes, superando los dos tercios. Sin embargo, este apoyo queda completamente revertido entre los mayores de 55 años. La siguiente es una pregunta un tanto chocante, pero no por eso menos importante: ¿es justo que personas con pocos años de vida por delante decantan una decisión en el sentido contrario al deseado por otras personas con décadas por vivir? Si se considera que esto es un problema (aunque sea parcialmente) poder votar a los 16 años lo mitigaría.


Ante esto se podría afirmar que la incorporación de este grupo supondría un cambio tan escaso sobre el censo que estos efectos serían muy reducidos, acaso hasta casi imperceptibles. Es mucho suponer que los políticos se volcarán con los jóvenes solo por existir esta incorporación en el censo electoral, mientras los guarismos de su participación electoral sigan siendo tan escasos. No obstante, tenemos ejemplos recientes de que cuando un colectivo empieza a acceder al derecho al voto (véase, los inmigrantes) los políticos sí que empiezan a prestarles atención, aunque no sea de forma abrumadora.


En conclusión, la resolución de este debate dista de ser obvia. En nuestra opinión, una buena parte de los argumentos y réplicas en este mismo tienen un peso menor. Si los políticos prestan más o menos atención a los jóvenes, si estos tienen demandas específicas, si tienen preferencias diferentes… son cuestiones circunstanciales. Es posible que con más jóvenes votando se tomara más en consideración estos asuntos, pero también es cierto que con una mayor capacidad organizativa y de movilización social, a través de otras formas de participación política, los jóvenes también podrían hacer valer mucho más su voz.


La piedra de toque en este debate es la equiparación de deberes y derechos. En este sentido, hay que resolver dos puntos para posicionarse en este debate. En primer lugar, ¿realmente es tan grave que exista un desequilibrio de derechos y deberes entre los 16 y los 18 años? En segundo lugar y si se responde de forma positiva a esta pregunta, aún debemos determinar si la edad para equipararlos (todos o por lo menos el derecho al voto) debería ser los 16 o 18 años.


En cualquier caso, vista la complejidad del debate y el hecho de que no parezca claro ni que se esté cometiendo una injusticia ni que se vayan a producir unos beneficios ni perjuicios evidentes con esta medida, en nuestra opinión no nos encontramos ante un problema de acuciante resolución, ni en un sentido ni en otro. Ciertamente los jóvenes tienen problemas que les son propios, y la sociedad y la clase política los deben atender, pero esta medida no parece que tenga por qué solucionarlos ni reparar o causar un daño irreversible.


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