La primavera chilena: movilización ciudadana y transformación constitucional

15/11/2020

Guido Coppa @gcoppa

 

 

Pocos acontecimientos han suscitado tanta deliberación pública y originado profundas transformaciones políticas como las protestas ciudadanas iniciadas en Chile en octubre de 2019. A raíz de la ejecución de determinadas medidas económicas, estudiantes, docentes, trabajadores y mujeres se movilizaron masivamente para reclamar contra el ajuste del gasto público, el aumento de las tarifas, la eliminación de subsidios y la pérdida del poder adquisitivo en los salarios. Para neutralizar las protestas, el presidente Sebastián Piñera declaró el estado de excepción, se suspendieron derechos constitucionales y se ejercieron elevados niveles de violencia policial. El actuar de las fuerzas de seguridad dejó en el camino fallecimientos, torturas, abusos sexuales, detenciones arbitrarias y tratos inhumanos y degradantes (Amnistía Internacional, 2020). El objetivo de este artículo es explorar el proceso socio-político chileno conocido como primavera chilena y observar los cambios institucionales que ha generado.

 

 

Dictadura y constitución: Chile como laboratorio de las políticas neoliberales

 

Como es sabido, los acontecimientos políticos responden a complejas causas que las naciones ven suceder en el curso de las décadas. Esta afirmación es de especial relevancia para el caso de Chile, pues no es irrazonable afirmar que las causas de la primavera chilena deben buscárselas en la implantación del modelo neoliberal en manos del general Augusto Pinochet con el golpe de Estado perpetrado contra el presidente legítimo Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, con la ayuda de Estados Unidos, de las élites económicas chilenas y del soporte teórico de la Escuela de Chicago[1]. Los economistas de esta Escuela, con Milton Friedman a la cabeza –quien visitaba asiduamente al país y se reunía personalmente con Pinochet–, hicieron de Chile una especie de laboratorio o experimento de las recetas neoliberales (Harvey, 2005, pp. 14-15 y Valdés, 2020). Friedman acuñó la expresión «milagro chileno» para describir las reformas de liberalización económica implementadas por Pinochet, entre las que destacan la drástica reducción del gasto público, la privatización de las empresas estatales y la eliminación de tasas y aranceles a la actividad económica. Además, la dictadura comenzó a negociar créditos con el Fondo Monetario Internacional.

 

Así pues, es necesario dirigirse al diseño global de la Constitución de 1980 para comprender la primavera chilena. La Constitución cuenta con escasa o nula legitimidad democrática pues estuvo plagada de irregularidades: en aquel año no había democracia, no existían registros electorales, a los partidos políticos de la oposición no se les permitió hacer campaña ni difundir sus propuestas y la carta suprema se aprobó con un plebiscito que muchos consideran fraudulento. En ella se potenció el modelo económico neoliberal. Según Jorge Baradit, la Carta de 1980 «prohibió al Estado hacer negocios porque todo debía ser privado […] consagró la calidad de cliente del ciudadano cuando eliminó los derechos a salud o educación, por ejemplo, y los reemplazó por derecho al acceso a la salud y educación» (Baradit, 2020, pp. 59-60).

 

La Constitución mira con marcado recelo el catálogo de derechos económicos, sociales y culturales que en el siglo xx diversos Estados latinoamericanos declararon y que representan un logro en la historia del constitucionalismo contemporáneo. De hecho, no es casualidad que la Constitución chilena emplee, cuando refiere a los derechos de salud y educación, verbos que bien podrían calificarse de «blandos»: reconocer, promover, coordinar, favorecer. Ellos implican una especie de compromiso liviano con los derechos, en comparación con otros textos constitucionales que utilizan verbos como asegurar, gozar, otorgar o garantizar. En palabras de Roberto Gargarella, la declaración de derechos de la Constitución «llama la atención por su carácter deficitario y conservador. En efecto, la Constitución chilena asombra por las trabas que establece a la negociación sindical (por ramas de actividad); la prohibición de la huelga de los empleados públicos; el bloqueo a prestaciones plenamente públicas en salud, etc» (Gargarella, 2020, p. 17).

 

Si bien no es posible aquí explicar en detalle el contenido de la Constitución, el principio central que define su arquitectura es el de subsidiariedad. Este principio implica que los individuos y las empresas ostentan una posición de superioridad respecto del Estado en aquellas materias que representan el interés público como obras o servicios, por lo que los privados asumen de manera directa la realización de estos. Dicho de modo ligeramente distinto: la casi totalidad de los ámbitos de la vida social quedan sometidas a las leyes del mercado. Así, el Estado ostenta una posición residual y secundaria respecto de los particulares y solo cuando estos no lleguen debería intervenir. En Chile, sin embargo, el Estado raramente intervenía, incluso cuando las empresas fracasaron para proveer un bien o un servicio básico de manera universal y a precios razonables.  En palabras del ideólogo de la Constitución de 1973, Jaime Guzmán, la subsidiariedad significa que «el Estado en la sociedad debía ser subsidiario en virtud de la autoridad ontológica del individuo frente a la sociedad […] las sociedades intermedias, creadas por el hombre en unión de su naturaleza social, son también superiores al Estado, por lo que este ha de estar a su servicio y no al revés» (Le Monde Diplomatique, 2011). El dominio total de la lógica de la subsidiariedad ha causado, en opinión de Fernando Atria, que «las instituciones chilenas fueran explícitamente diseñadas para neutralizar, no canalizar, la agencia política del pueblo chileno» (Atria, 2013, p. 7).

 

En los últimos años, la ciudadanía de Chile ha dado muestras explícitas de hastío, disgusto e insatisfacción hacia el modelo consagrado en la Constitución. Por ejemplo, en el año 2011 hubo fuertes protestas por la educación, pues los estudiantes rechazaron el sistema educacional que provee una amplia participación del sector privado y una mínima injerencia del Estado. Se calcula que solo el 25 % del sistema educativo es financiado por el Estado, mientras que los estudiantes aportan el otro 75 % con altísimos niveles de endeudamiento por largos años (Smink, 2011). Luego, en 2016 miles de personas protestaron bajo el lema «NO+AFP», en contra del sistema privado de pensiones a cargo de corporaciones con fines de lucro (AFP).

 

 

La primavera chilena

 

Días antes del estallido de octubre de 2019, el presidente Piñera aseguró que «en medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile, nuestro país es un verdadero oasis con una democracia estable, el país está creciendo» (Publimetro.cl, 2019). Con un evidente desconocimiento de las problemáticas económicas y las privaciones de los capas bajas y medias, las élites y parte de la clase política alegaron que «nadie vio venir» el estallido de octubre. De hecho, ministros de Piñera declararon que «el que madrugue será ayudado [para tomar el metro, por ser más barato]», o que «las flores han tenido un descenso en su precio» o, por último, que los pacientes van temprano a los consultorios «porque son un elemento de reunión social [en referencia a las largas esperas para obtener atención médica.]» (Estas frases pueden consultarse en Eldesconcierto.cl, 19 de octubre de 2019). Todos estos dichos causaron una honda indignación en la ciudadanía.

 

El desencadenante directo de la crisis de octubre corresponde al alza del precio de metro de Santiago, que pasó de 800 a 830 pesos, de 1,13 a 1,17 dólares. Miles de ciudadanos, en su mayoría trabajadores, mujeres, docentes y estudiantes, agotados por la subida de precios en los servicios públicos y no así en los salarios, se movilizaron primero espontáneamente y luego organizadamente: evasiones del pago del metro, marchas y movilizaciones en plazas y espacios públicos, saqueos de supermercados y tiendas, barricadas, incendios de estaciones y cacerolazos fueron las muestras del descontento masivo. Por estos eventos, Piñera anunció primero el estado de excepción en Santiago y posteriormente lo extendió a otras ciudades (Decretos N° 472, 477, 478 y 479). La declaración del estado de emergencia molestó a muchos sectores populares y la gente lo desafió manteniéndose en las calles. Además, se dispuso el toque de queda.

 

En el plano constitucional, acreditadas voces (entre otros, Jaime Bassa, Claudio Nash, Claudia Hess)[2] advirtieron que la declaración del estado de emergencia estuvo envuelta en vicios de inconstitucionalidad. En primer lugar, el Presidente no delegó en los mandos militares las atribuciones que le confiere la Constitución para tomar medidas restrictivas de los derechos y de las libertades personales, tales como el toque de queda, practicar detenciones y efectuar allanamientos. En segundo lugar, existiría una contradicción insalvable entre la regulación constitucional y la regulación de la Ley N° 18415 de 1985 —también sancionada durante la dictadura pinochetista—, instrumento normativo que regula los estados de excepción. El punto neurálgico de esta tensión se encuentra en que la mencionada Ley no se ajustó a la reforma constitucional del año 2005, por tanto se operó con una ley inconstitucional, pues hace referencia a normas de la Constitución que ya no existen y que autoriza cosas que ya no están autorizadas.

 

Por otro lado, el presidente Piñera declaró que el Estado chileno se encontraba «en guerra contra un enemigo poderoso» (El Cronista, 21 de octubre de 2019). En similar sentido, la primera dama en un audio privado —luego filtrado— dijo que el estallido era «como una invasión extranjera, alienígena» (Clarín, 22 de octubre de 2019). Estas declaraciones, lejos de ser baladíes, son absolutamente preocupantes. Reestablecer la idea del enemigo interno –como hizo la dictadura de Pinochet con militantes políticos, sindicalistas, homosexuales– genera la quiebra del principio de inocencia, base del derecho penal y administrativo de garantías. Como ha escrito el jurista Luigi Ferrajoli, la «razón jurídica del Estado de Derecho no conoce enemigos y amigos, sino sólo culpables e inocentes» (Ferrajoli, 2006, p. 31). Además, en un contexto lleno de tensión, roces e incidentes como el chileno, azuzar un supuesto estado de guerra es como encender «una chispa para desatar una masacre» (Matamala, 2019, p. 20).

 

Las estadísticas no dejan lugar a dudas del exceso de las fuerzas de seguridad y del incumplimiento de los estándares jurídicos nacionales e internacionales asumidos por Chile: 17 313 personas detenidas, de las cuales 950 estuvieron en prisión preventiva; más de 20 muertos; 3157 civiles heridos y 254 menores; 346 casos de maltrato, de los cuales 246 fueron por torturas y tratos crueles y 58 por violencia sexual; 14 lesiones gravísimas; y 5 lesiones de pérdida total de visión (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2019)[3].

 

 

De la movilización ciudadana al cambio social: el plebiscito constitucional

 

Varias son las consecuencias políticas que pueden extraerse de la primavera chilena y del actuar del Estado. En primer término, el recurso al estado de excepción y al toque de queda no contribuyó a tranquilizar a la ciudadanía y mucho menos a mantener la seguridad pública, sino que la agravó. Asimismo, las consecuencias del actuar policial en materia de derechos humanos fueron graves: pérdida de visión, abusos sexuales, torturas, detenciones arbitrarias, apremios ilegales, desapariciones y homicidios que, en la mayoría de las ocasiones, los responsables han quedado impunes penalmente. Además, los saqueos y los actos vandálicos de grupos minoritarios tampoco cesaron. Por otro lado, lo que el estado de excepción, el toque de queda y la obcecación por garantizar el orden público con policías y militares en las calles no pudo neutralizar fue la intensa movilización ciudadana que, en gran parte, logró su objetivo; vale decir, encaminarse hacia un cambio significativo en la estructura constitucional del país.

 

En este sentido, el logro histórico más importante fue el haber forzado ante las autoridades la celebración de un plebiscito para que la ciudadanía —en una muestra cabal del ejercicio del derecho al autogobierno— decida qué Constitución darse. Como se señaló, el país todavía vive con un texto constitucional delineado y aprobado por la dictadura de Pinochet en 1980. Ciertamente, la Constitución es la norma fundamental de una comunidad política. El constitucionalista Rafael Bustos Gisbert ha sostenido que la calificación de «fundamental» que le otorgamos a la Constitución es, entre otros motivos:

 

Por el modo en que se elabora. Las constituciones no pueden entenderse sin procesos de elaboración profundamente deliberativos en momentos de ruptura histórica en la continuidad de una comunidad política. […] Momentos en los que se produce una movilización profunda que, en nuestros días, sólo puede ser democrática y colaborativa (Bustos Gisbert, 2018).

 

Las dos preguntas del plebiscito celebrado el 29 de octubre de 2020, a poco más de un año después del estallido inicial, fueron: «¿Quiere usted una nueva Constitución?» y «¿Qué tipo de órgano debe redactar una nueva Constitución?» Respecto de la primera pregunta, «apruebo» o «rechazo» eran las dos posibles respuestas. El resultado arrojó que más del 78 % eligió el «apruebo», habiendo votado 14,7 millones de personas. Como se observa, el «apruebo» fue contundente. En cuanto al órgano que debe redactar el nuevo texto constitucional, se impuso con un altísimo porcentaje (79,06 %) que sea una convención constitucional que estará integrada por 155 ciudadanos electos para ese fin y será paritaria, es decir, asegurará la igualdad entre hombres y mujeres. Se estima que la elección de la convención constitucional se votará en abril de 2021.

 

En resumen, la primavera chilena generó masivas movilizaciones ciudadanas, una extendida deliberación pública y, sobre todo, estuvo marcada por la intención de cambiar definitivamente la Constitución gestada en la dictadura de Pinochet a través de un plebiscito transparente que resolvió conformar una convención constituyente compuesta por ciudadanos y ciudadanas. Se espera que la futura Constitución deje atrás el paradigma neoliberal instaurado por la fuerza militar pinochetista y transite hacia un nuevo modelo de Estado social y redistributivo.

 

[1] De hecho, una de las consignas ciudadanas del estallido de octubre de 2019 fue «no son treinta pesos [en referencia al aumento del boleto del metro, como se explicará más adelante], sino treinta años».

 

[2] Jaime Bassa denunció ante la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado chileno que lo que estaba sucediendo se caracterizaba por ser «un Estado de Sitio de facto», toda vez que según la Constitución el estado de emergencia solo puede habilitar a restringir la libertad de locomoción y reunión, pero no la detención de personas (como efectivamente sucedió).

 

[3] Semanas después, el presidente Piñera admitió abusos y atropellos por parte de las fuerzas de seguridad. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional instaron a Chile a que cese con la represión policial.

 

Bibliografía

 

  • Amnistía internacional (2020). Ojos sobre Chile: violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social. Santiago de Chile. 

  • Atria, F. (2017). Veinte años después, neoliberalismo con rostro humano. Santiago de Chile: Catalonia.

  • Baradit, J. (2020). Rebelión. Santiago de Chile: Sudamericana.

  • Bustos gisbert, R. (2018). Es urgente reformar la Constitución. El País.   

  • Ferrajoli, L. (2006). El derecho penal del enemigo y la disolución del derecho penal. Revista Nuevo Foro Penal.

  • Gargarella, R. (2020). Diez puntos sobre el cambio constitucional en Chile. Revista Nueva Sociedad, 285.

  • Harvey, D. (2005). Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Akal.

  • Instituto Nacional de Derechos Humanos. (17 de octubre – 30 de noviembre de 2019). Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile en el contexto de crisis social.

  • Le Monde Diplomatique, Edición Chilena, 19 de agosto de 2011.

  • Mansuy, D. (2016). Notas sobre política y subsidiariedad en el pensamiento de Jaime Guzmán. Revista de Ciencia Política, 2, (36).

  • Matamala, D. (2019). La ciudad de la furia. Santiago de Chile: Catalonia.

  • Smink, V. (2011). Las razones de las protestas estudiantiles en Chile. BBC Mundo Cono Sur.

  • Valdés, J. G. (2020). Los economistas de Pinochet: la Escuela de Chicago en Chile. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.

 

 

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