Seguridad económica y derechos sociales: reflexiones sobre el Estado de bienestar

16/10/2020

Guilherme Cunha @guiccunha


Entre los historiadores existe consenso en señalar que el Estado de bienestar fue una construcción histórica que emergió en varios países de Europa occidental una vez finalizada la segunda guerra mundial e inició su paulatino ocaso en los comienzos de la década del 70, acentuándose en los últimos años. A raíz de la crisis económica de 2008 sufrió un intenso desgaste, pues para mitigar el crack financiero se optó por adoptar programas de austeridad sobre el gasto público de salud, educación y pensiones, como lo demostraron las experiencias en países del sur europeo. No obstante, en naciones como Dinamarca, Noruega, Finlandia o Suecia todavía encontramos Estados que responden a sus características. El presente artículo explora dos particularidades históricas del Estado de bienestar estrechamente relacionadas: la seguridad económica y los derechos sociales.

 

En primer lugar está la cuestión de los riesgos sociales. Es válido calificar al Estado de bienestar como reductor de riesgos o, en términos de Adela Cortina, como “garante de la seguridad”[1], pues su fin prioritario y al cual se dirigían la mayoría de sus esfuerzos jurídicos, presupuestarios y administrativos era la seguridad material de las poblaciones. Esto lo hacía a través de programas que garantizaban salarios mínimos, pensiones, educación, vivienda, acceso a los servicios públicos y, sobre todo, un conjunto de prestaciones que resguardaba de infortunios: accidentes de trabajo, desempleo, enfermedades, invalidez, discapacidad, maternidad y pérdida de familiares. En otras palabras: a través de la planificación estatal, el Estado protegía al conjunto de la población de los factores de inseguridad social y material. En este contexto cabe hablar propiamente de una “ciudadanía social.” El sociólogo británico Thomas Marshall, quien en 1950 acuñó el concepto ciudadanía social, escribió que su determinación era dada por “el derecho a una medida de bienestar económico y seguridad hasta el derecho a compartir plenamente la herencia social y a llevar la vida de un ser civilizado según las pautas prevalecientes en la sociedad. Las instituciones más estrechamente relacionadas con él son el sistema educacional y los servicios sociales”[2].

 

En simultáneo, la previsión de las incertidumbres futuras quedaba en buena medida neutralizada por las prestaciones y derechos sociales señalados. Como ha indicado Robert Castel, los asalariados gozaban de una sólida base de recursos para “gobernar el presente y dominar el futuro”[3]. Este hecho es fundamental, pues los trabajadores podían prever y planificar el futuro laboral, económico y familiar. Además, tenían buenas razones para creer que el porvenir sería mejor y que sus hijos accederían a la universidad, a una vivienda y a un trabajo estable. De hecho, la educación se convirtió en un elemento esencial de pertenencia comunitaria y funcionó como la vía prioritaria de ascenso y movilidad social. Dicho de modo ligeramente distinto: las familias disponían de soportes materiales, jurídicos y simbólicos que les aseguraban cierta previsibilidad para hacer elecciones sobre el futuro.

 

Al mismo tiempo, el trabajo confería un estatus de reconocimiento a los individuos y a las familias, pues como se sabe trabajar implica ingresar en una red socio-simbólica de relaciones consolidadas con el entorno. De ahí que por estos años se asista a un extraordinario desarrollo del derecho del trabajo, el que debe inscribírselo en el marco del constitucionalismo social, es decir, el proceso mediante el cual se otorgó rango constitucional a los derechos sociales[4]. La mediación del derecho resultó central para garantizar las protecciones sociales a la clase trabajadora. El trabajo regulado por el Estado proveía el soporte protector. Desde luego, los abusos patronales nunca fueron desterrados del Estado de bienestar, pero el trabajo fue dignificado, regulado y protegido por leyes, decretos y disposiciones administrativas. En particular, una de las herramientas principales era la negociación colectiva: el acuerdo negociado entre sindicatos, empresas y Estado acerca de las condiciones que debían regir las relaciones laborales. Estas impedían que el trabajo fuera una mera cosa a explotar, como lo fue en tiempos de la revolución industrial y continuó durante el siglo XIX, como captó Marx con precisión en sus análisis del capitalismo[5]. Del protagonismo del derecho se deriva el carácter particularmente reformista del Estado de bienestar: no se buscaba derribar al capitalismo y tampoco se cuestionaba que la acumulación de la ganancia privada no fuera conforme a sus reglas, sino que se procuraba disminuir la arbitrariedad patronal o, como ha afirmado Alain Supoit, “civilizar las relaciones sociales”[6], esto es, limitar el poder empresarial a través de regulaciones beneficiosas de los intereses de los trabajadores.

 

Pero los trabajadores no estaban protegidos sólo por el derecho laboral. En especial, una de las configuraciones decisivas que corrió en paralelo al desarrollo del Estado de bienestar fue el fortalecimiento de los movimientos obreros organizados. La inclusión de los trabajadores en movimientos coordinados, autónomos, unificados y combativos garantizaba su inserción en redes colectivas, impedía la fragmentación de los reclamos, creaba lazos de solidaridad entre los asalariados y en caso de conflicto con los patrones funcionaba como una especie de escudo protector. Con sus propios aparatos burocráticos, sindicatos, funcionarios, cuadros técnicos, militantes y partidos políticos afines –socialistas, comunistas, marxistas–, los movimientos obreros organizados constituían un sólido bloque de poder relativamente homogéneo que contrapesaba el poder de los empresarios, luchaba por mejores condiciones salariales y unificaba su acción en base a una serie de objetivos comunes[7].

 

En tanto, el modelo económico desplegado en el contexto del Estado de bienestar consistió en un capitalismo basado en la industria que presentó ciertos niveles de compromiso social con los trabajadores y con la sociedad en general (más adelante se observarán las razones, entre las que destaca el miedo al cambio revolucionario). En efecto, resultó posible arribar a acuerdos entre las exigencias de ganancia de las empresas y los intereses de los trabajadores. Es importante destacar que, influenciado por el keynesianismo y por un inequívoco rol interventor en la economía, el Estado de bienestar contribuyó a la consolidación de lo que se ha denominado la edad de oro del capitalismo, los famosos “treinta años gloriosos” (1945-1975). Eric Hobsbawm cuenta que en la década del 50 el eslogan británico fue “usted nunca estuvo tan bien”[8], para describir el boom que se vivía en la economía. Ciertamente, la expresión años gloriosos es cuanto menos impugnable, pues no dejaron de existir injusticias redistributivas. No obstante, fue una edad de prosperidad extensiva con elevados índices de crecimiento del PIB –aproximadamente el 4, 6 por ciento anual en Europa–, un aumento considerable del ingreso per cápita y, en particular, no hubo tempestades económicas de magnitud hasta la crisis del petróleo en 1973. El crecimiento y la estabilidad constituyeron dos logros significativos. Entre otras razones se debió al permanente control estatal sobre la economía y las restricciones impuestas: un sistema fiscal progresivo con impuestos elevados; regulación del crédito, los precios y salarios; control de inversiones internas y externas; tasas de cambio fijas y tasas de interés bajas. 

 

Por otro lado, los derechos sociales, antes de haberse desarrollado por el avance lineal del progreso de la humanidad –relato extendido en el hemisferio occidental desde los albores de la Ilustración en el siglo XVIII– ni mucho menos por la conciencia de los empresarios de las privaciones materiales de los trabajadores, fueron la consecuencia de sucesivas huelgas, conflictos violentos, protestas, levantamientos, manifestaciones y revueltas. Por este motivo, no es desacertado afirmar que el miedo al cambio radical fue una de las bases que consolidó al Estado de bienestar. A este respecto, Josep Fontana ha señalado que las presiones del movimiento obrero obligaron a concesiones de los empresarios para evitar que “el orden social fuese subvertido por intentos revolucionarios […] los terrores que habían engendrado estas revueltas fueron los que impulsaron a las clases propietarias, mediante el arbitraje de los gobiernos, a negociar mejoras con los trabajadores. Sin la fuerza negociadora de los sindicatos, nunca hubiera habido estado del bienestar.”[9]

 

Ciertamente, uno de los objetivos políticos centrales del Estado de bienestar transitó por la atenuación de los riesgos de subversión del orden establecido[10]. Vale decir: los conflictos de clase fueron contrarrestados por las instituciones representativas a través de pactos, acuerdos y el diálogo social, con lo cual se otorgaba un cauce legal y administrativo a las demandas de la clase obrera. De hecho, en Europa existieron proyectos que consolidaron la forma social del Estado y no se situaron, precisamente, en el ámbito de la izquierda. Por ejemplo, el gobierno del general De Gaulle en Francia durante los años 60. También se ha destacado que la implementación del Plan Marshall por parte de Estados Unidos –eje de la reconstrucción europea de la posguerra– funcionó como dique de contención estratégico para detener el proyecto comunista, la “amenaza roja” representada en la URSS y sus países satélites[11]. En suma, la búsqueda de consenso y la neutralización del conflicto político, que siempre puede asumir un cariz violento, fueron los caminos escogidos para asegurar la estabilidad social.  

 

En conclusión, un análisis de la historia del Estado de bienestar sugiere que a través de diversas políticas, estrategias y acciones institucionales logró neutralizar los riesgos e inseguridades sociales, garantizar los derechos de prestación y proteger el trabajo. A más de medio siglo de su devenir histórico y teniendo en cuenta que no es posible retornar a este tipo de Estado pues las condiciones socio-económicas distan de ser iguales, en el mundo actual –atravesado por la crisis del coronavirus– tal vez no haya cuestión más urgente que materializar las conquistas alcanzadas por el Estado de bienestar para erradicar la pobreza y disminuir la desigualdad[12].

 

[1] Cortina, Adela, “El Estado de Bienestar como garante de la seguridad”, Temas para el debate, n° 159, 2008, pp. 48-50.

 

[2] Marshall, Thomas, Ciudadanía y clase social, Losada, Buenos Aires, 2004, pp. 21-22.

 

[3] Castel, Robert, La inseguridad social ¿Qué es estar protegido?, Manantial, Buenos Aires, 2015, p. 42.

 

[4] Por ejemplo, en las Constituciones de Francia (1946), Suiza (1947), Italia (1948) y España (1976).

 

[5] Marx, Karl, El capital. Crítica de la economía política, Siglo XXI, Madrid, 2017.

 

[6] Supiot, Alain, Crítica del derecho del trabajo, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 1996.

 

[7] Silver, Beverly, Fuerzas de trabajo. Los movimientos obreros y la globalización desde 1870, Akal, Madrid, 2005, pp. 143-189.

 

[8] Hobsbawm, Eric, “Adiós a todo aquello”, Historia y Sociedad, n° 23, julio-diciembre 2012, p. 319.

 

[9] Fontana, Josep, El futuro es un país extraño. Una reflexión sobre la crisis social de comienzos del siglo XXI, Pasado y presente, Barcelona, 2013, p. 9.

 

[10] Balibar, Etienne, Ciudadanía, cit., p. 88-92.

 

[11] Fontana, Josep, Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945, Pasado y presente, Barcelona, 2013.

 

[12] Para un análisis de los trayectos, derivas y políticas del Estado de bienestar en la actualidad, véase Del Pino, Eloísa y Rubio Lara, Josefa (Dirs.), Los Estados de Bienestar en la encrucijada. Políticas sociales en perspectiva comparada, Tecnos, Madrid, 2016.

 

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