¿Qué tan democrático es Estados Unidos?

16/10/2020

 Carl Nenzen Loven @archduk3

 

 

El título que encabeza este artículo puede ser entendido como una provocación o como la duda sembrada por un firme detractor de Estados Unidos con la intención de socavar su imagen. Sin embargo, en realidad, no es más que una paráfrasis de una de las obras del destacado politólogo estadounidense Robert A. Dahl, How democratic is the american constitution?. Cuestionar la democracia estadounidense puede resultar chocante. ¿Cómo no debe ser ejemplar una democracia que realiza elecciones desde el siglo XIX, que vota cargos públicos como los responsables de la policía o del sistema educativo local, que realiza habitualmente referéndums sobre mil asuntos o que tiene un sistema de primarias en los partidos políticos que ha sido imitado en otros lugares? Además, atendiendo a las clasificaciones que realizan los índices que miden la democratización de los países, nadie debería dudar que Estados Unidos es un país democrático. Pero nada de esto significa que su sistema deba estar exento de críticas. De hecho, algunas de ellas ya se han comentado en esta revista. En vista de que apenas quedan unos días para las elecciones presidenciales que elegirán al «líder del mundo libre» (así como la Cámara de Representantes y una parte del Senado), en este artículo examinaremos las principales críticas al sistema político estadounidense, prestando especial atención a sus efectos y a su comparación con las demás democracias liberales.

 

 

Los pecados originales

 

Como cualquier buen conocedor de la historia de Estados Unidos podrá suponer, su sistema político viene profundamente marcado por el fenómeno de la esclavitud. Aunque este ya fue un tema de debate en el mismo momento de la emancipación del país, la Constitución aprobada en 1787 toleró la posesión de esclavos. Esto cambió tras la Guerra de Sucesión —no así la discriminación racial—, pero su herencia tiene aún hoy un peso remarcable. No solo se trata de los problemas de racismo y de las condiciones socioeconómicas de la población afroamericana, sino también de las propias instituciones políticas.

 

Así pues, el derecho a voto, que no estaba explícitamente recogido en la Constitución, fue denegado sistemáticamente a las minorías raciales hasta la segunda mitad del siglo XX. A día de hoy, podríamos considerar todo ello como agua pasada. Al fin y al cabo, Estados Unidos ya eligió un presidente negro. Sin embargo, el derecho a voto todavía acarrea significativos problemas. Un número destacable de estados sigue poniendo restricciones a este derecho, las cuales dificultan o hasta imposibilitan su ejercicio en las minorías, sobre todo entre afroamericanos. A diferencia de países como España, estar registrado en el censo electoral no es un trámite que el sistema se encarga de hacer por los electores. Como con casi todo en política estadounidense, la situación varía por estados, pero el caso es que en muchísimos lugares poder votar depende de un registro previo que el ciudadano debe realizar, apareciendo aquí distintas posibles trabas o dificultades que, efectivamente, suelen perjudicar a las minorías. Sirva de ejemplo el caso de la población reclusa o exreclusa, con un componente claramente racial. Además, recuerden que en Estados Unidos no existe un documento oficial de identidad nacional, de modo que para registrarse se necesita algún otro tipo de documento oficial, como el carné de conducir en vigor.

 

Por si fuera poco, podemos encontrar otros problemas vinculados con el ejercicio del voto que tienen una relación más o menos directa con la cuestión racial, como sería el gerrymandering, el voto por correo, los puntos de votación, etc. Parece increíble que el país más poderoso del planeta tenga problemas tan graves para ejercitar el derecho a voto, cuando cualquier democracia medianamente consolidada los tiene razonablemente resueltos desde hace décadas. El actual presidente norteamericano se ha dedicado a sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso electoral, aun cuando su partido es el claro beneficiado de estas trabas, pues los colectivos a quienes más perjudica (pobres y minorías étnicas) son poco proclives a votar al Partido Republicano. En todo caso, el hecho de que no exista una mínima legislación a nivel federal junto con la herencia histórica antes comentada, abren la puerta a toda esta serie de evitables problemas.

 

Otra importante herencia institucional de la fundación de la república norteamericana fue la designación de 2 senadores por Estado. Igual que en el caso de la esclavitud, nos encontramos ante un compromiso surgido de las negociaciones entre las 13 colonias originales que ha llegado hasta nuestros días. Esta igual designación de senadores nos lleva a uno de los efectos típicos de los sistemas electorales mayoritarios: el malapportionment. El hecho de que estados como California (unos 40 millones de habitantes) o Texas (unos 29 millones) tengan el mismo peso en el Senado que Wyoming o Vermont (unos 600 000 habitantes) genera una gran desigualdad en la representación política de los estadounidenses. Aun si aceptamos que la lógica del Senado es representar a los estados y no a la población del país —para ello ya estaría la Cámara de Representantes— no tendría por qué derivarse un prorrateo que de el mismo peso a todos por igual. Existen buenas razones normativas para defender la defensa de las minorías territoriales, pero este sistema podría fácilmente asimilarse a la «tiranía de la minoría», sobre todo teniendo en cuenta lo que se expone en el siguiente punto.

 

 

Los segundos serán los primeros

 

Quizás el elemento más característico del sistema político estadounidense sea el Colegio Electoral, muy singular en política comparada. Probablemente este no sería tan importante si no pudiese llegar a provocar que el candidato más votado pierda las elecciones. Ese fue el caso de Al Gore en 2000 y Hillary Clinton en 2016. Actualmente, el Partido Republicano es también el claro beneficiado de este sistema. De hecho, si Trump ganara el Colegio Electoral, pero perdiera el voto popular en las elecciones de este noviembre, se daría una llamativa situación: los demócratas habrían ganado el voto popular en 7 de las últimas 8 elecciones presidenciales, pero solo habrían gobernado tras 4 de ellas.

 

El Colegio Electoral refuerza la idea apuntada en el caso del Senado: permitir que un conjunto de votantes minoritario acabe obteniendo victorias electorales. Quizás algún lector no ha quedado convencido de la crítica del punto anterior, pues puede encontrar buenas razones para que todos los estados elijan el mismo número de senadores. No obstante, ¿qué buenos argumentos puede encontrar para defender al Colegio Electoral? En las elecciones presidenciales se elige un ticket de presidente-vicepresidente que gobiernan en el conjunto del país, sin limitación territorial interna alguna. ¿Por qué no deberían ser votados directamente por el pueblo estadounidense? Una vez más, las razones para ello son históricas y nos llevan a los pecados originales del nacimiento de Estados Unidos (en este caso, el miedo a la democracia directa), pero a día de hoy cuesta encontrar una razón de peso para defender este anacronismo, que además se está convirtiendo en una alteración cada vez menos improbable del resultado del voto popular.

 

 

El papel del Tribunal Supremo

 

Los 9 jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos (máxima instancia judicial del país) son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado. Su mandato es vitalicio, con la intención de poder garantizar su independencia. Como en cualquier otro Estado de derecho, su papel es fundamental para el funcionamiento del sistema político y jurídico. El hecho de que en la elección de sus jueces participen tanto la Presidencia como el Senado (ejecutivo y legislativo) parece un buen garante de que estos cargos gocen de legitimidad popular, así como que se enmarquen dentro del juego de checks and balances tan propio del sistema político estadounidense. Sin embargo, esta institución no está exenta de controversia.

 

Como ya hemos visto, tanto la Presidencia como la mayoría del Senado pueden estar ocupados por representantes que en realidad no han conseguido una mayoría en el voto popular, de modo que el nombramiento de estos jueces puede producirse por minorías políticas. Además, el hecho de que los cargos sean vitalicios tiene consecuencias muy relevantes. Por mucho que la intención de esta característica sea garantizar su independencia, la realidad es que la mayoría de las veces los jueces considerados como «conservadores» o «progresistas» votan en bloque de acuerdo a estas etiquetas. Si el curso de la naturaleza da a un presidente la oportunidad de nombrar un juez, en el fondo sabe que estará situando una importante pieza en la estructura de poder del país durante muchos más años que va a durar su mandato. Si el azar llega al punto (como ha sido el caso de Trump) de ofrecer nada más ni nada menos que 3 nombramientos en 4 años, los efectos en muchas decisiones a largo plazo van a ser enormes, aun cuando esta decantación ideológica del tribunal se haya dado por mero azar: una mayoría política en un momento muy concreto que ni siquiera gozaba de la mayoría del voto popular. Por cierto, la idoneidad de nombrar a una juez para el Supremo a escasos días de las elecciones, que pueden cambiar la Presidencia y la mayoría del Senado, merece un debate aparte. En 2016, estando fuera de la Casa Blanca, los republicanos argumentaron que el nombramiento se debía producir tras las elecciones, y así lo consiguieron. Actualmente defienden lo contrario.

 

 

Fucking money man

 

Para expresarlo de forma breve: un requisito para hacer carrera política en Estados Unidos es ser millonario o, por lo menos, reunir una ingente cantidad de dinero en el periodo preelectoral. Sí, puede haber algunas excepciones puntuales, pero la regla general es esta.

 

No seamos tan ingenuos como para pensar que el dinero solo es importante en la política estadounidense. Lo es en todos los sistemas políticos modernos, por lo menos en la medida en que sirve para vencer algunas barreras de entrada, por ejemplo, obtener presencia en los medios de comunicación y redes sociales. Ahora bien, esta realidad es muy especialmente notable en Estados Unidos. La profesionalización de las campañas, los procesos de primarias, la publicidad masiva, las débiles estructuras de los partidos (en comparación con las europeas), etc. son factores que dotan de mayor importancia a la financiación privada de los candidatos.

 

Pero, por encima de todo, cabe destacar que desde hace algunos años el Tribunal Supremo anuló los límites de donaciones privadas a las campañas. Esto hace que individuos pudientes o empresas con deseos de tener buenos amigos en los cargos electos puedan introducir dinero a manos llenas en el proceso electoral, naturalmente, con el fin de fomentar sus propios intereses. De hecho, es muy posible que si el lector tiene interés en las campañas electorales estadounidenses esté ya familiarizado con el término «Super PAC», organizaciones que promueven las campañas de candidatos aportando ingentes sumas de dinero. Estas prácticas han aumentado enormemente en la última década, desde otra célebre sentencia del Tribunal Supremo que alteró el sistema en 2010.

 

La razón por la cual se permite esta financiación casi sin límites y poco transparente se justifica bajo la defensa de la libertad de expresión y de la que estas actividades serían una práctica aceptable. Esta es sin duda una interpretación muy controvertida de este derecho fundamental, que está teniendo consecuencias muy claras en la política estadounidense. A menudo vemos como una de las razones por las que los candidatos en los procesos de primarias se retiran es la falta de dinero para continuar en el proceso. En definitiva, quizás sería exagerado afirmar que en Estados Unidos el dinero compra elecciones, pero desde luego disponer de mucho cash es una condición casi imprescindible para poder participar en el proceso.

 

 

Sombras y luces

 

No sería justo acabar este artículo dando a entender que la democracia estadounidense solo se caracteriza por los déficits aquí expuestos. Los pesos y contrapesos entre los poderes del estado, la libertad de prensa, los derechos individuales, los referéndums celebrados a nivel estatal o local… son muchos los elementos que dan riqueza a este sistema político. A menudo, buena parte de ellos ha servido como inspiración y modelo para otros países. A diferencia de lo que ocurrió en la Europa de entreguerras y a pesar de una severa crisis económica, la democracia norteamericana nunca cayó bajo la tentación totalitaria. Sin duda, sus instituciones y su valores cívicos debían tener una fortaleza remarcable, como ya observó Tocqueville un siglo atrás.

 

Ahora bien, las críticas expuestas en este artículo nos indican que hay importantes problemas en este sistema político y que cualquier sistema es susceptible de degenerar en el tiempo. Lo especialmente llamativo es que para resolver estos problemas basta observar cómo otras democracias liberales han diseñado sus sistemas institucionales. No se trata de hacer una enmienda a su totalidad, pero sí de destacar que hay elementos que no podrían estar más lejos de la ejemplaridad con la que Estados Unidos ha vendido su modelo al resto del mundo. En contra de lo que a menudo hemos visto en los grandes éxitos de Hollywood, el mundo es más complejo que una elección entre blanco y negro. Esperemos que, dentro de la amplia gama de grises que existe en la política, aprendamos a distinguir los más claros, y en la medida de lo posible, quedarnos con ellos.

 

 

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