Reseña: "Aporofobia y plutofilia. La deriva jánica de la política criminal contemporánea" de J.M. Terradillos Basoco

30/09/2020

John Moeses Bauan @johnmoeses

 

La política criminal es el conjunto de respuestas que un Estado adopta para hacer frente a conductas que considera reprochables, disvaliosas o causantes de perjuicio social (delitos) con el fin de garantizar la protección de los intereses públicos y los derechos de los ciudadanos. Ahora bien, en los debates contemporáneos sobre el tema no abundan los análisis que tengan en cuenta las relaciones económicas, la desigualdad creciente, la pobreza estructural, las luchas de poder, la debilidad del Estado de Bienestar y las violaciones a los derechos humanos. Afortunadamente, ése no es el caso del último libro del Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, Juan María Terradillos Basoco, cuyo objetivo central es indagar sobre los fundamentos políticos y económicos de la marcada selectividad con la que opera hoy el poder punitivo, responsable de un derecho penal desigual, autoritario y excluyente.

 

El punto de partida de Terradillos consiste en asumir que la política criminal es el reflejo de los principios generales de la política y la economía, marcada en nuestro tiempo por la desregulación. En palabras del autor, la desregulación “se prolonga en el diseño e implementación de las estrategias político-criminales, vaciadas hasta degenerar en una situación de anarquía” (p. 23). La intervención punitiva se habría reducido al mínimo para que los actores mercantiles puedan desenvolverse sin trabas ni obstáculos no sólo laborales, civiles, ambientales o administrativos sino también penales. Esto facilita la existencia de múltiples zonas o espacios –por ejemplo, los paraísos fiscales donde proliferan las sociedades offshore– de actividad privada en los cuales la ley penal no llega, resulta inhibida o deviene inaplicable.

 

A partir de esta premisa, Terradillos plantea un interrogante fundamental: en el marco de la globalización neoliberal, ¿quién diseña los lineamientos político-criminales? Para responderlo acude a la metáfora política de la soberanía supraestatal difusa con la que Juan Ramón Capella se refirió a los “titulares, públicos, internacionales y privados de un poder supraestatal que produce efectos de naturaleza pública o política.”[1] Este soberano condensaría a corporaciones económicas, lobbies, fondos de inversión e instancias supraestatales como el FMI, ONU, OTAN, OMC, OCDE, BCE, G20, G7, G8, Foro Económico Mundial, el Banco Mundial y una pluralidad de agentes privados diseminados por todo el planeta que, lejos de responder de manera directa a las regulaciones estatales, ejercen un poder fáctico, concentrado y, en ocasiones, invasivo sobre los Estados. En este contexto, la política criminal obedece cada vez menos a sus decisiones soberanas. Las formas punitivas por las cuales se articularían las respuestas al delito dependerían en buena medida de las determinaciones económicas y políticas –desregulación, internacionalización y financiarización– del orden global.

 

Bajo este orden de ideas, Terradillos caracteriza la política criminal contemporánea como una especie de cabeza de Jano. Este dios romano miraba al pasado y al futuro, al origen y al porvenir, al comienzo y al final, a la guerra y a la paz. Según Ovidio, Jano era una deidad bifronte, pues simbolizaba la doble naturaleza de las cosas.[2] Lejos de ser unidireccional, la política criminal de nuestros días sería jánica, es decir, luciría dividida en dos rutas claramente diferenciadas pero complementarias: plutocracia y aporofobia. Esta es la tesis central del libro. A juicio de Terradillos, se practica un derecho penal de amigo (o de clase) para banqueros, CEOs, financistas, empresarios y corporaciones transnacionales y un derecho penal del enemigo para pobres, indigentes e inmigrantes. Así pues, la política criminal se amasaría de tolerancia y represión; complicidad con la criminalidad organizada y expansionismo para los delitos de bagatela; connivencia con el poderoso y rechazo del menesteroso.

 

Por un lado, el elemento plutócrata de la política criminal se debe identificar en el escaso o nulo castigo penal sobre el crimen organizado, transnacional y jerarquizado. En este campo, las normas penales pasan a tener una función poco más que simbólica. La regla sería la anomia sistémica, la inhibición y el abstencionismo, pues el comportamiento antijurídico de la criminalidad organizada resultaría perfectamente coherente y funcional a los intereses del sistema capitalista. Lo realmente importante no sería la lesividad a los bienes jurídico-penales a proteger, sino la compatibilidad que demuestre con las exigencias de la lex mercatoria. En rigor, a los mercados “no les interesa otra política criminal que la que garantice la maximización de beneficios” (p. 28). En opinión de Terradillos, se pondría en marcha un derecho penal permisivo con el delincuente funcional, quien echa mano de rebuscadas “estructuras corporativas transnacionales, con forma de persona jurídica, cuya impunidad alimentan los mecanismos de compliance y garantizan autoridades corruptas” (p. 71).

 

 

Para ejemplificar la vertiente plutócrata, al tiempo que como hace Terradillos podrían citarse innumerables hechos de corrupción, casos de puerta giratoria, simulación laboral, daños medioambientales, fraude a la seguridad social, estafas a la hacienda y paraísos fiscales, hechos en los cuales la mayoría de las veces los responsables quedan impunes penalmente[3], piénsese en lo que sucedió en la crisis financiera de 2008. Por ejemplo, el principal índice (LIBOR, London Interbank Offered Rate) de referencia para los préstamos en dólares a nivel mundial fue manipulado sistemáticamente por los grandes bancos –entre otros, Barclays, Citigroup, JP Morgan, Deutsche Bank, Societe Genérale– para obtener mayores utilidades [4]. La consecuencia penal de esto, que no resulta exagerado calificarlo como uno de los fraudes financieros más grandes de la historia, consistió en exiguas multas para las entidades financieras y la condena de un puñado de empleados.  

Por otra parte, la pendiente aporofobica concentra todo el rigor punitivo sobre el pobre, es decir, lo toma como objeto específico de castigo. Releyendo el ensayo Aporofobia[5], de Adela Cortina, Terradillos argumenta que en las sociedades occidentales –guiadas por el máximo rendimiento económico y por la insaciabilidad de la ganancia privada– el pobre, además de ser excluido de los bienes sociales y del circuito de redistribución de la riqueza, estaría expuesto a la cruda mordedura del aparato penal. La razón profunda de ello es que constituiría una fuente de riesgo para el orden económico: disfuncional económicamente y peligroso socialmente, solo cabría neutralizarlo y reprimirlo.

 

La aporofobia penal se confirma en un largo catálogo de respuestas punitivas frente a determinados hechos. Por ejemplo, se castiga el inmigrante pobre e irregular, pero no al extranjero rico; se persigue a la prostituta pero no a la scort de lujo; el top-manta es acosado por la policía, pero no los empresarios que elaboran las copias vendidas; se hostiga al trabajador en negro, pero poco o nada a los patrones que lo contratan; se sanciona con toda severidad al lobo solitario yihadista, no obstante algunos Estados occidentales hacen negocios millonarios –por ejemplo, vendiendo y comprando armas– con mandatarios que utilizan a los terroristas; se persigue el narcomenudeo, sin embargo los narcotraficantes financian campañas políticas y gigantescas obras públicas; se condena a los okupas por establecerse en apartamentos abandonados, a pesar que los estafadores que hacen copiosas transacciones con la burbuja inmobiliaria resultan exentos de responsabilidad penal. En resumidas cuentas, el “sistema penal cómplice, que acepta y reproduce tanto la pobreza como la desigualdad entre individuos y grupos, es un sistema penal para la aporofobia” (p. 14).

 

Otro aspecto importante que considera Terradillos reside en las bases ideológicas de la deriva jánica de la política criminal: ¿qué doctrinas penales legitiman dicho modelo? El autor sostiene que son tres: 1) funcionalismo; 2) gerencialismo; y 3) punitivismo. Si bien no es posible profundizar en cada una de ellas ya que excedería los límites razonables de la presente reseña, es importante destacar el enlace que las emparentaría. En primer lugar, el funcionalismo aspira a proteger el statu quo de la sociedad, pues se dedica a asegurar la vigencia de las normas penales frente a quienes se hayan “apartado” de modo duradero del Derecho. Quien no cumpla con las leyes, amerita ser expelido de la comunidad. En segundo término, el gerencialismo aporta la lógica económica al ejercicio del poder punitivo. Este discurso sostiene que, como los bienes y recursos son escasos, la política criminal debe optimizarse para alcanzar resultados lo menos costoso posibles y disminuir los riesgos, si es necesario dejando a un lado la estructura de garantías penales sustanciales y procesales. La mejor manera de concretar este proceso sería a través de empresas, pues estas –se dice– son más eficientes que las instituciones públicas (de ahí se explican fenómenos como el auge de la seguridad privada o la administración de prisiones por grandes multinacionales, como sucede en Estados Unidos). Finalmente, el punitivismo sería el corolario represivo que, reivindicando eslóganes como ley y orden o tolerancia cero, actúa como legitimador de medidas autoritarias destinadas a reprimir a los sujetos tratados como peligrosos: pobres, sin techo, prostitutas, inmigrantes ilegales, disidentes políticos. En opinión de Terradillos, estas doctrinas confluyen en un objetivo fundamental: la “neutralización eficiente de lo disfuncional” (p. 69) del orden global.  

 

En resumen, el libro de Terradillos Basoco constituye una singular invitación para examinar críticamente el estatuto de la política criminal contemporánea[6]. Llamando a las cosas por su nombre, la desenmascara para exhibir su ejercicio que se articularía mediante dos caras desemejantes pero complementarias: por un lado, la cara aporofobica, desigual, discriminatoria y excluyente que castiga con intensidad a los pobres; la otra, enquistada en componentes plutócratas y cómplice con los delincuentes funcionales.

 

 

 

[1] Capella, Juan Ramón, Fruta prohibida. Una aproximación histórico-teorética al estudio del derecho y del Estado, Trotta, Madrid, 2008, p. 308.

 

[2] Ovidio, Fastos. Libro I, Gredos, Madrid, 2001, pp. 21-52.

 

[3] Terradillos presenta un amplio estudio de estas figuras delictivas y su impacto en los derechos sociales, económicos y culturales. Además, examina la configuración dogmática de dichas conductas antijurídicas en normas europeas, tratados internacionales, la Constitución. Véase el capítulo 3 del texto reseñado.

 

[4] Fontana, Josep, El futuro es un país extraño. Una reflexión sobre la crisis social de comienzos del siglo XXI, Pasado y Presente, Barcelona, 2013, pp. 23-24.

 

[5] Cortina, Adela, Aporofobia. El rechazo al pobre: un desafío para la sociedad democrática, Paidós, Buenos Aires, 2017.

 

[6] Para ampliar la perspectiva del libro, véase la siguiente entrevista con el autor: https://www.revistalibertalia.com/single-post/2020/07/31/Aporofobia-y-plutofilia-Charla-con-Juan-Maria-Terradillos-Basoco.

 

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