Capitalismo, beneficios y ética

Aditya Vyas @aditya1702

 

El último libro del catedrático de Oxford Paul Collier, El futuro del Capitalismo [1], pretende servir de guía para que las sociedades modernas retornen a un capitalismo inclusivo y ético, que no deje a los perdedores atrás y que recupere ciertos valores necesarios. Collier, un economista veterano, ofrece un análisis interesante, aunque ciertamente sesgado, a nuestro juicio, en su valoración del período que él considera ejemplo de lo que las naciones del presente deben tratar de reproducir, la edad de oro del capitalismo (1945-1970). Con cierto deje de nostalgia idealista, ensalza los valores de dicha época y ofrece una serie de propuestas destinadas a revertir la deriva excluyente del sistema. Sorprendentemente, Collier llega a conclusiones válidas y bien argumentadas partiendo de premisas cuestionables; la más acertada indagación del libro está en el séptimo capítulo, en el que describe cómo las metrópolis y la dinámica de aglomeración han provocado el estancamiento de grandes territorios de los países desarrollados. Sin ánimo de que este artículo se convierta en una reseña, mi intención es comentar y cuestionar la visión del autor sobre el papel pasado, presente y futuro que juegan las empresas en el sistema capitalista, al que dedica un capítulo titulado La empresa ética.

 

Al comienzo del mismo, Collier hace referencia al histórico artículo escrito por Milton Friedman para el New York Times en 1970 [2], en el que el futuro Premio Nobel explicaba que la única responsabilidad que debe afrontar una empresa es la de maximizar sus beneficios. En dicho artículo, Friedman critica las exigencias a los gestores de empresas privadas para que actúen en función de ciertas consideraciones sociales (tales como la lucha contra la inflación, contra la contaminación o la elevación de salarios), alude a su falta de rigor y a su arbitrariedad y señala que, si un gestor debe comportarse como un servidor público, marcando la hoja de ruta de las preocupaciones sociales, debería someterse a un proceso político. Esta pieza se considera, aún a día de hoy, uno de los pilares sobre los que se edificó el viraje ideológico que sufrió el pensamiento económico a partir de los años 70 (influyendo quizá en la elección de gobiernos liberales en los años del cambio de década), y el punto de inflexión que, según Collier, enterró a las empresas éticas de la edad de oro para dar paso a la búsqueda desenfrenada, y socialmente tóxica, de beneficios de los años 80. De hecho, este debate sigue vigente, como muestra la publicación de un artículo al respecto en la edición del domingo 6 de septiembre de EL País [3].

    

El autor de El futuro del Capitalismo dedica parte del capítulo en cuestión a mostrar ejemplos de empresas que apostaron por la maximización de beneficios a toda costa frente a otras que se comportaron de forma más colaborativa con proveedores o empleados. En concreto, la comparativa más llamativa es entre General Motors y Toyota, siendo la primera un ejemplo de empresa tiburón que acaba siendo devorada por la segunda, la ballena japonesa inclusiva con sus empleados y complaciente con sus proveedores. Durante las siguientes páginas aparecen nuevos casos de grandes corporaciones que acabaron quebrando o seriamente dañadas (Collier pone el ejemplo del Deutsche Bank y su antiguo hombre fuerte, Edson Mitchell) por culpa de la exacerbada ambición de sus gestores. En este punto, uno se pregunta por qué es necesario frenar a la cultura del cortoplacismo acaparador si es el propio mercado el que, según el catedrático, acaba poniendo en su lugar a cada uno. En su afán por mostrar a sus lectores lo negativo que es este enfoque empresarial, Collier toma ejemplos que no ayudan a entender su tesis, como el caso de Imperial Chemical Industries (ICI), una empresa británica excepcionalmente exitosa que empezó a decaer cuando cayó en la deriva de maximización de ganancias. Otros autores, sobre todo aquellos centrados en el estudio de la desigualdad, han desarrollado críticas más elaboradas hacia la actitud de ciertas empresas a partir de los años 90 con el desarrollo de la cultura de los superejecutivos (pienso en Atkinson [4] o Piketty [5]).  

 

La argumentación tradicional contra la tesis de Friedman tiene reminiscencias de un debate ciertamente actual, el de las donaciones de millonarios a la sanidad pública y similares (piénsese, por ejemplo, en el caso de Amancio Ortega). Una empresa (encarnada en sus gestores y respaldada o no por sus accionistas) puede atribuirse a sí misma ciertas responsabilidades sociales, más allá de la maximización de beneficios, de la misma forma que un millonario puede elegir contribuir con su fortuna a las causas que considere oportunas. Recurrentemente se dice que las donaciones ponen en jaque el proceso democrático por el cual los representantes de la sociedad dirigen las asignaciones de recursos públicos [6]; en caso de ser las donaciones una imposición a todo millonario, se pondría de manifiesto el problema, y el proceso daría lugar a un reparto generalizado de recursos privados hacia los asuntos públicos preferidos por cada “donante”. A no ser que el reparto estuviese dirigido por el Estado, en cuyo caso el proceso pasa a ser extrañamente similar al del sistema fiscal, pasando a ser estas donaciones un arbitrio innecesario. El mismo razonamiento puede aplicarse al caso que nos atañe: si la atribución de responsabilidad se convierte en una imposición (implícita o no), pero la elección de los problemas sociales que cada empresa decide combatir depende enteramente de sus gestores, éstos pasan a ser actores políticos no sometidos a un proceso democrático abierto (como señaló Friedman en su artículo). Entonces, para que la atribución de responsabilidades sea coherente, ésta no debe limitarse a convertirse en un clamor social sin contrapartida regulatoria, sino que debe ser coordinada por el Estado.        

    

Si lo que los defensores de la vuelta a la empresa ética pretenden es marcar una hoja de ruta de buen comportamiento empresarial, sin que medie ningún tipo de imposición estatal, deberían ser conscientes de la falta de incentivos económicos que se interpone a dicha esperanza. En toda esta discusión, y en el artículo de Friedman, se pone de manifiesto la relevancia del problema del principal-agente, esto es, la dificultad que surge cuando los intereses del gestor de una empresa (el agente) divergen de los de los accionistas (el principal). Esta cuestión es problemática porque suponemos información asimétrica entre ambos: el agente podría actuar sin preocuparse por los intereses del principal, sin llegar éste a enterarse nunca (o haciéndolo demasiado tarde). El problema de agencia podría ser un aliado valioso para aquellos que esperan que los intereses de los gestores empresariales converjan con los de los ciudadanos de a pie, pero es difícil pensar que los heroicos gestores pudiesen marcar una agenda propia contraria a la conveniencia del accionariado, en tanto que un hecho tan marcado como el cambio de los objetivos últimos de la empresa es difícilmente ocultable por información asimétrica. Suponer que los gestores empresariales van a arriesgar, de forma sistemática, su posición laboral es tan ilusorio como pensar que el propio accionariado de toda gran empresa va a priorizar la asunción de responsabilidad moral por encima de la maximización de sus ganancias.

    

¿Estoy sugiriendo que lo que es bueno para los accionistas de las grandes corporaciones es bueno para todos? Claro que no, como tampoco sugiero que tengamos que tragar, como sociedad, con ciertos costes derivados de la protección incondicional de los intereses individuales de los accionistas. Como he desarrollado en los párrafos previos, existen dos actitudes posibles para abordar la problemática de las “empresas no éticas”: una, consistente en valerse del análisis económico para determinar por qué ciertas prácticas empresariales son nocivas para la sociedad (si es que las hay, no es mi intención determinarlo en este artículo), y a partir de ahí desarrollar soluciones regulatorias coherentes con la teoría económica y con la evidencia empírica; otra, consistente en tratar de atribuir responsabilidad ética a las empresas, y a partir de ahí confiar en que se comporten de acuerdo a estos preceptos.

    

Collier cierra su capítulo proponiendo ciertas ideas destinadas a poner coto a las actitudes empresariales socialmente indeseables, tales como aumentos de impuestos o la creación de una figura legal que vincule penalmente las externalidades negativas de las empresas a sus causantes, los respectivos gestores de las mismas. Se pone de manifiesto, por tanto, que el economista británico argumenta de acuerdo a la primera postura, tanto en sus premisas como en sus conclusiones, pero por algún motivo disfraza su razonamiento como si éste se correspondiese a la segunda postura. Mi punto es que si uno, en condición de académico, interpreta un fenómeno económico llegando a conclusiones válidas para la política regulatoria, debería mantener el rigor en todo el razonamiento evitando valoraciones subjetivas que, sin embargo, son totalmente aceptables y deseables en su condición de ciudadano.   

 

[1] Collier, P. (2018). The future of capitalism: Facing the new anxieties. Penguin UK.

[2]https://www.nytimes.com/1970/09/13/archives/a-friedman-doctrine-the-social-responsibility-of-business-is-to.html

[3]https://elpais.com/economia/2020-09-05/aniversario-de-la-idea-que-hizo-descarrilar-al-capitalismo.html

[4] Atkinson, A. B. (2015). Inequality: What can be done?. Harvard University Press.

[5] Piketty, T. (2014). El capital en el siglo XXI. Fondo de cultura económica.

[6] https://elpais.com/ccaa/2019/05/19/madrid/1558290642_163657.html

 

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