Pseudohistória contra Cataluña: Entrevista a V. Baydal y C. Palomo

Casper Johansson @cabbejj

 

Hoy charlamos con Vicent Baydal, profesor de Historia del Derecho en la Universitat Jaume I de Castelló y con el doctor en Historia Moderna Cristian Palomo, coordinadores de Pseudohistòria contra Catalunya (Ed. Eumo, 2020), donde diversos académicos afrontan varios de los mitos que sectores del nacionalismo español y catalán habrían fabricado. 

-¿Sería acertado resumir la historia medieval de las diversas unidades políticas de la región que hoy denominamos Cataluña como: una primera etapa dependiente de la corona franca, una segunda de autonomía análoga a la de otros reinos hispánicos (aun cuando no se adoptara el término ‘reino’ ni ‘rey’) y una tercera de integración en la corona de Aragón en una “monarquía compuesta”?

 

CP: Sí, es acertado. Entre mediados del siglo VIII e inicios IX la monarquía franca instauró una serie de condados en el noreste ibérico de los que fue perdiendo paulatinamente el control y dominio en la centuria que media entre finales del siglo IX y finales del siglo X. A lo largo del siglo XI las diversas casas condales gobernaron en sus respectivos dominios arrogándose el poder que antaño tuvieron los monarcas francos y gozando de la misma autonomía que poseían los reyes y condes cristianos de Pamplona, Aragón, León y Castilla en sus territorios. Entonces llega el siglo XII cuando el gentilicio ‘catalanes’ y el nombre ‘Cataluña’ empiezan a aparecer en la documentación. No es causalidad que en esta misma centuria los condes barceloneses, que ya gobernaban los condados de Barcelona, Gerona y Osona, se apoderen de los condados de Besalú, Cerdaña, Rosellón y Pallars Jussà; avasallen al resto de condes catalanes (Urgell, Pallars Sobirá y Ampurias); extiendan su dominio a la Provenza y conquisten las taifas musulmanas de Tortosa y Lérida. Pero, sin duda, el mayor logro de los condes de Barcelona en el siglo XII se debe a la figura de Ramón Berenguer IV quien en el año 1137 pasó a ser soberano de Aragón.

 

Vale la pena explicar mínimamente este episodio de génesis de la Corona de Aragón, porqué tal y como se explica detalladamente en el libro, desde hace tres décadas algunos historiadores han defendido acientíficamente —mediante anacronismos, tergiversaciones documentales y dando por ciertas y seguras hipótesis no demostradas— que Ramiro II, obispo elegido por la nobleza aragonesa como rey en 1134, y su hija Petronila se hicieron con el control de los condados catalanes y que el conde Ramón Berenguer IV renunció a su linaje barcelonés/catalán y fue adoptado por Ramiro convirtiéndose, así, en hermano-esposo de la reina Petronila. En cambio, según la documentación existente, entre 1137 y 1143, el conde Ramón Berenguer IV de Barcelona recibe el reino de Aragón, tanto del rey aragonés Ramiro II —deseoso de dejar el trono para retirarse a la vida monástica— como también por parte de las órdenes militares de Tierra Santa: el Santo Sepulcro de Jerusalén, el Hospital y el Temple, las legítimas propietarias del reino aragonés. Así, el 13 de noviembre del 1137 el rey Ramiro ordena a los aragoneses que “obedezcan como a rey en todas las cosas” y “bajo continua fidelidad” al conde de Barcelona, para a continuación retirarse a un monasterio. Por consiguente, el conde Ramón se intituló ‘príncipe’ de los aragoneses —título que, por aquel entonces, quería decir exclusivamente ‘soberano’ y no era utilizado por los herederos al trono— y nos aparece de forma literal en la documentación mediante expresiones como “regnante comes Barchinone in Aragon”. En 1150 Ramón Berenguer desposa a la infanta Petronila, la cual fue ofrecida al conde por el rey Ramiro II junto con el reino en 1137. Finalmente, en 1162, fallece el conde y príncipe Ramón Berenguer y el hijo mayor de ambos, Alfonso, deviene rey de Aragón y conde de Barcelona. No obstante, aunque uno y otro espacios pertenecían al mismo soberano no se fusionaron, consolidándose Cataluña y el reino de Aragón como dos entidades separadas en el marco de una misma monarquía que conocemos como Corona de Aragón.

 

En lo que respecta a Cataluña, esta continuó unificándose como entidad política autónoma en el marco de la Corona de Aragón, desarrollando un sistema político y jurídico equiparable al de los vecinos reinos de Aragón y Valencia a lo largo de los siglos XIII, XIV y XV. Cierto es que Cataluña no recibió oficialmente la categoría de reino, pues, en primer lugar, el conde de Barcelona no necesitaba ser rey de Cataluña para equipararse en títulos a sus homólogos cristianos, ya que también era rey de Aragón desde el siglo XII en adelante, y, en segundo lugar, la existencia de otros condes con señoríos en Cataluña produjo que las élites catalanas, a finales del siglo XIII, impidieran legalmente que los reyes de Aragón usaran en Cataluña otro título que no fuera el de conde de Barcelona para imposibilitar, aunque fuera simbólicamente, el distanciamiento entre los monarcas y la más alta nobleza catalana. No obstante, en el siglo XIV Cataluña recibió por parte de sus monarcas la dignidad de ‘principado’. Una categoría que no se debe confundir con otro tipo de principados diferentes que, más tarde, fueron concedidos por los reyes cristianos a los infantes que habrían de sucederlos en el trono como señoríos para que recibieran rentas. Un ejemplo de estos son el principados de Asturias, para el heredero de la Corona de Castilla, el principado de Viana, para el heredero de la Corona de Navarra, y el principado de Gerona, para el heredero de la Corona de Aragón, ubicándose este último principado señorial en el interior del principado de Cataluña. 

 

 

-¿Podríamos ahondar brevemente en el tipo de relación política que establecían los diversos territorios de la corona aragonesa?

 

CP: La Corona de Aragón, que existió entre los años 1137 y 1715, fue una monarquía compuesta por diversas entidades políticas que compartían un mismo soberano: el hombre que se intitulaba, en un primer momento, rey de Aragón y conde de Barcelona; y más adelante también rey de Valencia, Mallorca, Cerdeña, etc. Pero, a la vez, cada una de estas entidades (Sicilia, Valencia, Cataluña, Aragón…) era independiente de las otras. Por tanto, la Corona de Aragón no era un único reino aragonés unificado con regiones más o menos autónomas diseminadas a lo largo del Mediterráneo, sino un monarquía formada por la yuxtaposición, en pie de igualdad, tanto a nivel político como jurídico, del reino de Aragón, del principado de Cataluña —junto con los condados de Rosellón y Cerdaña—, del reino de Valencia, del reino de Mallorca con sus islas adyacentes, así como también de los reinos de Sicilia, Cerdeña y Nápoles, y durante periodos más breves, del condado de Provenza, el señorío de Montpellier y los ducados de Atenas y Neopatria, entre otros territorios. Por ende, que esta monarquía recibiese históricamente nombres como el de ‘reinos y tierras del rey de Aragón’, ‘reinos y principado de la Corona Aragón’ o, más adelante, de forma muy abreviada ‘Corona de Aragón’ y, ocasionalmente, ‘Aragón’, no se debe al hecho que Cataluña, Valencia, Mallorca, Sicilia o Cerdeña formasen parte del reino de Aragón, como se defiende habitualmente desde postulados pseudohistóricos, sino a la preeminencia meramente simbólica y nominal de la que gozó el reino de Aragón entre sus homólogos por haber aportado en el momento fundacional un título real que devino el principal de los monarcas entre los siglos XII y XV.  

 

 

-Se defiende que el concepto de “Marca Hispánica” ha sido muy mal comprendido por un determinado sector. ¿Cuál es la visión al respecto que se defiende?

 

CP: Existe una interpretación pseudohistórica —la cual ha gozado muchísima difusión por las redes— que sostiene que Cataluña no existía como entidad política en 1258. En aquel momento se firma el Tratado de Corbeil entre los reyes Jaime I de Aragón y Luis IX de Francia, por el que el primero renunció a sus derechos sobre una serie de dominios occitanos y el segundo a los suyos sobre varios condados catalanes. La teoría quiere hacer creer que en 1258 no existía Cataluña y que los condados catalanes formaban la Marca Hispánica, una región bajo soberanía directa del rey de Francia. Todo esto se acabaría demostrando a partir de un mapa creado en Jerusalén el año 1235. Pues bien, como se explica en la obra, el supuesto mapa de 1235 no es más que un ‘souvenir’ francés creado el año 2001. Pero no solo se desmonta esta falsificación cartográfica, sino que, de un lado, se explica con detalle que la Marca Hispánica no fue una entidad política real sino un concepto cronístico que solo se utilizó en algunas crónicas francas del siglo IX para denominar de manera conjunta a los territorios de la frontera imperial con Al-Andalus; y, de otro lado, que los condados que conformarán la futura Cataluña se emancipan paulatinamente —pero también absolutamente— del control de la monarquía franca a lo largo del siglo X, motivo por el cual Cataluña se va conformando al largo siglos XII y XIII sin ninguna dependencia del rey de Francia. Por lo tanto, el tratado de Corbeil de 1258 no se hizo para que Jaime I pudiera obtener la soberanía sobre una hipotética Marca Hispánica controlada por Francia, sino porqué el rey de Francia quería asegurarse que no habría injerencias catalano-aragonesas en su expansión sobre las tierras del sur de Occitania, mientras que lo que buscaba el rey de Aragón y conde de Barcelona, en ese momento atribulado con otros asuntos en la península Ibérica, era evitarse problemas en su norteña retaguardia con la poderosísima familia real francesa, especialmente en lo que respecta al señorio de Montpellier.

 

Esta teoría sobre la Marca Hispánica y el tratado de Corbeil se incardina con otras tesis pseudohistóricas, como la anteriormente mencionada sobre la formación de la Corona de Aragón y la extinción del linaje condal barcelonés en 1137, creadas con la intención de convencernos de que ni los condados catalanes ni Cataluña han poseído nunca entidad política propia, encontrándose los catalanes siempre sometidos: hasta 1258 por los franceses, entre 1258 y 1479 por los aragoneses y desde 1479 hasta la actualidad por los castellanos/españoles. Así, el objetivo último de estas tesis no parece otro que intentar evitar cualquier argumento histórico que sirva de fundamento para la aspiración de más autonomía por parte del pueblo catalán e, incluso, mermar la autoestima colectiva de los catalanes.

 

 

-Dicho esto, ¿tiene sentido hablar de naciones (catalanas, castellanas, vascas, francesas, gasconas…) para describir la realidad política medieval? Es decir, cuando se afirma la existencia de una identidad catalana durante el período medieval ¿se está afirmando la existencia de una nación?

 

VB: Según los diccionarios, una nación es un conjunto de personas de un mismo origen, que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común, o una comunidad de personas que participan de un sentimiento de identidad colectiva singular a partir de una serie de características compartidas en el campo cultural, jurídico, lingüístico u otros, lo cual es un fenómeno común a las colectividades humanas a lo largo de la historia, ya sea en la antigüedad, la edad media o las épocas moderna y contemporánea. De hecho, la palabra “nación” tiene su origen en el latín de época romana y se ha utilizado desde entonces.

 

Ahora bien, los científicos sociales que tratamos de comprender la realidad realizamos una distinción entre los diversos significados polisémicos que ha tenido el término “nación” a lo largo de la historia –a veces vinculados sobre todo a factores étnicos, otras a aspectos jurídicos, otras a geográficos, etc.– del significado que ha tenido a partir de la aparición de los Estados-nación y los nacionalismos en la contemporaneidad, desde el siglo XVIII en adelante. A partir de entonces las sociedades occidentales desarrollaron nuevos aparatos estatales con características jurídicas y burocráticas notablemente diferentes a las anteriores, que incluían aspectos tan importantes como una democratización liberal, unos sistemas de encuadramiento social a través de la educación y el ejército, una lengua oficial determinada o un sistema de medios de comunicación propio, que se sustentaban, además, sobre una nueva ideología nacionalista que servía y sirve aún de base a dicha construcción de Estados-nación soberanos.

 

En este sentido, muchos de los Estados-nación contemporáneos, o de los movimientos nacionalistas que aspiran a construir su propio Estado, provienen bien de entidades estatales previas, como en el caso del Estado español, construido sobre el Reino de España desarrollado tras la Guerra de Sucesión de principios del siglo XVIII, bien de comunidades humanas con identidades colectivas forjadas en torno a factores históricos, culturales, políticos o jurídicos, como la propia colectividad española, pero también la colectividad vasca y catalana. Por lo tanto, evidentemente no es lo mismo hablar de la nación española, la vasca o la catalana en la época medieval y moderna que en la contemporánea –y, de hecho, la mayoría de investigadores solemos utilizar otros términos que nos permiten dejar clara dicha diferenciación–, pero al mismo tiempo es totalmente necesario el estudio de dichas identitades colectivas a lo largo del tiempo para poder entender nuestra sociedad, tanto en el pasado como en el presente. Como apunta Josep Maria Salrach, los historiadores sabemos que “el pasado no determina el futuro, ni lo justifica, ni lo legitima”, pero sí que “nos ayuda, y ya es mucho, a explicar el presente e incluso a veces permite entender mejor los proyectos de futuro”.

 

 

-¿Cuáles son las ideas principales del denominado “canon histórico de base castellanista”?

 

CP: Aunque muchos de los grandes mitos nacionales españoles fueron creados ya en la época medieval y moderna a partir de hechos –o supuestos hechos– históricos, fue durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX cuando intelectuales nacionalistas edificaron el canon histórico nacional de España, que fue extremadamente popularizado durante el periodo franquista y que se mantiene muy consolidado en el imaginario de la ciudadanía española de los tiempos actuales. Si bien el canon posee diversas versiones, por razón de las diferentes interpretaciones y matices según si el narrador es más progresista (versión liberal) o más conservador (versión nacionalcatólica), todas coinciden en unas ideas básicas presentando el pasado histórico de la península Ibérica como una progresión coherente enfocada a demostrar la unidad, la antigüedad, la continuidad y la castellanidad de la nación y del estado de los españoles.

 

En consecuencia, según este canon todo hecho histórico que se interpreta como fomentador de la unidad española es visto como positivo y catalogado de moderno y progresista, mientras que los sucesos o actos disgregadores tienen una valoración negativa y se consideran arcaizantes. Asimismo, desde este canon habitualmente no se valoran los regímenes políticos y los fenómenos identitarios del pasado en sí mismos, sino como legitimadores de otros más recientes. Por ejemplo, se asume —anacrónicamente— que la nación española de los siglos XX y XXI encuentra los orígenes en el mundo antiguo (¡con los iberos y celtas!) y que esta misma nación ha sido el principal marco de referencia colectivo del conjunto de habitantes de la península desde la edad media. Del mismo modo, el canon considera que el actual Estado español lo crearon los Reyes Católicos en el siglo XV (cuando no los visigodos del siglo VI), a la vez que rebaja considerablemente el grado de entidad y autonomía políticas de los reinos y el principado de la España de los siglos XVI y XVII: Aragón, Castilla, Valencia, Mallorca, Navarra, Portugal y Cataluña. Y entre estos territorios también hay claras preferencias para el canon: desde el periodo medieval el protagonismo histórico pertenece principalmente al pueblo castellano (incluyendo a cántabros, asturianos, leoneses, murcianos y andaluces, pero también a gallegos y vascos), mientras que el papel secundario se lo repartirían el pueblo navarro y el pueblo aragonés, que incluye marginalmente a valencianos, baleares y catalanes.

 

 

-Una reflexión muy llamativa que se hace en el libro sostiene que toda la apropiación de figuras históricas como el Cid o Cervantes que hace el Institut Nova Història (INH) explicando que en realidad fueron catalanas o valencianas, supone también la apropiación de las hazañas de la historiografía nacionalista española y, por ende, la castellanización de la historia catalana. ¿Podrían desarrollar brevemente esta idea?

 

VB: Lo explica con detalle Stefano Cingolani en el capítulo dedicado a la figura del Cid y al proceso de conquista cristiana de al-Ándalus a lo largo de la edad media, que según el Institut Nova Historia estaría casi exclusivamente protagonizado por los catalanes y, por ejemplo, el propio Cid sería un personaje procedente bien del condado de Urgell, bien un valenciano de Biar –ambas teorías sin pies ni cabeza y basadas en ridículas interpretaciones de las fuentes disponibles, como el mismo Cingolani demuestra–. La operación que se realiza aquí, y también en otros aspectos, como el de querer atribuir la conquista de América a una empresa catalana, con un supuesto “Imperi Català Universal” hegemónico en tierras americanas, o el de afirmar que el Siglo de Oro de las letras castellanas habría sido en realidad una traducción de textos originariamente escritos en catalán, es la de apropiarse de los principales hitos del canon historiográfico español más tradicionalista, habitualmente basados en las “hazañas” castellanas de gran resonancia, negando, en consecuencia, que Castilla tenga una historia propia y digna de reseñar.

 

Es decir, la reacción del INH ante la invisibilización de las colectividades no castellanas en la historia tradicional española es la de negar la mayor, aseverando que en realidad la colectividad castellana es la que no tiene historia, como si la historia, por otra parte, fuera una simple sucesión de supuestas grandes hazañas. En relación con ello, que una parte del debate histórico común entre la ciudadanía estribe en la actualidad en si el Imperio español fue positivo o si la conquista de América fue en realidad catalana es un gran fracaso social para nuestra historiografía y nuestra propia opinión pública.

 

CP: En este sentido, resulta paradójico que las teorías de la Nova Historia sean igual de anticatalanas que las tesis pseudohistóricas que pretenden que Cataluña nunca poseyó entidad política o que ninguna dinastía catalana pudo gobernar Aragón, pues, los inventores y consumidores de la Nova Historia, bajo la premisa de que todo documento histórico ha sido falsificado, menosprecian profundamente la historia catalana documentada sustituyéndola por un relato mamotrético lleno de invenciones, prejucios basados en tópicos etnofóbicos y hazañas imperialistas o artísticas extranjeras que presentan como catalanas o valencianas.

 

 

-Como se evidencia en el libro, las propuestas del INH son difíciles de creer, incluso para un profano de la historia medieval y moderna. Sin embargo, el mito de 1714 como la derrota de “Cataluña contra España” sigue, en una forma u otra, bastante vivo. ¿Cómo debemos recordar realmente la guerra de sucesión?

 

CP: El problema de comprensión de la derrota de Cataluña frente a España es conceptual, porque se parte del anacronismo y la descontextualización. Habitualmente se piensa en la Cataluña y la España de nuestros días para tratar de las de hace más de tres siglos. La Guerra de Sucesión española (1701-1715) fue un conflicto entre grandes potencias europeas —destacando Francia e Inglaterra— que tuvo lugar por motivo la disputa de la regia dinastía Borbón de Francia con la imperial dinastía Austria del Sacro Romano Imperio por ocupar el trono hispánico. Cuando la guerra estalló en los territorios ibéricos de la Corona de España, en todos ellos hubo partidarios de Felipe de Borbón y de Carlos de Austria que se enfrentaron a sangre y fuego. Sin embargo, no es admisible quedarnos solo con estos datos, como se hace a menudo, ofreciendo de este modo una versión sesgada de los hechos y presentando este conflicto como una guerra civil dinástica de un Estado español unificado, porque la clave de la cuestión es saber qué eran, políticamente hablando, España y Cataluña en los albores del siglo XVIII. El canon histórico del nacionalismo español viene justificando desde el siglo XIX la unidad y centralización del estado-nación español argumentando que el estado nación-unitario y centralista —del cual Cataluña solo era una simple región— fue fundado ya en el siglo XV por los Reyes Católicos. Pero esto es tan incorrecto como decir que Cataluña durante la Guerra de Sucesión era una entidad política independiente que nada tenía que ver con España. La monarquía de España entre 1479 y 1707-1715 no era un reino español unificado, sino un imperio dinástico compuesto por múltiples reinos (Aragón, Castilla, Valencia, Nápoles, Navarra, Sicilia, Mallorca, Cerdeña…), principados (Cataluña), ducados (Milán) que seguía el modelo organizativo de la Corona de Aragón y de otras entidades europeas similares: eran dominios que compartían monarca, pero se mantenían política y jurídicamente autónomos entre ellos. De hecho, el soberano lo era del conjunto porque jurídicamente lo era de cada uno de los reinos y principados por separado. Bien, esto era así en toda la Monarquía hispánica excepto en los dominios castellanos, ya que los reinos de Galicia, León, Castilla, Toledo, Sevilla, Córdoba, Murcia, Jaén y Granada estaban fusionados y conformaban una única entidad política: Castilla, de la que dependían los reinos de Indias.

 

Esta situación se modificó drásticamente durante la Guerra de Sucesión. En primer lugar, la Corona de España perdió la gran parte de sus dominios europeos: los reinos de Nápoles, Sicilia y Cerdeña, el ducado de Milán, la isla de Menorca, el peñón de Gibraltar y las provincias de los Países Bajos que aún conservaba, convirtiéndose en una potencia mucho más hispano-americana que antes. En segundo lugar, cuando la guerra se empezó a batallar en la península Ibérica en los años 1704-1706, los borbónicos se acabaron imponiendo tanto en los dominios de Castilla como el reino de Navarra, mientras que en el principado de Cataluña y en los reinos de Aragón, Valencia y Mallorca se impusieron los austracistas. Entonces la conflagración dinástica tomó también tintes de guerra identitaria entre los reinos y principado hispanos y, además, a partir del 1707, después de la eliminación borbónica del Consejo de Aragón y la destrucción de la autonomía política e institucional de los reinos de Valencia y de Aragón, la guerra se convirtió en una confrontación entre dos concepciones políticas que afectaban a la estructuración y la forma de gobierno de la monarquía y sus reinos. La victoria del rey Felipe V de Borbón implicaba para los reinos y el principado de la Corona de Aragón, tanto la imposición del absolutismo de cariz francés como la implantación del modelo territorial unitarista y castellanista, mientras que la victoria del rey Carlos III de Austria representaba el mantenimiento de la tradición pluralista de la Monarquía de España basada en el modelo de integración de reinos de la Corona de Aragón. Después llegó el bienio de 1713-1714 cuando los catalanes partidarios tanto de los Austrias como, sobre todo, de mantener el statu quo de Cataluña como principado autónomo en el marco de un imperio español multiestatal —y solidariamente también la autonomía de Mallorca, Aragón, Valencia, Navarra y Castilla, si podía ser— se vio abandonada por las potencias aliadas (Gran Bretaña, Provincias Unidas de los Países Bajos, Portugal, Saboya y Sacro Imperio Romano) frente a los descomunales ejércitos de la Corona de Francia (Luis XIV de Borbón) y de la Corona de España, es decir, del rey Felipe V, quien ya dominaba toda la España peninsular salvo una parte de Cataluña y las islas de Mallorca e Ibiza —territorios que fueron conquistados y políticamente desmantelados entre los años 1714 y 1715—, así como Menorca, la cual permaneció durante mucho tiempo bajo control británico.

 

Explicado este contexto, se puede comprender que los habitantes de los reinos de la España peninsular, después de la Decretos de Nueva Planta de Valencia y Aragón (1707), con el desenlace de la Guerra de Sucesión no solo se jugaban que tal rey o cual dinastía gobernase, sino la mismísima composición política del imperio español. De esta forma podemos hablar con propiedad de un principado de Cataluña (el último bastión, junto con el reino de Mallorca, de una España conformada por múltiples reinos autónomos) que fue derrotado por una Corona de España que no era otra cosa que la clase dirigente de una Castilla borbónica que, con la inestimable ayuda del rey de Francia, estaba fagocitando tanto a la Corona de Aragón como al modelo político de unión de reinos de la España de los siglos XV, XVI y XVII.  En fin, la Corona de Aragón fue eliminada y el principado de Cataluña, junto con los reinos de Valencia, Aragón y Mallorca, fueron transformados en provincias castellanas que quedaron vinculadas a Castilla, la cual, muy ampliada hacia el este, devino en el reino unitario de España, con las excepciones forales vasca y navarra. Esa es la génesis de la unidad estatal actual. Y el interés por darle origen en el reinado de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla no parece que se deba solo al falaz argumento consistente en que cuanta más antigüedad tiene un estado más legitimado para perdurar está, sino al hecho que con un enlace matrimonial el tema de la unidad de España se antoja mucho más halagüeño y lustroso (“quinientos años de convivencia”) que no con una guerra (“trescientos años de derecho de conquista”).

 

 

-Tal y como se expone, parece claro que estas visiones pseudohistóricas han proliferado por intereses ideológicos, para defender o atacar determinadas propuesta políticas. Parece pues que la historia es una disciplina siempre susceptible de ser manipulada de manera partidista. ¿Por qué creen que esto es así? ¿Cómo se puede separar el estudio riguroso de la historia de estas dinámicas cuando el apoyo de las instituciones públicas es tan necesario para la academia? ¿Puede responsabilizarse parcialmente a la academia, por no querer bajar de su “torre de marfil”?

 

VB: Que la historia y los discursos históricos sean utilizados con fines partidistas es inevitable. Pasa lo mismo, en realidad, con los discursos sociológicos, los filosóficos, los jurídicos o los de todas aquellas ciencias que tratan de analizar la sociedad y son susceptibles de ser usados en el debate público. De hecho, esa debe ser una de las funciones sociales de la historia. El problema viene cuando se utilizan discursos históricos sin ninguna base científica, que no se basan en el más mínimo método de análisis riguroso del pasado ni en el conocimiento producido y constantemente actualizado por la historiografía.

 

En España existen dos graves problemas al respecto: uno es el de la pseudohistoria, el de los discursos supuestamente basados en la historia, pero que en realidad esconden una simple justificación manipuladora de ciertas ideologías apriorísticas; y otro es el de la enorme distancia entre el conocimiento historiográfico producido en las universidades, que ha avanzado enormemente en las últimas décadas, y el sentido histórico común de la ciudadanía, anclado en ideas muy antiguas, prácticamente decimonónicas, como resultado de una desconexión entre los circuitos académicos y los de la educación, la cultura, el periodismo y la política.

 

En este sentido, pienso que la responsabilidad es colectiva: de los académicos porque una parte de ellos ha renunciado a realizar dicha conexión, incluso a veces de manera engreída, y porque otra parte, sobre todo en la actualidad, está demasiado precarizada para atender a la divulgación histórica; pero también es responsabilidad del mundo educativo, cultural, periodístico y político, que no ha realizado el esfuerzo de recurrir e interesarse por lo que se hace desde los centros de investigación historiográfica. Tal vez sea hora de crear cátedras universitarias u otro tipo de vías y entidades institucionales dedicadas a realizar dicha tarea de conexión entre la historiografía académica y la sociedad a través de la divulgación y la construcción de puentes entre unos y otros.

 

 

-Para concluir ¿qué otros discursos pseudohistóricos con un peso relevante en la esfera pública creen que sería necesario abordar?

 

VB: Como comentaba anteriormente, el discurso sobre las bondades del Imperio español ha sido especialmente relevante, y aberrante, en los últimos tiempos. También se ha realizado mucha pseudohistoria sobre la Guerra Civil española, que, no obstante, ha recibido normalmente respuesta por parte de la historiografía académica. Igualmente, en el caso valenciano existen los negacionistas de la conquista aragonesa y catalana en época bajomedieval, según los cuales tanto la sociedad valenciana como el idioma valenciano serían una evolución de los grupos ibero-romanos de la antigüedad, lo que está completamente descartado por el conocimiento historiográfico. Asimismo, en el territorio andaluz parece que se está desarrollando un discurso un tanto parecido, según el cual existiría una larga continuidad entre las sociedades antiguas de la zona, la andalusí y la castellano-andaluza posterior a las conquistas cristianas. En cualquier caso, pienso que, más allá de cuestiones concretas, se debería profundizar en el debate público sobre la historia de las diversas sociedades ibéricas en el conjunto de la historia europea y mundial y sobre la propia concepción de la memoria y de la utilidad de la historia en el desarrollo de nuestra personalidad –individual y colectiva– y nuestros objetivos de futuro.

 

 

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