La Nueva Constitución Cubana de 2019: ¿reforma cosmética o de fondo?

15/09/2020

Augustin de Montesquiou @augustindem

 

 

Decir que hace ya muchos años del 26 de julio de 1953 es quedarse corto. Por poner algunos ejemplos, el ser humano no había puesto aún el Sputnik en órbita; en ciudades como Barcelona aún podían verse serenos y lecherías con vacas estabuladas; y aún quedaban vivos algunos veteranos de la Guerra Civil Americana (1861-1865). Ese domingo de julio se dio el tiro de salida a la revolución cubana cuando los hermanos Castro junto con un puñado de guerrilleros intentaron tomar el cuartel Moncada de Santiago de Cuba. La intentona fallaría, pero tres años más tarde, en 1956, Castro, junto al Che, Camilo Cienfuegos y 80 más desembarcarían en la isla desde México en el yate Granma. El 1 de enero de 1959, la dictadura de Fulgencio Batista caería tras una prolongada guerra de guerrillas alrededor de Sierra Maestra para dar paso al actual régimen. 

 

A pesar del hecho de que, a primera vista y desde Europa, pudiera parecer que el sistema político de Cuba es monolítico e inmutable, éste ha sufrido cambios sustanciales desde la revolución. No estamos, obviamente, ante un sistema liberal-democrático, ya que los supuestos mecanismos de participación política y libre concurrencia no son tales. También existen claros déficits estructurales en términos de derechos civiles y políticos. Esto no significa, sin embargo, que el sistema político no evolucione, y que no existan ciertos espacios -si bien limitados- de reforma política “bottom-up”. Veámoslo ejemplificado en la reciente reforma constitucional cubana de 2018-2019.

 

 

Breve historia reciente de las constituciones cubanas

 

Después de la revolución cubana de 1933, el gobierno de Fulgencio Batista aprobó la Constitución Cubana de 1940, que es considerada de las más progresistas de su tiempo en términos políticos, pero sobre todo en sus provisiones de carácter social. Estableció un sistema semipresidencial, reforzó la separación de poderes, e introdujo una batería de derechos y medidas sociales inspiradas en la Constitución de la Segunda República Española de 1931, como la educación pública, la reforma agraria y un salario mínimo.

 

Esta constitución fue suspendida en 1952 tras el golpe de Estado que Batista dio contra el presidente legítimo de ese momento, Carlos Pío Socarrás, en el que también se prohibió el Partido Comunista de Cuba. De hecho, el objetivo inicial de Castro y los revolucionarios era el de restablecer la constitución que Batista suspendió. Durante el juicio contra Castro por el asalto del Cuartel Moncada, el que sería después jefe de Estado de Cuba pronunció su famoso discurso conocido por sus palabras finales (“la historia me absolverá”), en el cual explicó cuál era la primera medida que pretendían tomar una vez terminada la revolución: “La primera ley revolucionaria devolvía al pueblo la soberanía y proclamaba la Constitución de 1940 como la verdadera ley suprema del Estado […] Esta actitud no podía ser más diáfana y despojada de chocherías y charlatanismos estériles […]”. Esto fue confirmado hacia el final de la revolución, en el Manifiesto de Sierra Maestra de 1958.

 

Una vez tomado el poder, sin embargo, estas promesas se desvanecieron. Durante los primeros 16 años de la Cuba comunista, la constitución de 1940 siguió suspendida, y el sistema político tuvo un carácter jurídicamente provisional. En 1976, finalmente, se redactó y aprobó una nueva Constitución cubana, hecha a inspiración de la Constitución soviética estalinista de 1936. Se formalizó un sistema de partido único con amplios poderes del ejecutivo, manteniendo y ampliando las medidas sociales de la Constitución de 1940

 

La disolución de la URSS, el principal aliado y “hermano mayor” de Cuba, trajo problemas políticos y económicos importantes que motivaron la reforma constitucional de 1992. Su principal innovación fue la de permitir ciertos tipos de inversión extranjera y la posibilidad de que empresas extranjeras tuvieran propiedad privada en la isla siempre que fuera mediante consorcio empresarial mixto con participación del Estado cubano. Además, la reforma cambió la actitud del Estado respecto a la religión, pues pasó de ser un Estado activamente “ateo” a ser un Estado “secular”, permitiendo un mayor rol de la religión organizada en la sociedad.

 

Tras la jubilación y luego muerte de Fidel Castro, y tras el breve período de Raúl Castro como presidente, Miguel Díaz-Canel asumió la jefatura del ejecutivo cubano. Esto fue acompañado de un proceso para intentar modernizar el Estado cubano, cuya principal medida fue el proceso para elaborar una nueva constitución, que acabó entrando en vigor en 2019, e introdujo numerosos cambios constitucionales.

 

 

La Constitución de 2019

 

Una de las novedades de la nueva Constitución cubana es el proceso mediante el cual fue elaborada y aprobada. A diferencia de la aproximación típicamente autoritaria de la Constitución de 1976, que fue simplemente aprobada en referéndum con unas cifras inverosímiles (99% de apoyo con un 98% de participación), el proceso de aprobación de la nueva constitución constó de cuatro partes que, como mínimo a nivel formal, introdujeron un mayor componente de participación ciudadana.

 

Primero, una primera propuesta/borrador de Constitución fue elaborada por el Partido Comunista de Cuba y luego enmendada y aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Segundo, se organizó un proceso de consulta popular en el que se llevaron a cabo 133.681 reuniones con casi 9 millones de ciudadanos de todo el país que resultaron en 785.000 propuestas de enmienda al proyecto constitucional que fueron resumidas en 9.595 “propuestas tipo” (léase equiparables o idénticas). Tercero, dichas propuestas de modificación fueron estudiadas por el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que volvió a redactar el proyecto de constitución para incorporar aproximadamente la mitad de ellas (4.809), realizando 760 cambios en el articulado, y el documento resultante fue enmendado otra vez y aprobado por la Asamblea Nacional. Estos cambios representaron una modificación de aproximadamente el 60% del articulado del proyecto constitucional inicial. Finalmente, el documento definitivo fue sometido a referéndum, que aprobó la Constitución con un 87% del voto y una participación del 84%, entrando en vigor el 10 de abril de 2019. 

 

Como puede observarse, el Partido Comunista siguió teniendo el control redactor de la norma suprema (tanto en el proyecto inicial como en la enmienda), y ésta fue aprobada con unas cifras de voto anormalmente altas. Sin embargo, la carta magna de 2019 introduce diferencias sustanciales con la constitución de 1976, algunas de las cuales fueron a causa del proceso de consulta popular. Veámoslas.

 

 

Cambios sustanciales

 

El primer cambio de calado y que llama la atención es el reconocimiento en el artículo 22 de la posibilidad de que la propiedad de los medios de producción sea privada. Este es un cambio que en el propio preámbulo al proyecto constitucional se reconoce como esencial y sin ambages: “se añade el reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de propiedad no estatal, incluida la privada”. El artículo 29 permite incluso la propiedad privada de la tierra, aunque “Se prohíbe el arrendamiento, la aparcería y los préstamos hipotecarios a particulares”; además el Estado retiene el derecho de opción sobre todas las compraventas de tierra. Esto sustituye a los antiguos artículos 14 a 16 de la constitución del 1976, que establecían claramente que “En la República de Cuba rige el sistema de economía basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y en la supresión de la explotación del hombre por el hombre”.

 

Ahora bien, esta modificación de la estructura de la propiedad en Cuba está enmarcada en una organización socialista y planificada de la economía. El artículo 18 deja claro que Cuba tiene un sistema económico “socialista basado en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como la forma de propiedad principal, y la dirección planificada de la economía, que tiene en cuenta, regula y controla el mercado en función de los intereses de la Sociedad”. Además, para tranquilizar a los más aversos al reformismo, el preámbulo consagra que el pueblo cubano está convencido “de que Cuba no volverá jamás al capitalismo como régimen sustentado en la explotación del hombre por el hombre”.

 

Además, las regulaciones de la actividad económica privada se incrementaron durante los últimos años en Cuba, endureciéndose los controles sobre los trabajadores autónomos e imponiéndoles posibles multas que llegan hasta la confiscación de sus propiedades[1]. En suma, mientras que algunos analistas predicen que esto es el inicio de un sistema económico de tipo mixto al estilo chino, es poco probable que se introduzcan espacios significativos de mercado (aún regulado) e iniciativa privada en la economía cubana en el corto plazo. Para más inri, se introducen una serie de menciones al carácter socialista del Estado. Por ejemplo, el artículo 4 dice que “El sistema socialista que refrenda esta Constitución, es irrevocable”, y por si no quedaba claro, el artículo 229 deja claro que “En ningún caso resultan reformables los pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del sistema socialista establecido en el Artículo 4”.

 

Esto es muy significativo, pero hay que mencionar que supone una separación respecto al preámbulo de la constitución anterior, que aseguraba “el objetivo final de edificar la sociedad comunista”, eliminando la referencia al comunismo para pasar a hablar de socialismo. El preámbulo del proyecto constitucional inicial proponía la eliminación completa de la palabra “comunismo”, pero después de las enmiendas posteriores a la consulta popular se volvió a añadir con un papel testimonial: “solo en el socialismo y en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena”. Estos cambios pueden parecer puramente simbólicos, pero representan una moderación del lenguaje que, junto con reformas como la tolerancia de la propiedad privada, no pueden más que tenerse en cuenta como evoluciones o modernizaciones del pensamiento político y la doctrina del Estado y del Partido Comunista.

 

El segundo cambio de transcendencia es la conversión de la figura del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros en la figura del Presidente de la República, que además se desdobla con la creación de la figura de un Primer Ministro (artículo 109). Esto se podría ver como una restauración del sistema existente en la Constitución de 1940. Además, se establece la limitación de mandatos del Presidente de la República hasta dos períodos de 5 años cada uno (artículo 125), y se limita la edad que puede tener un candidato a Presidente en el momento de ser elegido (mínimo de 35 y máximo de 60 años) (artículo 126).

 

El tercer grupo de cambios tiene que ver con la no discriminación por motivos de orientación sexual o de género. Uno de los pocos focos contenciosos en el proceso de enmienda constitucional fue la introducción del matrimonio homosexual en el artículo 68 del proyecto constitucional, que establecía que “El matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre dos personas con aptitud legal para ello”. Este artículo fue modificado en la última fase de enmienda parlamentaria, de tal forma que el actual artículo 82 desconstitucionaliza totalmente la cuestión, abriendo la puerta a que sea regulado (en una dirección o en la otra) en legislación ordinaria como el código civil.

 

Aparentemente, según fuentes periodísticas[2], este cambio no fue debido al proceso participativo sino a presiones de grupos conservadores evangelistas. Lo que sí que introduce el documento final de la constitución es la prohibición explícita e inequívoca de la “discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana”, en el artículo 42.

 

Por primera vez la constitución cubana (si bien en su preámbulo) menciona explícitamente los derechos de las mujeres y garantiza el “ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, las protege de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y espacios”. A pesar de que la Constitución de 1976 codificaba en su artículo 43 que los cubanos gozaban del derecho a percibir un “salario igual por trabajo igual”, la nueva constitución refuerza la interdicción de la discriminación (especialmente por motivo de género) en el ámbito laboral: “Asimismo, reciben igual salario por igual trabajo, sin discriminación alguna. La violación del principio de igualdad está proscrita y es sancionada por la ley.” (artículo 42).

 

Un cuarto cambio que tendrá un impacto muy evidente en la vida de millones de cubanos es el reconocimiento de la posibilidad de tener otra nacionalidad además de la cubana. La constitución anterior (artículo 32) explícitamente proscribía esta posibilidad en todos los casos, mientras que la actual explícitamente los permite (artículo 36).

 

En quinto lugar, una de las pocas modificaciones constitucionales sustanciales que aproxima a Cuba a las democracias liberales occidentales es la consagración, en su artículo 94, de uno de los principios más básicos del liberalismo político y de los derechos civiles, que es la presunción de inocencia, ya que se garantiza el derecho a que al individuo “se le presuma inocente hasta tanto se dicte sentencia firme en su contra”; reconociendo también el ejercicio del habeas corpus ante el juez competente (artículo 96). No existía mención alguna a estos principios en la anterior constitución. Ésta cambio también puede ser visto como un restablecimiento de un derecho contemplado en la constitución de 1940 (artículo 26), tan reivindicada por los revolucionarios antes de llegar al poder.

 

Sexto, una modificación que, si bien más simbólica y declarativa que ejecutable, es significativa, es la introducción de la lucha contra el cambio climático y la conservación ambiental (artículo 16), cosa que refleja una preocupación por la urgencia de la cuestión, especialmente a la luz del actual consenso internacional sobre la importancia del calentamiento global con importantes acuerdos como el de París de 2015. Además, el artículo 90, que codifica los deberes básicos de los cubanos, introduce un epígrafe j) que establece que los ciudadanos deben “proteger los recursos naturales, la flora y la fauna y velar por la conservación de un medio ambiente sano”.

 

El séptimo cambio es una reforma de la organización territorial del Estado. Para empezar, se crea la figura del Presidente del Consejo Municipal, y, lo que es más relevante, se le da a éstos la potestad de ratificar o vetar el nombramiento (de origen presidencial) de los Gobernadores provinciales (disposición Transitoria Primera) – si bien la regulación de este proceso es delegada al poder legislativo nacional. Además, la constitución crea la figura de los Consejos Provinciales y los Gobiernos Provinciales, que sustituyen a las Asambleas Provinciales del Poder Popular (artículo 170), y las las Asambleas Municipales del Poder Popular cambian la duración de su mandato de 2 años y medio (artículo 111 de la Constitución de 1976) a 5 años (artículo 187 de la nueva constitución). Estos cambios han de ser interpretados como un refuerzo de la autonomía local y de la separación vertical de poderes en el sistema político cubano.

 

Finalmente y en octavo lugar, la nueva constitución introduce la laicidad expresa del Estado cubano. Así como la anterior constitución (reformada en 1992) establece que “las instituciones religiosas están separadas del Estado” (artículo 8), la nueva dice explícitamente que “El Estado cubano es laico” (artículo 15).

 

En conclusión, la nueva constitución cubana converge, si bien ligeramente, en lo económico, político y social, con occidente. Sin embargo, los que creían que la salida del poder de los hermanos Castro precipitaría una apertura de la isla a la economía global y a la democracia liberal se equivocaban. Nos encontramos ante cambios graduales, significativos pero no revolucionarios, al sistema político cubano, que tienen más que ver con decisiones económicas pragmáticas y algunas demandas populares que con un realineamiento de Cuba y su régimen político. Pecaríamos, por supuesto, de miopes, si analizáramos todas las reformas en clave de aproximación o distanciamiento de Cuba respecto a la economía de mercado o a la democracia liberal. Algunas de las reformas mencionadas, como por ejemplo la que tiene que ver con la doble nacionalidad, tienen que ver con demandas históricas de los cubanos, especialmente de los que emigraron por motivos económicos. Otras, como la constitucionalización y luego desconstitucionalización del matrimonio homosexual, tienen que ver seguramente con disputas con grupos de presión sociales y religiosos. Pero más allá del contenido de las reformas, no se nos tiene que pasar por alto el proceso de reforma constitucional en sí, que introdujo –discusiones sobre su limpieza y veracidad a parte- un elemento de participación popular que, junto con el tipo de reformas realizadas, indica que la política cubana es quizás menos vertical y cerrada de lo que pareciera a primera vista, como mínimo en lo que atañe a la participación política.

 

[1] https://www.reuters.com/article/us-cuba-politics/communist-run-cuba-to-recognize-private-property-in-new-constitution-idUSKBN1K4108

 

[2] https://www.aljazeera.com/news/2018/12/cuba-drops-sex-marriage-language-constitution-181219011915356.html

 

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