¿De quién es España?

Bernadette Gatsby @bernagatsby

 

 

Se conoce como teorías de la justicia territorial a aquellas doctrinas que buscan dar cuenta del alcance, la titularidad y el fundamento del conjunto de derechos de los que deberían gozar determinadas entidades –Estados, naciones, ciudadanos- en relación a determinados territorios. ¿Es legítima la secesión unilateral? ¿Deben abrirse las fronteras? ¿A quién pertenecen los recursos naturales? Son todas preguntas de gran trascendencia cuya respuesta dependerá de la visión territorial que adoptemos.

 

En las líneas que siguen queremos centrarnos brevemente en la -denominada- comprensión lockeana del asunto, bastante habitual en el debate público cuando se habla de independentismo y migración, y resumida en expresiones como ‘España es de todos’ e ilustrado con el mando ejemplo de la comunidad de propietarios. Así lo expresaba Félix Ovejero afirmando que “El territorio político es un proindiviso, no una sociedad anónima. No es un contrato entre partes. Sevilla es tan mía como de un sevillano. O tan poco. Todo es de todos sin que nada sea de nadie en particular. Se decide en ese espacio jurídico, no se decide ese espacio. Mi propiedad es legítima porque existe previamente ese terreno común. Se vota dentro de las fronteras, no las fronteras. El “derecho” a la separación es, si acaso, derivado, respuesta a una violación sistemática de derechos básicos, como sucede con las colonias”[1]. De igual manera Gil Calvo argumentaba que “Para justificar el derecho a decidir se lo compara con el divorcio, una falacia porque la secesión no implica romper una relación bilateral sino multilateral, planteando un problema de acción colectiva. Por eso es mejor compararlo con las comunidades de propietarios que comparten un mismo edificio común”[2]. Con total claridad se expresaba también Santiago Abascal en una entrevista en que, preguntado sobre el sentido de las fronteras, afirmaba: “Yo sé que algunos dicen que esto es abordarlo de una manera simplista, pero yo creo que España es propiedad privada de los españoles. Porque lo ha dicho la historia, porque lo ha consagrado nuestra Constitución”[3]. Una visión que, de hecho, no es en absoluto exclusiva del debate español. “Si te gustan los inmigrantes, acógelos en tu casa” es un argumento habitual en tantas otras latitudes que presupone que el territorio de un Estado es una suerte de propiedad colectiva. “Cuántos inmigrantes ha acogido ud. en su casa” le preguntaba la líder francesa Marine Le Pen a la periodista Ana Pastor tras ser acusada de insolidaria[4].

 

 

Diríase que, de acuerdo con este pensamiento, aquella propiedad que antaño constituía el patrimonio privativo de un monarca absoluto puesto por la gracia de Dios, pasaba a ser, revolución liberal mediante, ocupado y apropiado por el pueblo. Gracias a ello las personas habrían abandonado su estadio plebeyo y su condición de súbditos para convertirse en ciudadanos libres e iguales, integrando ahora un todo más grande: la Nación. Aun cuando se trate de una especulación, no es extraño percibir en el razonar de tantos una intuición que, sin explicitarse del todo, viene a sugerir que la guillotina que asesinó a Luis XVI no solo le cortó la cabeza a un señor de carne y hueso, sino que, además, consiguió colectivizar entre todos sus antiguos súbditos el territorio sobre el que antaño reinaba. De acuerdo con esta visión el fin del Antiguo Régimen vendría marcado en los distintos territorios occidentales por esta gran expropiación revolucionaria de la que hoy seríamos herederos. No en vano la primera Constitución española (1812) iniciaba su articulado afirmando que la Nación es libre e independiente, que es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios y que no es, ni puede ser, patrimonio de ninguna familia ni persona. ¿Qué hay de cierto en todo ello? ¿España (o Francia, o Alemania...) es propiedad privada de los españoles?

 

La primera dificultad que debe enfrentar esta visión tiene que ver con el origen de esa propiedad. ¿Cómo se supone que la ciudadanía de cualquier Estado contemporáneo se habría convertido en dueño del territorio que habita? De acuerdo con la visión lockeana sobre el origen de la propiedad los antecesores de las actuales ciudadanías deberían haberlo adquirido como primeros ocupantes pacíficos, o bien haberla recibida de aquellos. No obstante, en la medida en que la historia de los Estados puede ser simplificada como una sucesión de sangrientas conquistas, no parece que en la actualidad nadie pudiera reclamar poseer un título válido.

 

Ahora, incluso si pudiéramos sortear este escollo original, la transmisión de esa supuesta propiedad generaría diversas aporías. Por ejemplo, implicaría que nuestros hijos serían apátridas al momento de su nacimiento ya que nadie adquiere propiedad alguna por el hecho de nacer. No sería hasta que algún ciudadano le transmitiera su cuota y que él la aceptara que esta persona pasaría a considerarse ciudadano/comunero de determinado Estado. Un Estado que, por cierto, no tendría por qué ser el de sus padres ni el del lugar de nacimiento, pues podría haber adquirido esa cuota indivisa de cualquier ciudadano del mundo dispuesto a transmitírsela, lo que, además de apátridas, generaría “policiudadanos”, esto es, personas que atesorasen decenas y decenas de pasaportes como pueden atesorar decenas y decenas de pisos en régimen de propiedad horizontal. Asimismo, si de verdad nos creyéramos que el territorio estatal es como una comunidad de vecinos entonces toda transmisión de esa cuota indivisa exigiría, o bien que determinada persona perdiese su condición de ciudadano/comunero, o bien que la misma se viera reducida. Sucederían así que un nuevo español, en caso de tener hermanos, debería compartir la cuota que sus padres le legaran con sus coherederos, siendo por tanto menos español de lo que lo fuera su padre o su primo, que tuvo la suerte de nacer hijo único.

 

En esta línea, esta visión implicaría que la compraventa del territorio nacional, tal y como era habitual en tiempos pasados, no debería generar mayores problemas. Es decir, podría ser ilegal o inconstitucional en un ordenamiento jurídico en concreto, pero no habría impedimentos de principio en que una posibilidad tal se positivara de manera que, por ejemplo, una mayoría cualificada de españoles decidiera vender la isla de Mallorca al Gobierno alemán para que se convirtiera en el land número 17, tal y como propuso años atrás el diputado Dionys Jobst.

 

Similarmente, no debería haber problema moral alguno en que un ciudadano enajenara su pequeña participación de manera que con un sencillo apretón de manos este perdiese su pasaporte y derecho a voto para otorgárselo a un tercero dispuesto a adquirirlo. Y, si somos coherentes, debería suceder como en las juntas de vecinos crispadas por la instalación del ascensor, esto es, que el voto de cada persona valiera más o menos en función del tamaño o número de cuotas de propiedad de que gozara. Adicionalmente, si los ciudadanos de un Estado fueran copropietarios del mismo, entonces también sería aceptable y lógico que la constitución del país determinara que cada cual contribuyera al sostenimiento de las cargas públicas en función, no de su capacidad económica, sino de la cuota de propiedad poseída. 

 

Pensemos también ¿qué sucede bajo esta visión con los territorios que hoy en día consideramos propiedad privada de determinados ciudadanos? Parece que, o bien se acepta que aquel territorio de propiedad privada sí puede secesionarse unilateralmente y acoger a tantos extranjeros como quepan –pues ya no es “de todos” y por tanto, su futuro no tiene por qué decidirse colegiadamente- o bien se acepta que, en rigor, no existe terreno alguno que pueda considerarse propiedad privada de nadie. Ahora, en este último caso volveríamos al principio y debería poderse dar una explicación satisfactoria del modo en que las ciudadanías actuales habrían adquirido esa propiedad original.

 

Finalmente, si los Estados fueran patrimonio común de sus ciudadanos, entonces serían perfectamente lícitas leyes de extranjería, no solo restrictivas, sino abiertamente caprichosas. Al fin y al cabo, cada cual puede restringir el acceso a su propiedad de la forma que desee, y está en su derecho de abrir la puerta sin seguir ningún criterio de racionalidad. 

 

En fin, si analizamos con detenimiento el símil propuesto se evidencia que la relación que establecen entre sí los ciudadanos de un mismo Estado y su territorio difícilmente puede ser la que establecen unos comuneros con su propiedad. Para atestiguarlo basta con reparar en las reglas morales que nos parecerían adecuadas a la hora de gestionar una cosa común y comprobar que muy pocos las aceptarían para regular el gobierno de la cosa común.

 

[1] “Teoría y práctica de la independencia”, de Félix Ovejero. Publicada en El País, 27 de septiembre de 2012. Disponible en https://elpais.com/elpais/2012/09/19/opinion/1348068253_310268.html

 

[2] “La falacia del derecho a decidir” de Enrique Gil Calvo. Publicado en El País, 15 de abril de 2018. Disponible en https://elpais.com/elpais/2018/02/15/opinion/1518723616_381732.html

 

[3] Entrevista en “The Objective LIVE Podcast: Café vienés con Santiago Abascal” moderada por Miguel Ángel Quintana Paz y publicada el 12 de diciembre de 2019. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=_k9gtJojwRA.

 

[4] Entrevista en El Objetivo dirigida por Ana Pastor y publicada el 3 de marzo 2014. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=72zIMf3kJkE

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