La falaz defensa de los borbones

14/08/2020

Markus Spiske @markusspiske


Podría ser la noticia del año en España, si no fuera por el coronavirus. Juan Carlos de Borbón, rey de España entre 1975 y 2014, ha abandonado el paísDurante las últimas semanas aparecieron distintas informaciones que apuntan a un presunto cobro de comisiones ilegales por su parte. Estas venían precedidas por un sinfín de rumores sobre actividades similares, así como sobre su vida privada. Por ahora, el Congreso de los Diputados se ha opuesto a realizar una investigación parlamentaria sobre ello, dejándolo todo en manos de la justicia. Aún así, su curso puede ser complicado debido a la inviolabilidad del monarca, por lo menos la que gozaba antes de su abdicación. También está por ver qué supone en este sentido su marcha de España.

 

No son pocas las voces que han venido denunciado esta situación e incluso han cuestionado la misma existencia de la monarquía. Más allá de estar más o menos de acuerdo con el establecimiento de una república o con que la existencia de una monarquía hereditaria contravenga la igualdad entre españoles, se denuncia que estas presuntas prácticas corruptas han estado amparadas por la privilegiada situación del monarca.

 

Ante tales críticas, tampoco han faltado las voces que han defendido la integridad y la labor de su heredero, el actual rey Felipe VI, así como la vigencia de la misma monarquía e incluso la figura de Juan Carlos I. Este artículo pretender refutar los argumentos más comúnmente esgrimidos en esta defensa. No nos referimos a los argumentos genéricos aplicados a la defensa de una monarquía parlamentaria (que a grandes rasgos valdrían para cualquier monarquía parlamentaria), sino concretamente a los que se han utilizado en el caso español actual. A nuestro entender, no solo se trata de que estos argumentos sean criticables o erróneos. Creemos que contienen falacias graves, hasta el punto de que cuesta creer que quienes las empleen no sean conscientes de ellas, sobre todo teniendo en cuenta que a menudo se trata de personas teóricamente bien formadas, cultas e incluso en ocasiones con carrera académica. 

 

 

La campaña antimonárquica

 

Se argumenta que actualmente en España existe una campaña de ataque a la monarquía (que va más allá de la situación de Juan Carlos I), con el objetivo de desprestigiarla y eventualmente abolirla. En realidad este argumento es irrefutable. Sí, existen personas u organizaciones que persiguen abiertamente este fin. De hecho, no se esconden precisamente. Expresan en público ese deseo e incluso algunos enarbolan la bandera tricolor. ¿Dónde está el problema? En España, defender un modelo republicano es perfectamente legal y legítimo. Quizás sería criticable si esta supuesta campaña se realizara de forma opaca y a escondidas (como señalan algunos), o en base a informaciones falsas, o utilizando métodos ilegítimos como la violencia… Pero incluso si así fuera, nada de eso constituye en sí mismo un buen argumento para defender la monarquía. 

 

 

Las mejores democracias del mundo son monarquías

 

Este argumento es más antiguo y claramente más sofisticado que el anterior, y, de hecho, también se puede enmarcar entre los argumentos más genéricos en defensa de las monarquías. Existen distintos ranking que clasifican los países del globo según su calidad democrática. Entre los más conocidos se encuentran: el Democracy Index de The Economist, el estudio del Institute for Democracy and Electoral Assistance de Estocolmo «The global state of democracy», el estudio «The global state of democracy» publicado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, y el estudio del V-Dem Institute de la Universidad de Gotemburgo «Autocratization Surges - Resistance Grows. Democracy report 2020». Se destaca que en todos ellos, las «mejores» democracias están encabezados por monarquías en su mayoríaCon ello matan dos pájaros de un tiro. Por un lado, niegan el carácter antidemocrático de las monarquías, pues ¿cómo van a ser las monarquías per se antidemocráticas, si resulta que existen en aquellos países que son las mejores democracias del mundo? Por otro lado, van un paso más allá, insinuando, cuando no afirmando, que es precisamente el hecho de ser monarquías lo que lleva a estos países a tan prestigioso podio.

 

Aunque este argumento parece más sofisticado, en el fondo no deja de ser tremendamente falaz. Dejaremos de lado la consistencia de estos índices, asumiendo pues que su visión de la calidad democrática y sus clasificaciones son correctas. En primer lugar, que un país sea una buena democracia no conlleva que la monarquía, en sí misma, sea una institución democrática. El problema radica aquí, en suponer que todas las instituciones políticas de un país democrático deben ser también democráticas per se. Esto no es así. El Ejército o la Policía, por poner los ejemplos más evidentes, no son instituciones democráticas en sí mismas. Pueden crearse y organizarse en base a unas leyes aprobadas de escrupulosa forma democrática, pero esto no convierte su funcionamiento habitual en democrático. Es decir, las decisiones que se toman en su seno no se realizan bajo una lógica democrática, sea cual sea la que constituya nuestra definición de democracia. Y de hecho es bueno que sea así, pues, por ejemplo, tal y como comprobaron los milicianos del bando republicano en la guerra civil española, someter a votación las acciones militares no parece que sea el mejor método para ganar batallas. Los defensores de la monarquía podrían aceptar que dicha institución tampoco es democrática, pero argumentar que tiene otras virtudes y que además puede formar parte de un régimen político democrático, igual que los casos señalados de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Sin embargo, prefieren hacer esta tramposa asociación.

 

La supuesta relación causal entre monarquías y buenas democracias es todavía más grave, porque, como cualquier persona con unas mínimas nociones de metodología científica debería saber, correlación no implica causalidad. Que Noruega, Suecia, Dinamarca o Países Bajos sean monarquías a la vez que buenas democracias, no implica que lo primero sea lo que cause lo segundo. Bajo la misma lógica, se podría argumentar que estos son países muy fríos, así que éste podría ser el causante de una buena democracia. Desde luego no es nada fácil determinar qué es lo que causa desarrollar y consolidar una buena democracia. Los defensores de las monarquías podrían argumentar, por ejemplo, que quizás la estabilidad que estas aportan sea el factor clave, pero en tal caso la estabilidad sería solo una variable asociada a la monarquía. Así pues, se trataría de una relación espuria. No es el objetivo de este artículo desentrañar este misterio, pero en ningún caso se pueden afirmar relaciones de causalidad basadas en correlaciones, sin explicar bien por qué los responsables son esos mecanismos y no otros.

 

 

La separación de la persona de la institución

 

Este argumento vendría a decir que, aunque sea cierto que Juan Carlos I haya concurrido en prácticas delictivas o éticamente reprobables, hay que distinguir su figura individual de la institución de la monarquía como tal. Es decir, la monarquía podría seguir siendo perfectamente defendible aun cuando su máximo representante haya obrado mal. De lo contrario, sería como afirmar que habría que abolir la Generalitat de Cataluña por la corrupción de su expresidente Jordi Pujol.

 

Sin embargo, ¿cómo se puede separar la persona de la institución, cuando la institución se sustenta en la persona? La restauración de la monarquía en España se produjo inseparablemente de la mano de Juan Carlos I, nombrado sucesor por el dictador Francisco Franco. Este es una pregunta muy controvertida, que a nuestro entender dista mucho de tener una respuesta clara. Pero independientemente de ello, separar a Juan Carlos de la institución tampoco acaba constituyendo un argumento en favor de la monarquía. Es decir, si en la actualidad la monarquía es buena o mala para España, lo será o lo dejará de ser al margen de si la labor del rey emérito fue ejemplar o deleznable. Las instituciones políticas tienen sentido si son útiles para la ciudadanía ahora y en el futuro, no en el pasado. En este sentido, parece más importante valorar cómo la Casa Real está gestionando toda la situación del rey emérito ahora.

 

 

Unidad de España

 

La Constitución española, en su artículo 56, expresa que el rey es símbolo de la unidad y permanencia del Estado (por cierto, a tenor del punto anterior, el texto habla de la Corona y del rey, mientras que la palabra monarquía solo aparece en el artículo 1). Por lo tanto, para quienes consideren que la unidad de España es un bien de altísimo valor, la defensa de la monarquía tendería a ir ligada a ello. Defender la monarquía implica defender la unidad de España, y viceversa.

 

Este puede ser un punto importante para los convencidos de ello, pero ¿lo es para los demás? Es muy notorio que actualmente la monarquía en general, y tanto Juan Carlos I como Felipe VI en particular, generan un muy importante rechazo en Cataluña, así como en el País Vasco. Estos son precisamente los territorios donde la unidad de España puede estar más en jaque. ¿Ligar la unidad de España a una institución tan contestada es pues una estrategia inteligente? Quizás en Valladolid, Toledo o Murcia, fomentar el apoyo a la monarquía fortalece el sentimiento patriótico de sus habitantes. ¡Pero no es en estos sitios donde se juega el partido! En Cataluña o en el País Vasco la figura de la monarquía, con el rechazo que genera, da munición a los independentistas e incluso les permite tejer complicidades con sectores que no son partidarios de la secesión, pero que muestran simpatías republicanas. 

 

 

Alternativas y riesgos

 

Hemos sintetizado en este último punto la amalgama de argumentos que profetizan lo que ocurriría si cayese la monarquía borbónica. Se suele decir que la crisis institucional generada vendría a llevar el advenimiento de una república, que podría estar a merced del control de la extrema izquierda, de tintes bolivarianos y dictatoriales, o que simplemente podría generar una gran inestabilidad política y consecuentemente económica y social, con resultados muy negativos para el país.

 

Estas argumentaciones son un continuo de falacias de falsas dicotomías o pendientes resbaladizas. Efectivamente, no podemos prever lo que ocurrirá en un futuro y cualquier cambio significativo en las instituciones de un país entraña ciertos riesgos. Sin embargo, ¿debería ser esto necesariamente así? No hay ninguna regla que determine que toda esta espiral de desgracias tenga que ocurrir. Para empezar, porque este cambio debería producirse con un muy alto consenso, a no ser que lo imaginemos como algún tipo de revolución. Si, tal y como establece la Constitución para su reforma, se obtuvieran los dos tercios necesarios en las Cortes, más la victoria en un referéndum posterior, y otros dos tercios en unas nuevas Cortes, parece evidente que el grado de consenso sería suficientemente amplio como para despedirse de los Borbones sin dichos temores.

 

Sobre la supuesta inestabilidad de un régimen republicano, esta visión vendría sustentada por los turbulentos periodos de la I y de la II República. Es cierto que estos fueron periodos muy convulsos de la historia de España, pero nada indica que tuvieran por qué repetirse. La sociedad española es ahora muy distinta. Se dispone de una experiencia y cultura democrática mucho mayor que entonces, el contexto internacional es mucho más favorable (basta comprar la Europa de entreguerras con la actual Unión Europea) y las pulsiones golpistas del Ejército español parecen ahora marginales en relación a las de antaño.

 

A menudo también se intenta asociar el concepto «república» a inestabilidad y caos, por ejemplo, con el conocido concepto de «república bananera», en contraposición a las serias y modélicas monarquías parlamentarias antes mencionadas. No obstante, esto no deja de ser un ejercicio de cherry picking, esto es, de selección interesada y arbitraria de los casos que sustentan una tesis preestablecida. Las repúblicas de nuestro entorno, como Alemania, Francia, Portugal o Italia, no son regímenes menos estables que las monarquías nórdicas. Es más, incluso en el caso de Italia, con una muy convulsa vida política, encontramos presidentes de la república que en varias ocasiones ha aportado estabilidad y rigor a una clase política muy amiga de la bronca y de las intrigas palaciegas.

 

Como hemos indicado al inicio, este artículo no ha abordado la mayoría de los argumentos más genéricos en favor de un régimen monárquico, esto es, lo positivo de la existencia de un cargo hereditario y vitalicio en lugar de un cargo electo, las normas bajo las que debería regirse la institución monárquica, las implicaciones sociales y políticas, etcétera. Todo ello nos lleva a un debate más de fondo y de principios, alejado de los vaivenes de los miembros de la familia real. Quedará pendiente para otro artículo. En cualquier caso, como hemos querido exponer aquí, los argumentos empleados actualmente para defender la presente situación de la monarquía española presentan problemas graves que sus defensores no deberían pasar por alto. Desde luego sus detractores no lo harán.


 

 

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