El rey ¿puede hacer mal?

Michał Parzuchowski @mparzuchowski

 

Las recientes noticias sobre el antiguo rey de España han vuelto a llevar a los medios y a las tertulias un viejo debate jurídico sobre la interpretación del artículo 56 de la Constitución española (en adelante CE):

 

1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona.

3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2.

 

Dejando de lado el aspecto temporal sobre qué sucede cuando el rey abdica, ¿cómo debemos interpretar la inviolabilidad y falta de responsabilidad mencionada? Son dos las posiciones en conflicto: aquellos que entienden que la inviolabilidad e irresponsabilidad regia es absoluta, alcanzando todos sus actos, y aquellos que apuestan por una comprensión más restringida por la que las anteriores prerrogativas quedarían limitadas a aquellos actos que pueden considerarse parte de sus funciones y que son susceptibles de refrendo.

 

Un primer argumento dice que, de no adoptar una comprensión limitada, entonces el monarca estaría por encima de las normas o del Estado de Derecho. Así Pérez Royo afirma que “Con esa interpretación [absoluta] de la inviolabilidad el rey se sitúa por encima de la Constitución, que se transformaría con ello en una suerte de 'Carta otorgada' del monarca a sus súbditos. El rey 'le daría' una Constitución a los súbditos, pero no estaría vinculado por ella. O mejor dicho, estaría vinculado en la medida en que él lo decidiera, pero nadie podría exigírselo.” ¿Es así realmente? Difícilmente. En primer lugar, identificar la inviolabilidad con la falta de vinculación jurídica es impreciso: las ataduras normativas que unos y otros tenemos van más allá que la posibilidad de ser investigados o que nos exijan algún tipo de responsabilidad. En el caso del rey español, además, son varios los preceptos constitucionales que imponen obligaciones y límites. Por ejemplo, el art. 59.2 CE establece que, en caso de que las Cortes Generales considerasen que el rey se ha inhabilitado para el ejercicio de su autoridad, sería sustituido por su heredero mayor de edad en calidad de Regente. Similarmente, sin algún tipo de vinculación con la CE no se entendería que solo tuvieran validez jurídica aquellos actos susceptibles de refrendo y efectivamente refrendados en los términos previstos. Nada de ello depende de su voluntad. Finalmente, tampoco puede decirse que la inviolabilidad absoluta haga de la CE una carta otorgada. Cartas otorgadas son aquellos compromisos que el soberano absoluto de una región adquiría, libre y graciosamente, con sus súbditos para gobernarlos de determinada forma, auto limitando generosamente su poder. En el caso español, sin embargo, es al revés: es “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía” la que aprueba una constitución en la que se tiene a bien, libre [1] y graciosamente, reservar al rey una posición muy especial. De hecho, fue el propio Juan Carlos I quien lo hizo saber “a todos los que la presente vieren y entendieren”.

 

Así las cosas, también podemos descartar aquel argumento en contra de la comprensión absoluta de la inviolabilidad real basado en lo que habría de antidemocrático en todo ello. Y es que si bien es cierto que la inviolabilidad absoluta casa muy mal con un conjunto de principios constitucionales de primer nivel, no es menos cierto que lo hacen otras tantas realidades como son la misma institución de la Corona, la preeminencia del varón sobre la mujer en la línea sucesoria –y de allí que hoy la corona descanse sobre la cabeza de Felipe VI y no sobre la de su hermana mayor la infanta Elena- y, podría argumentarse, todo lo relativo a los “derechos históricos” forales. Así, cuando Pérez Royo se pregunta de qué vale “el principio de legitimidad democrática del artículo 1,2 de la Constitución, según el cual 'la soberanía nacional reside en el pueblo español del que EMANAN los poderes del Estado' (sic)". Si el rey es absolutamente inviolable, podemos responder que sirve para entender cuál es la fuente de esa inviolabilidad así como para comprender porqué el rey puede ser depuesto y proclamarse la república siguiendo los cauces previstos en el art. 168 CE.

 

Al fin y al cabo, la CE es, como tantas otras normas plagadas de tensiones, hija del tiempo convulso en la que le tocó nacer y de las concesiones que unos y otros debieron hacerse con mayor o menor tino. Como tal, la CE tiene excepciones a los principios que enuncia y, jurídicamente hablando, no parece que hay mayor problema en ello pues la teoría nos dice que el poder constituyente no está obligado a nada, tampoco a ser perfectamente coherente. Quizás se responderá que, de aceptar algo así, no podría decirse que España sea un Estado plenamente democrático ni constitucional; de acuerdo, pero ello, por sí mismo, no nos dice mucho pues aún faltaría por demostrar –y no parece que sea posible- que la CE nos obliga a interpretarla de un modo tal que se obtenga una configuración política determinada o, al menos, que en caso de conflicto, el principio monárquico deba ceder o reducirse a su mínima expresión. Para Pérez Royo cualquier cosa distinta sería “un insulto al pueblo español” algo que, si bien puede ser cierto, no es jurídicamente relevante. 

 

Continuando con el análisis, también vale la pena destacar el razonamiento de Carbonell que afirma que, sin limitar la inviolabilidad a los actos susceptibles de refrendo, entonces habría toda una serie de ocasiones en que la responsabilidad generada no podría recaer en nadie. “Así, en los supuestos de que el Jefe del Estado realizara cualquier tipo de delito grave de naturaleza común, no quedaría exento de responsabilidad penal. Porque no hay a quien trasladar dicha responsabilidad, salvo que las acciones, que en estos casos sí son propias, vinieran refrendadas.” Nuevamente, este es un argumento poco concluyente pues simplemente cabe pensar que la responsabilidad de esos actos privados no se genera jamás dada la condición de su autor –como sucede, por ejemplo, con los menores de 14 años en relación a la responsabilidad penal.

 

Finalmente, y siguiendo con Carbonell, es bastante dudoso que el propio tenor del artículo apunte en favor de la visión restringida. Y es que si bien es cierto que se contienen "en el mismo párrafo y separados por un punto y seguido la declaración de inviolabilidad y la minuciosa regulación de los actos del Rey, la exigencia de refrendo y la traslación de responsabilidad a quienes los refrendan” puede apuntarse, en primer lugar, que la misma expresión “la persona del rey es inviolable” ya sugiere que se está afirmando algo distinto que cuando se indica “Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.” (art. 71 CE). En el primer caso el calificativo acompaña a un sujeto sin precisar nada más y al que le sigue un pesado punto, mientras que en el segundo se adjetivan unos actos precisados con cierto detalle. De otra, la comparación con este último artículo también nos hace pensar que, cuando en la CE se quiere establecer un régimen de inviolabilidad limitado, entonces se indica de manera explícita. Es más, al momento de redactarse existían diversos ejemplos en los que inspirarse que apuntaban en esa dirección –por ejemplo, la influyente y habitualmente citada Constitución italiana en cuyo artículo 90 se restringe la inviolabilidad del cabeza de Estado a aquellos actos que realice ‘nell'esercizio delle sue funzioni’ excluyendo aquellos que puedan considerarse 'alto tradimento' y 'attentato alla Constituzione'. Así las cosas, es difícil suponer que en la CE toda inviolabilidad es siempre limitada en unas ocasiones tiene la cortesía de aclararlo, pero en otras gusta de jugar al despiste, para que los constitucionalistas tengan con qué entretenerse. A lo sumo, podría argumentarse que esa falta de precisión fue buscada y/o que responde a la imposibilidad de llegar a un acuerdo mejor. Pero en ese caso debería reconocerse la existencia de una laguna genuina que, como tal, carecería de un “verdadero significado” que descubrir –y no inventar- a través de “la interpretación correcta”.

 

En esta línea, un sector importante de la doctrina ha venido argumentado que la Corona, que simboliza la unidad y permanencia del Estado, estaría por encima del resto de instituciones –no así de la misma CE- siendo entonces coherente el hecho de que no pueda ser “atacada” por alguna de ellas, en este caso, el poder judicial. Además, y como mera curiosidad, el art. 117.1 CE determina que la justicia se administra en nombre del rey, lo que en caso de enjuiciar al monarca daría lugar a la extraña situación en que este pudiera acabar encarcelado en su propio nombre (Bastiada, 2012). No solo eso, dada su función simbólica, es comprensible que se le otorgue una prerrogativa desorbitada ya que así se simboliza también la inviolabilidad del Estado, de su unidad y de su permanencia. Asimismo, es habitual apuntar que la singular posición del rey es una manifestación más del gran interés del constituyente en asegurar por encima de todo la estabilidad política de España y que, a tal fin, habrían blindado esta institución tan sensible de cualquier ataque judicial espurio movido por razones ideológicas e, incluso, de los propios errores del monarca.

 

Un matiz antes de concluir. Sin perjuicio de lo anterior, existe un argumento en contra de la visión absoluta que, si bien es ajeno a las polémicas más recientes, es verdaderamente correoso y no tiene una respuesta sencilla. En el año 2000 España ratificaba el Estatuto de Roma que, resumiendo, impone que la Corte Penal Internacional podrá juzgar a cualquier persona con total independencia del cargo que ejerza en relación al genocidio, los crímenes de guerra, de agresión y de lesa humanidad. El problema es evidente. Con todo, y en contra de quienes defendían la necesidad de modificar el art. 56 CE, en España se optó por seguir la opinión contenida en el Dictamen del Consejo de Estado del 22/7/1999 que entendía que, no teniendo el Rey poder ejecutivo y no pudiendo hacer nada sin el debido refrendo, entonces no había inconveniente alguna en ratificar ese instrumento porque cualquier acto que pudiera realizar sería responsabilidad de un tercero. La respuesta es, no obstante, claramente deficiente: que los actos del monarca no puedan desplegar efectos jurídicos sin estar refrendados no impide que, materialmente hablando, realice o pueda realizar la clase de actos antes mencionados. Con o sin poder ejecutivo, el rey podría valerse de su autoridad, contactos y medios para dirigir el exterminio de un grupo étnico, en cuyo caso estaría cometiendo un genocidio, por ejemplo. De hecho, el Dictamen del Consejo fue especialmente criticable cuando reparamos que el Tratado establece explícitamente que la Corte no quedará limitada por las prerrogativas y procedimientos especiales que se recojan a nivel de Derecho interno, afirmando además que uno de los objetivos de esta institución es que los responsables reales de esos actos tan graves no queden sin castigo. ¿Qué decir entonces? Quizás cabría hacer como Gimbernat (2012) y compatibilizar ambos textos entendiendo que la inviolabilidad constitucional es absoluta a efectos internos, pero que no pretende extenderse a instancias internacionales que no existían en 1978.

 

Sea como fuere, lo cierto es que el debate más de fondo y el que de verdad determinará cómo debemos resolver este conflicto particular, no ha sido abordado, no al menos de manera directa. La “premisa oculta” que vicia el debate que aquí hemos resumido brevemente no tiene que ver con la CE sino, más generalmente, con cómo deben interpretarse las constituciones. En efecto, aun cuando no podemos asegurarlo, parece claro que los dos bandos aquí enfrentados vienen a defender modelos hermenéuticos opuestos que, como si de una guerra fría se tratase, no se libra de modo abierto, sino solo a través de conflictos menores y periféricos, en este caso, la inviolabilidad real. ¿Cuáles son estos modelos? Simplificando, de una parte tendríamos la visión originalista, que entiende que el significado actual de los preceptos es aquel que quiso dársele -¿quién?- en su momento; de otra, tendríamos la visión evolucionista, que entiende que el significado actual puede diferir de aquel y cambiar con los tiempos en función de, por ejemplo, los valores mayoritarios de la sociedad. Ejemplos claros y vistosos de la primera visión pueden encontrarse en diversas sentencias del Tribunal Supremo estadounidense, en que para resolver cuestiones actuales sobre determinado precepto constitucional los magistrados hacen toda clase de consideraciones de tipo filológico e histórico sobre lo que querían decir los padres fundadores siglos atrás cuando hablaban de, por ejemplo, “the right of the people to keep and bear Arms". Un ejemplo reciente de la visión evolucionista podría ser la Sentencia del Tribunal Constitucional español 198/2012 sobre el matrimonio de personas del mismo sexo en cuyo voto mayoritario se mencionan estadísticas de opinión pública como parte de la motivación. En favor de esta última visión se argumenta que con ello se consigue mantener vivo un texto que de otro modo quedaría desfasado y que sea realmente representativo de los valores e ideas de la generación presente, ganando así en calidad democrática. En contra, se destaca la inseguridad jurídica y la confusión de poderes -representativo y judicial- que ello genera, además de -se dice- suponer un fraude de ley: ¿de qué sirve establecer normas básicas muy difíciles de modificar si después unos jueces que nadie ha escogido pueden cambiar su significado?

 

Por razones obvias este no puede ser el lugar donde abordar un debate tan extenso y complejo. Sin embargo, es suficiente apuntar su existencia para poder concluir que, después de todo, y por desalentador que parezca, gran parte de los debates jurídicos constitucionales de mayor calado no son ideológicamente neutros –científicos-, sino que dependen de una decisión previa totalmente metajurídica o, si se quiere, relativa a la filosofía del Derecho. Para verlo más claro, una paradoja: ¿cómo se interpretaría un artículo –como el 3.1 del Código Civil español, por ejemplo- que nos dice cómo se interpretan las normas?
 

[1] Libre al menos a nivel teórico, otro debate sería entrar a valorar las concretas circunstancias en que se elaboró y ratificó la CE.

 

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