Muera la igualdad: lo que podemos aprender de la movilidad social

31/07/2020

 

Pietro Mattia @pietromattia


El concepto de la movilidad social es uno de los grandes olvidados del debate sobre la justicia social. Pero, lejos de ceder ante las ideas de la desigualdad o la discriminación, tal vez deberíamos empezar a reivindicar el estudio de esta cuestión. En las últimas décadas, con el avance de los movimientos por la justicia social, han entrado en el vocabulario cotidiano expresiones como las de «discriminación de género», «racismo sistémico», «heteronormatividad», y muchas otras que ponen de relieve el trato desigual que los miembros de uno u otro colectivo recibirían por el mero hecho de pertenecer a este. Estas críticas al comportamiento social de ciertos individuos, cuyas acciones se basan en prejuicios infundados (y salvando la polarización ideológica a la que los debates más mundanos nos tienen acostumbrados), cumplen una función necesaria en tanto que aportan perspectivas novedosas al análisis de nuestras instituciones culturales. Pero, como toda perspectiva, rara vez cuentan la historia al completo. Por este motivo, creo que es hora de que la vieja retórica deje paso a nuevos conceptos en el discurso público.

 

Uno de los conceptos más populares (rabiosamente popular, de hecho), y que deberíamos empezar a retirar poco a poco es el de la «igualdad». La mera proliferación de expresiones compuestas que contienen este vocablo, como «igualdad de oportunidades» o «igualdad ante la ley», es una muestra de que no toda diferencia merece ser corregida. Al fin y al cabo, hay desigualdades que aceptamos como lícitas y otras que no, y toda lucha por la igualdad es, en el fondo, una lucha porque nuestras diferencias individuales sean tratadas de forma justa. El objetivo debe ser, no tanto una igualdad abstracta, sino la justicia, que estará constituida de igualdades y desigualdades.

 

Dicho esto, lo cierto es que con frecuencia utilizamos la (des)igualdad entre dos grupos como un proxy de la (in)justicia en el trato individual a los miembros de uno de estos colectivos, pero concluir hechos particulares a partir de las estadísticas generales nos puede llevar a error. Más específicamente, la igualdad es una cuestión meramente cuantitativa, mientras que la justicia es cualitativa (requiere de un análisis de las motivaciones caso por caso), y una cosa no puede derivarse de la otra. Este es el motivo de las duras críticas que ha recibido el uso político de indicadores como el de la brecha salarial, que no tiene en cuenta factores individuales como el de las horas trabajadas, el puesto desempeñado, los pluses de peligrosidad, etc., sino tan solo la desigualdad numérica. Sin embargo, y como decíamos, la mayoría de las personas coinciden en que hay desigualdades aceptables y desigualdades inaceptables. Salarios desiguales para trabajadores con jornadas desiguales, por ejemplo, es una idea con poca o nula oposición; salarios desiguales para individuos de diferentes etnias, en cambio, parece imposible de justificar racionalmente. De manera más crucial, no parece haber un criterio estricto que distinga unas de otras. Longitud de la jornada, preparación técnica y esfuerzo personal parecen ir claramente en la primera categoría, mientras que sexo, raza y orientación sexual van en la segunda. El aspecto físico también pertenece a la segunda, excepto en algunas profesiones como el modelaje, en que corresponde a la primera. La antigüedad en una empresa suele considerarse como relevante, aunque, sensu stricto, no aporte nada en un contexto meritocrático. La capacidad de negociación es otro elemento anómalo que debería descartarse, pero que, a menudo resulta en aumentos salariales. En última instancia, los elementos que componen los grupos de las desigualdades aceptables e inaceptables parecen decidirse más por enumeración que por definición, y esta enumeración cambia según las circunstancias. ¿No es esto una señal de que necesitamos un criterio más objetivo que la igualdad?

 

Un buen candidato para sustituir el lugar central de la igualdad en el debate público podría ser, al menos en parte, la capacidad de los integrantes de un colectivo para ascender o descender en la escala social a través de sus decisiones. Es cierto que, al menos por sí sola, la movilidad social tampoco es un indicador perfecto: no tiene en cuenta, por ejemplo, a aquellos individuos que prefieren activamente unos ingresos menores. Tampoco pretendo que un único indicador agote toda la realidad social, pero, al menos si nos reducimos al ámbito de la prosperidad económica, el estudio de la movilidad social puede aportarnos perspectivas mucho más frescas e interesantes que las asociadas a los ya manidos discursos de la igualdad de ingresos.

 

En primer lugar, nos permite traspasar las limitaciones de una excesiva fijación en una única fuente de ingresos. Uno de los errores fundamentales del activismo contemporáneo es la consideración de los ingresos del individuo, en lugar de los de la familia, como el determinante principal de su calidad de vida. Así, cuando comparamos el cambio en la posición social de una persona a lo largo de su vida, podemos obtener una imagen más adecuada de las oportunidades que ha tenido y de la prosperidad que ha conseguido sin importar su procedencia (ya sea a través de sus ingresos propios o de cualquier otra fuente). En segundo lugar, también nos permite hacernos una idea de lo justa que es la vida con los individuos de diferentes colectivos en una sociedad. El uso clásico de la movilidad social siempre ha sido el de comparar los distintos estratos sociales entre sí, esto es, comprobar si el esfuerzo personal de un ciudadano humilde puede llevarle a mejorar su nivel de vida y si las malas decisiones de un ciudadano opulento pueden resultar en la pérdida de su estatus. Cuando esto sucede, decimos que una sociedad es justa; cuando las clases sociales en cambio permanecen anquilosadas sin importar las acciones de sus miembros, esa sociedad será injusta.

 

Pero existe otro uso cuasimalicioso de los datos de movilidad social que resulta mucho más atractivo para quienes, como yo, disfrutamos del cuestionamiento de las narrativas establecidas: la comparación de unos grupos identitarios con otros. De este modo, cuando observamos la proporción de individuos pertenecientes a minorías raciales que ven mejorada su clase social a lo largo de su vida y la comparamos con la de los individuos caucásicos, no es sorprendente encontrarnos que las personas negras y latinoamericanas lo hacen en menor medida, y que los asiáticos, en general, progresan con mayor facilidad. Los datos realmente jugosos están en la comparación entre hombres y mujeres. Al contrario de lo que nos harían esperar los trillados discursos acerca de la brecha salarial, y para todos los estratos sociales, la movilidad social hacia arriba es más probable para una mujer que para un hombre. Hacia abajo, lo opuesto es cierto. En otras palabras, el techo de cristal de nuestra sociedad está ahí para ellos, no para ellas. Tal vez esto explique por qué cuatro de cada cinco personas sin hogar son varones.

 

Estos datos son especialmente chocantes porque entran en conflicto con nuestras expectativas. La menor movilidad social de ciertas minorías raciales marginadas no nos sorprende porque podemos ver a simple vista los entornos en los que se desenvuelven, e incluso la excepcionalidad del caso asiático queda plasmada en la cultura popular por el estereotipo (acertado) de que la educación es una de las grandes preocupaciones familiares para este colectivo. Es en el caso de las mujeres en que los datos parecen contraintuitivos, puesto que la imagen que nos ofrecen los medios de masas parecería indicar todo lo contrario. Oímos hablar casi a diario de la feminización de la pobreza, de la brecha salarial, de la discriminación laboral.

 

Esto no necesariamente quiere decir que los datos de partida del discurso dominante sean erróneos, pero sí que tomar la igualdad como referente sin tener en cuenta las desigualdades en el contexto y las aspiraciones de las personas implicadas nos conduce a conclusiones equivocadas. Un caso célebre de esto fue la investigación por discriminación de género que se llevó a cabo en la Universidad de California en Berkeley cuando, en 1973, se constató que la tasa de varones admitidos era más alta que la de mujeres. Sin embargo, el caso se convirtió en un ejemplo prototípico para los libros de texto de estadística cuando un análisis departamento por departamento reveló que, en realidad, eran las aplicantes femeninas las que recibían un trato de favor. Esto ilustra la insuficiencia de una comparación numérica directa entre dos grupos: se requiere tener en cuenta la situación de partida de los implicados.

 

En los últimos años, cada vez más estudios como el de la Universidad de California han tratado de encontrar sexismo donde no lo hay y han fallado en sus intentos. Buena parte de estos fracasos proceden de la necesidad de traducir toda desigualdad en una injusticia, asumiendo que si las mujeres toman decisiones vitales distintas a las de los hombres, entonces están actuando de manera irracional… o peor aún, siendo obligadas a ello. Pero lo que nos enseñan los datos sobre movilidad social es que el comportamiento de las mujeres no es en absoluto irracional. A ellas les va mejor que a los hombres. Tal vez sean ellos los que han tomado el peor de los caminos al sacrificar su vida familiar en favor de una vida laboral que, aún así, les reporta menos posibilidades de ascenso social de las que tienen las mujeres.

 

En conclusión, ¿qué podemos aprender de todo esto? Para empezar, que la posición de la mujer no es tan mala como los mediáticos discursos alarmistas hacen parecer. Además, que el dinero no lo es todo. Antes de lanzarnos a invertir colosales cantidades de recursos en corregir desigualdades como la brecha salarial, tal vez deberíamos preguntarnos si acaso hay algo que corregir, o si esas mujeres (más sabias con su propia vida que cualquier activista con la ajena) no serán capaces de asegurar su propio bienestar por otros medios, y, con ello, de escoger aquello que realmente las hace felices, y que no puede reducirse a una cifra más alta en un talonario. Y por último, pero no por ello menos importante, que quizás haga falta un cambio en nuestro vocabulario político para poder empezar a hablar de los problemas de los hombres.

 

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