¿Debemos discutir con los fascistas?

Volodymyr Hryshchenko @lunarts

 

 

España ya no es una excepción. Al igual que la práctica totalidad de países europeos, ya cuenta con un partido comúnmente considerado de extrema derecha con representación parlamentaria, y por ende, con todos los recursos que ello conlleva. Como ocurrió en todos los países que nos precedieron, su eclosión abrió el debate político y social sobre cómo tratarlos. En Francia y Alemania se ha optado por su aislamiento político, pactando todos los otros partidos para evitar que el Frente Nacional y Alternativa para Alemania ocuparan espacios de poder. En Austria e Italia han llegado a gobernar en coalición. En varios países nórdicos han apoyado a gobiernos de derechas quedándose en la oposición. Más allá de esta cuestión parlamentaria, el debate se extiende a muchos otros ámbitos. Así, hoy es fácil escuchar un conjunto de tesis emparentadas que, en suma, vienen a sostener que determinadas ideologías, partidos y políticos deben ser invisibilizados, y marginados, apartados del debate público. Es común argumentar que no debe debatirse con determinadas personas –para lo que es habitual citar al anarquista español Durriti con aquello de “al fascismo no se le discute, se le destruye”-, que los medios de comunicación no deberían cubrir las declaraciones de determinados partidos ni invitarlos a sus programas –pues ello sería tanto como “blanquear el fascismo”. De lo contrario –se dice- la democracia acabará por autodestruirse. En este artículo no vamos a ofrecer una respuesta tajante ni universal a la pregunta sobre cómo enfrentarse a los nuevos populismos –también de izquierda; al contrario, intentaremos mostrar que dar con “la mejor forma de proteger a la democracia” no es nada sencillo y que medidas como las mencionadas distan de ser la solución evidente (incluso cuando, lo desconocemos, lo fueran efectivamente).

 

Siguiendo a Stuart Mill, la primera alarma que disparan estas posiciones tiene que ver con su aplicabilidad, pues no parece que gocemos de un método eficaz y consensuado para detectar qué opiniones ni qué partidos que no apuesten abiertamente por la violencia o la eliminación de los derechos humanos fundamentales están sosteniendo posturas absolutamente erróneas de las que no quepa extraer nada constructivo. Es más, incluso cuando lo supiéramos efectivamente, podría sostenerse que su debate y crítica diaria facilita, de una parte, que se conozca la existencia de un problema que, de otro modo, podría quedar soterrado y desatendido; de otra, que aquellas opiniones acertadas realmente se comprendan y no devengan meros dogmas de fe. Algo positivo por sí mismo y a la vez un potente antídoto contra la repetición de los viejos errores o la consecución de otros nuevos.

 
Es más, -con ánimo de provocación- incluso cabría añadir que si las posturas de estos nuevos partidos son solo un montón de estupideces, entonces convencer a sus adeptos para que las abandonen en pro de posturas más moderadas no debería ser tan difícil. De forma más conservadora también diremos que, cuanto menos, dificultar el debate en condiciones de normalidad y tratar determinados partidos (y sus simpatizantes) como tumores a los que poner en cuarentena mediante cordones sanitarios facilitará enormemente que la polarización y las respectivas cámaras de eco se acentúen (aún más en nuestro mundo donde el acceso a la información está dominada por algoritmos y redes neuronales que te dan más de lo que ya consumes y con la intención de disparar fuertes reacciones viscerales). Se trata de una receta que, sobra decirlo, imposibilita que las posturas puedan acercarse y moderarse, y abona el terreno para que los adversarios se conviertan directamente en enemigos. Quizás la marginación y la invisibilización sean útiles cuando el grado de fuerza de la propuesta política que nos preocupa es muy bajo. En esa circunstancia puede que sin la “colaboración” de los medios y demás partidos, las fuerzas ultras no puedan despegar. Ahora bien, pasado cierto umbral quizás sea deseable una política de “contener el daño”, asumiendo que los remedios más drásticos ya no funcionarán. Sí, sin duda, es muy cómodo escudarse en eslóganes pomposos por los que “al fascismo, ni agua”, pero está por ver qué bien vaya a traer eso.

 
Adicionalmente, el defensor de esta “neocensura social” debería tener presente la clase de cultura política que estaría contribuyendo a generar y ser capaz de mostrar que ese primer paso virtuoso no nos llevaría a resbalar hacia otros mucho más dudosos por los que, tarde o temprano, esos mismos métodos se usaran contra opiniones perfectamente válidas. Si empezamos a llevar al ostracismo propuestas políticas que no sean casos meridianamente claros que así lo merezcan, ¿cómo podemos estar seguros de donde acabará trazándose esa dudosa línea? Puede que estos postulados nos lleven inexorablemente a instaurar una “democracia militante”, donde solo permitamos el registro de partidos políticos que se comprometan explícitamente a respetar todo el contenido del marco constitucional. ¿Es ese el modelo que deseamos? Curiosamente esa es una propuesta habitual entre estos nuevos partidos, deseosos ellos mismos de, por ejemplo, ilegalizar otras tantas formaciones cuyas propuestas consideran fuera de lo debatible. 


En este sentido, cualquier impulso en esa dirección debería tener muy presente el llamado “efecto Streisand” y, en consecuencia, ser capaz de demostrar que sus propuestas no serán contraproducentes, ya sea porque la etiqueta de “prohibido” acabe atrayendo a muchos curiosos que de cualquier otro modo no habrían oído nada, y/o porque acaben dotando a estas propuestas de un halo contestatario y rompedor que las haga más atractivas. De hecho, en los últimos años se ha comentado como el discurso en contra de lo “políticamente correcto” ha dado unos notables réditos a los nuevos partidos de derechas. Esto enlaza con la marginación mediática que estos partidos puedan sufrir. En muchos casos lo utilizan para argumentar en redes sociales (con gran eficacia) que se les silencia por ser los únicos que dicen las verdades que el pueblo desea oír y que las élites silencian. Por cierto, las redes sociales, otra gran variable que no parece tenerse suficientemente en cuenta. No pretendemos asegurar que las prácticas propuestas sean absolutamente fútiles pero, ¿hasta qué punto no aparecer en los medios tradicionales es, a día de hoy, demasiado impactante? ¿Acaso el público potencial de estos partidos se informa y posiciona principalmente por lo que aparezca en ellos, o más bien los considera “herramientas de las élites” abarrotados de “fake news” y decide saciar su curiosidad en foros, grupos de WhatsApp videos de Youtube e hilos de Twitter?


Preguntémonos también por el efecto que todas esas prácticas pudiera tener sobre el talante democrático de los afectados: si la democracia es un sistema que los margina, acalla y en la que solo pueden perder incluso cuando ganen ¿qué incentivos pueden tener para apostar por ella? Es bien sabido la importancia que el llamado “consentimiento de los perdedores” tiene a la hora de conservar una democracia por lo que cuesta no pensar en el efecto disolvente que estas prácticas pueda tener sobre el mismo y, por ende, en todo el sistema. Ilustremos este punto con algo de historia: la expresión antes mencionada y atribuida a Durruti, “al fascismo no se le discute, se le destruye” nos retrotrae a los años 30 del siglo pasado, unos años que, efectivamente, nos dan razones para pensar que la permisibilidad con según qué mensajes puede ser muy peligrosa (sin perjuicio de que, como explicamos aquí, el tópico “Hitler llegó al poder democráticamente” sea solo una media verdad). Sin embargo, no es menos cierto que ese mismo período puede servir para dudar de la efectividad de los métodos propuestos. Así, no es extraño sostener que una de las causas que radicalizó a la derecha española durante la Segunda República decantándola hacia el bonapartismo fue la revuelta de octubre del 34. Algunos autores han planteado que la respuesta violenta de algunos sectores de la izquierda ante la victoria de la CEDA en las elecciones de ese mismo año llevó a muchos de sus simpatizantes a perder la confianza en la democracia, pues parecía que solo ellos estaban dispuestos a seguir las reglas de juego. (De hecho, la revuelta obrera no era más que la amenaza cumplida que los socialistas le habían hecho a Alcalá Zamora para el caso que no disolviera las Cortes y permitiera que la CEDA entrar en el Gobierno). Sea cierto o no –es un tema claramente discutible- parece claro que expulsar del tablero democrático a amplios sectores de la población, hacer que sus propuestas no puedan ni tan siquiera discutirse, y obligarles a perder incluso cuando ganan etc., puede contribuir a erosionar el apego que estos sientan por las vías pacíficas y legales y, por ende, al compromiso hoy (casi)universal de aceptar los resultados de las urnas. A la postre una de las mayores virtudes con las que cuenta un sistema democrático no es tanto el hecho que gobierno quien más votos tiene, sino que quien pierde acepta deportivamente la derrota, respeta el resultado y se emplaza a jugar el partido de nuevo en las próximas elecciones. Una alternancia que, por imperfecta que sea, es pacífica. 


Es tentador pensar que en un mundo donde el fascismo se impuso, haber optado por una respuesta distinta a la que se produjo entonces sería una solución válida. Pero ni podemos tener la certeza que este contrafáctico histórico hubiera funcionado ni mucho menos que eso lo convierta en la mejor respuesta para un mundo tan distinto. En conclusión, en contra de esta idea creciente en la izquierda, no nos parece evidente que la estrategia de aislar, invisibilizar o incluso ilegalizar los partidos extremistas sea necesariamente la mejor tanto para minimizar su voz y poder como para garantizar la salud de nuestra democracia. En política rara vez existen soluciones mágicas que nos permitan conseguir lo que queremos de un plumazo. Pero veamos el vaso medio lleno. A diferencia de los años 30, a pesar de haber sufrido también crisis económicas y tener importantes conflictos sociales, las instituciones democráticas siguen vivas, puede que con una mala salud de hierro, pero sin duda mejor que la que tenían hace un siglo. No parece que por ahora tengamos que tomar un fusil para combatir al fascismo. Y que dure.

 

 

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