¿El Estado puede ser neutral en la cuestión de los nacionalismos?

18/06/2020

Vladislav Klapin @lemonvlad

 

Los Estados democráticos contemporáneos, que hunden sus raíces en el pensamiento liberal ilustrado, tienen en alta estima la idea de neutralidad institucional. Como no hay una única definición válida de lo que significa una “vida buena”, los poderes públicos deben permanecer neutrales ante las elecciones individuales de los ciudadanos. Así pues, es tan respetable que un joven decida atender la llamada de Dios e iniciar una carrera eclesiástica como que su vecina, con sus magros ahorros, emprenda un proyecto de pornografía feminista para fomentar una educación sexual alternativa. Tiene tanta razón hombre convencido de que la vida se basa en acumular ingentes cantidades de dinero como la tiene su hijo, aún adolescente, que encontró su lugar en el mundo como activista anticapitalista en el centro social del barrio. Mientras todos ellos respeten ciertas normas de convivencia, el Estado no tomará partido. Por supuesto, esto es un ideal – distintos y recurrentes episodios de discriminación están en el orden del día –, pero en todo caso, y aquí está la clave, se trata de un ideal teóricamente alcanzable.

 

Esta idea de la neutralidad del Estado ante las elecciones individuales está en el corazón de algunos de los principios fundamentales de las democracias modernas, como por ejemplo el de la laicidad. En este sentido, los individuos son libres para rezar al Dios que quieran, e incluso para no rezar a ningún Dios. Pero Iglesia y Estado deben permanecer separados, y las instituciones no tienen que favorecer a ninguna confesión religiosa en particular. Presuntamente, este mismo principio puede ser trasladado al campo del nacionalismo en Estados multinacionales, profesando una especie de “laicismo nacional” donde “la identidad nacional se circunscriba a la esfera estrictamente privada, como la religión o la orientación sexual”. El antiguo conseller de la Generalitat de Cataluña, Santi Vila –crítico con el independentismo unilateralista–, escribía esta reflexión hace unos meses, para después añadir que “en política, nuestra adscripción patriótica tendría que definirse solamente por la adhesión a unos valores, derechos y obligaciones constitucionales”[i].

 

Del mismo modo en que el principio de laicidad religiosa aboga por la separación entre Iglesia y Estado, una suerte de “laicismo nacional” garantizaría que los ciudadanos pudieran sentirse españoles y/o catalanes –o vascos– sin que las instituciones tomaran parte por una u otra identidad o proyecto nacional. Siguiendo con la metáfora, en un mundo cada vez más globalizado y cosmopolita llegaríamos a la separación entre nación y Estado, llegando a acuerdos de convivencia basados en derechos y libertades neutrales desde un punto de vista nacionalista. Sin embargo, no es por casualidad que nuestra estructura política de referencia se llame todavía hoy “Estado-nación”, o que la legitimidad democrática de ésta se fundamente en el consentimiento de sus ciudadanos – ergo, de la nación. Voy a explorar a continuación estas ideas, para al final proponer el uso de otros conceptos que nos ayuden a analizar mejor la cuestión de las nacionalidades en Estados plurales.

 

 

Se puede retirar el crucifijo, pero no la bandera

 

Quizá los lectores recordarán la polémica que se desataba en España cada vez que un nuevo presidente del gobierno juraba el cargo ante la Biblia y un crucifijo. En un país pretendidamente aconfesional, este acto violaba el principio de separación entre Iglesia y Estado. La solución era fácil: retirar los elementos religiosos de la mesa –como ya hizo el actual presidente, Pedro Sánchez. Para que el evento fuese no sólo neutral en términos religiosos, sino también “nacionalmente laico”, la tarea sería en cambio más ardua. La bandera rojigualda representa a la nación española, y excluye por tanto a nacionalistas catalanes y vascos. Lo mismo ocurre con el jefe del Estado, que preside el acto. La promesa de “guardar y hacer guardar” la constitución, que contiene el principio de indivisibilidad de la nación española, está igualmente sesgada. Incluso el idioma utilizado de forma exclusiva, el castellano – en detrimento del catalán, vasco y/o gallego –, es un elemento cargado de significado para las minorías nacionales.

 

El problema es que, si del acto retiramos la bandera, el Rey y la constitución, el evento deja de tener sentido. Pedro Sánchez no está jurando el cargo de Papa de Roma: puede prescindir de los elementos religiosos. En cambio, en tanto que nuevo presidente del gobierno de la nación española, la bandera o la constitución son parte inherente del ritual. Nación y Estado, al menos desde el inicio de la época moderna, son inseparables: los Estados se constituyen en nombre de la nación, y toda nación aspira en última instancia a obtener su propio Estado. Además, como bien apuntan algunos autores como Will Kymlicka, las decisiones gubernamentales en materia de lengua, festividades o símbolos implican el reconocimiento y el acomodo de grupos nacionales específicos[ii]. Las instituciones están cargadas de significado, y especialmente en la cuestión del nacionalismo, no solo es imposible su neutralidad, sino que el funcionamiento ordinario de estas instituciones se desarrolla en nombre de una nación determinada, contribuyendo a su reproducción[iii].

 

En países multinacionales, este estado de cosas favorece especialmente a la nación hegemónica, que es la que decide sobre el marco constitucional[iv]. La “neutralidad institucional” en este contexto no es otra cosa que la protección de los símbolos y narrativas oficiales –los de la nación dominante, institucionalizados en la ley–, así como la observancia de ciertos principios como el de la indivisibilidad de la nación mayoritaria, a la par que se les niega a las minorías la posibilidad de decidir sobre su permanencia en el Estado. Por otro lado, y en el marco de sus competencias, los nacionalismos periféricos pueden retar las narrativas dominantes y fomentar su identidad y sus propias perspectivas sobre la comunidad nacional. No obstante, si éstas entran en colisión con los intereses del grupo mayoritario, las autoridades regionales serán acusadas de violar una “neutralidad” que es, en realidad, la ideología del nacionalismo oficial. Decir que en 1714 Cataluña perdió su independencia nacional –cosa que es falsa– es adoctrinar en el odio a España. Sostener que la nación española empieza con los Reyes Católicos –otra falsedad– es sano patriotismov; y un hecho histórico que hay que incluir en los currículums escolares.

 

 

Trucos para la convivencia: de la neutralidad a la pluralidad

 

Así pues, sabemos que el Estado no puede ser neutral en la cuestión de los nacionalismos. En primer lugar, porque las instituciones funcionan originariamente en representación y en nombre de la nación: el siglo XXI no ha visto nacer (¿aún?) al “Estado-no-nacional”. En segundo lugar, porque el Estado produce y reproduce las narrativas y los símbolos de una nación determinada, la hegemónica, que por su condición de mayoritaria encuentra sus símbolos e intereses institucionalizados y protegidos por el orden jurídico. En este contexto, defender una institucionalidad “neutral” significa apuntalar la ideología oficial, esto es, el nacionalismo (re)producido por el Estado. Es por este motivo que el debate nacionalista en Estados multinacionales no debería pivotar sobre la idea de la neutralidad de las instituciones, sino sobre su pluralidad, es decir, sobre cómo distintos nacionalismos pueden coexistir y bajo qué reglas se comparte lo público.

 

El profesor de ética de la universidad de Duke, Wayne Norman, publicó hace más de una década un libro de referencia sobre el tema, titulado “Negociando el nacionalismo”[vi]. El primer paso para la instauración de un marco de convivencia exitoso es el reconocimiento por parte del grupo mayoritario de su propio nacionalismo, entendido aquí como el sentimiento de apego a una comunidad nacional, así como la preferencia por su continuidad. Sabemos que no puede existir la nación –tampoco la española– sin un nacionalismo que la imagine, defina, proteja y reproduzca. El reto está en conseguir que la identidad y los intereses de los nacionalismos minoritarios puedan reproducirse en condiciones de igualdad con respecto a los de la mayoría. Además, el Estado debería reconocer y acomodar la pluralidad en su seno, y no solamente tolerar las expresiones heterodoxas en los márgenes de su institucionalidad –las autonomías. La literatura especializada apunta en este sentido a distintas variantes del federalismo plurinacional asimétrico; cuestiones que no son, empero, materia de este artículo[vii].

 

En caso de que existiese un amplio reconocimiento de la plurinacionalidad –como defiende el nacionalismo español de izquierda–, seguiría habiendo sin embargo un elefante en la habitación: el de la soberanía. El que une a los diversos nacionalismos españoles, a derecha y a izquierda del arco político, es precisamente este elemento: el pueblo español en su conjunto es el titular de la soberanía, única e indivisible. Según este esquema, cabría la existencia de distintas “naciones culturales”, pero siempre en el marco de una patria común, la unidad de la cual no se encuentra bajo discusión. Se produce así una jerarquización entre distintos nacionalismos, siendo la nación de la mayoría –España– la única titular de derechos políticos, mientras que los nacionalismos periféricos tendrían que conformarse con un grado más o menos aceptable de reconocimiento cultural y de autogobierno. Resolver esto es complicado tanto en términos morales –de justicia democrática– como en términos prácticos –qué instituciones se diseñan para abordarlo. Pero se trata sin duda de una cuestión clave para los nacionalismos minoritarios y para la coexistencia en un espacio público plural –que no neutral. Ahí queda la reflexión.

 

 

[i] Santi Vila, 2019, “Mentides que uneixen”. En Política&Prosa. Disponible en el siguiente enlace: https://www.politicaprosa.com/mentides-que-uneixen/ [en catalán]

 

[ii] Kymlicka, Will. 1995. Multicultural citizenship: a liberal theory of minority rights. Clarendon Press.

 

[iii] El desarrollo más famosos de estas ideas, en un texto ya clásico, lo escribió Michael Billig en su libro Banal nationalism (1995). La editorial Capitán Swing publicó una traducción reciente al castellano (2014).

 

[iv] En España existen hoy en día tres nacionalismos con suficiente fuerza como para proyectar su idea de nación con cierto éxito: el español, el catalán y el vasco. El nacionalismo español permea todo el territorio del Estado y percibe por tanto a Cataluña y País Vasco como parte de la nación española –la que aquí denomino “mayoritaria”, “dominante” o “hegemónica”–, mientras que los nacionalismos catalán y vasco impugnan esta visión y se imaginan como comunidades nacionales distintas. La coexistencia en estos dos territorios de proyectos nacionales en competencia puede ser –y, de hecho, es– conflictiva.

 

[v] Aunque la historiografía reconoce la importancia secular de ciertas identidades etnoculturales, el concepto moderno de nación no aparece hasta las revoluciones francesa y americana del siglo XVIII. Tampoco es factualmente exacto que en 1714 los catalanes luchasen por su independencia –lo hicieron por una concepción foralista de la corona hispánica– ni que los Reyes Católicos crearan la España moderna –fue una unión dinástica para forjar una monarquía compleja, manteniendo Castilla y Aragón sus propias leyes.

 

[vi] Norman, Wayne. 2006. Negotiating Nationalism: Nation-Building, Federalism, and Secession in the Multinational State. Oxford: Oxford University Press.

 

[vii] Si el lector está interesado en algunas de las obras ya clásicas sobre este tema –ambas en inglés– puede consultar Multinational democracies, de Gagnon y Tully (2001); o Plurinational democracy: stateless nations in a post-sovereignty era, de Michael Keating (2001), además de la contribución de Wayne Norman referenciada en la nota anterior.

Carles Ferreira es profesor asistente e investigador predoctoral en la Universidad de Kent en Reino Unido. Su campo de estudio es la política comparada, con un interés sustantivo en el nacionalismo, los conflictos territoriales y los partidos políticos.

 

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