¿Existe un derecho constitucional a la mentira? Sobre la libertad de expresión e información

10/05/2020

Bank Phrom @bank_phrom

 

La única obra teatral de Jean Paul Sartre que puede ser calificada como comedia es Nekrásov. Esta trata sobre Georges de Valera, un narcisista estafador que, huyendo de la justicia, se hace pasar por un ministro soviético desaparecido -Nekrásov- en el contexto de la Francia anticomunista de 1955. El objetivo principal de Sartre en la obra es realizar una crítica a la prensa progubernamental francesa, dispuesta a todo con tal de desacreditar el modelo soviético y obtener rédito económico y mediático. Pese a la originalidad de la trama, Sartre realmente no innova en cuanto al fondo de la cuestión. La importancia de los medios de comunicación y, especialmente entonces, de la prensa, saltaba a la vista de cualquiera. Tan solo una década antes se rodó una de las mejores películas de la historia, Ciudadano Kane, de Orson Welles, que no solo nos cuenta la importancia de los periódicos en la formación de la opinión pública, sino que constituye, a su vez, un ejemplo histórico de la que quizá fuera una de las mayores manipulaciones mediáticas de finales del siglo XIX: La Guerra de Cuba o Hispanoamericana.

 

En este sentido, la importancia del tema es tal que la discusión en torno al papel que juegan los medios de comunicación en la sociedad sigue vigente. De hecho, la reciente crisis del coronavirus, en la línea de lo que ha ocurrido en las últimas crisis políticas o sociales en España, ha puesto una vez más el foco sobre esta cuestión. Las ayudas económicas del gobierno a principios de la crisis a los medios de comunicación[1], las recientes y desafortunadas palabras del jefe del Estado mayor de la Guardia Civil respecto a la identificación de noticias falsas y bulos “susceptibles de provocar estrés y desafección a instituciones del gobierno”, entre otras cuestiones, han generado un intenso debate alrededor del adecuado ejercicio del derecho a la libertad de expresión y del derecho a la libertad de información, así como de la conveniencia de establecer posibles límites a estos. En este artículo intentaremos arrojar algo de luz sobre el debate acerca de cuáles han de ser los límites de expresión y de información. Para ello, observaremos diversos argumentos utilizados en la jurisprudencia constitucional y en la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a fin de exponer, en rasgos generales, las diferentes tesis y posiciones que existen al respecto dentro de estas.  

 

Comenzando por la regulación constitucional del derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información, estos se encuentran consagrados respectivamente en los artículos 20.1 a) y 20.1 d) de la Constitución. Pese a su cercanía en el texto constitucional e íntima conexión, se trata de derechos con contenido y límites diferentes. En términos generales, el primero comprende el derecho “a expresar y difundir pensamientos y opiniones mediante cualquier procedimiento”, mientras que el segundo se materializa en el derecho “a comunicar y a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. Es decir, la libertad de expresión consiste “en la formulación de opiniones y creencias personales, sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos”[2] mientras que “la libertad de información supone suministrar información sobre hechos ciertos y ampara tanto su comunicación como su recepción”[3]

 

Visto el diferente contenido de ambos, veamos ahora cuáles son sus límites. En lo concerniente al derecho a la libertad de expresión, se suele decir que este goza de un mayor margen de acción del que lo hace el derecho a la libertad de información, ya que el primero se proyecta como “un haz de facultades muy amplio, que puede alcanzar desde la exposición de una opinión subjetiva hasta una crítica de conductas ajenas, por más agria[4] que resulte”[5]. Por el contrario, el límite del derecho a la libertad de información viene dado por los elementos de veracidad e interés general -o relevancia pública- de los que ha de disponer la información[6]. ¿Quiere lo anterior decir que el derecho a la libertad de expresión es incondicional mientras que el derecho a la libertad de información se encuentra restringido? En absoluto. Más bien al contrario. El derecho a la libertad de expresión encuentra su límite en otros derechos, especialmente en el derecho al honor regulado en el art. 18.1 CE[7]. En esta línea, se afirma que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión no comporta un derecho al insulto, que vulneraría el derecho al honor de la persona insultada, así como su dignidad como persona -valor también reconocido constitucionalmente, en el art. 10 CE-.  Para ilustrar este límite veamos, a modo de ejemplo, la STC n. º 204/2001, de 15 de octubre.

 

En esta resolución el tribunal dirimía sobre la polémica entablada entre el mediático periodista deportivo, José María García, y el entonces presidente del Real Madrid C.F., Ramón Mendoza Fontela. Según los hechos probados de la sentencia recurrida, el primero sostuvo en su programa de radio que el expresidente del Real Madrid CF, Santiago Bernabéu, había calificado en su lecho de muerte ante “dos testigos, cuya identidad se desconoce” al señor Mendoza Fontanela de “hijo de puta”. Asimismo, también constituía un hecho probado, el uso por parte del Sr. García:

 

«De las siguientes expresiones en su programa radiofónico para referirse al actor civil: zafio, histérico, tonto, tontito, tonto de baba, pobre, ruin, descarado, Ramoncín, perjuro, soberbio, pedante, cobarde, hortera, caradura, desvergonzado, embustero, cantamañanas, inútil, torpe, caradura, desvergonzado, vanidoso, vago, olvidadizo, trasnochado mandamal, vejete, destartalado, presumido y relamido, y las expresiones “el de pelo blanco”, “caballerete de pelo blanco”, “chiquilicuatre con el pelo blanco y la conciencia negra”, “faldero por antonomasia enamorado de la figuración, presunción y medraje”, cantamañanas, “amoral completo”, “un presidente con el pelo blanco y la conciencia negra”, y “canoso, muchachuelo y chiquilicuatro con el pelo blanco y la conciencia deportiva negra”» [F.J. 3º].

 

De acuerdo con la resolución, la defensa del Sr. García adujo, entre otras cuestiones, que las resoluciones impugnadas mediante recurso de amparo suponían un “límite constitucionalmente ilegítimo a la libertad expresión de los periodistas deportivos” [F.J. 1º]. Sin embargo, es de destacar que, tal como señala el propio Tribunal, el recurrente no intentó amparar su actuación bajo el prisma de la libertad de información, sino que lo hizo en todo momento bajo el de la libertad de expresión. La razón de ello estriba, por un lado, en que “los recurrentes de amparo no han acreditado efectivamente que los hechos sucedieron de ese modo” -es decir, que efectivamente el Sr. Bernabéu calificó en su lecho de muerte de “hijo de puta” al Sr. Fontanela- y que, por consiguiente, “conceptualmente […] es difícil imaginar que una comunicación inveraz pueda llegar siquiera a calificarse como un acto de información”, lo que lleva a afirmar al Tribunal, por otro lado, que “si el emisor se desentiende del contenido de lo transmitido, de su relación con algún dato objetivo, está realmente expresando una opinión y no transmitiendo información alguna” [F.J. 3º]. Por tanto, -y aquí llega la verdadera ratio decidendi del Tribunal- una vez delimitado que lo que el recurrente estaba haciendo uso era de su derecho a la libertad de expresión, no cabe más que recordar la jurisprudencia constitucional en relación con el insulto y la dignidad de la persona, la cual sostiene que:

 

«La emisión de apelativos formalmente injuriosos en cualquier contexto, e innecesarios para la labor informativa o de formación de la opinión que se realice, supone inferir una lesión injustificada a la dignidad de las personas […] o al prestigio de las instituciones. Pues, ciertamente, una cosa es efectuar una evaluación personal, por desfavorable que sea, de una conducta, y otra cosa muy distinta emitir expresiones, afirmaciones o calificativos claramente vejatorios desvinculados de esa información y que resultan proferidos, gratuitamente, sin justificación alguna, en cuyo caso cabe que nos hallemos ante una mera descalificación o incluso un insulto proferidos sin la menor relación con el propósito de contribuir a formar una opinión pública libre (por todas, STC 105/1990, de 6 de junio, FJ 8)» [F.J. 4º].

 

Este análisis previo encaminado a esclarecer si lo enjuiciado atañe al derecho a la libertad de expresión o a la libertad de información es de lo más lógica, ya que mientras los hechos noticiables -objeto del derecho a la libertad de información – sí son susceptibles de prueba, no sucede igual con las opiniones o juicios de valor -objeto del derecho a la libertad de expresión- que “por su misma naturaleza, no se prestan a una demostración de exactitud, y ello  hace que al que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o diligencia en su averiguación”[8].

 

Pasemos ahora a observar los límites del derecho a la libertad de información que, en su caso, vendrán marcados por el carácter “noticiable” y “veraz” del contenido de la información, más algunos importantes condicionantes: la gravedad de los hechos imputados y la relevancia pública de la persona de la persona que soporta la intromisión. Para ello, veamos dos resoluciones judiciales de sentido contrario. La primera resolución es la STC 28/1996, de 26 de febrero. En esta se resuelve el recurso de amparo de la sociedad propietaria de la revista “Interviú,” interpuesto contra las sentencias que la condenaban penalmente por haber publicado un reportaje en el que se acusaba a un particular, médico de profesión, de haber falsificado diversos documentos relativos al nacimiento y muerte de un niño, así como de haber realizado ofertas a una madre embarazada para quedarse con su hijo [A.H. 2º a)]. En el marco de dicho proceso, el Tribunal recuerda que, aunque el derecho al honor constituye ciertamente un límite a la libertad de información, este límite no es infranqueable. Al contrario, este puede ser franqueado cuando la información tenga la necesaria relevancia pública y veracidad. A este respecto, el Tribunal consideró que la relevancia pública de los hechos discutidos no era cuestionable [F.J. 2º], y que el fondo de la cuestión residía determinar la veracidad o no de la información contenida en el artículo. En este sentido, el Tribunal determinó que:

 

«[Aunque] el periodista recurrente desplegó cierta actividad encaminada al acopio de información relativa a un determinado suceso basada en entrevistas con las personas implicadas […] dadas las circunstancias del caso la diligencia del periodista no puede considerarse suficiente cuando menos a tenor de la parca y fragmentaria información consignada en el reportaje. ya que ésta en modo alguno justifica una tan honda afectación del derecho al honor como el que aquí se ha producido […] No existe, pues, suficiente correspondencia entre los datos de los que se informa y las tajantes y graves conclusiones que de los mismos pretenden inferirse con la imputación de acciones delictivas» [F.J. 5º].

 

Del anterior fragmento se pueden extraer dos conclusiones de forma explícita y una de forma implícita, siendo esta última también reiterada en la jurisprudencia constitucional. Las dos primeras son que, por un lado, el periodista tiene un deber de diligencia de comprobar la verdad de la información que publica y que, por otro lado, este deber se acentúa conforme a la gravedad de los hechos imputados y el descrédito causado (STC n. º 240/1992 F.J. 7º y 178/1993, F.J. 5º]). Respecto a la conclusión implícita, esta es que el nivel de veracidad de la información no puede ser equiparable al de la absoluta verdad, ya que, como sostiene el propio TC en una repetida cita (la negrita y el subrayado son nuestros):

 

«Cuando la Constitución requiere que la información sea «veraz» no está tanto privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas […] cuanto estableciendo un específico deber de diligencia sobre el informador, a quien se le puede y debe exigir que lo que transmita como «hechos» haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos, privándose, así, de la garantía constitucional a quien, defraudando el derecho de todos a la información, actúe con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado. El ordenamiento no presta su tutela a tal conducta negligente, ni menos a la de quien comunique como hechos simples rumores o, peor aún, meras invenciones o insinuaciones insidiosas, pero sí ampara, en su conjunto, la información rectamente obtenida y difundida, aun cuando su total exactitud sea controvertible. En definitiva, las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que, de imponerse “la verdad” como condición para el reconocimiento del derecho, la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio» (STC 6/1988, de 21 de enero, F.J. 5º).

 

La flexibilidad de esta doctrina, que obliga a los tribunales a la ponderación de cada caso concreto comporta problemas, lógicamente, debido a la indeterminación del concepto jurídico [9]de “veracidad”. Esto se hace muy evidente en la segunda resolución a la que hemos hecho referencia: la Sentencia n.º 68/2017 del Juzgado de Primera Instancia n. º 84 de Madrid, de 7 de abril. Esta resolvió la mediática disputa entre el actual vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias Turrión, y el medio Okdiario, por la publicación, por parte de este último, de la información de que el Sr. Iglesias habría recibido casi trescientos mil dólares del gobierno venezolano a través de una “entidad offshore con sede en las Islas Granadinas”[10]. Esta noticia, publicada “tres días después de la disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones generales” tenía, sin duda, un claro interés público. Es más, la juzgadora recogió en su sentencia que:

 

«El periodista tiene no sólo el derecho a informar sino también el deber de comunicar hechos relevantes para el interés general de los ciudadanos, máxime al iniciarse en la época de publicación de la noticia el procedimiento para elegir un nuevo Presidente para el país».

 

Dicho lo cual, en la sentencia se afirma la razonable “veracidad” de la información publicada por Okdiario. En este sentido, se analizan las diversas fuentes de las que los periodistas extrajeron esta información; destacándose que esta tenía “su origen en fuentes policiales”. Concretamente se sostuvo en la sentencia que “la confirmación por parte de la Policía de la existencia de los documentos y de la investigación en curso, determinó que la noticia se considerara fiable y dado su interés general se decidiera su publicación” por parte de Okdiario. Es decir, que, siguiendo el razonamiento expuesto en esta sentencia, la confirmación por parte de un cargo de la Policía referente a que existe una “investigación” al respecto ya faculta a los periodistas para publicar una noticia en la que directamente se afirme la comisión de los hechos por parte del acusado en la noticia. Cabe destacar que en la propia resolución, dada la gravedad de los hechos, la juzgadora recuerda la jurisprudencia constitucional que hemos expuesto anteriormente, que exige al informador una especial intensidad en su nivel de diligencia cuando “la noticia divulgada pueda suponer, por su propio contenido, un descrédito de la persona a la que la información se refiere”, aunque -señala- en este caso la fuente proporciona una serie de “características objetivas que la hacen fidedigna, seria o fiable”, lo que exime al informador de comprobaciones adicionales.

 

No obstante, habría quien argüiría que este razonamiento podría generar dudas también desde el punto de vista de la jurisprudencia constitucional, ya que el respeto al principio de presunción de inocencia, recogido en el art. 24 CE, también resulta de exigencia al contenido de una “información veraz”. Así, como se recoge en la STC n.º 219/1992, de 3 de diciembre (la negrita y el subrayado es nuestro):

 

«Cabe observar también que la exigencia de una información veraz obliga a respetar el derecho de todos a la presunción de inocencia, reconocido en el art. 24.2 C.E. No es admisible, pues, que una noticia publicada en un medio de información pueda calificar a una persona como "autor de un delito de estafa" en el momento de la detención de esa persona […] dado que el único acto que puede quebrar la presunción de inocencia del acusado en nuestro ordenamiento es la Sentencia del Tribunal que declara la autoría del delito […]. Frente a ello, tampoco cabe oponer que el periodista, por utilizar el lenguaje usual, no puede conocer la diferencia entre el autor de un delito o el presunto autor, ya que tal distinción en buena medida ha entrado a formar parte del lenguaje común precisamente por obra de los medios de comunicación, que la emplean […] de manera que ningún profesional del periodismo puede excusar su ignorancia».

 

Teniendo en cuenta que, en este caso, en el que ni siquiera existía una orden de detención contra el Sr. Iglesias, sino una “investigación” policial, afirmar, como se hace en el artículo periodístico que ocasionó el litigio, que: “Nicolás Maduro efectuó un pago de 272.325 dólares a Pablo Iglesias a través de un banco situado en un paraíso fiscal”, podría estimarse contrario a este deber de presunción de inocencia en la información veraz. Lo contrario parecería permitir que la libertad de información sea ponderada en este tipo de situaciones en mayor medida que el derecho a la presunción de inocencia y que, así, la prensa e, indirectamente, la policía -si atendemos a lo que se dice en este fallo- puedan hacer uso de esta herramienta de descrédito personal, profesional o político sin que medie resolución judicial[11], máxime teniendo en cuenta que, como se recoge en el propio fallo de la sentencia del JPI, el contenido publicado en los artículos periodísticos no prueba siquiera la existencia de los hechos[12].

 

Ahora bien, se podría aducir en este punto que hay una variable que ha de ser tenida en cuenta de forma especial; esta es: la condición de personaje público de la persona que sufre la supuesta intromisión ilegítima en su derecho al honor, como en este caso sería Pablo Iglesias. En efecto, es un punto reiterado en la jurisprudencia constitucional que:

 

«Los personajes públicos o dedicados a actividades que persiguen notoriedad pública aceptan voluntariamente el riesgo de que sus derechos subjetivos de personalidad resulten afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas y, por tanto, el derecho de información alcanza, en relación con ellos, su máximo nivel de eficacia legitimadora, en cuanto que su vida y conducta moral participan del interés general con una mayor intensidad que la de aquellas personas privadas que, sin vocación de proyección pública, se ven circunstancialmente involucradas en asuntos de trascendencia pública, a las cuales hay que, por consiguiente, reconocer un ámbito superior de privacidad, que impide conceder trascendencia general a hechos o conductas que la tendrían de ser referidos a personajes públicos» (STC n. º 171/1990, de 12 de noviembre, [F.J. 5º]).

 

Nótese que este modulador no solo afecta al “derecho de información”, sino que también se extiende a “críticas, opiniones o revelaciones adversas”, por lo que parecería que también resulta de aplicación cuando se ejercita el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, ¿cuáles son los límites de este modulador? ¿Significa esto que las personas públicas carecen totalmente de “derechos subjetivos de la personalidad” como el derecho al honor? La respuesta a estas preguntas no es unívoca. Dependiendo de si atendemos a la jurisprudencia del TC o del TEDH, la respuesta parece ser algo diferente. Para probar esta afirmación, veamos la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 14 de junio de 2016, Asunto Jiménez Losantos c. España.

 

En esta resolución, el TEDH dirimió el litigio entre un también mediático periodista, Federico Jiménez Losantos, y el exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. En este procedimiento, el periodista fue condenado por todos los órganos internos de España por haber “proferido frases en las que imputa hechos al querellante” que no resultaban veraces. Estas imputaciones consistían en acusar a R. Gallardón de querer obstaculizar o impedir la investigación de los hechos del 11-M en Madrid por motivos electoralistas e iban acompañadas de diversos insultos como “farsante redomado”, “alcaldín”, “estorbo” o “calamidad” entre otros muchos calificativos. Jiménez Losantos fue condenado por los tribunales españoles por entender que, dada la carencia de veracidad de sus imputaciones, lo que el periodista estaba haciendo uso era de su derecho a la libertad de expresión y no del derecho a la libertad de información. En línea con lo anterior, en tanto que ni el texto ni la jurisprudencia constitucional amparan el uso del insulto, los órganos internos españoles, desde el juzgado de lo penal que conoció en primer lugar el asunto hasta el TC, decidieron condenar al periodista. Así, tal como expresa el voto particular en esta sentencia del TEDH, la magistrada Lozano Cutanda:

 

«Atribuir a un individuo, incluso a un político, palabras que no ha pronunciado y afirmar que está a favor de la impunidad para unos terroristas asesinos autores de una masacre es un ataque “ad hominem” contra la reputación de un político, ataque que no puede estar amparado por la libertad de expresión, como lo han estimado las tres instancias jurídicas internas (el Juzgado de lo Penal nº 6 y la Audiencia Provincial, uno y otra de Madrid, y el Tribunal Constitucional), que no han considerado que estas críticas falaces pudieran inscribirse en un debate de interés público. Mentir no es debatir».

 

En otras palabras, en el ordenamiento español, aun existiendo un especial margen de injerencia en el derecho al honor y demás derechos de la personalidad de las personas con relevancia pública, este no es ilimitado; constituyéndose la atribución de opiniones y hechos palmariamente falsos acompañados de insultos a un personaje público como uno de los límites al ejercicio del derecho a la libertad de expresión (siendo descartado el uso de la libertad de información por la propia falta de veracidad de la información transmitida). No obstante, pareciere que, por el contrario, la jurisprudencia del TEDH, pese a reconocer que “el ejercicio de la libertad de expresión conlleva deberes y responsabilidades”[13], así como que la garantía del art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos “está subordinado al requisito de que los interesados actúen de buena fe, de manera que aporten informaciones exactas y dignas de crédito en el respeto de la deontología periodística”[14], se inclina en mayor medida hacia la tesis de que la sanción penal de calumnias o injurias produce una serie de “efectos duraderos” que podrían afectar la forma de trabajar de “los profesionales de los medios de comunicación social” (Apartado n. º 53 de la sentencia, siguiendo otras resoluciones como Otegi Mondragon c. España, n. º 2034/07).

 

En este sentido, la importancia de los medios de comunicación social es tal en una sociedad democrática[15] que, según el TEDH, incluso opiniones que merecen la calificación de “graves y provocadoras” [apartado n. º 49], exageradas e incluso totalmente “reprochables desde el punto de vista de la deontología periodística” [apartado n. º 47], no merecen sanción penal por un eventual efecto disuasorio en el actuar periodístico. Desde luego, la jurisprudencia constitucional tampoco es ajena a esta argumentación del TEDH, ya que, como ha recogido en diversas ocasiones:

 

«La libertad de información constituye, y así se viene sosteniendo desde la STC 6/1981, de 16 de marzo, no sólo un derecho fundamental de cada persona, sino también una garantía de la formación y existencia de la opinión pública libre que, al ser condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se yergue en uno de los pilares de una sociedad libre y plural» (STC n. º 58/2014, de 4 de junio).

 

Sin embargo, la posición del TEDH parece permitir una mayor injerencia en los derechos de la personalidad, al tiempo que se desvincula en mayor medida sobre el carácter veraz de la información en cuestión al hablar de suficiencia en la “base fáctica” de la información. Así, podríamos preguntarnos en este punto cuál de las dos posiciones, si la del TC o la del TEDH, resulta más acertada. Ciertamente, la tesis de que unos medios de comunicación libres, así como la garantía del derecho a la libertad de información y de expresión son condiciones sin las cuales difícilmente puede existir una sociedad democrática parece innegable. No obstante, ¿implica lo anterior que todo uso del derecho a la libertad de información o de expresión contribuye en sí mismo a la salvaguarda de la sociedad democrática y que, por consiguiente, todo supuesto uso debería estar constitucionalmente protegido?

 

Responder a la anterior pregunta implicaría necesariamente argumentar a favor o en contra de la fijación de unos límites a los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información, lo que excede, con mucho, el objetivo de este artículo; en el que tan solo pretendíamos analizar en términos generales la regulación y parte de la jurisprudencia relativa a estos derechos. Esperemos, por tanto, que un trabajo próximo nos permita resolver el dilema planteado por Nekrásov, el cual, pese a tener más de un siglo, continúa de rabiosa actualidad.

 

 

 

[1] Tom C. Avendaño, “El Gobierno ayudará a las televisiones privadas con 15 millones de euros”, El País, Marzo 31, 2020. Link de consulta: https://elpais.com/television/2020-03-31/el-gobierno-ayudara-a-las-televisiones-privadas-con-15-millones-de-euros.html

 

[2] Marco Aparicio Wilhelmi. En Miguel A. Aparicio Pérez y Mercé Barceló i Serramalera (Coordinadores), Manual de Derecho Constitucional (Barcelona: Atelier, 2012), p. 726.

 

[3] Marco Aparicio Wilhelmi, ibid.

 

[4] En otros términos, y como la jurisprudencia constitucional ha remarcado: este derecho abarca “no sólo las críticas inofensivas o indiferentes, sino también las que pueden molestar, inquietar o disgustar” (Sentencia del Tribunal Constitucional N. º 127/2004, de 19 de julio, haciéndose eco de otras resluciones como las SSTC 110/2000, 85/1992 y las SSTEDH de 7 de diciembre de 1976, Handyside c. Reino Unido, y de 8 de julio de 1986, Lingens c. Austria).

 

[5] Marco Aparicio Wilhelmi. Op. Cit., p. 727.

 

[6] STC 28/1996: “Forma parte ya del acervo jurisprudencial de este Tribunal el criterio de que la comunicación que la Constitución protege es la que transmite información veraz relativa a asuntos de interés general o relevancia pública (SSTC 6/1988, 171/1990, 219/1992, 22/1995).”

 

[7] Carlos Ortega Carballo, Libertad de expresión y libertad de información en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Fundación ciudadanía y valores, 2013, p. 4.

 

[8] Carlos Ortega Carballo, Op. Cit., p. 7.

 

[9] Un carácter indeterminado reconocido por el propio. Véase la misma STC 28/1996, de 26 de febrero, F.J. 2º.

 

[10] Francisco Mercado, “El gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”, Okdiario, 6 de mayo de 2016. Link de consukta: https://okdiario.com/investigacion/policia-investiga-pago-272-000-dolares-pablo-iglesias-gobierno-venezuela-124602

 

[11] A este respecto, se ha de señalar que, de acuerdo con la siguiente noticia aparecida en Eldiario.es: Elena Herrera, “El Supremo aguardará la investigación de la guerra sucia contra Podemos para resolver la demanda de Iglesias a Inda” de 26 de noviembre de 2019 [Link de consulta: https://www.eldiario.es/politica/Supremo-Iglesias-Inda-investiga-Podemos_0_967653481.html], la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la resolución del JPI en fecha 9 de mayo de 2018. Lamentablemente, no se ha podido encontrar esta resolución.

 

Asimismo, es de destacar que, de acuerdo con esta misma noticia, el Tribunal Supremo ha decidido paralizar el recurso interpuesto por el Sr. Iglesias en el marco de este procedimiento, hasta que se levante el secreto de sumario de los procedimientos de la Audiencia Nacional en los que se investiga el llamado Caso Villarejo, ya que habría indicios: «"más que aparentes" de la relación entre Villarejo y Pino y de que ambos "podrían haberse estado sirviéndose ilícitamente de su cargo público para realizar lo que la Fiscalía Anticorrupción denomina "maniobras de intoxicación informativa"». Siendo Eugenio Pino la fuente policial que, mediante prueba testifical, aportó información relevante para valorar la veracidad de la información, en relación con la fuente, en el procedimiento iniciado por Pablo Iglesias.

 

 

[12] Concretamente, se dice en la resolución: “Por ello, aunque se fundamenta la demanda y se insiste en poner de relieve la falsedad de los hechos publicados, lo cierto es que tal dato resulta irrelevante para valorar la prevalencia del derecho a la información de los demandados frente al derecho al honor del Sr. Iglesias”, descartándose así, con base en la jurisprudencia constitucional, que la no exactitud de los hechos implique automáticamente la prevalencia del derecho al honor sobre el derecho a la libertad de información pero, al mismo tiempo, reconociendo la prueba de que los hechos publicados por Okdiario no resultaban comprobados a la luz de las pruebas aportadas por la parte demandante.

 

[13] STEDH, asunto Colombani y otros c. Francia, no 51279/99, entre otras resoluciones.

 

[14] Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 14 de junio de 2016, Asunto Jiménez Losantos c. España, voto particular, apartado n. º 4. 

 

[15] En este punto se ha de matizar que el enjuiciamiento que realiza el TEDH no solo se hace desde los parámetros de la normativa aplicable del país en cuestión, sino desde el art. 10 del CEDH. De este modo, el art 10 supedita las restricciones a la libertad de expresión y de información a las necesidades propias de una “sociedad democrática”.

 

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