¿Fue el nazismo democrático?

11/04/2020

Christian Lue @christianlue

 

23 de marzo de 1933. Tras una convulsísima sesión, el parlamento alemán aprueba la ley habilitante, conocida oficialmente como “Ley para el remedio de las necesidades del pueblo y del estado”. Gracias al voto de 444 diputados y solo con 94 en contra, el ejecutivo obtiene potestades legislativas completamente impropias de un régimen con separación de poderes. La ley supone de facto dejar la constitución de la jóven república de Weimar en papel mojado, culminando la toma de poder del partido de Adolf Hitler. Como diría Padme Amidala, así es como muera la libertad: con un estruendoso aplauso.

 

Uno de los ejemplos más recurrentes cuando se habla de las debilidades y la fragilidad de la democracia, de las malas decisiones de los votantes o de la paradoja de la tolerancia es precisamente este. Los nazis no se hicieron con el poder total a través de un golpe militar o violento como el que intentó Hitler en 1923, sino asaltando las instituciones a través de elecciones democráticas. Incluso en última instancia, esto puede servir para argumentar la legitimidad del Tercer Reich, o cuanto menos, el apoyo del pueblo alemán a la liquidación de su democracia, de sus derechos y libertades, así como a lo que los nazis llevarían a cabo posteriormente. En este artículo discutiremos esta posición, exponiendo que una visión histórica detallada no se ajusta con este relato.

 

 

El apoyo electoral del NSDAP

 

El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán (NSDAP en sus siglas en alemán o simplemente Partido Nazi) se presentó con poco éxito en sucesivas elecciones de los convulsos años 20. Se trataba de un partido ultranacionalista, pangermanista y antisemita. Su inmediato antecesor era el Partido Alemán de los Trabajadores (DAP en alemán), un partido nacido en Múnich en 1919, en la agitada Alemania que recién acababa de perder la Primera Guerra Mundial y se veía abocada a una severa crisis económica, política y social. Además de los postulados racistas y etnicistas, empleaban una retórica antiliberal y crítica con el capitalismo y la burguesía a fin de atraer a los trabajadores, quienes eran mayormente apelados por socialdemócratas y comunistas. El servicio de inteligencia del ejército alemán envío a un cabo de origen austríaco a controlar las actividades del DAP. Su nombre era Adolf Hitler. Efectivamente, Hitler consiguió controlar el partido, pero no para desactivarlo, sino todo lo contrario. Un año después el partido se cambiaba el nombre para darse a conocer como el NSDAP y Hitler se convirtió en su líder. A pesar de manetener una gran hostilidad al marxismo, a lo largo de los años las críticas al capitalismo fueron moderándose y importantes empresarios dieron apoyo a los nazis.

 

En 1930 el Partido Nazi obtiene un notable resultado, siendo la segunda fuerza con el 18% de los votos. A partir de este momento empieza un periodo de gran inestabilidad política. En las elecciones anticipadas de julio de 1932, los nazis se convierten en primera fuerza con el 37% de los votos. Hitler estaba en disposición de convertirse en canciller de la república, pero al no disponer de mayoría absoluta debía gobernar en coalición. Sus reticencias a gobernar sin disponer del poder total llevarían a una nueva disolución del parlamento. La repetición electoral se produjo en noviembre del mismo año, y aunque el Partido Nazi se mantuvo como primera fuerza retrocedió hasta el 33% de los votos. En una situación aún más lejana a la mayoría absoluta que la anterior, Hitler renunció a pactar con otros partidos para gobernar en coalición, pero finalmente el 30 de enero de 1933 fue nombrado canciller con el apoyo del minoritario Partido Nacional del Pueblo Alemán (DNVP en alemán), una fuerza nacionalista conservadora. En una astuta maniobra política, tras intentar pactar con el Partido de Centro (católico) y declarar que sus demandas eran inasumibles, Hitler forzó una nueva repetición electoral. De nuevo intentaría obtener una victoria que le propiciase el poder total, pero esta vez ya desde la posición de canciller.

 

Las elecciones del 5 de marzo de 1933 fueron las últimas celebradas en la breve República de Weimar. Los nazis no tuvieron reparos en utilizar recursos del estado para su campaña, pero lo más remarcable fue el acoso e intimidación que los nazis llevaron a cabo contra los partidos de la oposición, en especial contra los socialdemócratas y sobre todo los comunistas. Las fuerzas paramilitares nazis, amparadas por la pasividad cuando no complicidad de la policía, asesinaron a decenas de opositores, cerraron publicaciones críticas con ellos, prohibieron actos políticos o boicotearon los que se llegaban a celebrar.

 

El zénit de toda esta campaña llegó tras el incendio del Reichstag del 27 de febrero. Los nazis culparon a los comunistas del incendio, acusándolos de iniciar un complot para llevar a cabo una insurrección en todo el país. El Presidente Von Hindenburg dictó bajo presión de Hitler el "Decreto para la protección del Pueblo y el Estado". Este decreto suspendió derechos fundamentales de la Constitución, como la libertad de movimiento, de expresión, asociación y reunión, correspondencia, etc. Además dispuso que el Gobierno central podía ejercer facultades propias de los Länder en materia de seguridad pública. También aumentó las penas en los delitos referidos a esta materia. Por si todo ello fuera poco, tenía efecto retroactivo. En suma, fue una pieza fundamental del derecho nazi y debilitó en extremo la democracia. 

 

Es cierto que existían sectores comunistas afines a tácticas violentas, incluso hay historiadores que consideran verosímil la autoría del incendio por parte de estos. Aún así, no hay pruebas constatables que este incendio se enmarcara en un complot para iniciar una revolución bolchevique en Alemania.

 

Aun con todo esto, los resultados electorales no fueron los deseados por Hitler. Si bien el Partido Nazi alcanzó el 44% de los votos - su mejor marca - este resultado no le otorgaba siquiera la mayoría absoluta, para la cual seguía necesitando a los nacionalistas conservadores. De todos modos, el objetivo de Hitler no era una mera mayoría absoluta parlamentaria para formar un gobierno monocolor, sino los dos tercios que le permitían obtener plenos poderes. Esa cifra quedaba aún más lejos.

 

 

La ley habilitante de 1933

 

¿Como conseguir la mayoría parlamentaria necesaria para obtener el poder total que tanto anhelaba Hitler? Esta vez los nazis no se plantearon jugar a la ruleta de una nueva repetición electoral y desde su posición dominante echaron el resto para sortear el trámite que les impedía tomar el control completo del estado. La ley habilitante se iba a someter a votación y debía aprobarse como fuera. Para empezar, los 81 diputados comunistas fueron expulsados o arrestados, de manera que el umbral quedaba un poco más cerca, pero la mayoría gubernamental seguía sin ser suficiente.

 

Las presiones de desplazaron hacia el Partido de Centro, a quienes los nazis ofrecieron varias concesiones para recabar su apoyo, siendo la más destacable dejar la Iglesia al margen de sus futuras maniobras, aunque también fueron objeto de intimidación por parte de las milicias nazis. Ahora sí, Hitler tenía los dos tercios. La coalición del NSDAP, el DNVP y el Partido de Centro, en ausencia de los diputados comunistas, aprobó la ley habilitante. Solo los diputados socialdemócratas votaron en contra bajo amenazas e insultos, e incluso una parte de ellos ni siquiera pudo llegar a ocupar su escaño ese día.

 

A partir de ese momento, no se puede sostener otra cosa que la conversión de Alemania en una dictadura. La fulminación de derechos y libertades siguió su curso, el ejecutivo se dotó de poderes legislativos, todos los partidos menos el nazi fueron disueltos, el sector público fue depurado de personas no afines al nuevo régimen, la persecución a los judíos aumentó y un largo etcétera. A la luz de todo lo expuesto, ¿se puede pues afirmar que el nazismo se hizo con el poder de forma democrática? En mi opinión, sin duda la respuesta es no. 

 

En primer lugar, Hitler jamás obtuvo una victoria electoral tan contundente como muchos creen, pues en todas y cada una de las elecciones en que concurrieron quedaron por debajo del 50% de los votos. Atención, esto no significa que solo se pueda gobernar legítimamente alcanzando el 50% de los votos. En los artículos sobre sistemas electorales se expone como en literalmente casi todos los países del mundo se puede llegar al poder con porcentajes menores. La legitimidad de estas victorias recae en que el sistema electoral es aceptado por todos los contendientes. Por ejemplo, en el actual periodo democrático en España han existido seis gobiernos con mayoría absoluta parlamentaria, aunque ninguno llegó jamás al 50% de los votos. Esto no les resta pátina democrática o legitimidad, pues todos los partidos aceptan esas reglas del juego. Incluso si se discute esta posición, el punto principal de este argumento sigue vigente: el apoyo popular al NSDAP nunca fue tan abrumador como a veces se quiere pensar.

 

En segundo lugar, las elecciones en que obtuvieron su mejor resultado (44%) se produjeron bajo unas condiciones de absoluta anormalidad democrática. Los grupos paramilitares nazis hostigaban constantemente a la oposición, se produjeron gravísimos atentados a la libertad de expresión, de prensa, de reunión, etc., cuando no un nivel de violencia alcanzando el asesinato. Bajo ningún estándar democrático se puede defender que esas fueron unas elecciones libres. Visto en perspectiva, resulta hasta sorprendente y heroico que millones de alemanes votaran por partidos hostiles al nazismo.

 

En tercer lugar, los métodos por los cuales los nazis obtuvieron los dos tercios para aprobar la ley habilitante fueron de todo menos democráticos, tanto en cuanto a los medios como al contenido material que se estaba aprobando. Se impidió arbitrariamente la participación de todos los diputados comunistas y una parte de los socialdemócratas y se cambiaron las reglas parlamentarias sobre la marcha para rebajar el umbral de los dos tercios. La intimidación, amenazas e insultos se produjeron incluso dentro del parlamento por parte de las milicias nazis. Sobre los poderes especiales de los que se investía a Hitler, es cierto que en ocasiones los regímenes democráticos prevén escenarios de excepcionalidad en que el ejecutivo puede disponer de ciertos poderes especiales durante un periodo de tiempo determinado debido a una situación de gravedad que lo requiera. Pero estos periodos deben ser limitados en el tiempo, los poderes deben estar meticulosamente seleccionados y empleados y no hay una exención total de rendir cuentas de esa gestión. Sirva como ejemplo la situación actual de las democracias liberales ante la crisis del coronavirus y las medidas excepcionales que están llevando a cabo los gobiernos. Nada de ello se iba a cumplir en el caso de Hitler en 1933. El objetivo era obtener y retener indefinidamente el poder total, además de que la situación de excepcionalidad que vivía Alemania no era tal, o si acaso era la creada principalmente por la violencia de los propios nazis.

 

De todo ello se pueden sacar varias lecciones históricas de gran importancia, por ejemplo, sobre los métodos del totalitarismo y cómo combatirlo o sobre la importancia de respetar unos valores compartidos en la vida democrática. La democracia consiste en votar en elecciones libres y en que una mayoría pueda gobernar con su programa, pero no solo en eso. Los procedimientos sobre cómo todo ello se lleva a cabo son también harto importantes, así como el repesto a los derechos y libertades fundamentales. Los propios alemanes parece que aprendieron esa lección, pues la constitución de Bonn de 1949 marca importantes restricciones al ejercicio de los poderes públicos. 

 

Pero en cualquier caso, parece claro que cuando se quiera usar un ejemplo de cómo la democracia se puede destruir a sí misma o cómo los votantes puedan apoyar opciones antidemocráticas, el ejemplo del ascenso al poder nazi no es tan evidente como muchos suponen. Esto no resta fuerza a las preocupaciones sobre que, efectivamente, la democracia puede destruirse a sí misma. Quizás no es probable que sea con un harakiri violento, pero sí con pequeñas renuncias acumuladas sobre nuestros derechos y libertades. 

 

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