Forzados a ser libres: ¿Debería ser obligatorio votar?

11/04/2020

annie bolin @anniebolin

 

En los sistemas democráticos existen dos maneras de entender el derecho a voto: como una libertad - es decir, como una opción que el Estado tiene la obligación de proteger pero cuyo cumplimiento no puede exigir -, o como una obligación - que el Estado tiene el deber de garantizar, y cuyo ejercicio por parte de los ciudadanos también puede reclamar. En los primeros rige un sistema de voto voluntario, mientras que en los segundos el voto es obligatorio. En 2019, el número de países cuyo ordenamiento jurídico contempla el voto como un deber cívico asciende a 27[i]. No obstante, las consecuencias del incumplimiento pueden variar considerablemente: en algunos países (Costa Rica y México, por ejemplo) la abstención injustificada no comporta ninguna sanción legal; en otros (como Australia, Bélgica o Argentina) el incumplimiento es sancionado de diversas maneras, generalmente mediante multas[ii].

 

El voto obligatorio es una medida controvertida. ¿Por qué debería el Estado obligarme a votar? ¿Por qué no me puedo quedar en casa viendo una película? En este artículo discutiremos críticamente algunos de los principales argumentos, a favor y en contra.

 

Un argumento contra el voto obligatorio que puede despacharse con bastante rapidez es el siguiente: el voto obligatorio, al exigir a los ciudadanos que acudan a votar, no permite la abstención, lo que supone una restricción injustificada de nuestras opciones políticas. Esto no es necesariamente cierto. En algunos países (como Bélgica, por ejemplo), el voto obligatorio únicamente exige que los ciudadanos se presenten en su centro de votación, pero no que voten. Un sistema de este tipo permite que los ciudadanos no introduzcan ninguna papeleta en la urna. Por lo tanto, no es verdad que los países con voto obligatorio sean intrínsecamente incapaces de permitir a sus ciudadanos abstenerse - no les obligan a elegir ninguna opción. Otra posible respuesta es que las consecuencias de la abstención pueden obtenerse igualmente emitiendo un voto no válido, una posibilidad que el voto obligatorio no impide. Si lo que uno quiere lograr mediante la abstención es señalar su disconformidad con algún aspecto del sistema político - o con el sistema político en su totalidad -, escribir "ladrones" en la papeleta puede ser una opción igual de válida que no acudir a votar. De hecho, incluso puede intensificar el mensaje que queremos transmitir, puesto que si elegimos la primera alternativa nuestro rechazo es evidente, mientras que la segunda podría ser interpretada de muchas maneras (tal vez no fui a votar porque preferí quedarme en casa, independientemente de mi postura política).

 

Un argumento más poderoso es el que acusa al voto obligatorio de interferir injustificadamente con la autonomía de los individuos. Cuando el Estado nos obliga a acudir a votar (sobre todo cuando el incumplimiento comporta sanciones importantes), está restringiendo nuestra libertad de acción. Ahora bien, este argumento se puede interpretar de dos maneras. Por un lado, se podría sostener que el simple hecho de que el Estado exija (y sancione) el cumplimiento de determinados deberes cívicos es en sí mismo objetable. ¿Quién es el Estado para decirme que tengo que ir a votar en vez de dar una vuelta en bicicleta? Esta versión del argumento no nos lleva muy lejos, pues los Estados típicamente exigen el cumplimiento de varios otros deberes (pagar impuestos, participar en un jurado si somos llamados a ello, realizar la declaración de la renta, renovar periódicamente nuestros documentos de identidad, etc.) que no parecen tan objetables y que, sin embargo, restringen en igual medida (o incluso más) nuestra libertad individual que la obligación de acudir a votar. Ir a votar, después de todo, no requiere más del tiempo del que debemos invertir cuando vamos a renovarnos el pasaporte.

 

A esto se podría objetar que, a diferencia de estos otros casos, la obligación de acudir a votar me obliga a actuar de un modo que podría ir en contra de algunas de mis más profundas convicciones. Cuando acudo a renovar el pasaporte sólo estoy llevando a cabo un simple trámite administrativo, pero si soy un anarquista filosófico - alguien que niega que los Estados sean legítimos - y se me obliga a votar, se me está forzando a participar en un proceso que considero carente de justificación moral. Si asumimos que esta actitud deriva de convicciones profundas acerca de cómo debe ser una sociedad justa, la restricción del voto obligatorio sobre la autonomía individual parece más seria. El problema con este argumento es que lo mismo podría decirse de quienes evaden impuestos porque son libertarios convencidos de que estos son un robo. Si nos parece que nada de esto exonera a los afectados de su deber de pagar impuestos, entonces estamos aceptando que a veces el Estado puede estar justificado en exigirnos hacer cosas que nos parecen claramente objetables[iii]. En consecuencia, ni el argumento inicial ni la objeción a la respuesta que dimos parecen suficientes para rechazar el voto obligatorio.

 

Ahora bien, otra versión del argumento de la autonomía sostiene que, puesto que el voto obligatorio restringe nuestra libertad de opción, y dado que estas restricciones tienen implicaciones sobre algunas de nuestras más profundas convicciones morales, existe una presunción en contra del voto obligatorio. Esta presunción, obviamente, podría verse derrotada - como sugieren los ejemplos discutidos con anterioridad -, pero la carga de la prueba recae sobre los defensores del voto obligatorio. Si estos son incapaces de ofrecer un argumento convincente para implementar un sistema de este tipo, las consideraciones basadas en la autonomía se llevan la partida[iv]. En lo que queda de este artículo discutiré algunos argumentos a favor de la propuesta.

 

El primer argumento a favor del voto obligatorio apela a la competencia de los ciudadanos en asuntos políticos. Si los ciudadanos se ven forzados a votar, sugiere el argumento, entonces es probable que sientan que se juegan algo en el asunto, y en consecuencia decidan informarse adecuadamente. Si actualmente los niveles de ignorancia política son elevados, esto podría deberse en gran medida a que los ciudadanos no sienten que la política vaya con ellos, una situación que el voto obligatorio revierte. Este argumento, a mi juicio, tiene dos problemas. En primer lugar, pese a que la premisa normativa en la que este se asienta (un sistema en el que los ciudadanos están mejor informados es preferible a un sistema en el que son mas ignorantes) parece razonable, no es obvio que sea suficientemente robusta como para invalidar la presunción a favor de la autonomía. Veámoslo con un ejemplo: la competencia política de los ciudadanos también podría incrementarse si estos hubieran estudiado economía, sociología o ciencias políticas. Sin embargo, la idea de obligar a la gente a estudiar estas carreras parece absurda, precisamente porque la libertad individual pesa más.

 

En segundo lugar, la premisa empírica es altamente controvertida. Esta asume que, si son obligados a votar, los ciudadanos tendrán incentivos para informarse correctamente. En realidad, cuando los individuos se ven obligados a realizar una determinada acción, su motivación para realizarla adecuadamente tiende a disminuir[v]. El voto no parece una excepción: algunos estudios sugieren que en los sistemas de voto obligatorio el número de votos de "baja calidad" (en términos de información) es más elevado[vi]. ¿Por qué? Primero, porque los ciudadanos se informan igual - o incluso menos - que en los sistemas donde el voto es voluntario. Segundo, porque, dado que el voto obligatorio necesariamente comporta mayores niveles de participación, el número de votos de baja calidad es también superior (básicamente, este incluye el voto de todos aquellos individuos desinteresados que, en un sistema donde el voto es voluntario, simplemente se habrían quedado en casa).

 

Un segundo argumento a favor del voto obligatorio sostiene que cuanto más elevados sean los niveles de participación en unas elecciones, mayor será su legitimidad democrática. Este argumento parte de la siguiente intuición: si en unas elecciones apenas participa el diez por ciento de los votantes, estas elecciones (y lo que se siga de ellas) probablemente carecen del suficiente respaldo popular - y, por lo tanto, su legitimidad democrática será dudosa. La primera parte de la intuición es bastante plausible: si sólo una décima parte de los votantes participa en las elecciones, esas elecciones carecen de respaldo popular. Ahora bien, la segunda parte (que esto pone en duda su legitimidad democrática) es algo más controvertida, por dos razones.

 

En primer lugar, para la teoría democrática contemporánea la igualdad política no exige que los ciudadanos tengan la misma influencia política de facto, sino que dispongan de las mismas oportunidades para influir en la toma de decisiones políticas (oportunidades que pueden perfectamente decidir ignorar). O lo que es lo mismo: la igualdad política requiere igualdad de oportunidades, pero no igualdad de resultados. Por lo tanto, una posible respuesta es que la falta de respaldo popular hacia unas elecciones es compatible con que estas elecciones sean legítimas, siempre y cuando hayan seguido un procedimiento en el que cada ciudadano ha gozado de igualdad de oportunidades para ejercer influencia política.

 

Pero incluso quienes no encuentren esta respuesta persuasiva pueden objetar que aunque exista un umbral de participación política bajo el cual la legitimidad democrática de unas elecciones se vea comprometida, esto no implica que una mayor participación necesariamente incremente la legitimidad democrática. Otra posición bastante extendida en la teoría democrática actual es la de que el tipo de participación que tiene un impacto sobre la legitimidad democrática es la participación sometida a unas exigencias de deliberación y justificación. Es decir, que para que una mayor participación implique una mayor legitimidad, la calidad de esta participación (los niveles de información en que se basa, la justificación de sus razonamientos, etc.) debe incrementar también. Ahora bien, como hemos visto antes, no está claro que los sistemas de voto obligatorio tengan este tipo de efectos.

 

Dos objeciones más generales al argumento son las siguientes. Primero, es probable que en algunos casos, un sistema de voto obligatorio disminuya el respaldo al propio sistema democrático. Como ha argumentado el científico político Shane P. Singh[vii]: "El voto obligatorio incrementa la desafección hacia la democracia de sectores clave de la población". Si esto es cierto, en estos casos el argumento fallaría en sus propios términos - puesto que una mayor participación no comportaría un mayor respaldo a la democracia, sino precisamente un mayor rechazo.

 

Segundo, la legitimidad democrática de las decisiones políticas se vería incrementada si los ciudadanos se informaran mejor o deliberaran entre ellos con mayor frecuencia. Sin embargo, y de manera análoga a uno de los argumentos defendidos en la sección anterior, resulta poco plausible sostener que existe un deber legal de informarse y deliberar. Incluso si efectivamente el voto obligatorio tuviera un impacto positivo sobre la legitimidad democrática, no es obvio que esto bastara para justificarlo.

 

Acabaremos esta discusión examinando un tercer argumento a favor del voto obligatorio, basado en consideraciones de justicia. Empecemos constatando un hecho. La participación política no está distribuida de manera aleatoria: quienes más tienen, más participan. Y, de manera simétrica, quienes se encuentran en el lado desafortunado de la distribución de ingresos y riqueza suelen participar menos. En la medida en que la participación política sea más costosa para los más pobres, esto podría suponer una vulneración del principio de igualdad política. Por otra parte, si asumimos que esta situación tiene algún impacto sobre el grado de atención que sus intereses reciben, esta podría involucrar injusticias adicionales[viii].

 

Estas son consideraciones importantes. Ahora bien, que justifiquen el voto obligatorio es menos obvio. Si nos fijamos bien, vemos que el argumento es, en parte, un argumento paternalista: para que puedas mejorar tu situación, debemos asegurarnos de que votas, y para ellos vamos a incrementar los costes de la abstención. Para quienes rechazan el paternalismo en todas sus acepciones, esta es una objeción suficiente. No obstante, incluso sus defensores pueden oponerse a la intensidad de la medida.

 

Pensemos, por ejemplo, en el sistema español de donación de órganos, que considera la donación de órganos la elección por defecto. Una presunción que los pacientes pueden revocar si lo consideran adecuado. Dado que los humanos tendemos a respetar el statu quo, la mayoría de pacientes no realizan ningún tipo de modificación y, en consecuencia, el sistema español es razonablemente exitoso. Para los defensores del llamado paternalismo libertario[ix], este es el camino a seguir: podemos influir en las elecciones de los individuos (interviniendo en la arquitectura de sus decisiones), y hacer que algunas decisiones parezcan más atractivas que otras - y, por lo tanto, tengan una mayor probabilidad de ser tomadas -, siempre y cuando existan opciones de salida. Desde esta posición, podría defenderse un sistema donde, por defecto, los ciudadanos tienen un deber de votar (cuyo incumplimiento puede sancionarse legalmente), pero al que podrían renunciar si así lo decidieran - algo no muy probable, teniendo en cuenta la ya mencionada tendencia a mantener el statu quo.

 

Por lo tanto, al argumento basado en la justicia podría replicarse que adopta demasiado rápido medidas paternalistas (en un sentido no liberal), sin tener en cuenta si existen alternativas menos coactivas. Si esta alternativa no fuera tal -  es decir, si los ciudadanos renunciaran sistemáticamente a la opción por defecto - entonces la situación sería diferente: tendríamos un debate acerca de la posibilidad y los límites del paternalismo (coactivo) moralmente justificado.

 

¿Es el voto obligatorio un sistema deseable? En este artículo he presentado algunos argumentos a favor y en contra. Como el lector habrá observado, he defendido una postura más bien crítica con la propuesta. También he dejado hilos sueltos y preguntas abiertas. Estos son cruciales, porque probablemente sean los que decidan la cuestión. Mientras tanto, vayamos con cuidado, no sea que en el camino hacia la democracia se nos caiga la libertad.

 

  

[i] https://elordenmundial.com/en-que-paises-es-el-voto-obligatorio/

 

[ii] Una tercera categoría son aquellos países cuyo ordenamiento jurídico contempla sanciones para quienes incumplen este deber, pero estas sanciones prácticamente nunca se llevan a cabo, como es el caso de Egipto, Grecia o Turquía.

 

[iii] Nótese que este argumento sólo funciona para quienes crean que el Estado está justificado en exigir el cumplimiento de algunas (por lo menos una) de estas obligaciones. Un anarquista o un libertario, por supuesto, podrían negar incluso esta premisa.

 

[iv] Es posible argumentar que la autonomía puede restringirse legítimamente en tres tipos de casos: i) si se vulneran los derechos de otros, ii) si esto es necesario para garantizar que pueda satisfacerse un derecho o interés fundamental, o iii) si hacerlo es necesario para sostener la estructura institucional que asegure el cumplimiento de i) y ii). Personalmente, no tengo claro que el voto satisfaga ninguna de estas condiciones. De todos modos, nada de lo que discuto a continuación depende de esta tesis.

 

[v] Deci, Edward. 1975. Intrinsic Motivation. Nueva York: Plenum Press.         

 

[vi] Una discussion interesante puede encontrarse en Singh, Shane y Jason Roy. 2018. "Compulsory Voting and Voter Information Seeking", Research and Politics 5(1): 1-8.

 

[vii] Singh, Shane. 2016. "Compulsory Voting and Dissatisfaction with Democracy", British Journal of Political Science 48(3): 843-854. 

 

[viii] Una influyente exposición de esta postura se encuentra en el artículo de Arend Lijphart "Unequal Participation: Democracy's Unresolved Dilemma", publicado por la American Political Science Review en 1997 (vol. 91, n.1). Véase también: https://www.eldiario.es/piedrasdepapel/elecciones-voto-derecho-obigacion_6_1000609947.html.

 

[ix] Esta posición ha sido desarrollada por Richard Thaler y Cass Sunstein. Véase, por ejemplo, Thaler, Richard, y Cass Sunstein. 2008. Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness. Yale University Press.

 

  

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