¿Qué significa “juzgar con perspectiva de género”?

Bill Oxford @bill_oxford

 

 

La inclusión de la perspectiva de género en nuestro ordenamiento jurídico no es algo nuevo. Se ha ido llevando a cabo paulatinamente desde hace tiempo. Comenzó en 2004 a través de la Ley Orgánica de Violencia de Género, que introdujo el concepto de violencia de género en España en base a textos internacionales en la materia[1]. Dicha ley modificó varios artículos del Código Penal aumentando el castigo de determinados delitos (maltrato de obra, lesiones, amenazas, coacciones) cuando los comete el varón sobre su pareja sentimental mujer, como parte de la política criminal contra este tipo de violencia.

 

En 2007, la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, a través de su artículo 4 incluyó de facto entre los principios generales del derecho (fuente de derecho), la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, al establecerla como principio informador y criterio de aplicación de las normas jurídicas. Lo que eventualmente extendía la perspectiva de género a todo nuestro ordenamiento jurídico.

 

Posteriormente, el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, estableció en su artículo 49.2 la obligación de adoptar medidas, teniendo en cuenta la perspectiva de género, para garantizar un procedimiento efectivo en delitos previstos en el propio convenio (violencia contra la mujer y violencia contra la mujer por razones de género).

 

Además, en la última  reforma del CP llevada a cabo en 2015, se incluyó el agravante genérico de cometer un hecho delictivo por razón de género. Entendido por el Tribunal Supremo (en Sentencia[2] 565/2018 de 19 de noviembre) como los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres[3]. Lo que extendía a todos los tipos penales una plus punición en caso de que se pruebe que se cometen con el fin comentado.

 

Ahora se viene a hablar de la necesidad de juzgar con perspectiva de género, entendida como la detección durante un procedimiento judicial de situaciones de desigualdad por razón de género y la corrección de las mismas a través de la interpretación de la ley penal, teniendo en cuenta la especial situación de quien padece la discriminación.

 

Un ejemplo de ello es la sentencia[4] 2003/18, dictada por la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo. Este tribunal en un caso de violencia de género cambió una condena de homicidio en grado de tentativa, por asesinato en grado de tentativa al introducir la alevosía, por quedar probada la incapacidad de la víctima para defenderse debido a las secuelas psicológicas que le produjo el maltrato reiterado que sufría, aprovechándose de ello el agresor para llevar a cabo su conducta delictiva. Como se observa, hay una interpretación de género para aplicar el agravante de actuar con alevosía, con el fin de atender a la especial situación de vulnerabilidad de la víctima, que sólo se entiende si se conocen las potenciales consecuencias de la violencia de género.

 

Dicho esto, sin duda positivo, debe remarcarse que introducir acríticamente la perspectiva de género en procedimientos judiciales puede traer consigo problemas, como:   

 

La aplicación extensiva. Es decir, que se aplique automáticamente a cualquier caso en el que estén involucrados un hombre y una mujer, tratando la situación como si la implicada estuviera siempre en desventaja o discriminada por el hecho de ser mujer, y el varón en situación preponderante por el hecho de serlo, sin analizar las particularidades del caso o de los implicados. Para comprender este extremo ponemos como ejemplo las agresiones de pareja, pues no toda agresión de un varón a una mujer instrumentaliza la violencia para perpetuar los roles de género. Las motivaciones pueden ser variadas[5]. En tal caso no procedería la aplicación de la perspectiva de género en el procedimiento judicial que se derivase de la agresión, al no existir desequilibrio de género a corregir, al menos en lo relativo a la agresión.

 

Pero es que aunque la agresión tuviera como causa principal el género de los implicados, hay que puntualizar que no todas ellas tienen la misma gravedad, duración en el tiempo, impacto en la víctima, etc. En efecto, no es lo mismo una primera agresión verbal al inicio de una relación, que un maltrato cronificado. El primer caso tendrá una afectación comparativamente menor, mientras que el segundo puede generar unas secuelas en la víctima enumeradas en el Síndrome de la Mujer Maltratada (SIMAM[6]), explicado por Leonor Walker[7], tales como:

 

-Evocación del suceso

-Insomnio

-Depresión, ansiedad

-Conducta elusiva

-Disociación

-Dolencias físicas o somáticas

-Embotamiento emocional

-Indefensión aprendida

-Problemas sexuales

 

Esto se debe tener en cuenta a la hora de aplicar la perspectiva de género en procedimientos judiciales. Es decir, los jueces deben tener la formación específica para conocer la dinámica de este tipo específico de maltrato y detectar qué circunstancias propias del mismo se dan en cada caso concreto para tratarlo de la manera adecuada. Pero juzgar con perspectiva de género no debe significar dar por sentado a priori que la denunciante sufra todos y cada una de las secuelas descritas por Walker. Esto se traduce en que cada víctima de violencia desarrolla distintas necesidades de trato en cada caso, y requiere distintas soluciones jurídicas en lo que a perspectiva de género se refiere.

 

También hay que decir que se habla mucho de la necesidad de que los jueces en general, y los titulares de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en particular, se formen en género, pero también es importante la formación en violencia desde un punto de vista criminológico. Es decir, los jueces tienen que tener en cuenta que el género no es la única causa del maltrato del varón a la mujer en relaciones de pareja, sino que responde a una etiología multifactorial, como hemos visto en entradas anteriores. Ello sin duda les ayudaría a comprender mejor la complejidad del fenómeno.

 

No obstante, y en cuanto al SIMAM, hay que recordar que no se recoge explícitamente como tal en ninguno de los principales manuales de psicología, como el DSM o el CIE, aunque como hemos visto, Walker ha descrito específicamente las consecuencias del maltrato a la mujer. Además, este síndrome se puede llegar a emplear como atenuante o incluso eximente en forma de legítima defensa, trastorno mental transitorio o miedo insuperable, en los casos en los que la víctima de maltrato acaba con la vida de su agresor[8].

 

Otro peligro que observamos en la aplicación de la perspectiva de género en procedimientos judiciales es el hecho de identificarla con la obligación de creer a la denunciante sin reservas, algo erróneo, por mucho que no hacerlo conlleve que se tilde a la justicia de “machista y patriarcal”, que se hagan manifestaciones coreando el “yo sí te creo” o se escuchen comentarios de políticos como “a las mujeres hay que creerlas sí o sí”. Carmen Calvo dixit.

 

El problema es que cuando se toma la palabra de la mujer como dogma de fe, sin someterla a comprobación en un procedimiento penal, se están conculcando varios principios del derecho procesal, como el principio de contradicción, así como derechos individuales fundamentales del investigado, como el derecho a la presunción de inocencia, y eso no se puede permitir en un estado democrático y de derecho.

 

La solución la da el Tribunal Supremo al establecer en Sentencia[9] 678/2019 los criterios orientadores para valorar la credibilidad de la declaración de las víctimas de delitos de violencia de género, que venían a ampliar los ya establecidos de manera genérica ante cualquier declaración (Ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación). Aquéllos consisten en:

 

-Seguridad en la declaración.

-Concreción en el relato.

-Claridad expositiva.

-"Lenguaje gestual" de convicción.

-Seriedad expositiva.

-Expresividad descriptiva en el relato.

-Ausencia de contradicciones.

-Ausencia de lagunas en el relato.

-La declaración no fragmentada.

-Debe contar tanto lo que a ella y su posición beneficia como lo que le perjudica.

 

Estos criterios sirven de ayuda a jueces y tribunales para impartir justicia. No se trata de cuestionar inquisitivamente la veracidad de lo relatado por la denunciante (lo que podría suponer la victimización secundaria por parte de la administración), sino de intentar averiguar lo ocurrido teniendo en cuenta las especiales características de este tipo de denunciantes, adaptando la actuación judicial en la medida de lo posible.

 

Pero cuando se aplica de forma inadecuada la perspectiva de género en el ámbito judicial en los términos comentados, estamos estableciendo una suerte de derecho penal de víctima en el que la pertenencia a un grupo (en este caso a las mujeres) supone que:

 

-En todo caso dicha víctima se encuentra en una situación de discriminación.

-Todos los casos en los que la víctima lo sea de cualquier tipo de violencia, dicha violencia estará únicamente basada en la pertenencia a su género.

-Estos casos siempre presentarán unas características tasadas y predecibles por responder siempre a un mismo patrón, derivado únicamente del contexto socio-cultural.

-Ello inevitablemente originará en la víctima un conjunto de secuelas (todas las relatadas por Walker), que serán también iguales en todo caso.

-Para compensar esta situación, durante el procedimiento judicial se debe de creer a la víctima sin reservas para no incurrir en victimización secundaria.

 

No debemos caer en estos prejuicios, colectivizaciones ni generalizaciones, fácilmente evitables únicamente con la investigación de lo ocurrido en cada caso concreto sin apriorismos, adaptando la actuación judicial a las características concretas del mismo. En conclusión, no es adecuado aplicar la perspectiva de género en todos los procedimientos judiciales en los que esté implicada una mujer y un varón, sino solo en aquellos en que los roles de género haya jugado un papel relevante. Y, naturalmente, cuando se haga, se debe hacer con conocimiento de causa o de lo contrario se estará desnaturalizando el concepto y perjudicando derechos individuales.

 

[1] la Declaración de la ONU sobre la eliminación de la violencia contrala mujer de 1993 y la Conferencia mundial sobre la Mujer llevada a cabo en Beijing en 1995.

[2] http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8fb963d567aaed8f/20181122

[3] Concepto extraído del artículo 3 c) del Convenio de Estambul.

[4] http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/609bed1be6397d87

[5] La casuística es muy variada, como ya hemos comentado en entradas anteriores.

[6] Subcategoría del Trastorno de Estrés Post traumático (TEPT) en situaciones de maltrato familiar.

[7] Walker, L. (2012). El Síndrome de la Mujer Maltratada. Desclée de Brouwer Editores.

[8]http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp#

[9] http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/1c08bf47d113331f

 

 

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