Reflexiones sobre la adquisición de la tierra: Locke, Marx y el “final latifundista”

28/02/2020

Gozha Net @gozhanet


¿Qué es la propiedad?

 

No podemos definir lo que es la propiedad si no hacemos referencia al derecho. La propiedad no es un estado de cosas, sino que es una noción normativa: alguien tiene propiedad sobre una cosa si según algún sistema normativo, le pertenece o le corresponde. Propiedad, entonces, podría definirse como el derecho exclusivo de uso y abuso que tiene alguien sobre una cosa, que se manifiesta en la capacidad de privar legítimamente al resto de personas del acceso, uso y aprovechamiento de dicha cosa.

 

Sin voluntad de entrar a fondo en un tema tan complejo como este, podríamos decir que las normas sólo tienen sentido cuando existe una pluralidad de individuos viviendo en sociedad o comunidad. Si sólo hubiera un individuo en el planeta y éste ocupara una porción de terreno, podríamos decir que posee ese terreno, pero no es propietario del mismo. Así pues, la propiedad, aunque pueda parecer contradictorio, tiene una naturaleza totalmente social. Sin sociedad no hay derecho y sin derecho no hay propiedad. Pues bien, podría parecer que el derecho a la propiedad debiera regularse y ponderarse como el resto de derechos (vida, libertad de expresión, libertad de movimiento…). En lo que sigue voy a defender lo contrario, que el derecho a la propiedad es especial, mucho más sujeto al interés general que los demás derechos individuales.

 

Los derechos fundamentales de las personas, en un sistema liberal, idealmente estarían sólo limitados por el principio de daño. La única posibilidad legítima de limitar un derecho es por colisión con otro derecho, en cuyo caso se procede a la ponderación de cuál de los dos debe prevalecer. Ahora bien, la propiedad -o eso se sostiene- es un derecho atípico, por dos motivos. El primero es que es un derecho que se agota con su ejercicio. La cantidad y variedad de bienes susceptibles de ser propiedades es limitada, y por lo tanto cuando un individuo se apropia de algo que antes no tenía dueño, está reduciendo el número y la variedad de bienes que pueden ser apropiados, hasta el punto en el que todos los bienes del mundo podrían algún día estar repartidos, y la capacidad de adquisición de propiedad se viera limitada al cambio de manos de bienes ya asignados. Llamemos a esta constatación "problema de la rivalidad"

 

El segundo motivo es que, a diferencia de los otros derechos, es un "derecho acumulable", es decir, yo no puedo tener más derecho a la propiedad que el vecino pero sí puedo tener más propiedades, así que puedo ejercerlo más: el derecho a la propiedad tiene más efectos en mí que en otro con menos propiedades. Esto no pasa con otros derechos; todas las personas tienen el mismo derecho a la vida y a la libertad de circulación y éstos no producen más efectos en una persona que en otra. (Si acaso, la ejecución de esos derechos vendrá limitada por las propiedades de las que gocen). 

 

Este segundo punto es tanto más problemático por cuanto todo valor tiene como origen último los recursos de la naturaleza sobre los que se aplica el trabajo. Un individuo sin propiedades, en general, tendrá que depender de los individuos con propiedades para poder trabajar y así obtener valor con el que sobrevivir. En palabras de Karl Marx, «el hombre que no dispone de más propiedad que su fuerza de trabajo, tiene que ser, necesariamente, en todo estado social y de civilización, esclavo de otros hombres, quienes se han adueñado de las condiciones materiales de trabajo. Y no podrá trabajar, ni, por consiguiente, vivir, más que con su permiso»[1]. Llamemos a esta constatación "problema de la dependencia".

 

 

Derecho a la propiedad, ¿fundamental?

 

En la noción de derecho a la propiedad nos encontramos con dos fenómenos distintos: un derecho fundamental por un lado y un derecho de segundo orden por otro. Al primero podríamos llamarlo derecho al libre disfrute de la propiedad y el segundo, derecho a la adquisición de propiedad. Al derecho al libre disfrute de la propiedad lo podríamos asimilar a cualquier derecho fundamental, pues el solo hecho de que yo disfrute de mi propiedad debería ser sólo limitado por otros derechos fundamentales de otras personas. Ahora bien, para que el derecho al libre disfrute de la propiedad se pueda ejercer de forma que los problemas antes expuestos no limiten el derecho a la propiedad del resto de personas, tenemos que prestar especial atención al derecho de adquisición de propiedad.

 

Este derecho, como decía, es de segundo orden, es decir, no es un derecho natural de las personas, que sólo pueda limitarse por colisión con otros derechos fundamentales. Es un derecho plenamente sujeto al interés general, y por tanto a todas las disposiciones que la sociedad considere oportunas, por muy restrictivas que sean, para garantizar que los problemas anteriormente descritos no priven a terceros de sus derechos ni a la sociedad en su conjunto de recursos suficientes. En ese marco me voy a mover, y voy a hablar de la adquisición de propiedad y de qué limitaciones la sociedad debería imponer a ese derecho.

 

La adquisición de propiedad se puede producir por dos vías, a saber, por transferencia de títulos de propiedad o por su creación[2]. Sobre la creación de propiedad, ésta puede implicar la creación ex novo, como en el caso de la ocupación de tierra de nadie o la transformación de propiedad existente. La transformación de una propiedad implica la creación de una nueva propiedad de distinta naturaleza y normalmente de mayor valor. Este es el caso de cualquier actividad industrial y es sustancialmente más compleja por los numerosos factores que implica (capital, trabajo, productos semiacabados, etc.). No obstante, y por razones de claridad, me centraré en la ocupación y consiguiente apropiación de tierras sin dueño, por ser el caso que -creo- ilustra mejor aquello que queremos defender. 

 

Este derecho de apropiación, sin embargo, no es absoluto y existen dos requisitos para su legítimo ejercicio. Ser el primero ocupante, y, como dijera Locke [3] "automezclarse" con el, trabajarlo en definitiva pues -según Locke- con esa modificación el trabajador introduce algo genuinamente suyo en lo que no es de nadie o de todos. Ahora bien, en consecuencia, el ocupante perdería este título de propiedad si cesara de aplicar su trabajo a la misma hasta tal punto que ésta volviera a su estado original de abandono. Entonces pasaría a estar disponible para cualquier otro ocupante. De esta forma, parecería que nadie puede ser propietario de más tierra que la que pueda trabajar simultáneamente. Esto suscita varios problemas. El trabajo que en un origen se debe aplicar a la tierra para que ésta devenga propiedad, debe provenir intransferiblemente de su futuro propietario, porque el trabajo, como hemos dicho, es algo tan personal como el propio cuerpo. El problema surge cuando nos planteamos la siguiente cuestión: ¿puede el propietario, una vez válidamente adquirida la tierra, hacer que otros la trabajen sin perder la propiedad?

 

Preguntémonos porqué alguien estaría dispuesto a trabajar la tierra de otro. En un escenario donde hay tierras de la misma calidad disponibles para ser ocupadas, siempre sería preferible ocuparlas y trabajarlas uno mismo antes que trabajar las de otro. Por lo tanto, cuando alguien contrata a otro, es porque ya no hay más tierras de la misma calidad disponibles, accesibles o conocidas. Aquí ya se ha producido, pues, una lesión del derecho a la adquisición de la propiedad. Esta es una lesión que asumimos como inevitable dado el actual número de personas en la tierra y la cantidad de terreno disponible en nuestro planeta, pero no debería dejarse de notar que ya existe una posición de privilegio “natural” de los primeros ocupantes respecto el resto de personas.

 

Para contestar a la pregunta, pues, deberíamos responder primero a otra. El trabajo que se tiene que aplicar sobre la tierra, ¿hace falta que sea directamente el fruto del esfuerzo físico del titular de esta propiedad, o podemos considerar que cuando el propietario compra el trabajo de otras personas con el fruto de su propio trabajo previo, ese trabajo comprado es una manifestación de su trabajo pasado? Si respondemos que tiene que ser su trabajo directo, entonces la contratación de mano de obra no tendría sentido: en el momento en el que se empezara a trabajar, el trabajador devendría propietario, es decir, todo el mundo trabajaría tanta tierra como pudiera él solo porque dejar de hacerlo implicaría perder propiedad. Pero este estado de cosas sería enormemente disfuncional socialmente: tendríamos un conjunto de pequeños propietarios de toda la tierra del mundo, trabajando improductivamente (pues trabajarían tanta tierra como fuera posible en vez de sacar el máximo provecho de la tierra que tienen),- y el resto de la humanidad desposeída.

 

Por supuesto, el hecho de que esta respuesta sea disfuncional socialmente no dice mucho sobre su validez, pero como es una vía muerta, centrémonos en la respuesta alternativa: el trabajo necesario para mantener la propiedad puede ser ejercido mediante agentes. Esto va acompañado de dos supuestos. Primero, que el total de tierra que trabaja el propietario y el trabajador juntas no superan la cantidad total de tierra que el propietario podría trabajar solo si quisiera hacerlo. Si el total fuera mayor, tenemos que el propietario se está adueñando de unas tierras que no podría mantener (y por tanto dejarían de ser suyas por abandono) mediante el trabajo de un tercero, siendo esa extensión de tierra “sobrante” una apropiación ilegítima.

 

Segundo, que el salario que el propietario paga a un trabajador X es menor que el provecho total que se obtiene de la tierra que trabaja (lo que viene a ser la plusvalía). Esto no es inevitable, porque al propietario podría seguirle interesando pagarle exactamente lo que produce, ya que así no obtendría beneficio alguno de la tierra, pero podría seguir poseyéndola sin tener que trabajarla, teniendo así más tiempo libre. Pero vamos a suponer, para el caso, que como la tierra es escasa, hay gente dispuesta a trabajar por una cantidad menor que la que produce, y que el propietario, como suele pasar, se aprovecha de esa disposición.

 

El problema que entonces nos encontramos es doble. Por un lado, como la ocupación de la propiedad tiene dos requisitos y el trabajador contratado está ejerciendo uno de ellos (el trabajo), tenemos que el trabajador está efectivamente pagando una parte del fruto de su trabajo (la plusvalía) a cambio de poder trabajar una tierra que sólo es del propietario por su derecho del primer ocupante. Ahora tenemos que, además de generarse el problema de la rivalidad, el trabajador está pagando por el solo hecho de que el propietario es titular del derecho del primer ocupante, que es un título que tiene un coste de mantenimiento cero (lo que hemos llamado problema del permiso).

 

Hasta ahora hemos asumido que el propietario paga la mano de obra con el fruto de su propio trabajo sobre las tierras que sí trabaja, pero enseguida surge el segundo problema: ¿qué pasa si ese propietario contrata a un segundo trabajador (Y), en idéntico régimen, y le paga con la plusvalía que obtiene del primero? La cadena causal que une el trabajo original del propietario con el trabajo que se aplica sobre la tierra que trabaja Y ya es menor que la tierra que trabaja X.

 

Podemos alargar este razonamiento tanto como queramos, y no hay una respuesta clara sobre dónde deja de ser el trabajo de un trabajador N una manifestación suficientemente directa del trabajo pasado del propietario. Las únicas respuestas posibles, pues, serían: primera, que al pagar salarios no con trabajo propio sino con plusvalías, se pierde la propiedad en favor de quien trabaje físicamente la tierra, y segunda, que la plusvalía es una manifestación válida del trabajo del propietario, y por tanto puede tener un número indefinido de trabajadores.

 

Para escoger entre una de estas dos opciones debemos responder a la pregunta de qué es la plusvalía en este caso. La plusvalía es lo que paga el trabajador porque no tiene el derecho del primer ocupante y el propietario sí lo tiene. Si suponemos que la plusvalía sí es una fuente válida para pagar al trabajador Y, hemos de suponer necesariamente que también lo es para comprar nuevas tierras. Y aquí nos encontramos con una paradoja: el propietario ahora está comprando tierras que hacen que el total de su propiedad exceda lo que teóricamente podría trabajar él solo, y por lo tanto esas tierras “sobrantes” deberían pasar a pertenecer a quienquiera que las trabajara. Pero por otro lado esas tierras han sido compradas legítimamente (mediante un contrato de transferencia de propiedad) y son trabajadas por un trabajador Z, pagado válidamente con el dinero de las plusvalías de X e Y.

 

Si admitimos esa compra nos encontramos con un pendiente resbaladiza: el propietario puede terminar siendo un latifundista que tiene sometidos a miles y miles de trabajadores, que le dan parte del fruto de su trabajo porque él, algún día hace muchos años, tropezara con una hectárea de tierra y la hiciera arable. Este escenario es, en mi opinión, evidentemente injusto, no sólo por los resultados que produce sobre las personas (es decir, los problemas de rivalidad y dependencia), sino porque el derecho del primer ocupante de la parcela original, si bien pudiera tener cierto valor al principio, ahora se ha diluido entre miles de hectáreas  y trabajadores nuevos, vaciando este estado de las cosas de legitimidad.

 

Así pues, a lo largo de este artículo se ha ofrecido un razonamiento en el que en varios momentos se ha podido detener la marcha hacia lo que podríamos llamar el “final latifundista”. El primer sitio donde podríamos delimitar el derecho a la propiedad sería “lo que una persona pueda trabajar directamente”. El segundo, “lo que una persona puede trabajar directa o indirectamente, siempre que no supere lo que podría teóricamente trabajar directamente, y siempre que se paguen los sueldos con el fruto del propio trabajo”. El tercero es el mismo que el anterior pero permite la paga de salarios con plusvalías en vez de con los excedentes propios, y el último permite la compra de nuevos terrenos con plusvalías, y lleva al latifundio.

 

Teniendo en cuenta lo que se ha dicho al principio, que la propiedad tiene una parte de naturaleza fundamental (el libre disfrute de la propiedad) y una parte sujeta al interés general (la adquisición de propiedad), parecería que la última opción da demasiado peso a un derecho que es de segundo orden, comparado con los intereses de los trabajadores, y de la sociedad en general, que se ve perjudicada por la concentración de la propiedad en pocas manos. No quedaría más opción pues, en mi opinión, que descartarla.

 

[1] Marx, Karl (1891) Crítica al programa de Gotha. Ediciones Ibéricas (Madrid)

 

[2] Un caso excepcional de transferencia de propiedad, además, sería la expropiación o nacionalización, pero la casuística varía grandemente y tampoco es materia del presente texto.

 

[3] Locke, John (1689) Segundo tratado sobre el Gobierno Civil. Alianza Editorial (Madrid)

 

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