¿Qué es la cultura en la Constitución?

31/01/2020

Ed Robertson @eddrobertson


La creciente presencia y relevancia de la voz “cultura” en nuestras constituciones, pareja a la mayor sensibilidad social sobre la importancia que ésta tiene para el Derecho, obliga hoy a una reflexión sobre su significado y alcance. En efecto, la Constitución española de 1978 fue en su momento, junto a la portuguesa de 1976, uno de los textos constitucionales en que dicho concepto aparecía con mayor frecuencia (hoy, constatamos que su importancia es incluso mayor en las constituciones latinoamericanas y de muchos países ex soviéticos). En las siguientes líneas trataremos, a través de la doctrina italiana y española y la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, de apuntar una idea jurídicamente operativa de cultura: es decir, siguiendo el método propuesto por Jesús Prieto de Pedro en su obra Cultura, culturas y Constitución, de ver la cultura desde el Derecho.

 

Comencemos por explicitar un concepto de Derecho: creemos esencial, a la hora de estudiar lo que la cultura sea, alejarnos de enfoques formalistas o positivismos normativistas; consideramos más bien, y tal como expone Manuel Atienza que la práctica social que es el Derecho no puede entenderse sin la noción de sistema, de sistema normativo, pero incorpora también una dimensión valorativa. Dicho de otra manera: el Derecho es una práctica autoritativa que pretende lograr ciertos valores (Atienza, 2014, p.4). Práctica, institución y valor son los tres pilares sobre los que se edifica el concepto jurídico o jurídicamente relevante de cultura. En efecto, los valores actúan como fines de las prácticas, que se cristalizan en instituciones que, a su vez, generan prácticas y valores en un entramado denso.

 

A los efectos de determinar el concepto de cultura para el Derecho, es ineludible comenzar rescatando algunas aportaciones del campo de la Antropología cultural. En primer lugar, la idea de la cultura como una suerte de herencia no determinada biológicamente, que la identifica como un ambiente en que el hombre se forma, ligada con la creatividad humana. En segundo orden, la importancia que han ido adquiriendo, contra las posiciones evolucionistas de la cultura (defendidas, entre otros, por Tylor o Morgan), aquellas que adoptan una perspectiva histórica y pluralista (cuyo referente se encuentra en Boas), esto es, las que subrayan la importancia de las culturas, consideradas en su diversidad y en su dimensión comunitaria, al margen de pautas jerárquicas o comparativas. Sobre todo, conviene destacar la importancia de la dimensión valorativa (Sorokin, Clara Nicholson o Malinowski, entre otros), que nos remite a lo dicho previamente, y sobre lo que volveremos.

 

Aclarado lo anterior, conviene concretar el análisis de la cultura en nuestra Constitución, para lo cual nos serviremos de la obra Cultura, culturas y constitución, de Jesús Prieto de Pedro, a la que ya nos referimos. La primera pauta de concreción a la que nos referiremos es la distinción, operativa para clasificar el articulado cultural de la Constitución, entre un concepto general y otro étnico de cultura. La cultura en sentido genérico (generalmente nombrada en singular, cultura) significaría conjunto acumulativo de bienes y valores del espíritu creados por el hombre a través de su genuina facultad de simbolización (Prieto de Pedro, 2004, p.36), mientras que la cultura en sentido étnico (o culturas) aludiría a sus manifestaciones históricas y colectivas que expresan un modo de ser determinado de una comunidad, de un pueblo o de una nación, portadora de un sistema cohesionado de contenidos y valores culturales (ibid). Por lo pronto, cabe decir que el concepto de cultura étnica, en tanto que expresión de las particularidades culturales de las diversas comunidades, moviliza a su vez una gran cantidad de conceptos de tipo político o, más exactamente, jurídico-político: nos lleva a la necesidad de definir términos como pueblos de España, nacionalidades y regiones, Comunidad Autónoma, Nación española,español o España. Ciertamente, en el contexto actual y concreto de España, el carácter étnico o particular-colectivo de las manifestaciones culturales se ha visto notablemente reducido por el creciente proceso de internacionalización de la cultura, así como la homogeneización consustancial a las naciones políticas posteriores a la Revolución Francesa, tal como ha analizado Marcos Vaquer Caballería.

 

Además, según Prieto de Pedro, el núcleo central de la cultura en la Constitución española se ha de buscar en su artículo 20.1.b CE, que consagra el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. En él, no solo encontramos dos momentos de la cultura (uno dinámico y otro estático, esto es, el de la creación y el de la protección o administración de los objetos culturales resultantes), sino su definitiva consideración como valor o conjunto de valores. En primer lugar, con la expresión creación artística, la Constitución se refiere a una creación humana dotada de alguna dimensión estética, relativa a lo bello. Por otro lado, la referencia separada a la creación literaria parece justificada por el soporte o el medio empleado en esta categoría artística concreta, como es la palabra, frente al carácter eminentemente plástico y visual que, connotativamente, atribuimos al arte. En cuanto a la creación científica, ésta parece designar el proceso de tipo racional teleológicamente guiado hacia lo verdadero. Queda, en último lugar, la creación técnica: aquí, parece que la dimensión más relevante es la práctica; una vez deslindados, en la Modernidad, los conceptos de arte y técnica, entendemos que este término se refiere al empleo, al uso instrumental de los conocimientos científicos y las artes. De este modo, queda deslindado este núcleo esencial de lo que Jesús Prieto de Pedro llama encuadramiento institucional, del que formarían parte la educación, los medios de comunicación social, los museos, bibliotecas y conservatorios de música o la investigación, así como del círculo de proyección de la cultura, que refiere a materias en las que se prolonga en tanto que reflejo de valores culturales, entre las que figuran el medio ambiente, el turismo y el ocio. Por otro parte, mediante esta clasificación, se diferencia el concepto positivo de cultura de sus determinaciones o límites que el autor busca a partir del artículo 9 CE (vida política, económica, cultural y social): determinación, decimos, pues se trata de un reconocimiento del orden cultural como distinto y autónomo respecto de los otros tres, una definición negativa.

 

Conforme a lo antedicho, la cultura es una actividad humana individual, creada en el seno de una comunidad, plasmada en soportes u objetos externos (y que, por tanto, son susceptibles de acumulación en forma de patrimonio cultural, al tiempo que se debe proteger su creación, esto es, el progreso cultural) y que guarda relación con la belleza, verdad y utilidad, según nos dice Prieto de Pedro, como valores definitorios. La belleza es el resultado de un juicio de tipo estético, mientras que la verdad lo es de un juicio de carácter racional y lógico; por otra parte, la utilidad surge de un juicio de naturaleza técnica, de acoplamiento entre medios y fines: estas tres dimensiones valorativas  podrían, a su vez, y según Marcos Vaquer Caballería, reducirse a dos: lo intelectual-verdadero y lo estético-bello e, incluso, desde otro punto de vista de carácter filosófico, al valor de la verdad (como vemos, por ejemplo, en la obra de Heidegger): así, es evidente que las obras de arte o ciencia pasan antes por alguna suerte de juicio social que desemboca en otro de tipo jurídico, esto es, en su protección que presupone su naturaleza de tal obra de la libertad creadora humana: este enfoque, si se quiere, realista, nos evita entrar al análisis de los baremos de tal juicio, que evidentemente son variables históricamente y subjetivos o intersubjetivos.

 

La cultura tiene, en tanto que conjunto de valores, especialidades conceptuales que el Derecho reconoce, y que determinan el reparto competencial en nuestra Constitución: no se trata de una materia susceptible, como los montes o las aguas, de ser distribuida en régimen de exclusividad o de compartición (Muñoz Machado, 2007, p.793). A este respecto, es particularmente nítida la caracterización de la cultura como competencia de naturaleza institucional en la STC 49/1984, de 5 de abril, en cuyo fundamento jurídico sexto podemos leer: pecaría de superficial todo intento de construir sobre la idea de competencia en materia de cultura (…) una competencia omnímoda y excluyente (…) la cultura es algo de la competencia propia e institucional tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, y aún podríamos añadir de otras comunidades, pues allí donde vive una comunidad hay una manifestación cultural respecto de la cual las estructuras públicas representativas pueden ostentar competencias. Casi lo mismo leemos en Zaccaria, quien afirma que:la cultura y, en general, las actividades culturales representan una dimensión estrechamente ligada a los individuos y, más en general, al cuerpo social; la atención a los respectivos intereses (…) escapa, al menos en parte (…) a la definición tradicional de materia y viene a formar parte de la competencia propia o institucional de cualquier tipo de ente territorial, expresión inmediata de una comunidad; y ello prescindiendo de todo reconocimiento y de todo reparto rígido de competencias. Desde tal punto de vista, no sería posible reconocer en abstracto todas las competencias sobre esta materia al ente superior porque siempre restará un espacio, un tipo de actuación, que pertenecerá a los entes menores más directamente ligados a determinados intereses de la comunidad (en Muñoz Machado, 2007, p.793). La cultura, entonces, tiene una naturaleza espontánea, natural, que hunde sus raíces en una comunidad, caracterizándola también respecto de otras.

 

De lo anterior se desprende un último rasgo: la autonomía de la cultura. Como señala, de nuevo, Vaquer Caballería, el ámbito de la cultura (y sin negar, por ello, que el Estado constituya en sí una comunidad de cultura)es el de la de sociedad civil: en términos de autores como Hegel, Fichte o Von Stein, la idea de sociedad civil implica la existencia, al margen del Estado, de una entidad colectiva, que se expresa, preferentemente, en el conjunto de sus productos espirituales, entre los que ocupan un lugar reseñable los culturales. Precisamente la idea de autonomía de la cultura condiciona la intervención del Estado que, como fijara Guillermo Von Humboldt, se ha de mover en un difícil equilibrio: garantizar la libertad de la cultura frente a otros sin tratar de determinar totalmente sus contenidos.

 

Y es que hoy se debe hablar, como hace Pizzorusso, del concepto de Constitución cultural (como se hace, frecuentemente, al referirse a la Constitución económica o política) para referirse al articulado constitucional que la aborda, y de nuestros Estados constitucionales como Estados de cultura, lo que alude, en palabras de Spagna Musso a una fórmula jurídico-constitucional con la que se designa al Estado de democracia clásica, cuando tutela su propia democraticidad garantizando los institutos formativos de la personalidad sobre la base de la relación particular que liga a ésta con su forma (Musso, 1961, p.55). De nuevo, estas nociones no son meras categorías teóricas, sino que encuentran plasmación en el texto de nuestra Constitución: sólo así se entiende el énfasis y el lugar de nuestro artículo 149.2 CE, que establece lo siguiente: el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial.

 

Por tanto, y a modo de recapitulación, la cultura es (en la Constitución) una manifestación comunitaria (natural, espontánea, institucional, lo que aconseja un régimen de reparto competencial descentralizado), compuesta de creaciones humanas individuales o colectivas (artísticas, literarias, técnicas, científicas), de carácter esencialmente valorativo (belleza, verdad, utilidad), procedente del ámbito de la sociedad civil y por tanto transversal que se expresa en una dimensión general y en otra colectiva o étnica.

 

 

  • Atienza, M. (2014). Una filosofía del derecho para el mundo latino. Otra vuelta de tuerca. Recuperadode: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/53991/1/Doxa_37_16.pdf

  • Muñoz Machado, S. (2007). Derecho Público de las Comunidades Autónomas, tomo I. Madrid: Iustel.

  • Prieto de Pedro, J. (2004). Cultura, culturas y Constitución. Madrid: CEPC.

  • Vaquer Caballería, M. (1998). Estado y Cultura: la función cultural de los poderes públicos en la Constitución española. Madrid: C.E. Ramón Areces S.A.

 

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