Populismo en violencia de género

Bill Oxford @bill_oxford


Populismo es proponer soluciones simples a problemas complejos. Populismo es tratar de convencer  recurriendo al sentimentalismo en lugar de a la argumentación científica. Pues bien, esto es lo que hacen algunos con la violencia de género. De un tiempo a esta parte, vivimos en una continua campaña electoral en la que parece que todo vale para ganar un voto. Así encontramos a políticos de todos los colores instrumentalizando temas tan importantes como la igualdad para movilizar electorado, aunque ello suponga proponer iniciativas disparatadas, como la que en su día hizo el ahora Presidente del Gobierno, de celebrar funerales de Estado para cada víctima mortal de violencia de género.

   

O la propuesta de prohibir los piropos, por parte de PODEMOS en su Proposición de Ley de Protección Integral de la Libertad Sexual y para la erradicación de las violencias sexuales. O la propuesta de modificación de la Ley de Violencia de Género vigente con el objetivo de «invertir la carga de prueba para que recaiga sobre el maltratador» que en 2015 que propuso la candidatura de Unidad Popular (Izquierda Unida). Lo que vulneraba el principio de la Presunción de Inocencia establecido en el artículo 24 de la CE, y los tratados internacionales de Derechos Humanos. Y que generó tal revuelo que cambiaron inmediatamente el contenido del programa electoral, como era de esperar. O la reciente propuesta de la Ministra de Igualdad Irene Montero para que en las relaciones sexuales "sólo sí sea sí, y todo lo demás sea no". Como si el consentimiento no figurase en los delitos contra la Libertad e Indemnidad sexual. Será interesante ver el proyecto de ley de reforma del Código Penal que incluya este aspecto. Ya en su día a la asociación de Mujeres juristas Themis también solicitaba que se reformase el Código Penal para que el consentimiento en las relaciones sexuales fuera explícito o de lo contrario no existiría y el acto sería delictivo. Su pospuesta rezaba así literalmente "será causa de justificación para la absolución la prueba del consentimiento y, en consecuencia, quien tiene la carga de probar el consentimiento es el acusado". Una vez más se proponía conculcar el derecho a la presunción de inocencia.

 

Todo éstos son ejemplos de lo que ocurre cuando se pretende legislar a golpe de titular, con ocurrencias, y sin una estrategia de política criminal basada en investigaciones científico-criminológica serias. Populismo en su más lamentable concreción. 

 

Ahora nos encontramos ante la propuesta de incluir la pena de Prisión Permanente Revisable como solución a los delitos cometidos contra la mujer, como propone VOX. Ellos llaman errónea e interesadamente a esta pena “cadena perpetua”. Digo errónea, porque en la Unión Europea no se puede aplicar la cadena perpetua entendida como la pena de prisión hasta la muerte del reo, sin la posibilidad de que exista revisión de la condena durante la misma para acceder a la libertad condicional. Así se establece en muchos documentos de la UE, como la Recomendación 2003 del Consejo de Europa; en Reglas Penitenciarias Europeas; en el Informe CPT (2007) del Comité Europeo para la prevención de la tortura y otros tratos o penas inhumanos o degradantes; en El artículo 5 de la Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002; en jurisprudencia diversa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como en jurisprudencia del Tribunal Constitucional español y dictámenes del Consejo de Estado. Y digo interesada, porque a pesar de saber lo anterior, siguen hablando de cadena perpetua, pues parece que hacerlo les granjea el seguimiento de algunos sectores más preocupados en jalear picotas públicas que en resolver problemas.

 

Aunque la propuesta de extensión de los supuestos de aplicación de la Prisión Permanente Revisable también se ha presentado anteriormente desde otros sectores. Como hizo Vicente Magro en el VI Congreso sobre Violencia Doméstica y de Género celebrado en 2016, quien defendía la reforma del artículo 140 Código Penal (asesinato cometido contra un menor de 16 años o persona especialmente vulnerable, o subsiguiente a un delito contra la libertad sexual,  o cometido sobre más de dos personas, o por pertenencia a grupo criminal) para incluir los casos de violencia de género con resultado de muerte. Recordemos en esta línea que Magro fue ponente de la STS 4353/2018 que establece que, de acuerdo con una interpretación amplia de la actual legislación, cualquier agresión de un varón a su pareja sentimental mujer debe considerarse violencia de género sin entrar a valorar sus motivaciones. Lo que supuso también una innecesaria y equivocada extensión del derecho penal, de acuerdo con la Ley Orgánica de Violencia de Género (preámbulo y artículo 1).

 

Además, recientemente el Presidente de VOX ha manifestado en sus RRSS que “los criminales sexuales deben ser encerrados de por vida. No hay reinserción posible ni deseable”. En ambos casos se equivoca. Las tasas de reincidencia de delincuentes sexuales que han sido sometidos a intervención para su rehabilitación son bajas, alrededor del 14,3%, como demuestra Redondo en su estudio: Análisis empírico de las características y los factores de riesgo de reincidencia en una muestra de agresores sexuales encarcelados. Y en segundo lugar porque la CE en su artículo 25.2 sí establece que las penas privativas de libertad deben estar encaminadas a la resocialización del individuo, lo que se hace difícil a través de la Prisión Permanente Revisable.

 

Como decimos, es más fácil (y barato) proponer la creación de nuevos delitos o aumentar la pena de los ya existentes, que intentar prevenirlos promoviendo campañas de concienciación social, formando a profesionales para detectarlos y atajarlos en sus estadios tempranos, o rehabilitando al delincuente para que no reincida. Pero debemos recordar que el derecho penal debe ser la última ratio, de aplicación cuando la protección de los bienes básicos para la vida de las personas en sociedad no se puede alcanzar con otros medios de control social menos lesivos. Una constitución negativa, es decir, un Código Penal que establezca prohibiciones y aplique castigos a incumplimientos de las mismas, nunca será suficiente por sí mismo para evitar el delito. Una justicia restaurativa, donde víctima y victimario reestablezcan las posiciones anteriores al delito en la medida de lo posible, y una política criminal preventiva, teniendo en cuenta los tres niveles de prevención criminológica, son necesarios para conseguir evitar el delito [1].

 

En este sentido nos parece fundamental volver a hablar de la intervención con el individuo a través de planes de rehabilitación de condenados. Lamentablemente estos planes actualmente no están armonizados a nivel estatal ni dotados económicamente en materia de violencia de género. Nada asegura que el aumento de penas conlleve un descenso de la criminalidad. Aunque está claro que con dicho aumento conseguimos que el condenado no delinca durante más tiempo porque está en prisión durante más tiempo (se ha neutralizado), no porque se le haya conseguido disuadir de su conducta delictiva al imponerle una pena mayor por cometerla. Esto último podría ocurrir, aunque existen diversos estudios llevados a cabo en la materia, Schwartz (1968), Lappi-Seppala (1998), Zimring (1972 y 1977), que llegan a la conclusión contraria. Además en este punto tenemos que hablar de la homeostasis o equilibrio emocional en lo referente al aumento de penas privativas de libertad. De la misma manera que al tocarnos la lotería o sufrir un accidente con secuelas graves,  la entrada en prisión supone un impacto inicial en el individuo que se va atemperando con el paso del tiempo hasta  o equilibrio emocional, motivo por el cual no afecta a la conducta humana el aumento de la pena privativa de libertad. Es decir, lo que es verdaderamente duro para el condenado es entrar en prisión. Luego si la pena es de 20 o 22 años tendrá menor influencia en su futuro comportamiento.

 

Es por ello que creo que la aplicación de la Prisión Permanente Revisable planteada en los extremos que se han comentado, es decir, sin la posibilidad de reeducar al condenado y darle una segunda oportunidad para vivir en sociedad, se fundamenta más en saciar la parte retributiva de la pena (el castigo por el castigo al haber cometido un delito) que en su vertiente preventiva (especial o general). Y tiene mucho más que ver con el populismo punitivo que con una verdadera política criminal para la erradicación de la violencia de género o cualquier otro delito.

 

[1] Niveles de prevención criminológica:

 

  • Prevención primaria: concienciación social.

  • Prevención secundaria: dirigida a potenciales víctimas y profesionales que intervengan con ellas.     

  • Prevención terciaria: dirigida a víctima y victimario.

 

Bibliografía:

 

-Lappi- Seppala, T. (1998). Regulating the prison population. Experience from a long-term policy in Finland. Helsinki: National Research Institute of Legal Policy.

 

-Schwartz, B. (1968). The effect in Philadelphia of PA’s Increased Penalties for rape and attempted rape. Journal of Criminal Law and, Criminology, and Political Science, 59, 509. 

 

-Zimring, F. (1972). Of doctors, deterrence, and the dark figure of crime: a note on abortion in Hawai. University of Chicago Law Review, 39, 699. 

 

-Zimring, F. (1977). Punishment and deterrence: bad checks in Nebraska: A study in complex threats.

 

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