Reseña: “Climate Justice: An introduction” (ed. Routledge, 2017) de D. Roser y C. Seidel

Thomas Millot @tomlaudiophile

 

 

Uno de los mayores desafíos políticos de nuestro tiempo es el cambio climático (en adelante ‘CC’). Desafortunadamente, se trata de un problema “filosóficamente escurridizo”. Nuestro sentido moral lidia comúnmente con males cuyo perjuicio es razonablemente inmediato, del que podemos identificar con facilidad la causa, con culpables y víctimas individualizables que, además, se encuentran espacial y temporalmente próximos. Sin embargo, a la hora de afrontar el CC nos topamos con un conflicto eminentemente intergeneracional, sin que ninguna de nuestras acciones individualmente consideradas tenga un peso causal mínimamente relevante, y donde la incertidumbre campa a sus anchas. Como destacan Roser y Seidel “Climate change is a problem of how to deal with global inequalities and major uncertainties, the causes of which are fragmented and the repercussions of which affect future generations […] In fact, this seems to call for a kind of “ethics 2.0 (p.12)”. 

 

 

¿Debemos hacer algo? Justificación moral de la necesidad de actuar

 

Son varias las razones por las que cabría poner en duda nuestro deber de actuar. Sin ir más lejos, podría adoptarse la postura negacionista y defender que el CC no es tal, que existiendo, no tiene su origen (principal) en la actividad humana, o que, simplemente, no hay nada que pueda hacerse para mitigarlo. Sin embargo, el consenso científico en este punto es abrumador. Y es que aun cuando existen muchísimas incógnitas sobre cuestiones del todo relevantes, el Panel Internacional sobre el Cambio Climático reitera con convicción en cada uno de sus prestigiosos informes que “Human influence on the climate system is clear, and recent anthropogenic emissions of greenhouse gases are the highest in history. Recent climate changes have had widespread impacts on human and natural systems. […] Warming of the climate system is unequivocal, and since the 1950s, many of the observed changes are unprecedented over decades to millennia. The atmosphere and ocean have warmed, the amounts of snow and ice have diminished, and sea level has risen (IPCC 2014, 2)”. Recomendando una y otra vez que, al menos, la concentración atmosférica de CO2 se mantenga en 450 partes por millón llegados al 2100, para que, de este modo, sea probable (likely) mantener el calentamiento global por debajo de los 2º respecto a los tiempos pre-industriales (IPCC 2014, 20). Luego, si bien es cierto que no todo el CC es imputable a la actividad humana y que, a día de hoy, su erradicación absoluta no es -ni de lejos- posible, no es menos cierto que obviar la aplicación de políticas mitigadoras podría condenar a millones de personas (normalmente pobres) a experimentar unas condiciones lamentables que, parcialmente, serían evitables.  

 

¿Qué decir entonces sobre las dudas que cada vez más gente alberga sobre la materia? ¿Acaso puede descartarse que estos supuestos hallazgos no sean el resultado de una agenda política concreta (de los ecologistas “sandia”: verdes por fuera, rojos por dentro)? ¿Una maniobra de la izquierda para torpedear la economía de mercado? Francamente, “It is simply not plausible that 97-98 percent of climate researchers –moreover, of researchers working independently of each other –have manipulated their findings to serve their diverse individual interests and have nevertheless arrived at the same conclusion (p.23)”. 

 

Con todo, y dada la naturaleza intergeneracional del problema, habría una segunda línea de ataque “negacionista” más sofisticada que pusiera en duda, no la existencia o los efectos dañinos del CC, pero sí nuestro deber de actuar; pues, ¿acaso soportamos obligaciones para con las generaciones futuras, que ni existen, ni conocemos, ni conoceremos jamás? ¿Por qué los vivos deben hipotecar su presente en favor de los no-nacidos? Esta es la objeción que plantea la llamada “concepción relacional de la justicia” de acuerdo con la cual toda obligación ética requiere de una mínima relación entre las partes. Su fuerza es, sin embargo, limitada: que los habitantes de una isla regada por la abundancia no tuvieran ninguna obligación para con los habitantes de otra isla ahogada en la miseria por el simple hecho de no mantener vínculo alguno (comercial, familiar, epistolar etc.) parece muy poco plausible (p.34). 

 

Solventada esta cuestión, surge un tercer hueso mucho más duro de roer, el conocido como “problema de la no identidad”. Brevemente, este perenne rompecabezas filosófico atribuido a Parfit viene a destacar que si todo mal consiste en empeorar o no mejorar la vida de un tercero, entonces aquellas acciones que determinen quién vive en el futuro –en oposición a cómo se vive en el futuro-, no podrán ser moralmente criticables. Es decir, si mitigar el cambio climático comporta el nacimiento de la población X, mientras que no mitigarlo comporta el nacimiento de la población Y, entonces –y por raro que parezca- no habrá nadie que, el día de mañana y adoptada cualquiera de las dos políticas mencionadas, pueda quejarse. Y es que si se hubiera optado por otra política entonces esa persona no habría vivido mejor, simplemente no hubiera existido jamás [1]. Ante esta dificultad –insisto, compleja como pocas- Roser y Seidel (p.41) concluyen que “The duty to mitigate climate change does not rest on the fact that we harm future human beings, but on the fact that we violate rights –and, for this, it does not matter which human beings in particular will exist in future. The decisive point is that some people’s rights will be violated.” Cuán acertada sea esta respuesta es, obviamente, harina de otro costal.  

 

 

¿Cuánto debemos hacer? Justicia intergeneracional

 

Establecido ya un deber de actuación para con nuestros bisnietos, surge la pregunta por el cuánto. ¿Cuán intesto tiene que ser el esfuerzo mitigador? ¿Cómo debe ser el mundo –el clima- que hereden las generaciones venideras? Tres son las posibles respuestas ofrecidas: tanto como nosotros, más que nosotros o suficiente para llevar una vida aceptable.  

 

Sobre la primera alternativa los autores plantean la siguiente reflexión: “It would be unfair to take greater advantages of these services provided by nature than will be possible for future generations. Our current lifestyle should not entail any disadvantages for future generations that we would not be willing to entertain for ourselves. But why not? Is it, in fact, unjust if some people are better off than others? After all, we do not find unjust that the standard of living in the past was lower than it is today. What exactly is supposed to be unjust about the idea of being lower again in the future? (p. 60)”.  

 

Tres son las respuestas que cabría dar: plantear la cuestión en términos de reciprocidad y entender que debemos dejar un mundo mejor pues mejor fue el mundo que nuestros mayores nos dejaron. Plantearla en los términos del left-libertarianism y entender que el mundo es una propiedad común de la humanidad y que, por tanto, no puede ser destruida a placer por ninguna generación concreta. Y, de forma similar, entender que el planeta no es de nadie y que, por tanto, existe un deber de custodiarlo cuidadosamente. Huelga decir que, como reconocer Roser y Seidel, lo persuasivo de estas justificaciones es limitado “becouse they are more an expression, than a justification, of the commitment to equality (p.62)”. 

 

¿Qué decir de la segunda opción, del deber de dejar un mundo aún mejor? Sin duda se trata de una opción aparentemente atractiva, fundable en consideraciones de tipo utilitarista. No obstante, y como es habitual cuando el utilitarismo entra en escena, este planteamiento lleva a conclusiones extremas: si tuviéramos que maximizar el bienestar del mañana (casi) todas las inversiones (temporales, económicas, energéticas) deberían ser a muy largo plazo, sacrificando (casi) por completo el corto plazo. En respuesta cabría introducir en escena el llamado discount-rate tan habitual en la economía y las finanzas actuales (y de acuerdo con el cual una unidad de bienestar actual –o una unidad montería- valdría más que una unidad de bienestar en el futuro.) “But is it plausible to supplement utilitarianism with a discount rate? After all, attaching lower weight to the future can hardly be regarded as anything other than a bias in favor of the present. (p. 67)”. Sin embargo, -y este es el punto clave del apartado- se trata de un recurso omnipresente en la economía y en los estudios sobre mitigación climática. Si no fuera una operación efectivamente razonable mucho sobre política ecológica debería repensarse.  

 

Finalmente, y ante las dificultades anteriores, podría ser atractivo apostar por un enfoque suficientarista de acuerdo con el cual las acciones de hoy deberían encaminarse a asegurar que las generaciones futuras tuvieran sus necesidades o derechos humanos satisfechos o, más generalmente, una vida mínimamente digna. Como es natural determinar en qué constituye ese mínimo sería sumamente complejo.  

 

 

¿Cómo debemos distribuir la responsabilidad? Justicia Global 

 

Supongamos ahora que hubiéramos precisado las cuestiones anteriores y que el aspecto científico estuviera claro. ¿Cómo deben repartirse las responsabilidades ecológicas de mitigación y adaptación? Veamos las propuestas más habituales.  

 

 

  • Grandfathering: dado que se trata de un problema global que nos afecta a todos, que todo el mundo reduzca por igual sus emisiones (p.109). Es decir, que quien emitía un 10% antes de limitar la cantidad de emisiones, siga emitiendo un 10% del tope consensuado. ¿Problema? Pues que del hecho que X sea una carga común a sostener entre todos no se sigue que todos deben contribuir por igual (ni en términos absolutos ni en términos relativos). Es importante tener en cuenta consideraciones sobre la capacidad de cada cual para colaborar, así como la culpa que se tenga en la creación de ese problema. “The bare fact that the problem affects a community and, in addition, can be only solved jointly does not automatically entail that all must do the same thing” (p.113)  

 

  • Polluter-pays: como decíamos la responsabilidad que uno tenga en el surgimiento de un problema afecta qué porción del mismo debe solventar. Bajo esta visión los países históricamente más contaminantes serían los que, de una parte, deberían cargar con gran parte de los costes de adaptación y compensación, y de otra, recibir un menor derecho de emisión, al entender que ya habrían consumido su parte de la tarta. Aquí los problemas serían principalmente dos. Determinar a qué parte de la tarta tenía uno derecho en primer lugar no es nada sencillo. Igualmente, hablar de responsabilidades históricas siempre es muy espinoso pues ¿por qué debe uno cargar con los errores de sus abuelos? Es más ¿qué culpa tenían sus abuelos si en aquel entonces el cambio climático no estaba ni descubierto? 

 

  • Beneficiary-pays: ahora bien, ¿y si el quid del asunto estuviera, no en quién ha provocado qué, sino en quién se ha beneficiado? Bajo esta perspectiva podría argumentarse que aquellas Naciones que más se han visto favorecidas por el uso de combustibles fósiles están más obligadas a cargar con los costes de mitigación y adaptación. ¿Es este un enfoque más atractivo? Difícilmente. De una parte, cuantificar cuánto se ha beneficiado cada persona o cada sociedad de la generación del CC es virtualmente incuantificable. De otra, lo cierto es que son muchas las situaciones en que no aplicamos esta clase de lógica subyacente al principio. Por ejemplo, médicos, policías, abogados, jueces… se benefician de que pobres inocentes sufran crímenes terribles, pero no por ello deben compensar a nadie. Al contrario, tienen derecho a cobrar a las víctimas por sus servicios. Así, puede que beneficiarse de un mal pasado sea problemático, pero solo “when enjoying the benefits contributes to perpetuating, enabling, or exploiting a wrong. But this is not the case in the context of climate change (p.136)”.  

 

  • Ability-to-pay: vistas las dificultades que conllevan estos enfoques de tipo histórico es interesante plantear una respuesta ajena a estas consideraciones: que cada cual pague los distintos costes que solventar el CC exige en función de su capacidad. Las ventajas de un enfoque así es que, además de ser razonablemente práctico en su aplicación, encaja con la forma de distribuir los costes que diariamente se usan en las sociedades de todo el mundo. Sin embargo, esta también es su mayor debilidad: se trata de un principio de justicia distributiva prácticamente incontestado a nivel intranacional pero raramente aplicado a nivel internacional. Es decir, si los ricos de aquí no deben ayudar a los pobres de allí sufragando la construcción de, digamos, un hospital, entonces no se ve porque sí debería ayudar a los pobres de allí sufragando la construcción de un dique a los desafortunados que vivan en las zonas costeras amenazadas por la subida del nivel del mar.  

 

  • Emissions egalitarism: finalmente, y en relación al total de emisiones que aún nos podemos permitir, se ha defendido un enfoque igualitarista de acuerdo con el cual cualquier persona debería tener derecho a producir las mismas emisiones. Más allá de consideraciones de tipo práctico sobre su aplicabilidad podría plantearse que la capacidad de absorción del plantea es un bien comunal y que, como tal, pertenece a todos los terrícolas por igual, por lo que unos y otros debemos usarlo en la misma intensidad. Dos respuestas: en primer lugar, no es evidente que “la capacidad de absorción del plantea” sea de nadie, ni mucho menos de todos los habitantes. Y en segundo lugar, la existencia de esa propiedad comunal no obliga a un uso igual. Las consideraciones relativas a la culpa, la necesidad o el uso previo que se han ido mencionando al analizar las propuestas anteriores ponen en serias dudas el atractivo inicial del principio.  

 

 

 Si este resumen –en el que nos hemos dejado tanto en el tintero- parece acelerado es porque en Climate Justice: An Introduction (ed. Routledge, 2017) sus autores dan lo que prometen: 222 páginas sumamente ricas en información, directas y perfectamente accesibles al profano con las que obtener una base muy digna para iniciarse en el estudio filosófico de la materia. Con toda claridad y sin concesiones simplificadoras, abordan en cuatro capítulos por qué el CC nos conmina a actuar, cuánto nos es exigible en este sentido, de qué modo debe distribuirse esta responsabilidad y, finalmente, cómo pasar de la teoría a la práctica. Se trata de un libro que, sin matices, puede considerarse excelente, en que sin vulgarizar se divulga, y en donde cada línea vale la pena.  

 

 

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