Tomarse en serio el principio de igualdad de armas: una propuesta para mejorar la Justicia

27/12/2019

Nik Shuliahin @tjump


En España hay aproximadamente 130.000 abogados. Este número incluye desde grupos de abogados hiperespecializados que trabajan en firmas multimillonarias, a abogados generalistas con escasos medios para representar a sus clientes. Todos ellos tienen la misma función: permiten a los ciudadanos el acceso a la justicia y el ejercicio de sus derechos. No obstante, cuán habilidoso, formado y bien conectado esté el abogado de una parte puede determinar el sentido y el contenido de la resolución judicial.

 

En este breve artículo intentaremos demostrar que la única forma de garantizar que los ciudadanos obtienen justicia en los tribunales es a través de un sistema de representación jurídica igualitario. Esto es, mediante un sistema que proporcione a todos los ciudadanos la misma probabilidad de obtener una determinada resolución ante los mismos hechos y derechos, con independencia de la representación legal que posea. 

 

En este sentido, hemos de asumir una primera premisa, que ya ha sido expuesta. A esta premisa podríamos llamarla, para simplificar, la premisa de resultado variable, que implica que la habilidad y los recursos de los que disponen los abogados pueden influir en el resultado del proceso legal. En otras palabras, que la expresión utilizada diariamente en el tráfico jurídico “da mihi factum, dabo tibi ius” es falsa. Ni los jueces ni el resto de los operadores legales son ordenadores que reciben los hechos y las evidencias legales y emiten un fallo de forma matemática. Al contrario, existen numerosas evidencias que corroboran que, por ejemplo, los prejuicios o las creencias personales de un operador jurídico pueden condicionar el resultado del proceso, convirtiendo este en injusto. De hecho, hay quien ha realizado propuestas encaminadas a reconocer y paliar este fenómeno, como la Doctrina de la Puerta Estrecha.

 

Sin embargo, aquí nos centraremos en la representación legal; puesto que, si la premisa de resultado variable es un hecho, ¿no deberían tener todos los ciudadanos la misma expectativa razonable de obtener un mismo resultado en caso de encontrarse en una misma situación? Así parece afirmarlo la legislación española[1], tanto en el art. 24.2 de la Constitución como en el preámbulo de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, donde se recoge que los ciudadanos tienen el derecho a acceder “a la Justicia en condiciones de igualdad”.

 

Este “acceder a la Justicia en condiciones de igualdad” está íntimamente relacionado con un principio consolidado en la jurisprudencia nacional e internacional: el principio de igualdad de armas. Este consiste en que “cada parte debe disponer de una oportunidad razonable de presentar su caso en condiciones que no lo coloquen en desventaja vis a vis con su oponente”[2]. Este principio es un “rasgo inherente de un juicio justo”[3]. Es decir, un juicio no puede ser justo si no respeta la igualdad que el principio de armas prescribe.

 

Lo anterior es de suma importancia, ya que, a diferencia de lo que se suele pensar, la realización de la justicia en un litigio no solo afecta a las partes concretas de ese litigio, sino a toda la comunidad, por, al menos, dos razones. En primer lugar, porque normalmente una decisión judicial tiene efectos en las relaciones distributivas de la sociedad. Sea porque obliga alguien a hacer o abstenerse de hacer alguna acción con valor dinerario o porque reconoce o niega un derecho susceptible de ser aplicable al resto de ciudadanos[4]. En segundo lugar, desde un punto de vista deontológico, la búsqueda de la justicia es fundamental en cualquier sociedad.[5]. No solo porque así lo proclame el art. 1 CE, sino porque lo contrario sería admitir que llevar a cabo injusticias en una sociedad es admisible siempre y cuando no perjudique a una parte sensible de la sociedad.

 

Del mismo modo, hemos de considerar que la justicia como bien tiene una naturaleza especial, que se concreta en dos aspectos. El primero de ellos es que la justicia[6] es un bien rival y, el segundo, que las decisiones judiciales nunca son res nullius.

 

Con que la justicia es un bien rival nos referimos a la básica distinción que se realiza de los bienes dependiendo de si son excluibles y/o rivales en su consumo. Se dice que, si no es posible impedir a terceras personas consumir el bien, y si el consumo que uno realiza no disminuye la capacidad de otros para consumir el bien, estaríamos antes ante un bien clasificado como “público”. Ejemplos clásicos de bienes públicos son la luz de un favor, la defensa nacional o, tradicionalmente, el acceso a la justicia.

 

Sin embargo, clasificar el acceso a la justicia como bien público es un error, ya que, probablemente, este sea por definición el bien más rival que existe, debido a que en un juicio siempre implica una parte reclamando algo de la otra. De hecho, normalmente la probabilidad de éxito de una parte en un procedimiento es inversamente proporcional a la de fracaso de la otra.

 

De forma similar, se podría argüir que el acceso a la justicia funciona hasta cierta medida como un bien exclusivo. Los honorarios de los abogados, las tasas judiciales, la incertidumbre y la duración de los procesos pueden impedir que las personas reclamen justamente sus derechos en los tribunales. Precisamente, si lo pensamos, el reconocimiento de esta situación es lo que motiva que tengamos un servicio público de asistencia letrada.

 

No obstante, este sistema es apenas una solución al problema de la exclusividad. Este se ofrece los ciudadanos por debajo de un determinado umbral de riqueza, nacionales o extranjeros, y excluye a las personas por encima de este umbral para cualquier tipo de litigio. Estas personas son mayoría y, además, sufren igual que el resto los efectos de la desigualdad en los procedimientos. Asimismo, el sistema reconoce y garantiza el acceso formal a la justicia, pero no hace nada por igualar la capacidad de las partes de defender sus pretensiones que, como hemos visto, es necesario para garantizar que realmente se realice justicia.

 

En lo referente a que las resoluciones judiciales no son res nullius queremos decir que la labor de los jueces no es establecer cuál es la verdad. Todo lo contrario: la verdad prexiste al conocimiento del juez, y la tarea de este es averiguar cuál es esta para, solo entonces, establecer cuál es la correcta distribución de derechos entre las partes. Es por ello por lo que si el juez, influido por el talentoso abogado de la parte más adinerada, falla en base a hechos o interpretaciones erróneas, no solo estará siendo injusto porque contribuye injustamente a aumentar la desigualdad, sino porque a su vez estará faltando a la verdad y, por tanto, a la justicia.

 

De todo lo expuesto se derivan varios argumentos para sostener que es necesario un sistema que, para ser considerado justo, reúna mayores niveles de igualdad entre las partes. El primer argumento tiene que ver con la premisa de resultado variable. Así pues, si, por un lado, se reconoce que todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a en las mismas circunstancias obtener una resolución justa[7], y, por otro lado, que la calidad de los abogados afecta a las probabilidades que los ciudadanos tienen de acceder a esta resolución, la conclusión habrá de ser que hay que atajar esta desigualdad entre los abogados que vulnera los derechos de los ciudadanos. De lo contrario, estaríamos admitiendo que efectivamente está mal que los ciudadanos pobres no puedan tener acceso formal a la justicia, pero que es admisible que, una vez han accedido formalmente a esta, sus probabilidades de obtener justicia sean infinitamente menores que las de otro ciudadano rico.

 

Un segundo argumento se deriva de la caracterización de la justicia como bien rival y como bien que toda la sociedad tiene interés en que se realice. Así, como decíamos, si bien todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a la justicia, no todos tienen el mismo derecho a obtener un resultado favorable, puesto que al no ser las resoluciones judiciales res nullius, tan solo hay una parte que lleva razón sobre un aspecto concreto y, por tanto, una parte que merece una resolución judicial favorable. Por consiguiente, será en el interés de la sociedad que se supriman todas las circunstancias que dificultan este “descubrimiento”, si se quiere, de la justicia por parte del juez. Dentro de estas circunstancias encontraríamos la disparidad en la habilidad y recursos de los abogados de las partes.

 

Por último, hemos de considerar que, si admitimos la influencia de la representación legal, estamos reconociendo que existe arbitrariedad en las resoluciones judiciales. Esta arbitrariedad, además de ser contraria al art. 9.3 CE y a consolidada jurisprudencia, es por definición injusta, al fundamentarse en elementos que nada tienen que ver con la justicia sustantiva. Si el juez falla a favor de una parte porque el abogado de esta ha hecho un mejor resumen de los hechos que el de la otra parte, el que la decisión coincida o no con la justicia será una cuestión de suerte. En síntesis, la disparidad en la representación legal conlleva la arbitrariedad que, con independencia de la justicia sustantiva del fondo del asunto, es incompatible con un sistema de justicia que haya de garantizar también la justicia procedimental[8]. 

 

Por descontado, contra este planteamiento se pueden plantear diversas objeciones. La primera de ellas podría consistir en por qué no sería suficiente con garantizar a los ciudadanos una representación legal de calidad, por encima de un determinado umbral de probabilidad de justicia, y dejar que si otros ciudadanos quieren costearse un mejor servicio por las razones que fuera lo siguieran haciendo. Hemos de rechazar esta objeción por el carácter extremadamente rival de la justicia que hemos apuntado anteriormente. Es decir, aunque fuera cierto que todos los ciudadanos tuvieran una representación legal “buena”, la inversión que otro ciudadano realizara en su defensa legal que le llevara a contratar una representación por encima de este nivel de “buena” siempre iría en detrimento de la probabilidad de que el juez fallara de forma justa con independencia de la capacidad de los abogados de influir en su fallo, lo que además de perjudicar injustamente al ciudadano que no realiza la inversión, perjudica a la sociedad en su conjunto por las razones ya expuestas.

 

Es esta la razón especial que nos lleva a defender que la representación legal ha de ser lo más igualitaria posible, sin que quepa hablar de un umbral de suficiencia, a diferencia de otros bienes sociales como la sanidad o la educación. Y es que se podría plantear por qué no igualar también otros bienes como la sanidad ya que, efectivamente, el acceso que unos ciudadanos hagan al mejor cirujano impide a otros el acceso a este.

 

El debate sobre las implicaciones morales de la desigualdad excede sin duda este artículo. No obstante, sí podemos señalar que, si dos personas tienen un cirujano “bueno”, y una de ellas decide ir a un cirujano “muy bueno”, la otra seguirá teniendo, en todo caso, un cirujano “bueno” que le proporcionará una operación “buena”. Por el contrario, si una parte tiene un abogado “bueno”, y la otra parte, pudiendo tener a un abogado “bueno” decide contratar a uno “excelente”, la probabilidad de que el procedimiento produzca un resultado “justo” se ven alteradas y, como hemos visto, esta injusticia además de a la otra parte afecta a la sociedad en su conjunto. Es por ello por lo que, a diferencia de otros bienes, y con independencia de nuestra opinión sobre la desigualdad, es necesario que la justicia sea igualitaria.

 

En conclusión, y siguiendo con la metáfora de las ferias medievales contenida en el principio de igualdad de armas: actualmente tenemos un sistema que observa cómo dos partes combaten, una asistida por un experto caballero, con armadura pesada y espada de acero, y otra sin asistencia, sin armadura y sin espada. Ante esto, el sistema ofrece a la parte desarmada una espada de madera y la asistencia de Sancho Panza, y le promete que estará muy atenta a sus esfuerzos para ser lo más justo posible.

 

En este breve artículo hemos explicado por qué un sistema así no puede ser justo, y, por tanto, argumentado que es necesaria una reforma que garantice la igualdad de los ciudadanos para, con los mismos hechos y derechos, obtener un mismo resultado. Solo así podremos hablar de justicia y evitar la arbitrariedad.

 

[1] Este acceder en condiciones de igualdad, tiene matizaciones, como se recoge en la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, sección 1ª, de 5 de diciembre de 2019. En dicho fallo se recoge respecto al procedimiento penal: “Que el debate procesal deba desarrollarse en condiciones de igualdad, de modo que todos los intervinientes tengan plena capacidad de alegación y prueba ( SSTC 138/1999, de 22 de julio F. 4; 178/2001, de 17 de septiembre, F. 3), y que por ello tanto acusador como acusado ostenten esta misma garantía, no comporta, en fin, por lo ya señalado, que sean iguales en garantías, pues ni son iguales los intereses que arriesgan en el proceso penal ni el mismo es prioritariamente un mecanismo de solución de un conflicto entre ambos, sino un mecanismo para la administración del ius puniendi del Estado, en el que "el ejercicio de la potestad punitiva constituye el objeto mismo del proceso" ( SSTC 41/1997, F. 5; 285/2005, de 7 de noviembre F. 4)”.

 

[2] Véase el Caso Foucher contra Francia. 

 

[3] Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2019:28)

 

[4] La importancia de las resoluciones judiciales en lo referente a la propiedad o a la libertad comporta que podamos plantear como una necesidad social la realización de la justicia en las resoluciones. Así, fijémonos como Nozick, quien en su conocida teoría de la justicia sostiene que: “The holdings of a person are just if he is entitled to them by the principles of justice in acquisition and transfer, or by the principle of rectification of injustice”, admite la labor crítica de la rectificación cuando fallan los principios de justicia en la distribución de derechos. Esto rectificación es, presumiblemente, hecha por los tribunales, y le lleva a firmar incluso que: “perhaps the sort of considerations about distributive justice and equality that I argue against play a legitimate role in this subsidiary choice” (Nozick 1990:153). Lo que con este punto se pone de manifiesto es que incluso en aquellas teorías que sostienen que el Estado debe actuar lo mínimo posible, la impartición de justicia a través de resoluciones judiciales sigue siendo visto como un elemento clave de la vida en sociedad.

 

[5] No importa que, como Locke Locke (2017: 72), pensemos que: “When there is no longer any administration of justice for securing men’s rights, and no remaining power within the community to direct the public’s force or provide for its necessities, there is certainly no government left” , como Nozick (1990:52), que: “It would be morally impermissible for persons to maintain the monopoly in the [ultraminimal] state without providing protective services for all, even if this requires specific ‛redistribution’” o como Rousseau (2010:9) que “[The] passage from the state of nature to the civil state produces a very remarkable change in man: the role that instinct used to play in his conduct is now taken over by a sense of justice”, la cuestión es que la realización de la justiciar es una de las principales razones que justifica la sociedad civil..

 

[6] En este punto con “justicia” y “acceso a la justicia” nos referimos a la probabilidad de obtener, con los mismos hechos y derechos, una misma resolución entre diferentes ciudadanos.

 

[7] Podríamos hacer aquí referencia al “principio de igual consideración de intereses” de Stanley I. Benn (1967:115), que sostiene que afirmar que los intereses de dos partes han de ser igualmente considerados conlleva una aseveración de igualdad que implica que: “were there is no relevant difference between two cases, no rational ground exists for not treating them alike”.

 

[8] De igual forma, si estamos de acuerdo en que: “All persons are to be treated alike, unless good reasons can be found for treating them differently”, debemos rechazar que estas “buenas razones” puedan estar basadas en la disparidad de la calidad de los abogados que, en última instancia, está basada muy probablemente en desigualdades económicas de las partes previas o incluso motivadoras del litigio.  En este sentido cfr. Felix E. Oppenheim (1979:61).

 

 

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