El Día Internacional contra la Violencia de Género. Día de la marmota.

Niklas Tidbury @ntidbury


Un año más en la efeméride del Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer surge la polémica. Este año exacerbada debido a la aparición de nuevos actores en el tablero político que retoman el debate sobre cómo debiera atacarse el problema. Entre las principales críticas queremos resaltar dos:

 

1. Se vuelve a crticar la Ley Orgánica de Medidas de protección Integral contra la Violencia de Género (LOVG)

 

Una ley que, a pesar de ser aprobada por unanimidad política, desde su inicio estuvo rodeada de varias controversias, como la suscitada desde el punto de vista lingüístico. Hay que recordar que la forma en la que nombramos algo define la forma en la que lo concebimos, y optar por el término “violencia de género” conlleva establecer por ley una etiología única al problema del maltrato a la mujer en las relaciones de pareja. Cosa que como vimos en el primer artículo de esta serie, está alejado de la realidad.

 

Tampoco estuvo exenta de discusión jurídica; no hay que olvidar las objeciones a la ley que planteó el propio Consejo de Estado, los numerosos recursos de inconstitucionalidad que se interpusieron a la misma, y los votos particulares de la Sentencia del Tribunal Constitucional que los resolvió.

 

Según el preámbulo de la LOVG y su artículo 1.1, el objeto de la misma es erradicar la violencia que sufre la mujer por parte del hombre, fruto de las históricas relaciones de poder entre hombres y mujeres, que discriminan a éstas en beneficio de aquéllos. Para tal fin articuló una serie de medidas de protección de la víctima de este tipo de maltrato desde el punto de vista social, estableciendo derechos de toda índole (laborales, asistencia jurídica, seguridad social, económicos, etc.); y también desde el punto de vista penal, elevando a la categoría de delito hechos considerados anteriormente como faltas, y otorgándoles mayor castigo cuando la víctima es mujer y el victimario varón que sea o haya sido su esposo. Asimismo creó diversos órganos especializados (Juzgado de Violencia contra la Mujer, fiscal de sala, juicios rápidos).

 

No creo que se pueda criticar el elenco de medidas sociales de protección de la víctima en la LOVG, pues ¿quién va a objetar que se dote de las ayudas necesarias para que la víctima deje de serlo y vuelva a la situación anterior al maltrato en la medida de lo posible?

 

Sí ha sido objeto de intenso debate la creación de órganos ad hoc para combatir esta violencia. Desde la criminología, en lo que a atención victimológica ser refiere, debemos decir que deben ser expertos en la materia los que intervengan con las víctimas de este específico maltrato para evitar la victimización secundariaTambién ha generado disputa la asimetría penal, pero hay que recordar que la STC valida que cuando un hecho tenga un plus de desvalor, como lo es maltratar a una persona por los roles que le ha asignado la socidad, el castigo aumente. Hasta aquí no tenemos problemas.

 

El problema es que el concepto de violencia de género del preámbulo de la LOVG no fue traspuesto correctamente en la parte de tutela penal de la propia ley, pues no se incluyó el elemento subjetivo del delito que estamos hablando. Si sumamos a esto que el Tribunal Supremo a la hora de armonizar los distintos criterios de las Audiencias Provinciales se ha atenido al tenor literal de los preceptos penales de la LOVG para no exigir la voluntad de dominación como requisito de los delitos “de género”, llegamos a la conclusión de que desde el punto de vista legal, toda agresión de un hombre a su pareja sentimental mujer va a ser considerada violencia de género, independientemente de su motivación. Derogando de facto el artículo 44.4 de la ley, y creando situaciones tan disparatadas como que un caso de auxilio al suicidio sea investigado por un Juzgado de Violencia sobre la Mujer. No es justo y además colapsa los escasos recursos específicos en la materia.

 

Hay que modificar la LOVG para incluir la consideración de que la etiología del maltrato a la mujer en el ámbito de la pareja es multifactorial, dejando claro que la ley especial es únicamente de aplicación para los casos en los que la motivación principal del agresor sea el sometimiento de la mujer a través de la violencia por considerarla inferior por el hecho de ser mujer. Cosa que también debe quedar clara en el articulado del Código Penal.

 

 

2. Se contrapone la protección de victimas de violencia de género con la protección de otras víctimas de maltrato en el ámbito familiar a través de una falsa dicotomía.

 

Esto es un sinsentido, en primer lugar porque establecer una diferenciación de trato a aquellos casos desiguales no invisibiliza el resto de violencias, y por otro lado, tenemos que ser conscientes de que estableciendo medidas para la protección de las victimas de violencia doméstica no se desprotege a las mujeres maltratadas. Nada más lejos de la realidad. Se puede, y se debe tanto desde un punto de vista moral como legal, proteger a las víctimas de todo tipo de maltrato en el ámbito familiar (frente a la violencia de género y doméstica), independientemente del sexo de víctima y victimario como así establece el Convenio de Estambul en sus artículos 1 y 3.

 

De hecho si lo aplicásemos en toda su extensión deberíamos, según el artículo 11:

 

-Recoger datos estadísticos detallados, a intervalos regulares, sobre asuntos relativos a todas las formas de violencia (doméstica y de género).

 

-Apoyar la investigación en los ámbitos relativos a todas las formas de violencia incluidas (doméstica y de género).

 

-Realizar encuestas basadas en la población, a intervalos regulares, para evaluar la amplitud y las tendencias de todas las formas de violencia (doméstica y de género).

 

La aplicación de lo anterior, supone una necesaria reforma de la metodología de estudio e información de datos sobre la violencia doméstica. El Observatorio de Violencia contra la mujer y Doméstica (OVDM), debería ampliar la escasísima información que en la actualidad ofrece en cuanto a violencia doméstica, y se debería realizar estudios bidireccionales sobre la violencia en pareja.

 

Así mismo de acuerdo con el artículo 13 del Convenio se debería promover campañas de sensibilización contra todas las formas de violencia además de la de género, es decir, violencia contra el menor, violencia contra los ancianos, resto de violencias en pareja (LGTBI y hacia el varón) y violencia filio-parental.

 

También se debería potenciar protocolos de actuación y detección para el resto de violencias en el ámbito familiar, pues en la actualidad los oficiales son muy escasos  (violencia contra el menor) o no existen (violencia filio-parental, violencia hacia los ancianos, resto de violencias en pareja).

 

Según el artículo 26 del Convenio se debería tomar medidas legislativas para crear o apoyar programas de tratamiento dirigidos a prevenir la reincidencia de los autores de delitos, en particular los autores de delitos de carácter sexual, tomándose como prioridad la atención a la víctima. Y, sin embargo, nos encontramos que no existe en España un plan nacional armonizado para llevar a cabo un tratamiento específico con los condenados por violencia de género. En la actualidad queda a disposición de la Audiencia Provincial correspondiente, y sus recursos económicos y humanos. Lo que además de suponer un elemento de desigualdad entre ciudadanos, acarrea una importante inseguridad jurídica, quedando el condenado en un limbo jurídico hasta la realización del curso de reeducación. En cuanto a tratamiento a los agresores de violencia doméstica, directamente no existe dicho plan.

 

Según el artículo 18 del Convenio se deberían tomar las medidas legislativas para proteger a todas las víctimas contra cualquier nuevo acto de violencia. Estableciendo también la obligación de informar adecuadamente a las víctimas sobre los recursos disponibles (artículo 19). Y sin embargo en la legislación española no se prevé llevar a cabo seguimientos especiales para proteger a las víctimas de los delitos de violencia doméstica (hombres, ancianos, niños, mujeres maltratadas por otras mujeres, etc.).

 

Según el artículo 20 del Convenio se debería tomar medidas legislativas para que las víctimas de todo tipo de violencia tengan acceso a servicios que faciliten su recuperación, tales como:

 

-Asesoramiento jurídico y psicológico.

 

-Asistencia financiera.

 

-Servicios de alojamiento.

 

-Educación, la formación y la asistencia en materia de búsqueda de empleo.

 

-Acceso a servicios de salud y servicios sociales, con recursos adecuados y profesionales formados para proporcionar una asistencia a las víctimas y orientarlas hacia los servicios adecuados.

 

Esta es una de las partes del Convenio que más efectos causa en la normativa española, pues supone la necesaria adaptación de la legislación para dotar de recursos a las víctimas de violencia doméstica, tales como apoyo especializado (artículo 22), refugios apropiados, fácilmente accesibles y en número suficiente, para ofrecer alojamiento seguro a las víctimas, en particular las mujeres y sus hijos (artículo 23), guardias telefónicas gratuitas, accesibles las 24 horas del día, siete días por semana, para proporcionar a las personas que llamen, confidencialmente y respetando su anonimato, consejos relativos a todas las formas de violencia, lo que supondría la creación de un teléfono destinado a la violencia doméstica (artículo 24), ayudas económicas para proceder contra el autor del delito (artículo 29), indemnizaciones por parte de los autores de delitos de violencia doméstica y de género, o del Estado como responsable civil subsidiario (artículo 30), asistencia legal gratuita según las condiciones previstas en su ordenamiento interno (Artículo 57).

 

También, en el artículo 51 del Convenio se establece que las autoridades llevarán a cabo una valoración del riesgo de letalidad, de la gravedad de la situación y del riesgo de reincidencia de la violencia. Ello implicaría la realización de valoraciones policiales del riesgo (VPR) en casos de violencia doméstica, que no se llevan a cabo en la actualidad.

 

No hace falta una gran revolución en la actual estrategia estatal contra el maltrato. Trabajando a partir de lo que ya tenemos, llevando a cabo las medidas propuestas, es decir, reformando la LOVG en los términos indicados, e implantando el Convenio de Estambul a través de nueva legislación para proteger al resto de integrantes del núcleo de convivencia familiar, podríamos ahorrarnos el año próximo y para siempre los mismos debates y polémicas. Protegeríamos a todos del maltrato y trataríamos todas las violencias de acuerdo a sus características especiales ¿A qué estamos esperando?

 

 

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