La Antártida: ¿un continente sin ley?

27/12/2019

Torsten Dederichs @tdederichs

 

Antártida, invierno de 1982. Gran plano general. Una escarpada cordillera parcialmente cubierta de nieve. Más allá, un mar de niebla impenetrable, y al fondo, el cielo limpio. Un helicóptero, minúsculo, aparece de entre la niebla, por encima de las montañas y desciende rápidamente. De más cerca vemos que del helicóptero, que lleva marcajes noruegos, asoma el copiloto, binoculares en mano. Está oteando un Husky, que corre desesperadamente por la nieve, huyendo del helicóptero. El copiloto saca un fusil con mira telescópica y empieza a abrir fuego contra el animal. El helicóptero realiza varios vuelos rasantes sobre la infinita explanada blanca, intentando abatir al perro.

 

Así empieza la primera escena de The Thing (1982), dirigida por John Carpenter, y así empieza la fascinación de mucha gente (servidor incluido) por el continente helado. Hay algo en ese enorme pedazo de roca y hielo que cautiva la imaginación de la humanidad desde finales del siglo XIX. Así como héroes de la exploración antártica como Amundsen, Scott y Shackleton abrieron las puertas del continente helado a la humanidad impulsados por el ansia de descubrimiento del último confín de la tierra, hoy, la Antártida, incluso estando meticulosamente cartografiada, sigue cautivando la imaginación de pequeños y mayores.

 

La Antártida es el único continente del mundo que no tiene población indígena. Esto no quiere decir que no esté poblada: desde que, en 1903, la Expedición Antártica Nacional Escocesa estableciese la primera base permanente en la Antártida, ésta ha estado poblada, si bien sus habitantes tienden a quedarse más bien poco en el continente. Tampoco quiere decir que no tenga habitantes nativos: desde finales de los 70, Argentina y Chile han procurado que nacieran ciudadanos argentinos y chilenos en sus bases, para así solidificar sus reclamaciones territoriales antárticas; hasta 2009 habían nacido 11 personas en el continente.

 

Pero ¿de quién es este enorme pedazo de tierra, de dos Australias de extensión? ¿Qué ley rige en el sitio más remoto y climáticamente extremo del mundo? Vamos a ver que estas preguntas son de muy matizada respuesta.

 

Hasta 1942, siete naciones anunciaron reclamaciones territoriales sobre la Antártida. Cinco de ellas anunciaron reclamaciones compatibles y reconocieron sus reclamaciones mutuas: Reino Unido, Francia, Nueva Zelanda, Australia y Noruega. Más tarde Argentina y Chile anunciaron reclamaciones propias, que entraban en conflicto entre sí y con las del Reino Unido. La localización y extensión de dichas reclamaciones aproximadamente corresponde con la proximidad de territorios que estas naciones tienen a la Antártida: por parte del Reino Unido, las Islas Sandwich del Sur y las Falkland; por parte de Francia, Kerguelen e islas próximas; por parte de Nueva Zelanda, las islas subantárticas neozelandesas (archipiélagos de las Antipodas, Campbell y Auckland); por parte de Australia, su costa sur, Tasmania y la Isla Macquaire: por parte de Noruega, la Isla Bouvet; por parte de Chile y Argentina, la Tierra del Fuego. Vale la pena mencionar que una parte sustancial del continente (de 90º oeste a 150º oeste) no es reclamado por ningún Estado.

 

Entonces, ¿es la Antártida territorio de varios Estados o de nadie? A pesar de que 7 naciones han reclamado para sí varias porciones del Continente, estas reclamaciones no son reconocidas por casi ningún Estado del mundo. Si bien es verdad que el hecho de que un territorio pertenezca a un Estado no depende (sólo) del reconocimiento de terceros Estados, sino más bien del control efectivo del mismo, los Estados con reclamaciones antárticas no intentan ejercer este control efectivo tal y como lo entendemos normalmente. A parte de los antes mencionados 11 nacimientos antárticos, que son en gran medida anecdóticos, ningún Estado intenta establecer poblaciones permanentes enraizadas (en gran parte por la hostilidad de la vida antártica). Además, la presencia policial y la regulación en la Antártida es logísticamente complicada, cara, y en gran parte inútil (debido al enorme vacío hostil que es la mayor parte del territorio). Así pues, la teoría más sólida es que la Antártida es tierra de nadie; no sólo eso, sino que es Patrimonio Común de la Humanidad.

 

Pero ¿qué dice el derecho internacional sobre la Antártida al margen de si pertenece a un u otro Estado? Para responder a esto tenemos que hablar del Tratado Antártico de 1959. Puede parecer sorprendente que las principales potencias del mundo, incluyendo a la URSS y a los Estados Unidos, se pusieran de acuerdo en un régimen legal para una extensión tal de territorio, especialmente considerando el momento político internacional marcado por la guerra fría. Para entender cómo se llegó a este punto hay que hablar de ciencia y de científicos. Ya en 1882, el Año Polar Internacional fue una propuesta que promovió cooperación científica internacional para recabar datos meteorológicos acerca de los polos, especialmente del Ártico. Después de que el mismo ejercicio se repitiese en 1932 y con el mismo espíritu, se propuso en el marco del Consejo Internacional de Uniones Científicas la organización del Año Geofísico Internacional para 1957. Esto permitió el libre acceso a la Antártida por parte de cualquier científico y el libre intercambio de los resultados de su investigación, cosa que fue enormemente provechosa a nivel científico.

 

Esta cooperación científica engendró un inusitado clima de colaboración y confianza entre los países participantes, que tenían enormes diferencias en otros ámbitos (piénsese en la guerra fría, la reclamación de las Falkland-Malvinas, los conflictos territoriales entre Argentina y Chile…). Los doce países activos en la Antártida durante el Año Geofísico internacional (los 7 países con reclamaciones más la URSS, Estados Unidos, Sudáfrica, Bélgica y Japón) establecieron 55 bases antárticas durante el periodo 1957-1958, y estos mismos países fueron los signatarios originales del Tratado Antártico de 1959, que entró en vigor en 1961.

 

Pero aún más sorprendente que la conclusión de un acuerdo en sí, es el contenido del mismo. Lo que más sorprende del tratado es que ya el preámbulo y el artículo I establecen que la Antártida será usada exclusivamente con fines pacíficos, prohibiendo el establecimiento de bases militares, la realización de maniobras y la prueba de armamento (incluyendo explosiones nucleares y depósito de residuos radioactivos). ¡La primera en la frente! Es algo casi increíble: en uno de los puntos más críticos de la guerra fría, los EEUU y la URSS se ponen de acuerdo en no pelearse por la Antártida, el cuarto continente más grande del planeta.

 

El artículo II establece que todas las libertades científicas de las que se gozaba gracias al Año Geofísico Internacional devienen permanentes. No sólo eso, sino que las partes se comprometen (artículo III) en intercambiar personal científico entre las distintas bases y a publicar todos los resultados de las investigaciones científicas realizadas en la Antártida.

 

Además, el tratado (artículo IV), a pesar de que no elimina las pretensiones territoriales de los 7 países mencionados, las congela todas: no se pueden hacer nuevas reclamaciones ni ampliar las existentes. Aún más: para vigilar que lo estipulado en el tratado efectivamente se cumple, las partes pueden nombrar observadores, que pueden inspeccionar cualquier base, barco o avión en cualquier parte de la Antártida (artículo VII).

 

De forma igual de sorprendente, en 1991 se aprobó el Protocolo de Madrid o Protocolo Ambiental del Tratado Antártico. Seguramente la provisión más transcendente del mismo es la prohibición de toda extracción minera (salvo si tiene fines científicos); provisión que sólo puede ser levantada por unanimidad de todas las partes. Los Estados se obligan, en virtud del Protocolo, a garantizar la protección medioambiental del continente, para lo cual varios Estados han aprobado leyes que específicamente intentan perseguir las transgresiones medioambientales de sus ciudadanos y empresas en la Antártida.

 

Hasta hoy, 54 Estados han ratificado el Tratado Antártico (los demás no tienen interés en la Antártida o no tienen bases o misiones que les permitan acceder al Tratado), de los cuales 40 han firmado el Protocolo de Madrid.

 

Dicho esto, ¿qué leyes rigen en suelo antártico? Si mato a alguien en la Antártida, ¿qué ley me aplica y quién me juzga? Esta pregunta puede parecer puramente teórica; el típico ejercicio académico que un apasionado del derecho internacional con demasiado tiempo se plantearía. En gran parte es así. Sin embargo, algunos crímenes de importancia han sucedido en el continente helado. La respuesta que se da en la mayoría de casos es que los Estados ejercen la jurisdicción personal, es decir, si el autor del crimen es estadounidense, le detienen y juzgan autoridades estadounidenses de acuerdo con leyes estadounidenses. Este fue en el caso de un cocinero que, en el año 1996, atacó a un compañero de trabajo con un martillo en la Estación americana de McMurdo (la más grande de la Antártida), siendo arrestado por el FBI. Por este motivo, los EEUU tienen una pequeña presencia de U.S. Marshals en las tres bases antárticas americanas.

 

Otro ejemplo de esto, más reciente, es el caso de Sergey Savitsky, un ingeniero ruso de la Estación rusa de Bellingshausen, que en 2018 apuñaló múltiples veces a Oleg Belgouzov, otro ciudadano ruso que trabajaba en la estación. Aparentemente, Belgouzov tenía la mala costumbre de destripar los finales de los libros de la biblioteca de la base, así que un día que Savitsky estaba notablemente borracho, se lio a puñaladas contra el destripador. Un tribunal de San Petersburgo juzgó a Savitsky, ya que las leyes rusas prevén la jurisdicción personal sobre crímenes cometidos por rusos y no había otro Estado involucrado, ya que la víctima y la base también eran rusas.

 

Un poco más complicado fue el caso de Rodney Marks, un astrofísico Australiano que trabajaba en la Estación americana Amundsen-Scott (situada en el Polo Sur). En un inicio se pensaba que la muerte había sido por causas naturales o accidental, debido a que el doctor de la base Amundsen-Scott no quiso o no pudo realizar las pruebas para comprobar las circunstancias exactas de la muerte. El cuerpo fue trasladado de la base Amundsen-Scott (americana, pero en territorio reclamado por Nueva Zelanda) a Nueva Zelanda, sede de la base de operaciones antárticas americanas. Cuando un examen posterior del cuerpo levantó preguntas sobre la causa de la muerte, surgió la pregunta sobre quién debía investigar el caso.

 

Como la jurisdicción sobre hechos acaecidos en tierra de nadie con un componente internacional es algo en gran parte complejo pero en buena medida determinado por la vía de hecho o el acuerdo entre Estados, en la práctica lo que pasó es que Australia (el Estado de nacionalidad del fallecido) y Estados Unidos (el Estado a quien pertenece la base, para quien trabajaba el fallecido y que tenía posesión del cadáver) se pusieron de acuerdo para que fuera un forense de Nueva Zelanda quien investigara. Este forense, al ver indicios de homicidio, encargó una investigación criminal a la policía neozelandesa, que no pudo llegar a una conclusión fidedigna en parte por las dificultades logísticas de investigar en la Antártida y en parte por la falta de cooperación de la empresa Raytheon y la National Science Foundation (los operadores de la base), a quienes la policía neozelandesa no podía obligar a proveer los documentos requeridos; toda la información que la policía neozelandesa pudo obtener fue la entregada voluntariamente por los operadores.

 

En resumen, a pesar de que la regulación internacional sobre la Antártida es uno de los pocos ejemplos en el derecho y la política internacional que llaman al optimismo respecto la capacidad de potencias enfrentadas de poner el bien de la humanidad por delante del interés propio, el régimen jurídico de la Antártida sigue despertando los interrogantes propios de la terra nullius. En gran parte, estos interrogantes se resuelven con criterios pragmáticos, y de momento no han generado conflictos relevantes entre Estados, debido a la pequeñísima y particularísima presencia humana en el continente, que en gran medida está controlada y a las órdenes de los mismos Estados y sus misiones científicas.

 

El incremento en el interés científico, económico, turístico y de la sociedad civil en la Antártida, con el previsible aumento de la actividad humana en el continente helado, presagia un aumento de los casos en los que estos problemas de regulación y jurisdicción se manifestarán, cosa que - quizás – lleve a un incremento de la cooperación o, incluso, a la regulación internacional en esta materia en el futuro.

 

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