Las expulsiones en caliente de Ceuta y Melilla, o la vanguardia del estado de excepción permanente

09/11/2019

Radek Homola @radekhomola


Desde principios de siglo, se ha vuelto una moneda corriente observar en medios de comunicación las imágenes de cientos de inmigrantes que intentan saltar las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, plazas de soberanía española ubicadas en territorio marroquí. Frente a estos intentos, la Guardia Civil ha generalizado la práctica de devolver a los inmigrantes de manera inmediata y sin observar ningún procedimiento administrativo. En este escenario, es válido preguntarse si estas actuaciones materiales se adecúan a los parámetros jurídicos asumidos internacionalmente por España y con el resto de su normativa interna. Adelantando la respuesta, y tal como se desarrollará en las páginas que siguen, el panorama es completamente negativo: las expulsiones en caliente vulneran derechos humanos de los inmigrantes, las Fuerzas de Seguridad actúan sin constricciones legales ni reglamentos administrativos, no se cumplimentan los protocolos sanitarios del derecho internacional humanitario, entre otras situaciones.

 

El objetivo del presente artículo es observar si en las expulsiones en caliente en Ceuta y Melilla se está en presencia de un “espacio de excepción” o un “no-lugar” del derecho, en el sentido de la suspensión o no de las garantías jurídicas propias de un Estado constitucional de Derecho, forma jurídica adoptada por España. Interpretaré el proceso mediante el cual se desarrolla el ejercicio de los derechos humanos de los inmigrantes bajo la teoría del estado de excepción, corriente que, en el ámbito de la filosofía política continental –en la cual uno de sus principales referentes es el filósofo italiano Giorgio Agamben[1]–, ha producido sugerentes reflexiones para explicitar las dinámicas del derecho y el poder en la globalización.

 

Previo a analizar las expulsiones en caliente, es necesario efectuar una precisión. La Administración española ha justificado las expulsiones en caliente bajo el concepto “operativo de frontera.” Ello significa que solo se entraría en territorio español si se superan las dos vallas existentes en Ceuta y las tres de Melilla. Al rechazar a los inmigrantes, justamente, antes de superar ambas vallas, el Gobierno se asegura de que no se ha producido ninguna entrada efectiva, por tanto no aplica la Ley de Extranjería 4/2000 (en adelante, LOEX). Al mismo tiempo, el 01 de abril de 2015 entró en vigor la Disposición Final Primera de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de seguridad ciudadana (en adelante, LOPSC), titulada “Régimen especial de Ceuta y Melilla”, que legalizó este tipo de devoluciones.

 

Efectuada esta aclaración, es momento de ingresar en el análisis del ejercicio de los derechos de los inmigrantes. En primer lugar, uno de los principales derechos vulnerados en las expulsiones en caliente es el derecho a la tutela judicial efectiva.[2] El artículo 20.1 de la LOEX prescribe que “los extranjeros tienen derecho a la tutela judicial efectiva.”[3] Por otra parte, cabe señalar el artículo 21.1, en el cual se consagra el derecho al recurso contra los actos administrativos. Una de las manifestaciones esenciales de la tutela judicial efectiva la conforma la asistencia jurídica gratuita, derecho normado en el artículo 22.1. En particular, la LOEX se encarga de reforzar este derecho en los procedimientos administrativos “que puedan llevar a su denegación de entrada, devolución, o expulsión del territorio español”, como sucedería con las devoluciones de Ceuta y Melilla.

 

Sobre la base de esta plataforma jurídica, es de destacar que, al expulsarse a los extranjeros de manera sumaria, esto es, de hecho y sin individualización alguna, la tutela judicial efectiva queda completamente vulnerada, pues los inmigrantes no se encuentran en condiciones de reclamar algo que jurídicamente no tiene entidad, no existe en la realidad. Por consiguiente, se torna imposible impugnar las actuaciones materiales de la Guardia Civil porque literalmente no constan en el plano jurídico: no hay acto administrativo que identifique a los inmigrantes, no se evalúa la situación jurídica personal y no pueden alegar, en el marco de un expediente administrativo, las razones fácticas y jurídicas que tienen frente a las fuerzas de seguridad; les está vedado ofrecer pruebas; no acceden a un traductor que traslade sus demandas ni, mucho menos, a un abogado que los defienda.

 

Directamente vinculado con el derecho a la tutela judicial efectiva, en este tipo de devoluciones se pone en juego la prohibición de expulsiones colectivas, principio ampliamente reconocido en el derecho internacional consuetudinario y receptado en innumerables instrumentos jurídicos.[4] El punto determinante para saber cuándo existe una expulsión colectiva y cuándo no es, primero, el examen razonable y objetivo de la situación particular de cada uno de los extranjeros que forman el grupo y, segundo, tomar en consideración las circunstancias que rodean la decisión de la expulsión, puesto que en ocasiones se dictan expulsiones con iguales fundamentos para todos los miembros del grupo. Es palmario que en las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla ambos requisitos no se cumplen: no se identifica a los inmigrantes de manera individual ni se dictan órdenes administrativas de expulsión, dado que se los expulsa de hecho. Prueba de ello es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2017 condenó a España en la sentencia N.D. y N.T.[5] por la expulsión de hecho de dos jóvenes subsaharianos que habían intentado cruzar por Melilla.

 

Otro de los derechos ostensiblemente lesionados es el de asilo.[6] En relación a este derecho, la regulación de las expulsiones en caliente consagrada en la LOSPC dispone que las solicitudes de asilo “se formalizarán en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos.” Al mismo tiempo, el desarrollo concreto de dicho derecho se encuentra en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. En consideración al lugar de la presentación de la solicitud de asilo, el artículo 16.1 de la Ley 12/2009 habilita a que se efectúe en todo el territorio español, pues determina que las personas “nacionales no comunitarias y las apátridas presentes en territorio español tienen derecho a solicitar protección internacional en España.” En tanto, el artículo 21 regula la presentación de las solicitudes de asilo en los puestos fronterizos. Por otra parte, el punto 2 del artículo 16 asegura el derecho a la asistencia sanitaria y jurídica gratuita mientras dure la tramitación del procedimiento. Es importante señalar que el ejercicio del derecho de asilo no está supeditado a la condición de regularidad del inmigrante en el territorio español.

 

En las devoluciones sumarias resulta evidente la transgresión del derecho de asilo. En primer lugar, porque se vuelve físicamente imposible presentar una solicitud de asilo o de protección subsidiaria, ya que la Guardia Civil no valora las condiciones individuales de cada uno de los inmigrantes, que pueden ser refugiados o proclives de sufrir graves riesgos por la devolución. En este sentido, las expulsiones en caliente despersonalizan la situación de los inmigrantes, puesto que entre ellos puede haber, y efectivamente las hay, situaciones jurídicas diversas que requieren especial protección: además de refugiados y apátridas, hay mujeres embarazadas, menores no acompañados, víctimas de tráfico de personas. Esta despersonalización elimina de raíz el trato específico que se le dispensa a los sujetos y grupos en situación de riesgo como son los perseguidos por razones políticas, religiosas, raciales y sexuales.

 

Expuesto el escenario de las expulsiones en caliente, es oportuno interpretarlas bajo la teoría del estado de excepción. Según Agamben, el estado de excepción se configura cuando el derecho es paralizado, indeterminado, neutralizado y suspendido: es un espacio “vacío de derecho, una zona de anomia en que todas las determinaciones jurídicas son desactivadas.”[7] Por esta razón, se produce un espacio vacío de derecho que, paradójicamente, “no está (o, por lo menos, pretende no estar) exenta de relación con el orden jurídico.”[8] Así pues, lo singular del estado de excepción es que, en términos técnicos, el derecho se suspende pero continúa manteniendo su vigencia. De igual modo, no se configura ni por fuera ni por dentro del ordenamiento jurídico: es una tierra de nadie en la cual se disuelve la frontera entre el hecho y el derecho, lo público y lo privado, el afuera y el adentro, la norma y la excepción.

 

Agamben sostiene que el estado de excepción es el paradigma dominante de la política contemporánea. A raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre, en Estados Unidos y en varios países de la Unión Europea se consagraron medidas jurídicas que responden a las de los estados de excepción: la detención indiscriminada y anticipada de extranjeros por sospechas de actividades terroristas, la securitización absoluta de los espacios públicos, la interceptación de correspondencia y de comunicaciones móviles, la disminución de garantías jurídicas no solo para inmigrantes sino también hacia ciudadanos, etc. Y, como trasfondo, figura la criminalización y demonización de un enemigo público: el terrorismo. En este contexto de indudable carácter securitario, la “creación voluntaria de un estado de emergencia permanente (aunque eventualmente no declarado en sentido técnico)”[9], constituye una de las prácticas cotidianas de los Estados.

 

Sobre la base de estas hipótesis, las expulsiones en caliente se constituyen, para utilizar la terminología de Agamben, como la “técnica normal de gobierno” ejecutada por España respecto de los flujos migratorios irregulares en Ceuta y Melilla. Es decir: una política que, desde principios de siglo, perdura en el tiempo y en el espacio. Estas devoluciones se han convertido en una práctica habitual, aceptada y legitimada por las instituciones del Estado, al punto que recibieron estatuto legal en 2015 a través de la LOSPC. La violencia que ejerce la Guardia Civil se legitima fácticamente mediante la instauración de una anomia, abriendo el espacio para un no lugar o un vacío de derecho, en el cual la aplicabilidad del contenido garantista del derecho se suspende, aunque siga conservando formalmente su vigencia. Como se observó, en las expulsiones en caliente se cancela el ejercicio de tres derechos: la tutela judicial efectiva, la prohibición de las expulsiones colectivas y el derecho de asilo.

 

Conviene insistir en una de las tesis de Agamben, en cuanto el estado de excepción “eventualmente” puede o no ser declarado en sentido técnico, puesto que la materialización del derecho de excepción ocurrida en Ceuta y Melilla no cuenta con ninguna ley o acto jurídico que así lo disponga. Por consiguiente, el aspecto garantista del derecho resulta clausurado por una violencia gubernamental que ignora las disposiciones del derecho internacional de derechos humanos (entre ellas, las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues después de la sentencia condenatoria que se comentó arriba España no cesó con este tipo de expulsiones) y, de manera simultánea, origina en el interior del ordenamiento un espacio de excepción que se sustrae a la normativa constitucional y de extranjería.

 

En resumen: no es posible que la Administración española, a través de la Guardia Civil, eluda el ejercicio de los derechos de los inmigrantes en aras de una gestión eficaz y expedita del control de las fronteras de Ceuta y Melilla. El punto que no logra resolver esta política es que tampoco es eficiente, pues los conflictos en la frontera Sur no dejan de crecer y el número de inmigrantes que intenta cruzar no ha descendido por dichas expulsiones. Además, estas actuaciones causan continuamente decenas de heridos y muertes, como las sucedidas en la mañana del 06 de febrero de 2014 en la playa de El Tarajal, en cual fallecieron 15 inmigrantes.

Hace más de 50 años, el escritor y director de cine italiano Pier Paolo Pasolini escribió un poema titulado “Profecía”, en el que anticipó, con genial clarividencia, la inmigración africana hacia Europa:

 

Alí de los ojos azules,

uno de los muchos hijos de hijos,

llegará desde Argelia, en barcos

de vela y remo. Con él vendrán

miles y miles de hombres de cuerpo menudo y los ojos

de perro pobre de sus padres,

en lanchas varadas en los Reinos del Hambre. Traerán con ellos a sus niños,

y el pan y el queso, en los papeles amarillos del Lunes de Pascua.

En las trirremes robadas en los puertos coloniales,

traerán a sus abuelas y a sus asnos.[10]”

 

 

[1] En su ya clásico libro Estado de excepción. Homo sacer II, 1, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2014.

 

[2] El artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos instituye el “derecho a un recurso efectivo.”

 

[3] Que la normativa utilice el sustantivo los “extranjeros” en su acepción simple y única es sumamente importante, pues indica que el derecho lo ostentan todos los extranjeros, independientemente la situación jurídico-administrativa con la que cuenten, es decir, sean regulares o irregulares.

 

[4] En el ámbito europeo, consta en el artículo 19.1. de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, mientras que también ocurre lo mismo en el artículo 4 del Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. De igual manera, cuenta con una consolidada jurisprudencia de parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos quien, con el correr de los años, ha llenado de contenido a dicho principio y fijado sus elementos característicos, por ejemplo en los casos Conka c. Bélgica, Hirsi Jamaa c. Italia y Georgia c. Rusia.

 

[5] La sentencia se encuentra disponible en https://www.abogacia.es › wp-content › uploads › 2017/10 › TEDH-STC

 

[6] En el plano del derecho comunitario, el artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE garantiza el derecho de asilo. A nivel internacional, se encuentra consagrado en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de Ginebra en 1951 y en el Protocolo de Refugiados de Nueva York de 1967, ambos instrumentos de los cuales España es parte puesto que los ratificó en 1978. En el ámbito interno, la Constitución Española consagra el derecho de asilo en el artículo 13.4.

 

[7] Agamben, Giorgio, Estado de excepción, Homo sacer II, 1, ob.cit., p. 75.

 

[8] Ibíd., p. 39.

 

[9] Ibíd., p. 11. 

 

[10] Pasolini, Pier Paolo, “Profecía”, en Poesía en forma de rosa, Editorial Visor, Madrid, 1982, p. 103.

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