Violencia de género: La educación no lo es todo

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Después de cada asesinato de una mujer a manos de su pareja sentimental varón se vuelve a hablar de prevención, refiriéndose a la misma como educación en igualdad de género. Este concepto de prevención es una aproximación errónea por limitada, tal y como vimos en el primer artículo de esta serie, pues no tiene en cuenta la etiología multifactorial de todo comportamiento humano y, en particular, de la violencia de género. Pero además, esta visión es incompleta desde el punto de la prevención ambiental –en la que se basa la perspectiva de género- porque, aunque la educación es un factor importante de la misma, no es el único. Añadir que, como ocurre con cualquier otro delito, no es posible erradicarlo completamente. Una sociedad sin violencia es una utopía.

 

En criminología distinguimos tres niveles de acción en la prevención de delitos:

 

-Primaria: destinada a la sociedad en conjunto con el fin de visibilizar un problema.

 

-Secundaria: destinada a la población en riesgo de ser víctima, para intentar detectar el problema en estadios iniciales, actuando para evitar o reducir secuelas.

 

-Terciaria: destinada a los implicados en el delito para evitar que se cronifiquen los papeles de víctima y agresor.

 

La prevención primaria de la violencia de género se fundamenta en dos elementos, a saber: las campañas informativas oficiales y las estadísticas oficiales. En lo que a campañas informativas se refiere, en 2008 el Ministerio de (en aquel entonces) Igualdad publicitaba el eslogan “Ante el maltratador, tolerancia cero”, según la Web del (ahora) Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social el objetivo de la campaña era “el rechazo y aislamiento social del maltratador”. En 2010 la campaña del Ministerio incluía el lema “saca tarjeta roja al maltratador”, con el objetivo de que “quien no juegue limpio queda fuera de la sociedad”, algo que, además de no ajustarse a los fines de reeducación y reinserción social que propugna el artículo 25 de la Constitución Española, tampoco funcionará para evitar este delito, puesto que los condenados algún día saldrán a la calle y darles la espalda no será suficiente para que no vuelvan a delinquir.

 

En 2012 y 2016 se crean campañas como “Hay salida” o “Si hay salida a la violencia de género es gracias a ti” que trasladan el mensaje positivo de la posibilidad de dejar de ser víctima. Posteriormente, el artículo 24 del Pacto de Estado contra la violencia de género prescribiría esta visión para todas las campañas publicitarias, por lo que no se entiende la reciente polémica surgida en Andalucía con una campaña de la Junta que cumplía este extremo.

 

En 2011 y 2014, las campañas oficiales en materia de violencia de género se centraron en la denuncia como inicio de la protección policial y judicial a la víctima. Sin duda esto es positivo, pero es necesario que la denuncia se mantenga con posterioridad, de lo contrario no continuarán las medidas de seguimiento. Y, sin embargo, no existe ninguna campaña en este sentido. En lo que a esto se refiere tenemos que apuntar que, tras un somero análisis de los datos en cuestión, encontramos que, anualmente, hay casos de víctimas mortales que, tras denunciar, retiraron la denuncia, acogiéndose a su derecho a no declarar contra familiar, establecido en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según datos del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, el número de denuncias retiradas oscila entre el 10% y el 12% del total de denuncias interpuestas anualmente.

 

Otra circunstancia que sería conveniente tratar en campañas de concienciación tiene que ver con el comportamiento de la propia víctima (teniendo en cuenta siempre la situación de vulnerabilidad y dominación psicológica que puede sufrir): así, es fundamental que se recalque la importancia del cumplimiento de la prohibición de aproximación por parte de la propia víctima, pues año tras año sigue habiendo víctimas mortales que incumplieron a sabiendas su orden de protección.

 

En cuanto a las encuestas oficiales en materia de violencia de género, hay que exigir la mayor exactitud posible, porque de ellas emanan las políticas criminales para evitar delitos. Para prevenir un problema se debe partir de dimensionar de la manera más precisa posible su magnitud, sin minimizarlo ni crear alarma social innecesaria. Sobre este particular hay que decir que, de acuerdo con la encuesta europea de violencia de género llevada a cabo por la Fundamental Rights Agency (FRA) en 2014, España se encuentra a la cola de prevalencia de todos los tipos de maltrato (también en cuanto a víctimas mortales según datos del Instituto Reina Sofía) y, sin embargo, somos el sexto país a la cabeza de Europa de percepción social de prevalencia de violencia contra la mujer. Este desfase no es bueno para la prevención del problema.

 

También hay que procurar que los cuestionarios de las encuestas destinadas a estudiar el alcance de la violencia de género sean claros y comprensibles para las entrevistadas, y que se basen en factores de riesgo y prevención estudiados previamente. Es decir llevados a cabo a través de metodología científica, no como se hizo en las tres primeras Macroencuestas sobre violencia contra la Mujer.

 

En este sentido se ha avanzado mucho desde la primera Macroencuesta llevada a cabo en 1999, en la que se consideraba (técnicamente) mujer maltratada a aquella que contestase afirmativamente a cuestiones como “no valora el trabajo que realizas”, “ironiza sobre tus creencias”, “te insiste en tener relaciones sexuales aunque sepa que no tienes ganas”, etc. Factores que, si bien son relevantes, podrían incluirse mejor en situaciones de conflictividad familiar u otras causas varias, antes que en casos de maltrato, dando lugar a falsos positivos. A las consideradas maltratadas técnicamente se sumaron las encuestadas que se autopercibían como mujeres maltratadas, estimándose que en España había más de dos millones de mujeres maltratadas en ese momento.

 

En 2015 se publicó una nueva edición de la Macroencuesta española, que siguiendo el ejemplo del estudio del FRA, abandona el concepto genérico e inespecífico de “mujer maltratada” de las Macroencuestas anteriores, y distingue entre prevalencia histórica (maltrato a lo largo de la vida) y en el último año, así como los tipos de violencia detectada (física, psíquica, sexual y económica), y también la gravedad de las agresiones (severa y moderada), lo que supone un gran avance en la investigación del problema. El número de víctimas de violencia estimado en este análisis fue mucho menor que en 1999. Para poder observar la evolución y eficacia de las medidas implementadas también es importante que la estructura (ítems) de las Macroencuestas no varíe. Así como concretar el concepto de violencia de género (según lo establecido en el Convenio de Estambul) y mantenerlo en el tiempo para poder realizar estudios longitudinales.

 

En cuanto a la prevención secundaria en violencia de género, ésta se basa en las guías y protocolos de actuación en caso de detección e intervención desde los distintos ámbitos sociales (policial, educativo, sanitario, etc.) como establece la LOVG. Quizá sea éste el nivel de prevención que mejor se está trabajando en estos momentos en España ya que existe multitud de documentación al respecto destinada a detectar situaciones de maltrato y cómo intervenir ante éstas. Aunque siempre es susceptible de ser mejorada, revisando continuamente el contenido de estas guías y protocolos, y adaptándolas a los avances de la investigación científica.

 

Además la formación sobre detección e intervención a los profesionales (juristas, policías, sanitarios, trabajadores sociales, etc.) que tratan con víctimas de violencia de género es vital para evitar la victimización secundaria de la mujer en el contacto con la administración, (entendida como la revictimización de la mujer por el trato que recibe de aquellos que las asisten y que desconocen las necesidades y particularidades de este tipo de víctimas.)

 

La prevención terciaria en violencia de género se fundamenta en la recuperación de la víctima para que vuelva a la situación anterior al maltrato en la medida de lo posible, y la rehabilitación del victimario, para evitar que la violencia se extienda al resto de miembros de la familia, que no vuelva a incurrir en la violencia con su pareja (si es que se retoma la relación) o con nuevas parejas, y para impedir la transmisión intergeneracional de la violencia (ser testigo de violencia de género en la infancia es un factor de riesgo para repetir conductas en el futuro, según Enrique Echeburúa), los niños podrán ser maltratadores y las niñas víctimas de maltrato, dependiendo de su capacidad de resiliencia. Por eso no se entiende la reticencia de algunos sectores a llevar a cabo este tipo de iniciativas.

 

En cuanto a la intervención con la víctima, debe ir encaminada a paliar las secuelas del maltrato (estrés postraumático, conductas evitativas, depresión, ansiedad, etc.). En lo que se refiere al agresor, hay que decir que éste es el único responsable del maltrato y, sin embargo, no hacemos lo suficiente para inhabilitar esta variable, ni en inversión económica, ni en el carácter científico de la intervención con condenados por violencia de género, que debería hacerse desde un punto de vista integral e individualizado, teniendo en cuenta todos los factores que han intervenido en una agresión e individuo concretos, dado que cada caso de violencia es distinto. Los habrá incluso en los que no tenga ninguna influencia el género de los implicados y no precisen trabajar la modificación de distorsiones cognitivas relativas a roles sexuales (asignación de comportamientos, características a un determinado género). Los habrá que tengan su origen en psicopatologías, adicciones, etc.

 

Insistimos en este punto en la necesidad de modificar la jurisprudencia del Tribunal Supremo a la hora de considerar toda agresión de un varón a su pareja sentimental mujer como violencia de género, pues si no se hace, y en relación con este extremo, se estará obligando a condenados por maltrato a participar en programas formativos contra la violencia de género (para suspenderles la pena de prisión según artículo 83.6 C.P.) por unos hechos que nada tengan que ver con la violencia de género, y distintos de la intervención que realmente necesitan. Desde el punto de vista económico supondría malgastar los escasos recursos en la lucha contra este problema, y desde el punto de vista criminológico una estafa, dado que los resultados de los programas de rehabilitación estarán falseados.

 

Actualmente se lleva a cabo el programa PRIA que incide básicamente en las distorsiones cognitivas respecto al género (actitudes sexistas) y mejorar las habilidades sociales del sujeto (uso de la violencia para la resolución de problemas, el manejo de la ira, falta de empatía, etc.). Pues bien, contrariamente a lo que se cree, el éxito de estas intervenciones es alto, como muestran los resultados de un estudio llevado a cabo por el Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid. Solo un 6,8% de los usuarios del programa (n=678) reincidieron durante los 5 primeros años.

 

Para minorar la violencia de género hay que ser proactivos y llevar a cabo actuaciones de prevención del problema. Las cuales, como hemos visto, van más allá de la educación. Aunque se ha mejorado la actuación de la administración, todavía hay mucho margen de mejora en la prevención de la violencia de género en sus tres niveles de actuación. Además es necesario aplicar una intervención científico-criminológica en materia de política criminal no sujeta a ideología, esto es, que se lleve a cabo independientemente del signo politico del gobierno de turno. Y por último, dicha estrategia debe estar dotada presupuestariamente para poder ejecutarse. Lo demás es palabrería. No sustituyamos la política criminal por política.

 

 

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