¿Donde están mis escaños?

30/10/2019

 

 

Crissy Jarvis @crissyjarvis

 

El próximo 10 de noviembre España celebrará (de nuevo) elecciones generales tras la imposibilidad de formar gobierno en la ya extinta XIII Legislatura. Lejos quedan los tiempos donde PP y PSOE conseguían más del 80% de los votos y sobre el 90% de los escaños en el Congreso de los Diputados. Con tres partidos competitivos en el bloque de la derecha (PP, Cs y Vox) y tres por el bloque de la izquierda (PSOE, Unidas Podemos y Más País) además de un número considerable de PANEs (Partidos de Ámbito No Estatal), pequeñas diferencias en votos pueden comportar importantes cambios en escaños.

 

En este contexto, aparecen (de nuevo) severas críticas al sistema electoral español. Acusaciones en relación a que dificulta la gobernabilidad, que es poco proporcional, que favorece los partidos nacionalistas, que aleja la política de los ciudadanos… ¿Es esto cierto? ¿Es tan fiero el león como lo pintan? En este artículo vamos a intentar responderlo.

 

Para entender de qué hablamos cuando nos referimos a los sistemas electorales, recomendamos al lector que eche un vistazo a la serie sobre los mismos publicada en esta revista. El sistema electoral español es de tipo proporcional para el Congreso de los Diputados (caso aparte es el Senado), es decir, busca que la representación en escaños del parlamento se asemeje a la distribución de votos que ha realizado la ciudadanía en esa elección. Ya comentamos que en el caso de los sistemas proporcionales esto suele generar una mayor presencia de partidos en el parlamento, lo que puede llevar a dificultar la gobernabilidad de un país. Ahora bien, esta proporcionalidad puede resultar más o menos ajustada.

 

El sistema electoral es pues en esencia un sistema redistributivo, esto es, toma los votos emitidos y los convierte en escaños. Es en este proceso donde se pueden producir desajustes de mayor o menor medida, que favorezcan unos partidos u otros. A menudo se señala a la "Ley d’Hondt” como la culpable de una pérfida manipulación, ley creada en el siglo XIX por el matemático belga que le da nombre. Bien, lo cierto es que por mucho que uno guste de mirar a Bélgica para buscar los culpables de los problemas de la patria, el susodicho matemático es inocente. La “Ley D’Hondt” no es tal ley, sino en realidad una fórmula matemática para realizar la redistribución de votos a escaños. Existen otras fórmulas (Hare, Saint-Lague…) algunas de las cuales tienen unos efectos un poco más proporcionales, pero esto es peccata minuta. El desajuste en la desproporción no se produce principalmente por la fórmula D’Hondt.

 

¿Cuál es pues el culpable de la desproporción existente? Ni más ni menos (redoble de tambores) que el tamaño de las circunscripciones (tal y como tantas veces se ha repetido sin demasiado éxito). Aquellas circunscripciones que reparten pocos escaños son, por naturaleza, poco proporcionales. Ceuta y Melilla escogen solo un escaño cada una, de modo que son distritos uninominales, como los propios de un sistema mayoritario. El siguiente ejemplo siempre citado es el de Soria, que solo reparte 2 escaños, de modo que los votos a todo el que no sea el primer o segundo partido más apoyado se perderán irremediablemente. A partir de aquí encontramos un número nada desdeñable de distritos que reparten 3 (Ávila, Palencia, Zamora, Segovia, Teruel, Huesca, Cuenca y Guadalajara ), 4 (Burgos, León, Salamanca, Lleida, Cáceres, Lugo...) o 5 escaños (Valladolid, Castellón, Huelva, Jaén...), donde los votos a los partidos pequeños nunca o casi nunca encontrarán representación. A partir de los 6 (Almería, Córdoba, Girona, Tarragona...) o 7 escaños (Granada, Zaragoza, Pontevedra...) en adelante, la proporcionalidad del reparto empieza a funcionar razonablemente bien. Sin embargo, el número de circunscripciones que reparten 5 escaños o menos escaños en España es considerable (el 54%), y de ahí que la desproporción se produzca en un número elevado de territorios y su efecto se haga notable en el reparto de escaños.

 

Los problemas no acaban con el sesgo mayoritario que acabamos de describir. Siguiendo con la lógica propia de un sistema proporcional, cada territorio reparte un número de escaños acorde a su población, de manera que las provincias más pobladas reparten el mayor número de escaños y las menos pobladas el menor. Esto se conoce como el prorateo (persiguiendo así que los votos “valgan lo mismo” en todos los distritos). Sin embargo, este reparto no es del todo exacto, pues las diferencia en el número de escaños asignados debería ser todavía mayor para ser del todo proporcional. En realidad, si bien hemos visto que los distritos más pequeños reparten pocos escaños, todavía deberían repartir menos (o alternativamente, los distritos grandes muchos más aún) para ajustarse bien a su peso poblacional. Este desajuste se conoce como malapportionment y cabe mencionar que tiene una justificación normativa en cuanto a la necesidad de sobrerrepresentar territorios que de otro modo quedarían frecuentemente olvidados en el debate político. Es, si se quiere, un mecanismo más para proteger a determinadas minorías territoriales, típicamente el mundo rural para el caso español. El ejemplo más extremo es que los 2 escaños ya mencionados de Soria costaron a PSOE y PP alrededor de unos 15.000 votos cada uno en las elecciones de abril, mientras que en Madrid el escaño les costó unos 100.000 votos. Además, vemos que hay una importante varianza entre el número de escaños que reparten los distritos: desde los 1 a 6-7 comentados anteriormente hasta los 12 de Alicante o Sevilla, los 15 de Valencia, los 32 de Barcelona y los 36 de Madrid, lo que refuerza todavía más estas diferencias entre cómo funciona el sistema en cada distrito.

 

El prorateo y la varianza no serían un problema tan grave si los ciudadanos de todas las provincias votaran de forma similar entre ellas, pero sabemos que esto no es así. El malappointment favorece a aquellos partidos con mayor apoyo en los distritos sobrerepresentados (los pequeños y que además tienen el problema de la proporcionalidad), pues acaban necesitando menos votos para obtener escaños. Por contra, aquellos partidos con menor implementación en provincias poco pobladas deberán concentrar sus esfuerzos en sacar escaños en los distritos más grandes y proporcionales, donde como hemos visto también es necesario obtener más votos para sacar acta de diputado. Algunos han comparado esta situación con la del archienemigo de Robin Hood, el Sheriff de Notthingham: robar a los pobres para repartirlo a los ricos. Huelga decir que esta realidad propicia un conjunto de incentivos perversos a la hora de hacer campañas o concentrar esfuerzos y recursos.

 

Ahora que ya tenemos la “pistola humeante”, cabe preguntarse sobre los efectos de este sistema electoral. Empezábamos el artículo con una serie de lugares comunes sobre a quién beneficiaba y perjudicaba. ¿Eran ciertos? Originariamente, el gran beneficiado fue la UCD de Adolfo Suárez (de hecho, algunos autores apuntan que su diseño fue hecho como un traje a medida para obtener mayoría absoluta). Posteriormente, los grandes beneficiados fueron el PP y el PSOE. Su porcentaje de escaños siempre ha sido significativamente superior al de su porcentaje de voto obtenido.

 

A su vez, los grandes perjudicados han sido los partidos pequeños de ámbito estatal, como fue el CDS en su día, Izquierda Unida, UPyD, o actualmente Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox. El caso más flagrante es el PACMA, que a pesar de haber obtenido un número de votos muy superior a algunos PANEs en distintas elecciones, nunca ha obtenido una acta de diputado. Y es que en la política española no basta con obtener muchos votos para entrar al Congreso, también hay que tenerlos bien puestos (en las circunscripciones).

 

Así pues, ¿están los PANEs sobrerepresentados en la política española? En contra de lo que se suele afirmar, esta sobrerepresentación no existe, o solo aplica en algunos casos de forma muy ligera. Atendiendo a los datos de las elecciones de abril de 2019, la desviación del porcentaje de escaños de los PANEs respecto a su número de votos es de apenas unas décimas. La siguiente tabla muestra las desviaciones en las elecciones de abril que corroboran lo aquí argumentado. Si analizaramos los resultados de anteriores elecciones, el patrón sería muy similar.

 

En este punto cabe hacer un matiz importante. Si bien es cierto que, tal y como hemos dicho, el sistema perjudica a los partidos pequeños de ámbito estatal, unas pocas variaciones en el apoyo a un partido puede suponer un importante cambio en el número de escaños. Véase a modo de ejemplo el caso de Ciudadanos. En 2016, obtuvo el 13,05% de los votos y 32 escaños, esto es, un 3,9% menos de lo que le correspondería si el sistema fuera perfectamente proporcional. En 2019, obteniendo solo un 2,8% más de votos, obtuvo 25 escaños más, lo que le supuso pasar a una desviación favorable de +0,43. Un ejemplo similar a la inversa se podría exponer para el caso de Unidas Podemos. Es pues obvio que el sistema tiene importantes desajustes, pero no deja de ser el mismo sistema con el que PP y PSOE antaño obtenían sobre un 90% de los escaños y en 2019 ni siquiera llegaron al 55%, entrando en el Congreso otros tres partidos de ámbito estatal con un número importante de escaños.

 

Para finalizar, queremos comentar brevemente la cuestión sobre si el sistema electoral español es el más idóneo para acercar la política a la ciudadanía. Algunas voces defienden que no lo es y que la solución pasaría por solucionar estos problemas de proporcionalidad, abrir las listas, garantizar que gobierne el partido más votado (elemento propio de los sistemas mayoritarios, no proporcionales), etc. Si bien hay buenos argumentos para defender estos cambios, su capacidad para mejorar las percepciones ciudadanas sobre la política no parecen muy sólidas. A nivel comparado existe una gran variedad de sistemas y la evidencia empírica no sugiere que haya un modelo que comporte unos mayores resultados en este sentido. Nada parece indicar que el desinterés, la desafección y la insatisfacción con la política se puedan remediar con un mero cambio de sistema electoral, pues se trata de un fenómeno mucho más complejo. Esto no quita, sin embargo, que haya otras buenas razones para acabar de una vez por todas con el Sheriff de Nottingham.

 

 

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