Juzgando la sentencia del prusés

 

El pasado miércoles 16, en la que iba a convertirse en la tercera jornada de fuertes disturbios en Cataluña, acudíamos al evento que organizaba Ctxt en el Convent de Sant Agustí de Barcelona para discutir la sentencia de los presos independentistas catalanes. A celebrar, claro está, la reunión de ponentes de prestigio para enfrentar de manera cívica los problemas sociales: dialogando serenamente. A criticar la falta de discrepancias de relieve entre los profesores escogidos pues, como veremos, todos compartían los puntos más importantes del análisis jurídico. Habría sido más constructivo si la organización hubiera apostado por una mayor diversidad de opiniones.

 

Abría el turno de intervenciones Mercedes García Arán, Catedrática de Derecho Penal en la UAB. A su parecer, cabía una sentencia mucho más indulgente y ajustada a Derecho, obtándose finalmente por las interpretaciones más duras y forzadas. Donde ella veía disturbios, desórdenes públicos, y desobediencias, el Supremo vió sedición. Con todo, la profesora aclaraba: no se ha condenado la declaración de independencia, ni la celebración de un referéndum. A los 9 condenados se les castiga por instigar, organizar y dirigir la sedición (además de malversar, en el caso de los políticos). Sin embargo, y en su opinión, el concepto de “alzamiento público y tumultuario” –una de las condiciones del delito de sedición- bajo el que se ha subsumido su comportamiento es muy indeterminado, y por ende, criticable desde los principios que deben regir el Derecho Penal. Es más, a su parecer, el orden público –el bien jurídico que la sedición ataca- quedaría adecuadamente protegido por otros tipos penales como la resistencia a la autoridad o los desórdenes. De este modo, la sedición sería así un tipo, además de pobremente definido, redundante, algo que, dada la dureza de sus penas, sería doblemente criticable.

 

Asimismo, la coautoría generalizada de todos los condenados en el delito de sedición despertaba en García Aran serias dudas. Por ello se criticó la debilidad del título de imputación con el que se cargaba a los condenados por lo sucedido el 20S y el 1O, pues el modo exacto en que los actos de cada uno de ellos provoco los distintos altercados no era claro. Sí, existía un plan común para presionar al Estado –decía la profesora- pero ¿de qué modo ello faculta al Tribunal para responsabilizar a unos políticos de los actos libres de miles y miles de personas?

 

En cuanto a la malversación también adelantaba la que iba a ser la visión general: la actividad probatoria destinada a fundamentar esa condena fue más bien pobre. Se condenó a varias personas por tratar los caudales públicos de manera desleal sin conseguir individualizar quién gastó qué de manera precisa. 

 

Una aclaración final cerraba su intervención: contrariamente a lo que se ha oído y escrito estos días, el indulto de los presos no requiere que este sea solicitado personalmente por los mismos ni tampoco que muestren su arrepentimiento. Asimismo, tampoco supone una descalificación del Tribunal sentenciador, sino la consideración que, en base a criterios políticos o de oportunidad social, convendría perdonar la pena impuesta, con independencia y sin perjuicio de que, desde el punto de vista jurídico, tal condena fuera intachable.

 

En segundo turno lo ocupó José Luis Martí, profesor de filosofía del derecho en la UPF, y posiblemente el ponente que dedicara críticas más enérgicas contra la sentencia. Y es que, si bien celebraba que no se hubiera condenado por rebelión -lo que, a su parecer, hubiera sido un escándalo internacional-, no veía de qué modo podía construirse la sedición. Injusta y jurídicamente equivocada, decía Martí.

 

Empezaba su análisis destacando el tono fuertemente defensivo de la sentencia, que dedicaba más de cien páginas en justificar el escrupuloso respeto por las garantías procesales y los derechos fundamentales de los acusados. De acuerdo con Martí, el Tribunal Supremo se estaría cubriendo las espaldas ante posibles recursos ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cortes de cognición limitada –i.e no se valoraría la prueba, ni la interpretación del tipo, sino solo el respeto a determinados derechos internacionalmente protegidos.

 

El punto central de su intervención fue la crítica a la interpretación hecha del delito sedición, que consideraba muy extensiva y, por tanto, ilegítimamente limitadora de los derechos de manifestación y protesta. Como ya había apuntado en artículos previos, Martí destacaba que, de optarse por la interpretación escogida, entonces multitud de protestas no violentas a las que estamos acostumbradas también deberían ser consideradas sediciosas. El caso de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) y sus movilizaciones contra los desahucios fue el ejemplo más repetido. Es más, que esta interpretación sentaría un precedente muy peligroso de criminalización y desaliento de los movimientos contestatarios.

 

Sin embargo, como este había sido un argumento repetido en los meses previos a la sentencia el Supremo había dedicado unas pocas líneas a responderlo: “Una oposición puntual y singularizada excluiría algunos ingredientes que quizás podrían derivarnos a otras tipicidades. Pero ante ese levantamiento multitudinario, generalizado y proyectado de forma estratégica, no es posible eludir la tipicidad de la sedición.” Ahora bien, decía Martí, si esta es la razón con que distinguir la sedición de otro tipo de desórdenes menores, entonces –argumentaba- hechos puntuales y circunscritos a una localización tan concreta como los sucedidos el 20S no podrían ser descritos como sedición.

 

Tal y como harían los demás ponentes, Martí expuso sus dudas sobre la autoría de los hechos: el modo exacto con el que se imputaba lo sucedido el 20S y el 1O a los condenados le parecía muy pobremente argumentado. Muy especialmente en lo que respecta a Carme Forcadell, dado que su papel de dirección en todo lo sucedido –el control del hecho y de las masas, según la teoría de la autoría acogida por el Supremo- era muy tenue. En este sentido, se preguntaba: ¿de verdad existió una diferencia sustancial en el comportamiento de, por ejemplo, Santi Vila y cualquiera de los acusados que justificara el trato tan distinto que finalmente recibieron? ¿Qué justifica que a unos sí se les considerase inductores de la sedición pero no a los otros?

 

Concluía el profesor destacando la importancia de ser especialmente restrictivo a la hora de criminalizar o limitar el ejercicio de las protestas no violentas, incluso cuando estas pudieran llegar a impedir según qué actuaciones. Como más amplia sea la sedición, cuantas más acciones quepan en ese concepto, menos cabrán en el de manifestación.

 

El tercer turno lo ocupó el catedrático de Derecho Procesal de la UB Jordi Nieva. En su opinión, se trataba de una sentencia técnicamente muy pobre hasta el punto de afirmar que no habría respetado la presunción de inocencia de los distintos acusados. Hablando del 20S plantaba que, si no hubo heridos ni detenidos, entonces había serias dudas para hablar de sedición. Y en relación a los hechos del 1O destacaba que, a su entender, la violencia que pudo darse entre los votantes era, principalmente, de tipo defensivo ante las actuaciones policiales, más no un ataque directo.

 

En este sentido, señalaba una cuestión particularmente curiosa: que la declaración de hechos probados parecía ir encaminada a justificar una rebelión y, sin embargo, se acaba condenando por sedición. Recordemos que, de acuerdo con la sentencia, si bien existió violencia en movimientos por lo general cívicos y pacíficos, la rebelión se descarta por considerar que esta violencia no se encamina a ninguno de los fines prohibidos por el código penal, sino más bien, a servir como medida de presión al Gobierno español para que se avenga a negociar con el independentismo.

 

Como ya había avanzado en su artículo al respecto, Nieva señalaba que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la interpretación que se haga de las normas penales debe ser previsible para los destinatarios de los mismos. Y que, en caso contrario, en caso de retorcer demasiado los conceptos e imposibilitar que la población anticipe las consecuencias legales de sus actos, no habría lugar para las condenas.

 

Cerraba el turno de intervenciones Judit Gené, abogada de diversos de los acusados. Su intervención se focalizó menos en lo técnico, y a cambio incidió más en lo que podríamos denominar la intrahistoria del juicio. De qué modo sus clientes conocieron las acusaciones, cómo interrogaba Fiscalía durante la instrucción o el modo en que sus acusados encajaban emocionalmente la conclusión del proceso.

 

En este sentido, destacó lo que, a su parecer, era una falta de rigor jurídico en el abordaje del asunto, estando muchas de las acusaciones llevadas por la gravedad de los hechos y no tanto por su encaje efectivo en un tipo penal. Asimismo, y de acuerdo con la letrada, era habitual que Fiscalía identificara el compromiso político independentista con unas leyes, acciones o propuestas inconstitucionales –leyes de desconexión, declaraciones de independencia etc.- con la violencia, incluso cuando las mismas fueran a vehicularse de forma pacífica. Sin embargo, qué pudiera considerarse violencia según el más alto intérprete del Código Penal fue algo que, en su opinión, no pudo llegarse a saber ni tras leer la sentencia con detenimiento.

 

Ahora bien, preguntaba Gené, si tal y como se defendió a lo largo de toda la instrucción y por todas las acusaciones (hasta el cambio de Abogado del Estado) la presencia de violencia era clara, ¿cómo es que el Gobierno no tomó ninguna medida especial –como declarar el estado de excepción-, o cómo es que no hubo prácticamente daños ni detenidos? Difícil no hacer lecturas políticas, según su parecer.

 

La abogada cerraba su intervención retomando puntos anteriores y coincidiendo con sus compañeros: esta sentencia sienta un importante precedente en la criminalización de los movimientos de protesta y manda un mensaje muy claro a sus organizadores. Cuidado con lo que hagan aquellos que hayas convocados pues podrían responsabilizaros por ello.

 

En definitiva, imperó en la sesión una generalizada visión crítica con la sentencia, en especial en relación al encaje de los hechos acontecidos el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017 con el delito de sedición, la concepción de la violencia supuestamente sucedida y las implicaciones que puede tener su interpretación en el ejercicio del derecho fundamental a manifestación. No cabe duda que la presencia de profesionales más favorables a lo argumentado por el Tribunal o incluso partidarios de una pena superior hubiera enriquecido un debate que se centró más bien en matices. En cualquier caso, a tenor de lo manifestado por las defensas y los disturbios sucedidos en Barcelona durante esta semana, parece evidente que la controversia jurídica y política derivada del conflicto catalán está lejos de haber terminado.

 

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