A diez años de la crisis financiera global: ¿estado de excepción económico?

05/10/2019

History in HD @historyhd


Desde los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 (en adelante 11-S) y la crisis financiera de 2008, la categoría estado de excepción ha comenzado a describir con mucho acierto la configuración del derecho y la política mundial. Y es que, como se verá, esta condición ha sido empleada de manera recurrente por gobiernos e instituciones internacionales para dictar una serie de políticas que restringen de manera considerable no sólo el contenido de los derechos y libertades individuales, sino también los derechos sociales, tales como la vivienda, la salud y la educación. El objetivo del presente artículo es reflexionar, a poco más de 10 años de la última crisis financiera, sobre algunas de las técnicas jurídicas y económicas mediante las cuales se afrontó la crisis a la luz de la teoría del estado de excepción.

 

En primer lugar, cabe aclarar que, si bien el ámbito del estado de excepción se limita, en principio, al funcionamiento de los sistemas jurídicos en aquellas situaciones en que un Estado se enfrenta a situaciones extremas –guerras civiles, graves problemas de orden público, etc.– en el contexto de la última recesión diversos autores lo han utilizado para dilucidar la lógica del capitalismo neoliberal.

 

El filósofo que colocó el término en el centro de la discusión filosófica contemporánea fue Giorgio Agamben, quien calificó a la situación geopolítica inmediatamente posterior a los acontecimientos del 11-S como un estado de excepción permanente y que constituía el  “el paradigma dominante en la política contemporánea”[1]. Como dijo el por entonces Presidente norteamericano George Bush en una arenga el 29 de enero de 2002, Occidente se enfrentaba al “eje del mal” compuesto por ciertos Estados y aliados terroristas que amenazaban la paz, la seguridad y la libertad. El discurso oficial esgrimido por el Gobierno de Estados Unidos se basó en un maniqueísmo absoluto por el que se presentó a Occidente como el Bien que tenía frente a sí al Mal, es decir, el terrorismo[2]. De este modo, y después de los atentados, el Presidente norteamericano proclamó el estado de emergencia nacional (Proc. 7463, Declaration of National Emergency by Reason of Certain Terrorist Attacks) y se desató, de manera inequívoca, un modelo de derecho penal de autor: el castigo punitivo a determinadas personas por su calidad individual –terroristas– y no por los hechos ilícitos que, eventualmente, hubiesen cometido. El ejemplo legislativo paradigmático a través del cual se instauró este modelo fue la USA Patriot Act sancionada por el Congreso de Estados Unidos en octubre de 2001, que le otorgó la facultad al FBI de detener a inmigrantes sospechosos que representen un peligro para la seguridad de Estados Unidos y permitía a la Agencia de Seguridad Nacional interceptar líneas telefónicas y correos electrónicos de los ciudadanos estadounidenses sin autorización judicial previa.

 

Ahora bien, independientemente de la declaración explícita del estado de excepción, desde el 11-S las sociedades occidentales han asistido a una generalización sin precedentes del paradigma de la seguridad. Tal como apunta Agamben, la “creación voluntaria de un estado de emergencia permanente (aunque eventualmente no declarado en sentido técnico)”[3] constituye una de las prácticas cotidianas de los Estados contemporáneos. Por ello, es necesario detenerse por un momento en el uso del adjetivo “eventual”, ya que no es trivial, pues permite comprender una serie de ejercicios, prácticas y técnicas políticas, militares, policiales y administrativas que comparten ciertas características con los que se ejecutan en un estado de excepción pero que, en el plano estrictamente formal, no existe una declaración al efecto.

 

En tanto, desde la crisis de 2008 uno de los terrenos en los cuales la lógica de la excepcionalidad se ha expandido es la economía. Autores como Slavoj Zizek[4], Ulrich Beck[5] o Joan Ridao[6] han hablado de un “estado de excepción económico” para calificar la respuesta gubernamental con la que se afrontó la crisis. Después de décadas del Estado de Bienestar, caracterizado por la redistribución de la riqueza y con recortes de gastos limitados o extraordinarios, un examen atento de la crisis sugiere que la economía mundial vivió en una especie de estado de excepción. En opinión de Zizek, la recesión se  convirtió en “permanente”, se volvió “una constante” y “un modo de vida.”[7] En este panorama, los Estados, la Unión Europea y organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y el Banco Mundial, impulsaron una serie de medidas económicas destinadas al recorte de prestaciones sociales y congelación de salarios mínimos, rescate de los bancos, privatización de empresas públicos y, fundamentalmente, ajuste del gasto público. En España, el Gobierno aprobó un recorte contundente del gasto público en educación y sanidad de 10.000 millones de euros (3.000 millones de educación y 7.000 millones en sanidad), se inició el proceso de privatización parcial de Loterías del Estado y de los aeropuertos de Barajas y el Prat, se ejecutó el plan de austeridad de 2010, que congeló las pensiones contributivas para 2011 y redujo un 5% el salario de todos los funcionarios. Después de las reformas iniciadas en 2010, a lo largo de los dos años siguientes la remuneración real de asalariados cayó un 14,8% y situó a España en el segundo país de la Unión Europea donde más habían caído los salarios por detrás de Grecia con un descenso del 30,9%.

De cualquier modo, la excepcionalidad económica no es reciente, sino que tiene sendos antecedentes durante el siglo XX. Señala Agamben que, apenas finalizada la Primera Guerra Mundial, en la cual la mayoría de los Estados habían declarado el estado de excepción, la utilización continua de decretos por parte del Poder Ejecutivo comenzó a regir la totalidad de la actividad económica de la nación. Así pues, en este período histórico es significativo que “la emergencia militar cediese el puesto ahora a la emergencia económica, con una implícita asimilación entre guerra y economía.”[8] En aquel entonces, los Jefes de Estado requirieron a los parlamentos plenos poderes en materia financiera sin sujetarse a los trámites legislativos propios del Estado de Derecho. En Francia, esto ocurrió en el gobierno de Poincaré, de Laval y de Daladier; en Alemania durante 1920 y 1930 se dictaron más de 250 decretos de necesidad y urgencia, entre ellos para afrontar la devaluación del marco –pues conviene recordar que la República de Weimar vivió, año tras año, bajo una inflación que no cesaba de crecer– y en Estados Unidos toda la arquitectura jurídica del New Deal con la cual se combatió la Gran Depresión se hizo mediante la delegación de poderes extraordinarios del Congreso al Presidente Roosevelt.

 

Volviendo a la gestión de la última crisis, es oportuno señalar que las medidas de ajuste generaron oleadas de protestas por parte de la ciudadanía en las plazas de España, Irlanda, Portugal, Italia, Grecia y otros países europeos. La reacción estatal consistió en un contundente aumento de la represión policial. El caso de España es especialmente relevante y claro, pues cabe señalar que la respuesta institucional al descontento social fue, entre otras, la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana que tuvo como objetivos neutralizar la actuación de los movimientos políticos surgidos del 15-M a fin de asegurar el orden público. Así, a más de los recortes en las prestaciones sociales –por el ajuste del gasto–, la actuación gubernamental implicó el aumento desmedido de los poderes de las fuerzas de seguridad y la consiguiente contracción de las libertades individuales, tales como el derecho de reunión, la libre asociación y la libertad de expresión. Entre las medidas que consagró dicha Ley, fue tipificar como infracción grave el comportamiento impreciso de causar “la perturbación de la seguridad ciudadana” en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, o que exista una “perturbación grave” que se produzca en ocasión de manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas (36.2), o la potestad de los agentes de realizar registros corporales externos (20.1), donde se estableció que podrá practicarse el registro corporal externo “cuando existan indicios racionales para suponer” que puedan conducir al hallazgo de instrumentos u objetos, facultades que le otorga a las Fuerzas de Seguridad un amplio abanico de poder discrecional.

 

Igualmente, en el proceso de crisis los técnicos ostentaron una posición fundamental al momento de tomar decisiones. Así, para la resolución de la misma los organismos supranacionales instaron el ingreso de expertos y tecnócratas en los gobiernos de los países europeos. Pensemos en el caso de Italia y el equipo de Mario Monti, o en el de Grecia con el Primer Ministro Lukas Papademos. Ambos estuvieron encargados de aprobar y cumplir las medidas económicas urgentes que necesitaron dichos países para el rescate de la Unión Europea. En opinión del filósofo italiano Geminello Preterossi, esta situación implicó una especie de “estado de excepción tecnocrático”, toda vez que, en el nombre de la técnica y el discurso competente, los gobiernos se enfrentaron ante una única salida: sin alternativas posibles al orden neoliberal imperante, la respuesta fue el ajuste del gasto público y el aumento de la deuda.

 

En este contexto, la excepcionalidad económica guarda íntima relación con la jurídica, puesto que la forma en las que se materializan estas medidas económicas es a través de leyes especiales, decretos de urgencia y reformas constitucionales a medida, como la de España en 2011. El procedimiento del caso español es esclarecedor para ilustrar este proceso. La reforma, que constitucionalizó el concepto de estabilidad presupuestaria (artículo 135) y que el pago de la deuda pública fuese absolutamente prioritaria, se canalizó por el trámite de urgencia. Además, la deliberación y el diálogo parlamentario fueron mínimos, sin que se le preguntara a la ciudadanía mediante referéndum acerca de la conveniencia, necesidad y oportunidad de la reforma, debido a que los partidos políticos que la impulsaron –PSOE y PP– no lo solicitaron[9]. Como se observa, fue una reforma diseñada desde los vértices del poder y a espaldas a la ciudadanía.

 

El problema en la actualidad radica en que continuamente se imponen nuevas medidas de emergencia económica. A principios de 2019, el Presidente norteamericano ha declarado la emergencia económica con el fin de disponer de partidas presupuestarias extraordinarias –ocho mil millones de dólares– para la construcción del muro en la frontera con México, bajo la razón de que Estados Unidos se enfrenta a “una invasión de inmigrantes, de bandas criminales y narcotraficantes”[10]. Por otra parte, desde enero de 2016 hasta la actualidad, Venezuela ha transitado un permanente estado de excepción económica, declarándose 13 de prórrogas de emergencia. En el caso de Argentina, desde el año 2001 hasta el 2017 permaneció bajo emergencia económica, conservando el Presidente una serie de facultades jurídicas exorbitantes para regular la economía sin intervención alguna del Congreso o, cuando menos, éste se limitó a ratificar los decretos-ley del Poder Ejecutivo. Por último, el 03 de octubre de 2019 Ecuador declaró el estado de excepción por las masivas protestas generadas por la eliminación de los subsidios al combustible (que disparó el precio a un 123 % más)[11], lo que demuestra, una vez más, que se utiliza el estado de excepción como respuesta para neutralizar el descontento social originado por impopulares medidas económicas y suspender los derechos y libertades fundamentales.

 

En conclusión, un análisis jurídico y económico de la gestión de la última crisis financiera mundial habilita a hablar de ciertas prácticas, herramientas y técnicas que difícilmente se adapten a los mecanismos propios de los Estados constitucionales de Derecho. Antes bien, la respuesta del 11-S y de la recesión financiera se basó en medidas características de los estados de excepción. Al mismo tiempo, dichas medidas estuvieron alejadas en extremo de los anhelos, las voluntades y las esperanzas de la mayoría de las poblaciones (sobre todo las del sur del continente), como demostraron las enérgicas protestas a lo largo y a lo ancho de las plazas en las principales ciudades europeas, o como se observó en Ecuador con la insatisfacción social producida por el severo ajuste del gasto público.

 

 

 

[1] Agamben, Giorgio, Estado de excepción. Homo sacer II, 1, Pretextos, Valencia, 2004, p. 11.

 

[2] Para un análisis agudo y riguroso de los acontecimientos del 11-S bajo la perspectiva maniquea, es imprescindible el libro de Richard Bernstein El abuso del mal. La corrupción de la política y la religión desde el 11/9, Katz, Buenos Aires, 2006.

 

[3] Agamben, ob. cit., p. 11.

 

[4] Zizek, Slavoj, “Un permanente estado de excepción económica”, New Left Review, Núm. 64, 2010, pp. 80-89.

 

[5] Beck, Ulrich, “Estado de excepción económico”, El País, 29 de octubre de 2008.

 

[6] Ridao, Joan, “Estado de excepción económica permanente”, El País, 26 de noviembre de 2011.

 

[7] Zizek, Slavoj, Ibíd.

 

[8] Agamben, ob. cit., p. 43.

 

[9] El punto 3 del artículo 167 de la Constitución Española dispone que la reforma será sometida a referéndum cuando una décima parte de los miembros de Diputados o Senadores así lo soliciten.

 

[10] “Trump declara una emergencia nacional para construir el muro con México”, El País, 19 de febrero de 2019, disponible en https://elpais.com/internacional/2019/02/15/actualidad/1550242039_627838.html.

 

[11] “Ecuador decreta el estado de excepción ante el alza del precio de los combustibles”, El País, 03 de octubre de 2010.

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