Prisión permanente revisable: porqué es (claramente) constitucional

Matthew Ansley @ansleycreative

 

 

La impresión que uno se lleva tras ojear los comentarios en redesprensa (digital) cuando se publica la comisión de un crimen grave y sonado es, con pocas excepciones, la misma: sangre, el pueblo pide sangre. Cualquiera que sea la pena impuesta son muchos los que la consideran excesivamente laxa. ¿Es así realmente? Difícil saberlo con seguridad. Al fin y al cabo, el perfil de persona que se siente inclinada a comentar en Internet es uno en particular. Además, es probable que, de entre los anteriores, aquellos con una visión menos encendida se limiten a mantenerse callados. Igualmente, faltaría saber cuántos de ellos apostarían por este endurecimiento si conocieran, por un lado, el efecto real que tendría a nivel de seguridad –más bien modesto, o incluso practicamente nulo- así como la dureza real de la cárcel, tantas veces percibida como “que no es para tanto”. ¡Menuda sandez! Con todo, lo cierto es que, de acuerdo con el CIS, la mayoría de los españoles estarían por un endurecimiento de las penas y en favor de la Prisión Permanente Revisable (en adelante ‘PPR’).

 

Sea como fuere, lo que sí sabemos es que, desde la incorporación de la PPR en España allá por el 2015, las críticas por parte de la doctrina penalista mayoritaria se han seguido sin interrupción. El manifiesto firmado por más de cien catedráticos de Derecho Penal que se ha erigido en su contra da buena muestra de ello. La idea general por parte de los críticos consistiría en que una pena de esta naturaleza sería, además de inútil, inconstitucional e impropia de un Estado de Derecho. Una bajeza antidemocrática destinada, no a mejorar nuestras sociedades, sino a saciar esa sed de venganza tan (aparentemente) común. ¿Es así realmente? A responder esta pregunta he dedicado este libro: “Prisión Permanente Revisable. Una defensa de su constitucionalidad en tanto que pena de liberación condicionada” (ed. JM Bosch, 2019). Con ello pretendo ofrecer mi heterodoxa perspectiva al respecto, con la intención de mostrar al lector que, en contra del consenso casi unánime, la constitucionalidad de la PPR es, no solo defendible, sino la interpretación más razonable. La tesis podría ser resumida del siguiente modo: la PPR se distingue con claridad de la cadena perpetua y de ningún modo puede ser descrita como un eufemismo de la misma. Al contrario, se trata de una institución penal original que debería comprenderse como una pena de liberación condiciona.

 

Se trata de un libro breve y –creo- accesible a cualquiera interesado en la cuestión. Las primeras páginas son de tipo descriptivo y se dedican a detallar sucintamente la historia de las penas perpetuas en España, la regulación actual de la PPR, la situación en el derecho comparado más próximo de esta clase de penas, así como la jurisprudencia más relevante del Tribunal Europeo de Derecho Humanos y el Tribunal Constitucional. A partir del tercer capítulo –y consistiendo en el grueso del texto- abundo con detalle y con ánimo de exhaustividad en las muchas críticas de inconstitucionalidad dirigidas contra esta institución. ¿Cuál es mi conclusión? En mi opinión, todo aquel que se atreva a pensar sin prejuicios y analice la cuestión con serenidad descubrirá que lo que aparecería como un monstruo populista-punitivo es, en realidad, una medida perfectamente coherente con los principios y valores propios del Estado de Derecho moderno.

 

En las líneas que siguen reproduzco con apenas cambios -casi palabra por palabra- lo dicho en el libro pero, eso sí, omitiendo tantísimas cuestiones que, como es lógico, no proceden en este artículo. Invito al lector interesado a adquirir la obra para conocer más en detalle la cuestión, y a leer los argumentos caritativamente pues, como digo, se trata de un agresivo resumen en el que los matices y las respuestas a las posibles objeciones no tienen lugar.

 

Principio de humanidad de las penas

 

Dice el art. 15 de la Constitución española (en adelante 'CE') que nadie, en ningún caso, puede ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Para muchos especialistas este sería el primer escollo con el que toparía la PPR. Consideremos entonces lo siguiente: si la PPR debe ser inaceptable es porque, en aquello que la diferencia de las penas de larga duración –que sí consideramos constitucionales-, debe contenerse algún elemento genuinamente inhumano o degradante. Pues bien, ¿qué caracteriza a la PPR y la separa de otras penas de larga duración? El hecho de que la liberación del penado se condiciona al cumplimiento de determinados requisitos y no al mero paso del tiempo. De este modo, cabe plantear que si una pena X es aceptable, no deja de serlo en el momento en que su finalización se condiciona al cumplimiento de determinados requisitos razonables y adecuadamente definidos. Luego si consideramos que las penas de prisión son compatibles con el art. 15 CE, entonces seguirán siendo aceptables en el caso de que su finalización se condicione al cumplimiento de determinados requisitos razonables y adecuadamente definidos.

 

Por ejemplo, “imaginemos a un ladrón que hubiese sustraído una gran cantidad de dinero, joyas, arte etc. ¿La pena de prisión que se le impusiese se volvería inaceptable por el hecho de que se condicionase la liberación a la revelación del lugar donde escondiera su alijo (en el caso de que efectivamente existiese tal lugar)? ¿Se volvería inaceptable la pena de prisión impuesta al asesino por condicionar su finalización a que el mismo revelase el lugar donde se enterró el cadáver y así permitir que la familia pudiese darle adecuada sepultura? (p.64-65)”

 

La idea de fondo de la cadena perpetua es que existen determinados crímenes tan graves que no pueden ser perdonados de ninguna de las manera. En contraposición, el paradigma hoy imperante en el Código Penal es que todos los crímenes son suficientemente leves como para que el mero paso del tiempo enmienden los errores cometidos y le granjeen a uno el perdón social. La PPR viene a negar ambos extremos y afirma que si bien cualquier crimen puede ser socialmente perdonado, ese perdón requiere algo más que la estancia pasiva en prisión.

 

Principio de resocialización

 

Lo cierto es que, aunque la CE solo mencione uno, las penas tienen encomendados diversos fines, tal y como ha reiterado en diversas ocasiones el TC (p.ej. la STC 160/2012, de 20 de septiembre). Desgraciadamente unos y otros están en conflicto por lo que es imposible dar una máxima satisfacción de todos a la vez, de forma que solo son posibles equilibrios imperfectos.

 

Por ejemplo, si las penas solo tuviesen que servir a la prevención especial positiva entonces no existirían las cárceles y bastaría con escuelas de asistencia obligatoria. Asimismo, si solo importase la prevención general entonces cualquier menudez sería castigada con la más brutal atrocidad. Sin embargo, como también es importante la retribución es necesario que las penas sean proporcionales al mal cometido. Es decir, los diversos fines de la pena están en una relación de vasos comunicantes: lo que se gana en un lado se pierde en el otro.

 

Como es evidente, esta clase de equilibrios pueden hacerse de muchas formas, potenciando más un fin u otro. En todo caso, lo importante es que estos equilibrios pueden hacerse en el marco de una PPR. Podría hacerse una PPR más centrada en la retribución y en la prevención, con unos períodos de seguridad muy largos y unos requisitos de revisión muy exigentes, pero también podría hacerse una PPR más centrada en la reinserción, con unos períodos de seguridad muy cortos y unos requisitos de revisión muy laxos. Poco importa la proporción exacta que se escoja pues eso es tarea del legislador; lo importante es evidenciar que todas ellas tienen cabida en la CE, y por ende, la misma PPR. Así, incluso si asumiésemos que la regulación actual de la PPR es contraria a la CE por sacrificar en exceso el fin de la prevención especial positiva, no podría concluirse que la PPR sea, en sí misma, contraria a la CE. Siempre cabría defender otra regulación más indulgente, más dispuesta a sacrificar los otros fines en pro de la reinserción. De hecho, y como a continuación se verá, los requisitos de liberación podrían ser, precisamente, la efectiva reinserción. ¿Cómo puede entonces considerarse que la PPR es contraria al art. 25.2 de la CE?

 

Principio de legalidad

 

El primer grupo de críticas se centra en el hecho de que la PPR carece dé un número máximo de años de cumplimiento claramente determinado. Sin embargo, aun y siendo ello cierto, no supone problema alguno de constitucionalidad ya que el principio de legalidad solo exige que uno pueda tener una idea clara de lo que le espera. Pues bien, pienso que podemos afirmar que el enunciado “si haces X perderás tu libertad para siempre” es del todo menos oscuro. No hay en la anterior advertencia atisbo alguno de inseguridad jurídica o margen para la arbitrariedad. Si consideramos que uno sabe a lo que atenerse si la pena es de 5, 15 o 30  años, también sabe uno a lo que atenerse cuando la pena es “para siempre”. Las penas potencialmente perpetuas suponen una amenaza muy precisa. En mi opinión escudarse en el formalismo según el cual a falta de un número definido de años la pena se vuelve ilegal es algo deshonesto. De ser así la PPR sería inaceptable pero una pena a mil años de prisión sería perfectamente compatible. Poner o sacar un número no añade ni quita nada.  

 

Por otro lado, hay quienes argumentan que la inseguridad en la PPR no proviene de su difuso límite máximo, sino del “ya veremos” que le acompaña, es decir, de sus imprecisas condiciones de revisión. En este punto coincido con la doctrina mayoritaria y considero que en su forma actual la PPR tiene unas condiciones de revisión muy criticables. Ahora bien, ¿acaso no cabe una PPR con unas condiciones de revisión razonablemente claras y cuyo cumplimiento sí dependa del reo? Así lo creo. Por ejemplo, ¿por qué no exigir como condición de liberación, precisamente, el haberse reeducado y reinsertado en los términos del art. 25.2 CE? ¿Y en qué se traduciría tal idea? Propongo, a modo de mero esbozo, la siguiente comprensión: existencia de un esfuerzo serio por reparar o aliviar el daño cometido y, más importante, reinserción del preso entendida como “existencia de una escasa peligrosidad”. Evidentemente determinar la peligrosidad de una persona nunca es una tarea sencilla ni perfectamente precisable. Ahora bien, si la inseguridad presente en esta clase de juicios debiera impedirnos valorar la peligrosidad del reo en relación con la PPR también debería impedir que la tuviéramos en cuenta en tantas otras áreas del Derecho Penal tan fundamentales como son la imposición y levantamiento de las medidas de seguridad (arts. 6, 95 y 97 CP), la imposición de penas accesorias (art.57 CP), la suspensión del cumplimiento de la pena (art.83 CP), la imposición de inhabilitaciones para realizar determinadas profesiones (art.107 CP), y la imposición de la prisión preventiva (art. 503 LECrim).

 

Principio de intervención mínima

 

En la controvertida exposición de motivos de la LO 1/2015, de 30 de marzo, que introduce la PPR en nuestro ordenamiento podemos encontrar diversas apelaciones a la seguridad. ¿Es así realmente? ¿Contribuye la PPR a reducir los crímenes más graves?  Esta es una compleja cuestión criminológica de corte empírico que no debe abordarse en un texto filosófico. No obstante, mi opinión al respecto coincide con la doctrina mayoritaria que considera que esta clase de penas no tienen un mayor efecto disuasorio. ¿Significa todo esto que la PPR es por tanto una pena innecesaria y por tanto contraria a Derecho? Ciertamente no en la medida en que, si bien no es esperable que la PPR no genere mayor prevención general, es indudable que dispone de un potencial preventivo a nivel de prevención especial negativa: mantendrá en prisión a todos aquellos que hayan cometido los crímenes más graves, que no se hayan reformado y que supongan un grave peligro social. Y es que a menos que uno postule la inexistencia de criminales irreformables (para algunos delitos) parece sensato –y necesario- que los Estados dispongan de los medios para hacerles frente. Se dirá que ya existen medidas en este sentido como es la libertad vigilada. De nuevo, es evidente que, en la medida de lo posible, se deben imponer siempre las medidas eficaces menos restrictivas. Ahora bien, a menos que uno considere que las medidas de libertad vigilada serán suficientes en todos los casos, debería concluirse que la PPR sí aumenta la seguridad y que, por tanto, no puede ser considerada una medida fútil.

 

Principio de igualdad

 

Según diversos autores la PPR es contraria al principio de igualdad (art. 9 y 14 CE) por dos razones. En primer lugar porque no afectaría de la misma forma a todas las personas, ni en lo que atañe a la extensión de la pena ni a la dureza efectivamente percibida por el penado. No obstante, si la distinta edad en la que mueren las personas supusiese un problema a nivel de igualdad, entonces cualquier pena de prisión sería contraria al principio de igualdad. Asimismo, del hecho que no todas las personas sometidas a PPR experimentasen lo mismo tampoco cabe deducir ninguna conclusión relevante. No debe haber dos personas a las que la estancia en prisión durante X años les suponga la misma carga, pero eso no significa que diariamente se vulnere el principio de igualdad.

 

En segundo lugar, determinados autores consideran que la existencia de un sistema de liberación condiciona daría problemas tales como que personas que hubieran cometido actos idénticos podrían cumplir períodos distintos de castigo. En mi opinión este argumento puede descartarse por dos motivos conectados. En primer lugar, porque implicaría que cualquier pena con un régimen de beneficios penitenciarios sería contraria al principio de igualdad, algo que no creo que queramos aceptar. Y en segundo lugar, porque –como tantas veces ha sido repetido- una distinción no entraña discriminación cuando la diferencia de trato se basa en criterios razonables y objetivos como pueden ser la peligrosidad o el buen comportamiento en prisión. Lo discriminatorio sería que se liberase por igual al reo arrepentido, que ha colaborado en la reparación del daño y completamente reformado –un ciudadano más que se ha ganado su segunda oportunidad-, que al reo orgulloso de sus actos, que no ha hecho nada para paliarlos, y que cuenta los días para volver a delinquir.

 

Conclusión

 

La PPR es una pena a la vez vieja y nueva en la historia del Derecho español, muy extendida en el Derecho europeo, avalada por el TEDH, y torpemente regulada en España. Supongamos que, efectivamente, fuera constitucional. ¿Debería mantenerse vigente en España (de regularse adecuadamente) o sería mejor derogarla? Me gustaría sugerir, a modo de conclusión, cómo podría plantearse ese debate.

 

Los dos extremos viciosos entre los que debería enmarcarse la discusión serían los siguientes. Por un lado la idea de que existen actos imperdonables, lo que nos llevaría a la cadena perpetua o a la pena capital. Por otro lado la idea de que “el tiempo lo cura todo”, y de que, por terrible que puedan ser los actos cometidos, la mera estancia en prisión es suficiente para que uno vea saldada su deuda. La PPR niega ambos extremos y propone que el perdón siempre es posible, pero siempre y cuando uno se lo gane. Luego, con la PPR nadie se ve privado de una segunda oportunidad. Eso sí, esa segunda oportunidad no se regala, sino que se le pone un precio: haberse esforzado por minimizar el mal causado y haberse reformado hasta el punto de no constituir un grave peligro para la sociedad. Así entendida, como una, creo que todas las críticas vertidas a lo largo de estos años se revelan infundadas. Podremos discutir acerca de cómo de extenso y riguroso debe ser el período de seguridad, o de cuán exigentes deben ser los criterios de liberación. No obstante, creo que sí deberíamos ponernos todos de acuerdo en la idea anterior: que el perdón de los crímenes más graves hay que ganárselo, que las segundas oportunidades no pueden ser gratuitas, que el tiempo –por sí solo- no lo cura todo.

 

 

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