¿Por qué regular la economía?

18/07/2019

Jezael Melgoza@jezael

 

Desde la época de las revoluciones políticas del siglo XVII y XVIII, el presupuesto fundamental que ha cimentado el lenguaje de los derechos ha sido, en líneas generales, el de la libertad negativa, esto es, la ausencia de coacción externa y la no interferencia estatal en la esfera individual de la persona, puesto que el objetivo era poner un freno a los potenciales abusos del poder del Estado. Como es conocido, el sistema ideológico que le sirve de apoyo ha sido y es el liberalismo, que defiende la existencia de un Estado mínimo y que se limita, fundamentalmente, a garantizar el orden público dejando actuar libremente a la sociedad y el mercado.

 

Ahora bien, desde el siglo XX, con la imparable industrialización, la aparición de nuevos riesgos, el desencadenamiento de las revoluciones socialistas, la Gran Crisis de 1929 y la aparición del Estado de Bienestar, el Estado mínimo fue puesto en entredicho, al pasar este a desempeñar una condición activa y determinante en la economía.  En tanto, a fines de los años 70 y comienzos de los 80, Estados Unidos, la Unión Europea y diversos países latinoamericanos, como Chile y Argentina, asistieron a un significativo proceso de desregulación que continúa hasta hoy y que tuvo, entre otros objetivos, eliminar las restricciones a la actividades económicas, liberar los mercados para abrirlos a los flujos transnacionales y reducir los impuestos y el gasto público.  

 

El objetivo del presente artículo es observar si las leyes y políticas de regulación contribuyen a mejorar la economía, garantizar derechos individuales y sociales y redistribuir la riqueza. Con este presupuesto, me apoyaré en los análisis de Cass Sunstein, teórico del derecho norteamericano que, en su larga carrera, ha escrito sendos libros y artículos en los cuales ha defendido una vigorosa intervención en la economía y ha argumentado a favor de la posibilidad de un Estado regulador eficiente que sea capaz de hacer efectivos los derechos de los ciudadanos.

 

Una de las ideas tradicionales que se esgrime al momento de regular la economía es el relativo a los fallos de mercado: como la sola acción del mercado produce efectos negativos e indeseables en distintos ámbitos y en diversas conductas, es preciso que el Estado intervenga para solucionarlo. De este modo, ka regulación persigue, entre otras, la no formación de monopolios -aunque esta regla presente sus excepciones, tales como los monopolios naturales-, abusos de posición dominante[1], eliminación de prácticas abusivas y el buen funcionamiento de la competencia entre los agentes económicos.

 

Por otro lado, la regulación cubre, parcialmente, la carencia de información de la sociedad: la gente no conoce las consecuencias de determinado alimento y medicamento, los trabajadores no siempre cuentan con la información suficiente de los riesgos que conllevan las actividades laborales que realizan, los usuarios no conocen por completo los peligros de la utilización de la electricidad y de aparatos electrónicos etc. Justamente, la regulación viene a paliar el vacío de información que afectan a los usuarios y consumidores de los bienes y servicios. En esta dirección, el Gobierno suministra información a través de leyes, políticas públicas y campañas de prensa y divulgación que ponen en conocimiento de la ciudadanía los peligros y riesgos de determinadas conductas.

 

Desde otra perspectiva, una de las funciones más importantes de la regulación es la redistribución de la riqueza y la transferencia de recursos de determinados grupos sociales favorecidos a otros más desventajados. Ahora bien, Sunstein señala que este objetivo no consiste en la transferencia directa de los bienes, riqueza y recursos de un grupo a otro, sino que “tratan de hacer frente a los problemas de coordinación o de acción colectiva que afrontan ciertos grandes grupos.”[2] Un ejemplo de ello lo constituyen las regulaciones en materia laboral, ya que éstas establecen una serie de derechos no negociables que protegen a los trabajadores, visto que si se permite la libertad de contratar los empresarios impondrían sus condiciones porque constituyen la parte fuerte de la relación. Ahora bien, es necesario remarcar que esta función no siempre se cumple. De hecho, en ocasiones estas leyes perjudican a los más pobres porque crean efectos perjudiciales en el mercado. Por ejemplo, en la actual regulación de los alquileres en España, existen voces que afirman que las últimas modificaciones provocaran que la oferta sea menor y que suban los precios, además de desincentivar las nuevas inversiones.

 

Otro de los objetivos centrales de la regulación es que combate la exclusión, discriminación y la segregación social: diversos grupos desventajados y minorías vulnerables consiguen protección jurídica con las leyes de regulación, prohibiendo que se los discrimine. Casos de estas leyes se encuentran en casi todos los ordenamientos jurídicos occidentales, y la franja de protección antidiscriminatoria se ha ido extendiendo y ensanchando a grupos otrora postergados: por ejemplo, en 2010 el Congreso de los Estados Unidos sancionó la ley que prohíbe las prácticas discriminatorias a las personas homosexuales en el Ejército de los Estados Unidos, derogando la antigua ley denominada “don't ask, don't tell” (en inglés, 'no preguntes, no lo cuentes') que permitía una serie de medidas discriminatorias contra los homosexuales, llegándose a expulsar 13.000 por dicha condición.[3] Otro caso que ilustra dicha función regulatoria ha sido la acción del ex presidente Obama, que instó la Ley de Pagos Justos Lilly Ledbetter, a los fines de habilitar la impugnación ante a los tribunales en caso de discriminación salarial por razones de género.[4]

 

En el panorama académico y judicial existe una idea muy extendida –principalmente en Estados Unidos, en círculos de corte conservadores y libertarios– que consiste en afirmar que, en base a la clásica división entre derechos individuales o de libertad y derechos sociales o de bienestar, para garantizar los primeros no harían falta demasiado presupuesto ni gasto público, sino que con tan sólo “atarle las manos” al Estado se satisfarían: que no censure, reprima y persiga la libertad de expresión, la libertad de reunión y de manifestación, que asegure unas elecciones transparentes cada cierto período de tiempo, etc. En esta tradicional distinción subyace la oposición entre un mercado libre, con una mínima intervención estatal y, por otra parte, un intervencionismo estatal con un gasto público voluminoso –e inevitablemente deficitario–, pues debe asegurar los derechos sociales que, aparentemente, involucran cuantiosas erogaciones presupuestarias que los derechos de libertad en principio no, o por lo menos no en los niveles de gasto que los sociales. Esta dicotomía, que es uno de los argumentos básicos para atacar al Estado regulador, es especialmente frágil porque niega un hecho irrefutable: todos los derechos necesitan de la acción permanente y activa del Estado. En particular, los derechos individuales, tales como la libertad de expresión o la propiedad privada, cuestan mucho dinero. En este sentido, la teoría de Sunstein aboga por una vinculación estrecha y necesaria entre la protección de los derechos y un Estado regulador, por lo que el mencionado binarismo se disuelve. Este quiebre genera una consecuencia fundamental: la supuesta oposición entre mercado libre e intervención estatal es inexacta, puesto que el Estado interviene siempre. El problema a determinar estriba en qué tipo de intervención es la adecuada y está justificada y cuál no.  En este sentido, todos los derechos son positivos, porque necesitan de una ley estatal y de un aparato judicial que vele por su cumplimiento. El derecho al debido proceso, por ejemplo, recogido en la Constitución de los Estados Unidos y que constituye uno de los derechos liberales clásicos, necesita de jueces probos y remunerados para garantizarlo. Y así con tantos otros. En palabras de Sunstein: “Todos los derechos son costosos porque todos presuponen una maquinaria eficaz de supervisión, pagada por los contribuyentes, para monitorear y controlar.”[5] Sin un Estado fuerte y eficaz que cobre impuestos, redistribuya ingresos, administre recursos, etc., los derechos, en la realidad, se verían ostensiblemente desprotegidos. Luego, no tiene sentido la división entre derechos negativos o individuales y sociales o de bienestar.

 

Al mismo tiempo, esta concepción de los derechos implica borrar la presumida independencia de los mercados respecto de los Estados. Así, el discurso liberal afirma que los mercados necesitan de un Estado mínimo y que no entorpezca el juego limpio y transparente de las fuerzas del mercado. En cambio, para Sunstein no es posible trazar una línea divisoria entre el mercado y el Estado, puesto que no pueden separarse o, si se separan, dejan de existir, tales como, por ejemplo, en los regímenes comunistas, en los cuales el Estado absorbe los medios de producción privados. Los Estados hacen posible a los mercados; ellos crean las condiciones legales y administrativas para que una economía de mercado funcione adecuadamente –a través de, entre otras medidas, las leyes de regulación, el mantenimiento de la seguridad jurídica y del derecho contractual etc.– y para que los mercados sean más productivos. Por tales razones, la idea de un Estado regulador mínimo es errónea, puesto que no puede responder a dos cuestiones: que todos los derechos son positivos y cuestan dinero y, por otra parte, la dependencia de los mercados respecto del Estado.

 

Si trasladamos esta afirmación al contexto económico actual, queda confirmada por lo sucedido en la última crisis financiera, especialmente fuerte en los Estados Unidos y en la Unión Europea: dejando a un lado los juicios de valor sobre el crack del 2008, lo que quedó en evidencia fue la indispensabilidad de los Estados, puesto que fueron vitales para asegurar el orden financiero, el rescate de las entidades bancarias y la estabilización de los mercados. En definitiva, como escribe Sunstein, en la actualidad son demasiadas las personas “que se quejan de la intervención del gobierno sin entender que la riqueza y las oportunidades de las cuales gozan sólo existen gracias a esa intervención agresiva, generalizada, coercitiva y bien financiada.”[6]

 

 

 

[1] Por ejemplo, recientemente la Unión Europea impuso a Google una multa de 1490 millones de euros por su abuso de posición dominante en materia de publicidad en su sitio web, ya que, entre 2006 y 2016, mediante contratos de exclusividad impuso obstáculos a sus rivales competidores privando a éstos de competir en un plano de igualdad. El País, 20 de marzo de 2019.

[2] Sunstein, Cass, La revolución de los derechos: redefiniendo el Estado regulador, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2016, Ibíd., p. 48.

[3] El País, 22 de diciembre de 2010. 

[4] Publico.es, 29 de enero de 2009.

[5] Sunstein, Cass y Holmes, Stephen, El costo de los derechos. Por qué la libertad depende los impuestos, Siglo XXI, Buenos Aires, 2011, p. 65.

[6] Sunstein, Cass, Las cuentas pendientes del sueño americano. Por qué los derechos sociales y económicos son más necesarios que nunca, Siglo XXI, Buenos Aires, 2018, p. 240.

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