Ecomonedas (III): El derecho a contaminar. Justificación y distribución

01/07/2019

Holger Link @photoholgic

 

En los anteriores artículos de esta serie se ha sugerido que la contaminación es esencialmente una actividad dañina, y que esto da pie a una serie de cuestiones de carácter normativo: en primer lugar, nos podemos preguntar si realmente existe algo así como un derecho a contaminar (es decir, un derecho a provocar ciertos daños). En segundo lugar, y asumiendo que podemos responder afirmativamente a la primera pregunta, surge otro interrogante: ¿cómo deberían distribuirse estos derechos? En esta sección trataremos de ofrecer algunas respuestas.

 

Los daños derivados de la contaminación son complejos y variados. Por esta razón, puede resultar útil hacer algunas distinciones. Distinciones que, evidentemente, podrán (y probablemente deberán) ser refinadas a medida que adoptamos una perspectiva menos abstracta y general del problema. Por un lado, la contaminación genera daños físicos: es decir, aquellos que incrementan la probabilidad de que suframos enfermedades diversas - o incluso de una muerte prematura - y que van acompañados de un correlato fisiológico. Algunos de estos efectos son bastante visibles. Por ejemplo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 7 millones de personas murieron en 2012 como consecuencia de la contaminación del aire [i]. O  los que es lo mismo, de cada ocho muertes, al menos una se debió en mayor o menor medida a algún tipo de contaminación. Sin embargo, otros efectos son más sutiles: en un artículo del 2017 publicado en la prestigiosa revista científica The Lancet , los autores hacen notar que cada vez disponemos de una mayor evidencia de que vivir cerca de carreteras bastante transitadas puede afectar de manera adversa nuestras habilidades cognitivas [ii].

 

Por otro lado, la contaminación es responsable de otro tipo de daños cuyas consecuencias no comportan necesariamente un correlato fisiológico: es lo que sucede, por ejemplo, cuando la contaminación implica pérdidas económicas (ya sea porque reduce el valor económico de un terreno determinado, o afecta las cosechas, como les ocurre a los campesinos de la Bahía de Bengala). Durante la administración Obama, un informe sobre el coste social del carbón – que cuantifica en términos monetarios los daños causados por las emisiones de dióxido de carbono en todo el mundo – estimaba que cada tonelada adicional de dióxido de carbono en la atmósfera supone un coste económico de 40 dólares [iii]. Probablemente, todos estos ejemplos involucren también daños físicos. Sin embargo, esto no es necesario: no existe ninguna razón para creer que los daños físicos agotan los daños de la contaminación. Estos daños adicionales podemos denominarlos daños de opción (puesto que eliminan la posibilidad - es decir, la opción - de disfrutar de los beneficios de un bien en particular). Obviamente, la mayor parte de los daños producidos por la contaminación no pueden encuadrarse completamente en ninguna de estas categorías. Como ya hemos comentado anteriormente, los daños económicos a menudo comportan daños físicos. Y uno de los principales efectos adversos de la contaminación (la degradación del terreno) es tan perjudicial para el bolsillo como lo es para la salud. 

 

Es importante destacar que los daños que estamos discutiendo pertenecen a una categoría que los humanos acostumbramos a ser bastante malos identificando: los daños de la contaminación son daños dispersos, cuyos efectos difícilmente pueden atribuirse a un individuo en particular, sino que son resultado de la acción conjunta de un colectivo. En muchos casos, los efectos de acciones individuales comportan únicamente efectos imperceptibles. Ahora bien, imperceptible no implica inexistente. Cómo ha argumentado el filósofo Kai Spiekermann, estas acciones no son moralmente problemáticas por sus efectos inmediatos (a menudo no existen o estos son triviales), sino porque son capaces de generar daños importantes cuando sus efectos interactúan con los efectos de centenares de acciones similares [iv]. Esto, evidentemente, exige repensar lo que entendemos por daño (tanto su naturaleza como sus implicaciones morales). Pero es probable que esta sea una tarea inescapable si, como afirma la filósofa Judith Lichtenberg, el modelo clásico del daño, “compuesto por acciones individuales y claramente identificables, con consecuencias observables y medibles sobre individuos particulares […] resulta insuficiente para explicar las diversas maneras en que nuestro comportamiento puede afectar los intereses de terceros”. Consideremos las siguientes acciones: comer animales, dejar la luz encendida toda la noche, no reciclar, no acudir a votar por pereza o comprar ropa fabricada por trabajadores en condiciones laborales terribles. Si usted considera que al menos una de estas acciones es moralmente problemática, ya está asumiendo la existencia (y hasta cierto punto, también la importancia) de estos daños

 

Ahora bien, si la contaminación provoca necesariamente algunos daños (ya sea porque constituye una forma sofisticada y difusa de agresión física o porque limita la posibilidad de disfrutar de un bien determinado), ¿cómo podría alguien tener derecho a provocarla? Un posible argumento es el siguiente. Cuando una determinada acción provoca daños a terceros, tenemos varias opciones disponibles. En primer lugar, podemos interrumpir la acción inmediatamente. En el caso de la contaminación, parece plausible afirmar que algunos de los daños que provoca son tan graves e innecesarios que la única opción moralmente justificada consiste en dejar de provocarlos. En segundo lugar, podemos otorgar derechos ilimitados de contaminación a todo el mundo. De acuerdo con esta postura, no existe ningún límite a los daños que podemos infligir sobre terceros mediante actos de contaminación. Si nos tomamos mínimamente en serio el
principio del daño, esta opción parece quedar descartada: podemos debatir sobre en qué casos es permisible infligir daño a terceros, pero no parece razonable suponer que no existe ningún tipo de límites. Asumo, pues, que el debate se da en realidad entre dos opciones: por un lado, la opción prohibicionista, que ya hemos presentado. A esta postura se le opondría una tercera alternativa, de acuerdo con la cual emitir un cierto grado de contaminación puede estar moralmente justificado. Según esta posición (llamémosla la posición “permisibilista”), la pregunta no es si podemos contaminar sin límite o si, por el contrario, tenemos la obligación de dejar de hacerlo completamente: la pregunta crucial es cuánto podemos contaminar, y quien tiene derecho a hacerlo (es decir, cuál sería el alcance y la distribución del derecho a la contaminación). 

 

Según la posición prohibicionista, no tenemos ningún derecho de contaminar, incluso si un cierto grado de contaminación resulta imprescindible para garantizar nuestra supervivencia o un nivel de vida suficientemente aceptable. Esta conclusión parece implausible. La mayoría de teorías de la justicia admiten que, en determinadas circunstancias (cuando es necesario para evitar daños extremos, como por ejemplo una muerte prematura), puede resultar moralmente permisible infligir daños a terceros. Si llevo tres días perdido al bosque y encuentro tu cabaña desocupada, puedo estar justificado en realizar una serie de actos (traspasar los límites de tu propiedad privada y comerme la lata de lentejas que guardas en la despensa) que en otras circunstancias estaría obligado a no cometer. Evidentemente, esta acción estará sometida a ciertas restricciones: por un lado, tendrá que ser proporcional (aunque pueda comerme tus lentejas, no puedo llevarme tu colección de cuadros); por otro lado, podría adquirir también el deber de compensarte en el futuro. Pero, en todo caso, la idea central es que la necesidad de sobrevivir puede llegar a justificar acciones que, en otras circunstancias, el principio del daño prohibiría. Ahora bien, no hay nada en los daños producidos por la contaminación que los haga cualitativamente diferentes de otros tipos de daños, como los que tienen lugar en el ejemplo de la cabaña. Siempre que apliquemos ciertas restricciones, no es obvio por qué la contaminación tendría que ser impermisible en cualquier contexto (sobre todo si esta resultara necesaria para garantizar nuestra supervivencia o un nivel de vida mínimamente decente). La perspectiva permisibilista es, por lo tanto, más convincente que la opción prohibicionista.


Aun así, mostrar que, en determinadas circunstancias puede existir un derecho a contaminar no es suficiente para resolver la cuestión sobre cómo debe distribuirse este derecho. Asumimos pues:

 

Derecho a contaminar: En determinadas circunstancias, y hasta un cierto límite, existe un derecho a contaminar (es decir, un derecho a causar un determinado nivel de daño).

 

¿Cómo se distribuye este derecho? La posición que vamos a defender en lo que queda de este artículo es la siguiente:

 

Igualitarismo: La distribución del derecho a contaminar tendría que ser, en primera instancia, igualitaria. Si existe un derecho a contaminar, todo individuo lo tiene por igual.

 

Aquí va un argumento a favor de esta última posición. Supongamos que existe un derecho a contaminar, fundamentado en la necesidad de contaminar para garantizar la propia subsistencia, o como mínimo un nivel de vida mínimamente aceptable. Si este derecho pudiera distribuirse de manera desigual, esto supondría que hay individuos con un mayor derecho a proporcionarse los medios necesarios para subsistir o garantizarse una vida digna. Pero esto, evidentemente, entra en conflicto con la igualdad moral entre seres humanos. Volvamos por un momento al caso de la cabaña desocupada. ¿Cómo debería distribuirse el derecho a causar daños? Parece que en este caso, la respuesta debería ser: de igual manera. Ahora bien, supongamos que la cabaña es, de hecho, el planeta (puesto que en ambo casos es necesario provocar un daño para poder subsistir). ¿Por qué tendríamos que llegar a conclusiones diferentes? ¿Por qué no podría yo contaminar un poco, del mismo modo que, en el caso anterior, podría comerme la lata del entejas?

 

Una posible respuesta es que el caso de la cabaña involucra exclusivamente daños de opción, mientras que la contaminación implica también daños físicos. En el mejor de los casos, esta objeción solo mostraría que la analogía no se aplica a los daños físicos; para los daños de opción, seguiría siendo plenamente válida. Pero incluso en el caso de los daños físicos la cosa no es tan sencilla. Imaginemos la siguiente variación del ejemplo original: después de tres días vagando por el bosque llego, rozando el colapso, a tu cabaña. Todo se mantiene igual, salvo que ahora tu sí estás en la cabaña, y la única manera en que puedo comer algo es infligiéndote un daño físico. ¿Sería permisible hacerlo? Evidentemente, la respuesta dependerá del daño en cuestión. Si este implica tu muerte, la respuesta seguramente será negativa. Pero, si, por otro lado, el daño consiste únicamente en un empujón o una leve bofetada, quizás sí sería moralmente permisible. Por lo tanto, incluso en el caso de la cabaña los daños físicos pueden ser ocasionalmente justificables, por lo que la analogía se mantiene. En todo caso, sí que podría darse el caso que el requisito de proporcionalidad sea, en general, más estricto en casos que involucren daños físicos que en casos que involucren exclusivamente daños de opción. Esto parece plausible, pero es insuficiente para rechazar la posibilidad misma de un derecho a contaminar. Hay miles de acciones en el universo de la moralidad que están sujetos a severas restricciones de proporcionalidad, pero ello no nos permite concluir que estas acciones son siempre impermisibles. Si el derecho a la contaminación (pese a sus limitaciones y restricciones) es real, y si además este debería distribuirse de manera igualitaria, habremos conseguido dar un importante paso en la justificación de las ecomonedas.

 

[i] https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/

[ii] Chen, Hong et al. 2017. “Living near major roads and the incidence of dementia, Parkinson’sdisease, and multiple sclerosis: a population-based cohort study”, The Lancet 389: 719-726 ,719.

[iii] Esta cifra está tomada de Broome, John. 2019. “Against Denialism”, The Monist 102: 110-129. Para una discusión del coste social del carbono véase, por ejemplo, Fleurbaey, Marc, et al. 2019. “The Social Cost of Carbon: Valuing Inequality, Risk, andPopulation for Climate Policy”, The Monist 102: 84-109.

[iv] Spiekermann, Kai. 2014. “Small Impacts and Imperceptible Effects: Causing Harm withOthers”, Midwest Studies in Philosophy 38: 75-90

[v] Lichtenberg, Judith. 2010. “Negative Duties, Positive Duties, and the “New Harms”, Ethics120: 557-578 , 558-559.

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