¿Un tribuno de la plebe en el siglo XXI?

28/06/2019

Ian Noble @i_m_noble


El sistema democrático tal y como lo conocemos en la práctica adolece de una diversidad de problemas. Esto no es nada nuevo. Es más, la configuración institucional que proponen los sistemas democráticos liberales descritos en la teoría es muy poco satisfactoria; sin perjuicio, obviamente, de que sea el sistema menos malo entre los que se hayan probado hasta la fecha. En este artículo me centraré en las deficiencias de uno de sus pilares: la separación de poderes, diseñada para limitar al poder fragmentándolo. El error no reside en el principio per se, pero sí su traslación a la práctica. Si bien es cierto que muchos de sus problemas no le son intrínsecos sino coyunturales (la cultura política del país en cuestión, los niveles de corrupción y colusión, el hecho de que sea un sistema parlamentario o presidencial, etc.), sí son suficientemente intensos como para considerar una modificación del esquema clásico al respecto. 

 

En efecto, piénsese en aquellos casos donde los poderes deberían entrar en una lucha encarnizada que destapara todas las irregularidades, vergüenzas y excesos de los demás poderes, pero en vez de eso se coaligan para conseguir una finalidad concreta, por muy loable que sea esta finalidad pueda ser por ejemplo, la estabilidad política, la unidad del Estado, el crecimiento económico. Piénsese también en aquellos casos en que las alianzas persiguen fines menos nobles: los decretos-leyes que se convalidan de manera maquinal,  la corrupción y nepotismo sistemático cuya sanción por el poder judicial es insuficiente, la desviación de poder, fraude de ley y arbitrariedad clamorosa de la administración pública, las interpretaciones extrañas y ad-hoc de la ley por parte de los tribunales para conseguir una finalidad determinada que comparten los demás poderes (como por ejemplo la doctrina Botín, la doctrina Parot), cuando la prensa actúa como el brazo mediático del poder ejecutivo, etc.

 

Los motivos por los cuales estos poderes permiten tales excesos, no actuando conforme a la dinámica fratricida virtuosa soñada por los primeros autores del liberalismo político, son variados y podría ser materia de un artículo muy interesante. Interese aquí sólo exponer una propuesta que viene a introducir un nuevo elemento de control político: una suerte de Tribuno de la Plebe moderno que encarne esta voluntad de usar hasta los últimos resquicios de su poder para fiscalizar a los distintos organismos estatales, sin compasión, sin cuartel, y sin rendir demasiadas cuentas ante nadie más allá del lógico e inevitable control jurisdiccional de sus acciones.

 

A este elemento, o mejor dicho institución o (contra)poder lo llamo Tribuno de la Plebe por sus reminiscencias romanas, pues es el antecedente histórico institucional que mejor encarna los elementos que pienso son adecuados para corregir los males de la separación de poderes actual. Debería ser una institución, en primer lugar, que no adoleciera de los males de la elección popular o el nombramiento político. En este primer sentido ya debería diferir de la institución romana, pues ésta era elegida por sufragio popular. En segundo lugar debería ser una institución fuerte e independiente, inamovible y con amplios poderes, si bien estos poderes deberían, como es lógico, ser limitados por los demás. En tercer lugar, esta institución debería ser unipersonal, si bien esta persona podría ser asistida por una oficina más o menos dotada. Parece que esté pidiendo lo imposible: una institución que vele por el interés general pero que no sea elegida por la gente, una institución unipersonal que se enfrente a los demás poderes y les haga pasar miedo por las noches.

 

¿Qué poderes debería tener el Tribuno? Pues mucho más amplios, por supuesto, que los del actual Defensor del Pueblo. El Tribuno debería tener derecho a vetar legislación (si bien con algunos límites: por ejemplo este veto debería poder ser saltado por una mayoría cualificada, y este veto expiraría al término de cada legislatura). Además, debería poder examinar de inmediato cualquier proceso, documento, cuenta, factura, carta, correo o whatsapp de la administración o sus miembros (en ejercicio de sus funciones), incluso los que atañeren a la seguridad nacional. El Tribuno debería poder, con inmediación y nocturnidad, ordenar a una unidad de policías de su elección un registro repentino de cualquier dependencia pública o de un cargo público. Debería poder, además, llamar a declarar a cualquier persona, que, so riesgo de incurrir en un delito, debería acudir y decir la verdad. Estos son sólo algunos ejemplos de los poderes que debería tener, pero en suma, el Tribuno debería poder tener en jaque, en instrucción, en investigación y sospecha continua al resto de poderes del Estado.

 

Y si no fuera elegida esta persona, ¿cómo llegaría al cargo? Ésta es la pregunta crucial y la que tiene una respuesta más cuestionable. En mi opinión esta persona debería ser escogida por sorteo. Y dirán: pero, ¿cómo vamos a poner a una persona al azar en un cargo de tal responsabilidad y poder? ¿cómo nos aseguramos de que la persona a quien encargamos la eliminación de los vicios del sistema sea virtuosa? La respuesta corta es: pues no lo hacemos. No hay manera de asegurarse de que alguien cumple con cierto perfil concreto cuando lo eliges al azar. Hay, pero, una forma casi segura de asegurarse de que una persona acumule muchos de los vicios de los que adolece la democracia: la elección por sufragio o el nombramiento por un político o una figura análoga.

 

Esto sería largo y difícil de demostrar, así que tendrán que bastar un par de pinceladas para que se entienda porqué digo tal cosa. Por un lado, una persona nombrada a discreción tiene lealtades y favores a corresponder. Debe preocuparse de complacer a su patrón (que puede o no ser su superior jerárquico) y debe preocuparse por su futuro laboral, su continuidad en el cargo, etc. Por otro lado una persona escogida por sufragio popular se debe normalmente a un aparato de partido, a unos grupos de interés o de presión, y está sujeto a las dinámicas perversas de una campaña electoral, la tendencia al populismo, la relación con los medios de comunicación, la voluntad de perpetuarse en el cargo, etc. Además, tal persona suele cumplir con un perfil concreto de persona con determinada ambición o afición por el poder, y, a riesgo de incurrir en un tópico posiblemente injusto, una determinada proclividad a la mentira, al engaño y, dada una suficiente veteranía o rango, a la complacencia con el poder establecido.

 

¿En qué sentido, pues, sería preferible alguien elegido por sorteo a alguien elegido por sufragio o nombrado? Pues si tengo razón y el sistema está diseñado de tal modo que fomenta los vicios, el electo o nombrado debe ser una persona extraodinariamente virtuosa y resistente a presiones para no corromperse, y eso estadísticamente es muy raro. El elegido al azar, en cambio, puede ser virtuoso, vicioso, o un gris en medio, en una proporción igual a la de la población en general. Es más, para aumentar la probablilidad de que salga una persona virtuosa del azar, podríamos sacarla de un grupo de personas en cuyas profesiones, circunstancias, experiencia vital, etc., la virtud sea más prevalente. Es decir, si determináramos, por poner un ejemplo, que hay un 20% de buenas e íntegras personas entre la profesión de bombero, mientras que la bondad y la integridad entre la población en general fuese del 10%, pues podríamos seleccionar a un tribuno de la plebe entre los bomberos.

 

¿Y qué pasaría entre los tribunos de la plebe no virtuosos? Aquí es donde entran lo mecanismos de control del gran poder del Tribuno antes descritos. En primer lugar, el tribuno estaría bajo control jurisdiccional. Dado que su poder emanaría de la Constitución y las leyes de desarrollo, el cumplimiento de las leyes debería ser fiscalizado por los tribunales. Además, dada la importancia de la tarea de la institución y sus poderes, habría que exigir el cumplimiento estricto y exquisito de las finalidades tasadas que se establecieran, para reducir al máximo el riesgo de una actuación arbitraria o que obedeciera a finalidades espúreas. En este sentido cabría exigirle al tribuno una diligencia suprior a la de los demás. Si el derecho civil nos habla de la responsabilidad del buen padre de familia para el común de la gente y la lex artis para los profesionales de determinado sector, podríamos establecer la “lex tribune”, con un estándar aún superior. Finalmente, el control de la vida del tribuno y sus acciones debería estar escrutada hasta el último milímetro: desde reuniones hasta comunicaciones hasta patrimonio. Del mismo modo que el derecho a la intimidad de los políticos es menor por razón de su ocupación, la intimidad del Tribuno mientras está en el cargo debería ser casi inexistente.

 

Y se preguntarán: si el cargo de Tribuno lleva aparejada tamaña responsabilidad, escrutinio y beligerancia, nadie querrá aceptarlo; aún más, el que lo acepte será por finalidades políticas concretas o por afán de notoriedad. Pues evidentemente, para que la lógica de la elección funcione, el cargo debería ser obligatorio. ¿Cómo se justificaría esto? Pues de la misma forma que es un deber cívico tomar las armas cuando la comunidad de uno está siendo atacada y también es un deber cívico formar parte de una mesa electoral o un jurado popular, es un deber cívico ser Tribuno de la Plebe cuando toca, pues la salud de las instituciones públicas depende de ello.

 

Es cierto que pretender corregir problemas tan complejos y serios como los antes apuntados, incluso con los poderes tan extensos que se han descrito, es muy ambicioso. Pero hay un elemento, la transparencia en la actuación de los poderes públicos, que, siendo mucho más realista pretender conseguirla, podría contribuir a una mayor virtud en el seno de la administración y la política. Es decir, no hace falta ser tan optimista como para soñar que el Tribuno arreglase los grandes males de nuestra democracia, pero sí quizás podría arrojar mucha luz, haciendo pasar miedo y vergüenza a ser expuestos a los cargos públicos afectados por dichos males.

 

El Tribuno de la Plebe del siglo XXI debería ser, pues, un elemento impredecible, que pueda ser contramayoritario y contra las convenciones políticas del momento, que no deba hacer amigos ni caer bien entre las élites, que no deba hacer campaña electoral o preocuparse de ser reelegido, una especie de elemento libre que mantenga en jaque continuo al statu quo. Se abrirían muchas puertas y ventanas en el Estado, que, más temeroso del Tribuno que del juicio final, corrigiese sus peores tendencias.

 

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