EcoCréditos (II): ¿Una moneda para salvar el mundo?

Marija Zaric @simplicity

 

Enfoque voluntarista

 

A la hora de hacer frente al cambio climático (de ahora en adelante CC) las medidas más repetidas a nivel popular tienen que ver con un cambio de comportamiento individual. Así, se sugiere habitualmente que las personas tendríamos que consumir menos, evitar ciertos productos y reciclar. El aspecto positivo de un planteamiento así es evidente como evidente es también lo limitado del mismo. Confiar la resolución del CC a la buena voluntad de los ciudadanos no constituye una solución realista. Los planteamientos voluntaristas de este tipo son positivos y tienen que formar parte de la solución, pero, por si solo, no pueden resolver el problema.

 

Impuestos pigouvianos

 

Dentro del campo de las medidas coactivas en la lucha contra el CC destacan especialmente los denominados “impuestos pigouvianos” (en adelante IP) a la contaminación. Es decir, la imposición de tributos a aquellas actividades consideradas más contaminantes al amparo del  principio “quien contamina, paga”. Su forma más popular son los denominados “Carbon taxes”. La principal virtud de esta clase de políticas no escapa a nadie: obliga a los agentes económicos a interiorizar (parte) de las externalidades negativas que generan, desincentivando al mismo tiempo la contaminación. Es, por lo tanto, un enfoque superior voluntarismo ya visto. Sin embargo, los IP comportan dificultades importantes. Por un lado encontraríamos tres problemas de orden más bien técnico. En primer lugar el problema de definición: ¿qué puede considerarse contaminar? Si bien hay muchos actos que claramente podemos considerar contamines -la emisión de gases de efecto invernadero, la emisión de gases destructores de la capa de ozono, la creación de residuos radiactivos- el estatuto contaminante de otros muchos actos sería más controvertidos -destruir determinados paisajes, reducir la biodiversidad etc. En segundo, lugar encontraremos el problema de la monetización: ¿qué coste económico tiene que otorgarse a cada unidad de contaminación producida y a los daños de muy diversa índole que genera?[1]. Y en tercer lugar, topamos con el problema del fin: ¿dónde invertir el dinero recaudado? ¿A cubrir a las necesidades más importantes que la sociedad tenga en cada momento (sanidad, seguridad, pensiones...), o bien habría que reinvertirlos para deshacer o indemnizar los males causados por los actos contaminados?

 

Por otro lado, y como cuestiones mucho más de fondo, desacatarían los siguientes dos problemas. En primer lugar el que considero la dificultad moral más importante, el problema de la permisibilidad: ¿cómo puede ser legítimo contaminar tanto como se desee mientras se esté dispuesto a pagar por ello? Contaminar comporta causar un mal a un tercero –lo que denominaría "violencia ecológica". Ahora bien, no parece correcto o justificable que uno pueda contaminar tanto como quiera mientras esté dispuesto a pagar por ello. Agredir a un tercero –en las diversas formas en que los actos contaminantes lo hacen- debería estar prohibido; con que exista un peaje –como con los IP- no es suficiente. En efecto, indemnizar a un tercero por los males que se le hayan causado solo puede ser la última opción, no el proceder normal. En segundo lugar, y dentro de este grupo de problemas de fondo, destacaría el problema del límite: dado que el planeta tiene un techo ecológico determinado –i.e una cantidad máxima de contaminación que puede asumir por unidad de tiempo antes de dificultar gravemente o impedir la vida humana (así como la de otras especies)- cualquiera medida anticontaminación de calidad debería impedir que este techo pudiera traspasarse. No obstante, los IP no impiden traspasar este umbral, simplemente le otorgan una coste cada vez más alto[2].

 

Sistemas de cap-and-trade

 

De las medidas hoy existentes que puedan abordar algunas de estas dificultades destacarían los sistemas de “cap-and-trade” (en adelante CAT), la versión más conocida de los cuales serían los “Carbon credits” surgidos a raíz del protocolo de Kioto. El funcionamiento básico de este sistema es el siguiente: determinadas organizaciones públicas venden o subastan derechos de emisión de gases de efecto invernadero a empresas que podrán, o bien usarlos para crear sus productos, o bien comerciar con ellos con otras compañías. La gran ventaja de este enfoque es que, si bien arrastra el problema de la definición (y lo extiende al complejo concepto de “techo ecológico”) y del fin, evita el problema de la monetización a la vez que resuelve con claridad el problema del límite. Por lo tanto, así como los IP serían superiores a las medidas voluntaristas, los sistemas CAT serían preferibles a los IP (si bien siempre cabría apostar por un enfoque mixto que, aun y priorizando los sistemas CAT, incorporara como accesorio los IP y las medidas voluntaristas).

 

Sin embargo, el problema que juzgaba como moralmente más importando –el problema de la permisibilidad- se mantendría. Simplificando, diríamos que con los CAT una serie de agentes económicos le compran a los Estados el derecho de contaminar, es decir, el derecho a imponer al resto de la ciudadanía toda una serie de daños. Pero, de nuevo, ¿de qué manera podría justificarse una cosa así? Con qué derecho un agente –particular u organizado en forma de empresa- puede realizar todo una serie de actos capaces de empeorar la salud de terceros de muy diversas formas, contribuir a la creación de desastres naturales inmensamente destructivos, esterilizar la tierra que se cultiva o el mar en que se pesca, inundar propiedades y hogares, calentar en exceso el lugar en que se reside empeorando así la estancia etc. Considerando que la no-agresión es el principio de justicia más fácilmente compartible por las diferentes sensibilidades filosóficas, entonces no se entiende por qué deberíamos apartarnos del mismo al tratar estas formas de agresión. ¿Por qué la violencia ecológica no se rige también de acuerdo con este principio universal de justicia? No permitiríamos que un terceros nos echaran a la cara el humo de su tabaco, o que lanzaran sal a nuestro jardín, o que aumentara la temperatura de nuestra habitación, por lo tanto, no parece que sea legítimo que se realicen conductas análogas por mucho que los daños causados sean difusos, difícilmente identificables, individualmente nimios o en lugares muy lejanos. 

 

 

Una propuesta: EcoCréditos

 

Ante esta situación cabrían varías alternativas. Una opción sería seguir como hasta ahora e imponernos todos mutuamente la contaminación que cada cual desee y pueda permitirse. Sería la ley de la selva en lo que a violencia ecológica se refiere. En el otro extremo tendríamos la reducción a cero de todo acto de contaminación, algo que, si bien podría aparecer como la opción moralmente más adecuada, tendría que descartarse dado el empobrecimiento económico sin precedentes que supondría –pues conllevaría retrotraernos a una económica preindustrial- así como por lo invasivo y liberticida de cualquier medida así. Luego, es manifiesto que tendríamos que optar por un punto intermedio donde aceptáramos cierto grado de contaminación sin por ello aceptar el “todo vale”. Propondríamos lo siguiente: que cada individuo tenga unos derechos de contaminación iguales. Es decir, dado que una aplicación estricta del principio de no-agresión supondría un perjuicio colectivo inasumible, podríamos disciplinar nuestras interacciones a partir de un principio de igual-agresión. Tal principio exigiría que cada individuo disfrutara (por unidad de tiempo) de los mismos derechos de contaminación; unos derechos que podrían usarse, o bien para realizar actividades contaminantes, o bien, para comerciar. Esto es, se trataría de un sistema de CAT pero de titularidad individual.

 

Simplificando, el sistema funcionaría del siguiente modo:

 

1] Se establecería cuál es el techo ecológico del planeta por unidad de tiempo. (Por ejemplo, si contaminar pudiera reducirse a emitir CO2 -lo que constituiría una gran simplificación-, se determinaría la cantidad de CO2 que se puede emitir por unidad de tiempo sin sobrepasar el techo ecológico).

 

2] Se otorgaría a cada persona el derecho de emitir la misma cantidad de CO2 por unidad de tiempo (de acuerdo con la simplificación anterior); un derecho que vendría representado –por expresarlo de manera pedagógica- en forma de "EcoCréditos", de las que todas las personas recibirían una cantidad igual periódicamente. El uso que cada cual le diera sería libre: coleccionarlas, destruirlas, comerciar con ellas etc.

 

3] Ahora bien, de implantarse este sistema habría todo una serie de actos que requerirían transmitir EcoCréditos al Estado: todos aquellos actos contaminantes. Por ejemplo, si una empresa quisiera crear un producto y al efecto necesitara emitir una cantidad de CO2, entonces tendría que desembolsar, además de los costes económicos habituales a otros agentes económicos privados – trabajadores, proveedores etc.-, una cantidad de EcoCréditos al Estado que fuera equivalentes al nivel de contaminación que sus actos fueran a implicar. (Por su parte el Estado sería el responsable de fijar estas equivalencias y de retirar de la circulación las ecomonedas entregadas después de comprobar que se correspondieran con la contaminación a realizar.)

 

4] Unos EcoCréditos que los socios de la empresa tendría que haber ahorrado a base de acumular el humilde el ingreso periódico que recibirían del Estado, o bien, obtenerlas de otros particulares, normalmente mediante el comercio.

 

Tal y como comentábamos en la entrada anterior, actualmente nos encontramos con un caso claro de "tragedia de los comunes": si cada cual "usa" el medio ambiente como le plazca, buscando su máximo beneficio, acabará por empobrecer al conjunto y a él mismo. Ante ello se propone, precisamente, la privatización del medio ambiente, un -si se quiere- "enclousure del cielo" análogo a la que tuvo lugar con la tierra inglesa siglos atrás.


Por otro lado, podemos entender esta propuesta como una democratización de la contaminación; así como en las revoluciones liberales del s.XIX se dividió el poder político antes concentrado en monarcas absolutos en porciones iguales para todo el mundo al otorgar a cada ciudadano un voto de igual peso, ahora se dividiría entre la ciudadanía lo –que denominaría- “poder ecológico” del que cada persona disfrutaría en una porción igual y transferible. De este modo los EcoCréditos, en tanto sistema CAT, limitaría la contaminación a la cantidad sostenible por unidad de tiempo. Ahora bien, a diferencia de los sistemas de CAT ahora existentes, y de acuerdo con el principio de igual agresión, se repartiría los costes y los beneficios de forma más justa (solventando el problema del fin, pues el dinero iría a los bolsillos particulares, y el de la permisibilidad). Y es que, ¿con qué derecho puede una organización gubernamental –como las implicadas en los CAT al uso- vender derechos de contaminación? ¿Cómo puede una organización del tipo que sea arrogarse el derecho a repartir derechos de agresión a terceros? No, la titularidad de esos derechos de daño –y su importante valor económico- solo puede recaer, si acaso, en las personas que sufrirán los daños. (Si se quiere el problema de la permisibilidad aplicado a los CAT al uso es un problema de titularidad, de allí que el enfoque superior a los CAT hoy existentes sean unos derechos de contaminación de titularidad individual.)

 

En efecto, es evidente que a la hora de disciplinar nuestras interacciones ni el “todo vale”, ni el “contaminación cero” son enfoques atractivos. Ahora bien, una vez aceptamos como legítimo la realización de toda una serie de actos claramente dañinos para terceros solo nos queda decidir entre una distribución de estos daños igual o desigual. Pues bien, ¿qué podría justificar esta desigualdad? ¿En base a qué un tercero –una empresa- podría tener un derecho superior al de cualquier otra persona para dañarme a mí o mis propiedades? Si en el campo de la justicia distributiva preguntáramos cómo pueden justificarse las desigualdades de riqueza la respuesta más habitual –entre aquellos que no ven la desigualdad económica como intrínsecamente injusta- giraría en torno a la idea del derecho del primer ocupante (finders, keepers) y/o a la idea del trabajo como origen de la propiedad, y a la idea de las desigualdades como resultado voluntario del libre comercio (de aquello obtenido por ocupación originaria). Así, de acuerdo con esta sensibilidad liberal, si el origen de la propiedad de una persona fuera legítimo por provenir de una de las vías anteriores, no habría nada de intrínsecamente inmoral en que esta tuviera más que su vecino (sin perjuicio de que debiera trasladarle parte de su riqueza en atención a consideraciones de otro orden). Bajo esta doctrina quizás cabría oponerse a unos derechos de igual contaminación razonando por analogía y diciendo que, así como el primer ocupante puede quedarse una porción mayor de tierra, el “primer contaminante” puede ocupar una porción mayor del techo ecológico. No obstante, y  con independencia de la opinión que nos merezcan las teorías liberales, es evidente que cualquier analogía con las mismas sería falaz pues de ningún modo cabe comparar la ocupación de un bien sin dueño con la ocupación del "espacio ecológico" dado que este espacio viene a representar la salud y las propiedades ajenas. Y es que si bien el derecho del primer ocupante y sus derivados puede justificar que una persona posea más pozos de petróleo que su vecino –por poner un ejemplo-, ello no ampara que pueda quemarlos e intoxicarle con sus humos. Es decir, el derecho a enriquecerse no ampara la violencia, ni en sus formas más evidentes –la fuerza física- ni en sus formas más difusas –el daño ecológico.

 

De este modo, considerando que organizarse en base a un principio de no agresión no sería deseable, y considerando que un "principio de distinta agresión" parecería atentar contra la igualdad moral de todas las personas, entonces cabe concluir que un principio de igual agresión sería el preferible a la hora de regular este campo de acción. Así pues, con un sistema como el propuesto los diversos problemas vistos hasta ahora quedarían reducidos al problema de la definición, extendiéndose a su vez al concepto de techo ecológico y añadiéndole una dimensión nueva, el problema de la unidad: ¿cómo reducir los distintos actos contaminantes a una sola unidad representables en forma de EcoCréditos/derechos de contaminación? (Sin perjuicio, como es evidente, de los muchos problemas prácticos que la realización de un cambio tan radical conllevaría.)

 

Visto lo anterior, es importante remarcar que el elemento más significativo que la implantación de un sistema así comportaría seria que, en la práctica, equivaldría a la instauración de una renta básica puesto que, de existir un sistema como el propuesto, se entregaría periódicamente a todas las personas una cantidad igual de un recurso económicamente muy valioso: ciertos derechos de contaminación. No obstante, si bien podría tener un efecto similar a la renta básica en lo relativo a la lucha contra la pobreza, los EcoCréditos carecerían de los costes ideológicos y las dificultades morales que caracterizan la renta básica. Al contrario, la redistribución que conllevaría la implantación de las EcoCréditos sería ideológicamente muy poco exigente al basarse en principios fácilmente digeribles para sensibilidades políticas muy distintas: el principio de igual-agresión como adaptación práctica del principio universalmente aceptado de no-agresión. O dicho de otro modo: la limitación a la libertad  individual de la que se derivaría la redistribución de la riqueza en un mundo con EcoCréditos se seguiría de un principio limitador de la libertad individual que debería ser atractivo para aquellas sensibilidades filosóficas alejadas de la izquierda y próximas al liberalismo.

 

[1] Hoy en día la estimación más habitual oscila entre los 35 y los 40 dólares por tonelada de CO2 pero se trata de una cifra claramente no unánime

 

[2] Podría argumentarse que, a pesar de que en teoría los IP no eviten traspasar el techo ecológico, a la práctica lo harían virtualmente imposible puesto que de diseñarse unos IP con una progresividad suficiente agresiva llegaría un punto donde nunca sería viable seguir contaminado. No obstante, una respuesta así no sería realmente adecuada toda vez que solo impediría que un solo agente o unos pocos agentes monopolizaran toda la contaminación existente. Ahora bien, si este exceso de contaminación se distribuyera entre muchos agentes individualmente poco contaminantes la existencia de una progresividad muy elevada no tendría ningún resultado. En efecto, quizás un IP bien diseñado impediría que una empresa individualmente emitiera X cantidad de contaminación (siendo X una cantidad superior al techo ecológico). Ahora bien, no podría evitar que millones de personas particulares emitieran una cantidad Y que, sumada, sobrepasara X.

 

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