Ecomonedas (I): La tragedia de los comunes, en el siglo XXI

21/06/2019

Ariana Prestes @arianaprestes

  

En 1833, el escritor británico William Foster Lloyd publicó un panfleto llamado Two lectures on the checks to population. En este texto se trataba una de las preocupaciones más emergentes de algunos autores del S. XIX: la superpoblación, en este caso desde la óptica económica. El crecimiento demográfico que acompañó la revolución industrial en la Gran Bretaña del siglo XVIII llevó a la aparición de una serie de autores que analizaban las consecuencias de este aumento de la población. El ejemplo más paradigmático es el de Thomas Malthus, que a su “Ensayo sobre el principio de la población” preveía un empobrecimiento generalizado si la población continuaba aumentando por encima de los recursos disponibles. Los pronósticos más pesimistas de Malthus no se cumplieron, pero su influencia hasta nuestros días ha sido muy significativa.

 

A William Foster Lloyd le inquietaba lo que podía pasar en un escenario donde se explotara excesivamente un recurso natural limitado. Planteó una situación hipotética en que un grupo de ganaderos hacía pastar sus vacas en un terreno delimitado, como era costumbre en Inglaterra. Un ganadero en particular que incrementara el número de vacas que pacieran en aquel terreno podía obtener beneficios adicionales. Aun así, si todos los ganaderos o un número demasiado alto hacía lo mismo, se produciría una situación de sobreexplotación de los pastos, esto es, una situación en que el terreno no tendría tiempo de regenerarse y por tanto se acabaría extinguiendo.

 

Más de 100 años después, las preocupaciones de Lloyd sobre la sobrepoblación no habían quedado del todo olvidadas. El filósofo y ecologista Garret Hardin las compartía, y el 1968 publicó un artículo denominado “La tragedia de los comunes”, citando el texto de Lloyd. En su artículo, Hardin expresaba un grito de alarma sobre el mal que podían causar la suma de acciones individuales respeto un recurso limitado por mucho que estas acciones se realizaran de forma inocente. El deterioro del medio ambiente de nuestro planeta es la prueba más clara del problema apuntado por Hardin. En este caso, el problema no se sitúa en un recinto cerrado en el campo donde encontraríamos unos cuántos animales, sino que el espacio del conflicto alcanza todo el planeta. Aun así, la naturaleza del problema es la misma que en la Inglaterra del siglo XIX: la falta de alineamiento entre los intereses individuales a corto plazo y los intereses colectivos a largo plazo.

 

En el momento en que Hardin publicó su artículo, la preocupación por los efectos de la actividad humana en el clima del planeta ya era una realidad. A lo largo del siglo XIX se descubren importantes evidencias sobro que el clima del planeta no había sido siempre el mismo, y hacia finales de siglo algunos científicos empiezan a encontrar indicios sobre la posibilidad que la actividad humana pudiera propiciar cambios en este. A mediados del siglo XX la evidencia científica empieza a apuntar que esta posibilidad es cada vez más probable. Justo un año antes de la publicación del artículo de Hardin, al 1967, dos científicos llamados Syukuro Manabe y Richard Wetherald hicieron el primer cálculo detallado del efecto invernadero, apuntando que se podría llegar a un aumento mediano de 2 grados en la temperatura global del planeta.

 

A finales del siglo XX ya existía un amplio consenso sobro que el cambio climático es una realidad y sobre que este tiene su origen en la actividad humana. El quinto informe evaluativo del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas (2014) ofrece varias proyecciones futuras sobre el impacto del cambio climático, entre otras, la de que es probable que al siglo XXI la temperatura mediana del planeta suba entre 1,5 y 2 grados respecto a la de la época preindustrial. Esta subida de temperaturas comporta graves consecuencias por las especies que habitan el planeta, incluida la humana: la fusión del hielo de los glaciares y el consecuente aumento del nivel del mar, olas de calor, sequías, etc. No estamos hablando solo del agotamiento de un recurso y las consecuencias que esto comportaría en un entorno concreto, que es lo que planteaba Lloyd al 1833. Estamos hablando de que el entorno donde todos los seres vivos presentes y futuros habitamos quede malogrado de forma grave y permanente, empeorando las posibilidades de subsistencia de todas las formas de vida del planeta. La tragedia de los comunes en el siglo XXI parece pues una realidad ya consumada, pero en términos incluso peores de los imaginados por Lloyd y confirmando el pesimismo de Hardin.

 

Las soluciones planteadas

 

Aun así, a medida que la nueva tragedia de los comunes se ha ido constatando en las últimas décadas, también ha crecido la concienciación sobre la importancia del problema. La extensión del reciclaje, el surgimiento de regulaciones, tasas e impuestos de carácter medioambiental o el fomento de combustibles alternativos a los fósiles son algunos ejemplos. Si bien estas medidas apuntan hacia una dirección correcta, son manifiestamente insuficientes según las proyecciones de los expertos. Es por eso que al 2015 la XXI Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático celebrada en París propició el llamado “Acuerdo de París”, en que los estados firmantes se comprometían a reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero con el objetivo que el calentamiento global no sobrepasara los 2 grados antes mencionados. Si bien este pacto supone un paso adelante más ambicioso respecto a los acuerdos anteriores, el problema radica en que no hay mecanismos para obligar los estados a cumplirlo, y de hecho algunos estudios indican que en el periodo que ya ha pasado desde la entrada en vigor del acuerdo muchos países no lo están cumpliendo. Pero es que incluso si los estados tuvieran una auténtica voluntad de implementar estos acuerdos, podríamos preguntarnos cómo conseguirían llevarlo a cabo. ¿Es posible transformar los hábitos diarios de literalmente miles de millones de personas en el transcurso de unas pocas décadas?

 

Un problema de acción colectiva

 

Lo que la tragedia de los comunes representa y lo que estamos viviendo en el siglo XXI con el cambio climático se puede entender en esencia como un problema de acción colectiva. Existe un bien superior (la conservación medioambiental del planeta) que solo podemos conseguir a través de una colaboración coordinada entre el conjunto de miembros de un colectivo, en este caso los habitantes del planeta. Este bien superior es suficientemente beneficioso para todo el mundo hasta el punto que podamos supeditar los legítimos intereses de los individuos o estados a su consecución, pues difícilmente se podrá argumentar que haya un bien superior a garantizar la conservación del único lugar donde nuestra especie (y de hecho, todas las otras que conocemos) puede vivir.

 

No obstante, para conseguir este bien superior, todos los agentes implicados (individuos o estados) tendríamos que renunciar a algo. Para conservar el planeta tendríamos que renunciar a llevar a cabo una parte de nuestras acciones que perjudican el medio ambiente. Consecuentemente, también tendremos que renunciar a los beneficios que obtenemos con estas actividades. Seguramente un alto número de personas accedería de buen grado porque tienen la convicción que su deber es hacer lo correcto para colaborar en la conservación del planeta. Pero probablemente este número de personas no será suficiente para conseguir el objetivo del bien común.

 

Es posible que otro número de personas no accediera de ninguna de las maneras, pues priorizaría sus intereses individuales a corto plazo al logro del bien superior a largo plazo. Un tercer grupo de gente quizás lo haría solo si tiene suficientes incentivos para hacerlo, sean incentivos negativos (castigos) o positivos (recompensas). Incluso podemos imaginar un cuarto grupo de personas que accedería en función de lo que hiciera todo el resto. Es decir, si ya hay un número de personas movilizado bastante alto como para tener el objetivo al alcance y su participación es decisiva, entonces accederían a participar, pero si ven que su participación no permitiría llegar a un umbral suficiente como para solucionar el problema, se quedarían con los beneficios individuales a corto plazo de no renunciar a estas acciones. Esto, en esencia, también lo podemos entender como el clásico ejercicio del dilema de prisioneros.

 

El que podemos concluir de esta reflexión es que dejar la conservación del planeta a la buena voluntad de individuos o estados probablemente no sería una solución eficaz, como tampoco lo era dejar la conservación del campo inglés al S. XIX a la mera buena voluntad de los ganaderos antes mencionados. Necesitamos pues mecanismos que faciliten lograr esta acción colectiva implicando algún elemento coercitivo. Del mismo modo que pagar impuestos no es opcional, colaborar en la conservación del planeta tampoco lo tendría que ser, si realmente es la única manera de conservarlo.

 

En base a esto, podríamos concluir rápidamente que la solución pasaría porqué los Estados implementen severas limitaciones a sus propias actividades nocivas por el medio ambiente, así como a las de sus ciudadanos, empresas, etc. Es una conclusión apresurada. En primer lugar, en muchos ámbitos las prohibiciones no son el mejor mecanismo para evitar una conducta. “Prohibir contaminar” podría ser extremadamente inviable de controlar y hacer cumplir a nivel individual, como lo es evitar el consumo de drogas o el sexo preconyugal. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que este problema de acción colectiva necesita del concurso de todos (o casi todos) los estados del mundo, y es probable que una propuesta de naturaleza tan coercitiva fuera vetada por alguien que priorizara sus intereses particulares. En tercer lugar, incluso si pudiéramos garantizar que esta propuesta fuera suficientemente aceptada e implementada, sería enormemente complicado que identificáramos con precisión y consenso el coste medioambiental asociado a todas y cada una de las posibles actividades que cualquier persona pueda llevar a cabo.

 

¿Qué podemos hacer pues? Una propuesta que garantizara un cierto nivel de libertad en su realización podría ser acordada e implementada con más facilidad, pues implicaría un margen de defensa de los intereses particulares en los agentes implicados.

 

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