Desigualdad social y ambiental: dos caras de la misma moneda

Dustan Woodhouse @dwoodhouse


Cuando hablamos de justicia (con jota minúscula) pensamos en el justo reparto de la riqueza, de los bienes o de los servicios. Distribuir lo que todo el mundo quiere o tiene derecho a, es la justicia social. Desde hace varias decenas de años, añadido al concepto de justicia social, otro término ha hecho su aparición en el vocabulario: la justicia ambiental. El concepto es distinto: las actividades humanas provocan degradación ambiental (contaminación, ruido, destrucción de espacios naturales, agotamiento de recursos hídricos...). Esta vez, en lugar de haber un pastel que todo el mundo quiere, hay una mochila llena de piedras que nadie quiere pero que también hay que distribuir.

 

El concepto de justicia ambiental apareció después de los 60, cuando las comunidades minoritarias indígenas o negras, inspiradas por la lucha por los derechos civiles, se dieron cuenta de que las infraestructuras dañinas siempre se instalaban en los barrios o regiones donde la población era sobretodo negra, indígena o latina. Y así como la falta de justicia social provoca que reciban menos los que menos tienen, la falta de justicia ambiental provoca que los que menos generan los efectos dañinos, más los padezcan. Pues bien, a nuestro juicio existe un vínculo estrecho entre la justicia social y ambiental: son las dos caras de la misma moneda, que es un sistema económico y social basado en la dominación, la explotación y la acumulación.

 

Cuando las injusticias ambientales tienen autores identificables, es posible pedir reparación (aun cuando en la práctica resulte casi imposible). Por ejemplo, pensemos en las personas que habitan los alrededores del Mar de Aral. Para abastecer de agua los campos de algodón y para hacer crecer arroz en pleno desierto, Uzbekistán y Kazajistán respectivamente, desde los años 1920, han desviado y absorbido el caudal de los ríos que aportaban agua al mar. Como resultado el Mar de Aral está desapareciendo a un ritmo que se puede apreciar día tras día, y sus costas han reculado en más de 80 kilómetros. Además, al subir la salinidad del agua, las poblaciones de fauna acuática han disminuido, 28 especies endémicas de peces han desaparecido, y los pueblos dependientes de la actividad pesquera se encuentran ahora a 80 kilómetros de la orilla, con las consecuencias económicas que podemos imaginar. Los habitantes de la región no pidieron que se absorbiera el agua del Mar de Aral, hacerlo no les beneficia en nada, pero son los que sufren en primera persona los efectos adversos.

 

Pero la falta de justicia ambiental tiene otra cara, cada vez más visible y más nefasta. El sistema productivo y de consumo de nuestras sociedades se basa en los combustibles fósiles y los plásticos. La combustión de los primeros crea gases de efecto invernadero que agravan el calentamiento global y provocan cada vez más desastres naturales. El uso masivo de los segundos y su lenta degradación transforman los océanos en sopas de polímeros, y los litorales en basureros. Frente a esos problemas, ¿a quién echar la culpa? A nadie en concreto y a todos a la vez. El causante directo no es identificable porque no hay. El culpable es difuso, y solo puede identificarse de forma genérica apelando al sistema de producción y consumo sobre el cual se articulan nuestras sociedades occidentales.

 

El último informe de la ONU anuncia lo que se podría considerar un apocalipsis climático, del que son ya un buen ejemplo las paradisiacas Islas Maldivas, condenadas a desaparecer alrededor de 2050 debido a la subida del nivel del mar por efecto del calentamiento global según indica la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este hecho es de una  gravedad tal, que se han planteado comprar un terreno continental a un país cercano (la India, Sri Lanka y Australia) por si sus 387.000 habitantes tienen que trasladarse en un futuro no muy lejano. Sin embargo, no se trata de un caso aislado. Las Islas Vanuatu se enfrentan al mismo problema dado que cada año el mar sube en esa zona unos 11 centímetros y la temperatura media crece un grado centígrado. El resultado es que hoy el 64% de las personas que viven en las Islas Vanuatu se encuentran en peligro. Mismo caso para las islas Salomón, cuyo caso ya fue presentado en la cumbre de la Tierra de Copenhague en 2009. De nuevo ¿ante quién pueden quejarse los y las habitantes de esas islas?

 

Las poblaciones costeras y cerca de ríos, incluidos espacios que se han ocupado a sabiendas que son fácilmente inundables, sufren y sufrirán más episodios de tormentas e inundaciones. Con cada episodio natural que destruya sus casas, erosione sus suelos, intoxique sus aguas e incluso, en el peor de los casos, acabe con sus vidas padecerán y se empobrecerán más hasta que se vean impelidos a migrar. Las recientes inundaciones en Paraguay son el retrato vivo de esa realidad. Unas inundaciones que históricamente sucedían cada 10 o 12 años se han vuelto anuales. Las migraciones por razones climáticas, con multitud de causas nada homogéneas como pueden ser los desastres naturales (inundaciones, tormentas, deslizamientos de tierras e incendios) el aumento del nivel del mal, sequías, deforestación e incluso las acciones emprendidas por el hombre para paliar los efectos del calentamiento global como la reforestación a gran escala o los grandes proyectos para expandir las fuentes de energías renovables, alcanza ya la cifra de unos 23,5 millones de desplazamientos anuales desde 2008 según las cifras de las Naciones Unidas. Una cifra que aumenta de forma proporcional a nuestra incapacidad de frenar las causas que las provocan.

 

En 2011 se propuso en Naciones Unidas la creación de un estatuto de "refugiado climático", aprobado finalmente en el 2017, por la cada vez más acuciante realidad de las poblaciones desplazadas. En este sentido es muy importante tener en cuenta que un pequeño aumento de temperatura del planeta es causa suficiente para que millones de personas, con toda probabilidad, se vean incapaces de mantener las actividades de su vida diaria en sus regiones durante los períodos cálidos del año.  

 

Por último, debido a su importancia cuando hablamos de justicia social y justicia climática, no podemos dejar de mencionar la perspectiva de género. Cuestiones como el papel de la mujer dentro de la familia y de la estructura social, en el entorno de un sistema productivista y patriarcal que les impone en determinadas zonas inhibiciones sociales, formas de vestir e incluso la falta de habilidades (subir a un árbol, nadar) que comprometen incluso su supervivencia ante fenómenos naturales hostiles, son clave. En casi la totalidad de los países, se les dificulta el acceso a los recursos naturales, la tierra, los créditos, la tecnología y, por supuesto, la representatividad en foros donde se toman decisiones, inciden de forma determinante en el hecho de que las mujeres sean las principales víctimas del cambio climático. En este sentido es necesario reivindicar el ecofeminismo como corriente que, capaz de ver esta doble cara de la violencia climática y estructural, incide en la necesidad de transformar un sistema patriarcal íntimamente ligado a la cultura del consumo y, como consecuencia a la explotación y la dominación, conseguir una transición igualitaria hacia una economía más justa. Solo actuando de forma transversal e incorporando a las mujeres en la lucha contra el cambio climático, se logrará una acción eficaz.

 

En definitiva son siempre las minorías pobres, y especialmente las mujeres, las víctimas de la falta de justicia ambiental. No tienen los recursos para impedir que los poderes económicos y políticos (nacionales y extranjeros) usen sus territorios y barrios para concentrar las instalaciones o actividades dañinas para la salud y el entorno natural, y son las que padecen con virulencia el impacto del calentamiento global; además, y por si fuera poco, tienen mucha menos capacidad que la gente rica para adaptarse o mudarse. La injusticia es especialmente profunda puesto que, por su bajo consumo de energía y recursos, la gente pobre apenas contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero. No solo sufren más, sino que además tienen menos culpa que los demás.

 

 

Los autores Toñi Gómez y Loïc Alejandro son coportavoces de EQUO.

 

 

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