Doctrina de la puerta estrecha: para un Derecho Penal más justo

24/05/2019

Karl Anderson @karlkiwi90

 

Hace unos meses, en Barcelona, una perra fue abatida de un tiro por un policía de la Guardia Urbana. El relato de los hechos es el siguiente: Sota - la perra - y su dueño, Tauri Ruusalu, paseaban por la Gran Vía barcelonesa, con la perra “suelta y sin atar”, es decir, violando la ordenanza municipal que establece que todos los perros potencialmente peligrosos deben ir atados en los espacios públicos. Un policía se le acercó y le requirió que se identificara. A partir de este punto, el relato policial, el de Tauri y el de los testigos que presenciaron los hechos que se siguieron a continuación diferirán enormemente. En su día el debate mediático se centró en la necesidad y proporcionaldiad del disparo que mató a Sota. No obstante, en este texto no querríamos  analizar este extremo, sino lo sucedido instantes antes: ¿Por qué una patrulla decidió parar a Tauri? Según recogió la propia Guardia Urbana en su hilo de Twitter, “la actuación se produjo cuando una patrulla se detuvo al ver a un perro desatado, sin bozal y de apariencia potencialmente peligrosa deambulando solo”, pero ¿por qué el de Tauri?

 

En Barcelona vivían en 2016[1] más de 50.400 perros. En ese mismo año la policía local de Barcelona interpuso 2.329 denuncias por infracciones relacionadas con la tenencia de animales. Los motivos fueron muy diversos: pasear el perro en lugares prohibidos, no recoger las heces, pasear con el perro sin atar, perros peligroso sin bozal, etc[2]. Analicemos esta cantidad de denuncias con algo de perspectiva. Como hemos dicho, en Barcelona viven más de 50.000 perros - un 10% de los cuales son de razas potencialmente peligrosas-[3], que, con una aproximación muy conservadora, son paseados al menos 1 vez al día, es decir, más de 18 millones de paseos durante todo el año. Sobre esos más de 18 millones de paseos, la policía interpuso sólo 2.329 denuncias, el 0,01% . Luego, o bien el 99,99% de los paseos son conforme a la normativa, o bien la policía no persigue todas las infracciones. Es evidente que, en  mayor o menor medida, nos encontramos en el segundo caso. Entonces, ¿con qué criterio se decide perseguir unos casos y  no otros? Y, aún más importante, ¿es eso correcto?

 

La función de la policía es velar por el cumplimiento de la normativa, y, a priori, parece evidente que cuando cumplen con tal finalidad -en este caso, identificar y sancionar a quienes infringen la ordenanza de tenencia de animales- están cumpliendo con las funciones que tienen asignadas. Luego ¿qué problema podría haber con lo sucedido cuando parece que la policía cumplió  con su cometido?  ¿No debe acaso perseguir infracciones y delitos? En lo que sigue se defenderá que no toda detención o persecución de actos ilegales puede entenderse conforme a Derecho. Esto es, que cabe suponer un caso en que la policía hiciera algo mal al sancionar a Tauri incluso asumiendo que éste infringía la ley de forma clara. Lo afirmado podría parecer muy extraño, sin embargo es sencillo imaginar una situación que encajara con la descripción anterior. Por ejemplo, supongamos que policía hubiera detenido a Tauri tras haber sido sobornado por un vecino que lo odiara; ¿Sería esa una detención conforme a Derecho? Seguramente en un caso así  cabría responder que el error residiría en aceptar el soborno y no tanto en la detención que, en sí misma, sería correcta. ¿Cabría entonces algún otro error similar?

 

Es razonable pensar que la policía no puede perseguir todas las infracciones o delitos de los que tiene conocimiento. Por poner un par de ejemplos: cuando advierte una conducta infractora, pero está atendiendo una intervención de mayor prioridad; o siendo incluso más laxos, cuando patrullando para prevenir e intervenir rápidamente en potenciales amenazas, decide no perseguir cada infracción de la que es conocedora - un peatón cruzando un semáforo en rojo; un ciclista que no circula por el carril habilitado; un ciudadano que tira basura al suelo; etc… -, por considerar más relevante estar preparado y en disposición de atender servicios más urgentes - accidentes de tráfico, agresiones, hurtos, etc… -. ¿Quiere decir esto que la policía no debe perseguir todos los delitos? No, en absoluto,  debe perseguirlos todos, pero en caso de resultarle imposible o desaconsejable por motivos de interés general, entonces debe priorizar en atención a criterios de oportunidad, eficacia y eficiencia asépticos. Y es que en la medida en que sus recursos no sean ilimitados, y con mayor o menor frecuencia no posibiliten intervenir correctamente en cada situación que se produzca, tendrá sentido ponderar y establecer criterios que determinen la prioridad con que deben perseguirse infracciones y delitos. En otras palabras, en la medida que la policía es un engranaje más del sistema que tiene por finalidad garantizar los derechos de los ciudadanos, deberá atender a la jerarquización de esos derechos para priorizar sus actuaciones. No tendría ningún sentido que la policía dedicara su tiempo y esfuerzo a evitar y multar por infracciones de tráfico no peligrosas - como tocar el claxon sin motivo -, en vez de hacerlo con conductas peligrosas para la salud o la vida - como conducir bajo los efectos del alcohol-. En resumen, que la policía priorice sus actuaciones, descartando algunas de ellas en base a un criterio consensuado que tenga en consideración la jerarquización de los derechos fundamentales de cada Estado parece algo sensato y deseable. Y esto no quita que, cuando respetando lo anterior, pueda atender infracciones de menor relevancia lo haga, y persiga y denuncie conductas “menores” como lo son no recoger las heces de un animal de compañía o a un peatón cruzando un semáforo en rojo.

 

Surge entonces la siguiente cuestión: si la policía no persigue todos los delitos - incluso aunque fuera con criterios de oportunidad convenientemente razonados y consensuados -, ¿no supone eso un agravio comparativo para el infractor sancionado en oposición al infractor que no lo es? Dicho de otro modo, si asumimos que en una sociedad, para ciertos delitos, habrá una parte de ellos que no serán perseguidos - no porque no hubiera forma humana de hacerlo (ausencia de pruebas, testigos, etc…), sino porque atendiendo a que los recursos son limitados- se priorice la persecución de otros, ¿supone eso una desigualdad ante la Ley que deba preocuparnos? No. Ahora bien, ¿por qué no? Precisamente porque el motivo por el que unos fueron perseguidos y otros no es- a priori- el único motivo justificable: que fuera oportuno, que atendiendo a todos los fines que debe perseguir la policía, cumplir con uno de menor importancia podría impedir cumplir con los más relevantes.

 

Ahora bien, si la causa por la que se persiguieran solo algunos delitos no fuera ésta, entonces estaríamos en un caso radicalmente diferente. Lo que en un caso era un indeseable pero necesario agravio comparativo fruto de la mala suerte -como a quien le cae un rayo- lo segundo sería una discriminación inasumible. La razón es sencilla de entender: si la policía decidiera con motivos diferentes al de oportunidad, estaríamos introduciendo variables que no deberían tomarse en cuenta en la persecución de ilícitos, y por tanto, abriríamos la puerta a una fuente de discriminación y al abuso. Digámoslo con otras palabras: para que la igualdad ante la justicia sea posible, es imprescindible que el sistema de justicia enjuicie actos y no a personas. Es por lo anterior que consideramos injustas por discriminatorias aquellas leyes que para personas que cometieron los mismos hechos - o que solicitaron los mismos derechos -, la causa por la cual se fallara a favor de una y en contra de la otra fueran la raza, la nacionalidad, el sexo, la religión, la orientación sexual o el nivel de riqueza, entre otros atributos,[4] (en adelante - características individuales -) - cuando ésta nada tuviera que ver con los hechos -. La igualdad ante la justicia exige mirar primero los actos al margen de toda condición particular que tuviera el infractor, para, tras determinar una respuesta unívoca para el caso general, entrar a valorar las condiciones concretas de cada caso y persona para determinar la pena.

 

No obstante, si nos quedáramos sólo con la igualdad ante la ley - que es cuanto tenemos ahora -, mantendríamos abierta una puerta a la discriminación, ya que cuando el ciudadano se sienta frente a los tribunales de justicia, la discriminación ya se habría producidoPara entender lo anterior, supongamos el siguiente escenario hipotético: si destináramos toda la fuerza policial de una ciudad a un barrio concreto, por muy perfecto que fuera el proceso judicial que siguiera a cada denuncia - y por tanto, aunque garantizáramos que ningún culpable quedaría libre y ningún inocente sería condenado -, un error de base, previo a todo proceso judicial, viciaría el resultado. Si la policía sólo persiguiera los delitos cometidos por las personas de ese barrio, pero no los mismos delitos por personas de otro barrio, no por los criterios de oportunidad que valorábamos anteriormente, sino por otros, en este caso, perseguir los delitos sólo de un barrio en concreto, el sistema de justicia - sin saberlo - discriminaría entre dos ciudadanos por el barrio en el que se encontraran. Ningún vecino culpable del barrio vigilado quedaría libre, y ningún culpable de los barrios no vigilados sería condenado. Y todo ello pasaría incluso asumiendo un sistema judicial perfecto.

 

¿Qué pasaría si el motivo por el que se persiguieran los delitos no fuera la extensión de un barrio, sino cualquier otro igualmente arbitrario como, por ejemplo, la raza, la nacionalidad, el sexo, la religión, la orientación sexual o el nivel de riqueza? Tendríamos un sistema de justicia que - incluso asumiendo la perfección de sus leyes y procesos - ofrecería resultados discriminatorios. Si sólo llevas a negros ante los tribunales, los tribunales sólo condenarán a negros.[5] Este texto pretende poner de relieve que la igualdad ante la Administración de Justicia no puede reducirse a la igualdad ante la ley. Es decir, para garantizar una Justicia que no discrimine con motivo de las características individuales, debe incluirse también a los policías; su toma de decisiones debe ser dirigida y auditada. De no hacerse, no establecemos los mecanismos que garanticen que las denuncias que llegan a los tribunales no han sido previamente sesgadas, que no estamos viendo sólo a una parte de los delincuentes, sólo aquella parte a la que se ha decidido perseguir por sus características individuales.

 

Dicho de otra manera, lo que propongo es establecer una analogía entre cómo debe denunciarse y cómo deben obtenerse pruebas para que estos dos procesos sean considerados legítimos. Es decir, trasladar la doctrina de la fruta del árbol envenenado[6] al campo de la investigación y denuncia. Esta doctrina toma su nombre del pasaje evangélico Mateo 7:17-20:

El buen árbol produce buenos frutos; y el malo, malos frutos. Es imposible que un buen árbol produzca frutos desagradables. Por otro lado, es imposible que un mal árbol produzca buenos frutos. Por eso los árboles que dan malos frutos se cortan y se queman. Igualmente, una persona se conoce por las acciones que realiza.”;


Y, en resumen, sostiene que las pruebas obtenidas por medios que vulneren derechos fundamentales[7] (así como aquellas otras que pudieran obtenerse como consecuencia de las primeras) serán consideradas nulas ante un tribunal, no debiendo éste atender a las mismas para dictar sentencia. Esta garantía procesal tiene su origen en los Estados Unidos, en el caso de 1920 que enfrentó a la Silverthorne Lumber Company contra Estados Unidos: el propietario de la compañía W.Silverstone fue arrestado por la información contenida en los libros de contabilidad de su empresa, que habían sido obtenidos por la policía mediante el allanamiento de sus oficinas. El Tribunal Supremo estimó descartar las pruebas obtenidas en aquel registro ilegal, incluyendo los libros de contabilidad sobre los que se basaba la acusación; no aceptando, por tanto, las pruebas más relevantes sobre las que se sustentaba la acusación contra W. Silverstone.

 

El desarrollo que ha tenido esta doctrina a lo largo de los años ha sido muy complejo. Por un lado tendríamos la línea norteamericana que concebiría esta clase de restricciones como un simple medio de prevención (deterrent effect) contra las detenciones policiales sin “causa probable”. Una concepción pragmatista de la “exclusionary rule” de la que se seguirían varias excepciones como serían, entre otras, que la prueba fuera obtenida por un particular o que el policía hubiera actuado de buena fe. En cambio, en la tradición continental en la que se inscribiría el Derecho español, esta regla de exclusión se concebiría, más bien, como un fin en sí mismo y parte del derecho subjetivo a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) - y que, por lo tanto, no cabría verse sustituído por otras medidas que fueran a tener un efecto preventivo análogo. La idea quedaría resumida en aquel viejo principio del Tribunal Supremo alemán según la cual no habría principio alguno del ordenamiento que impusiera la investigación de la verdad a cualquier precio. Y de allí que hoy, recogiendo la línea de la STS 114/84, la LOPJ disponga (art. 11.1) que las pruebas obtenidas directa o indirectamente violentado derechos y libertades fundamentales no surtirán efecto probatorio alguno[8]. Con todo, también dentro de esta segunda concepción se han recogido (dudosas y oscuras) excepciones (originadas también en el supremo americano) como serían la de  “la prueba independiente”[9] y la del “descubrimiento inevitable”[10] en las que, enjuiciando la “conexión de antijuridicidad” entre las diversas evidencias, se valoraría si la fruta provendría directa o indirectamente del árbol prohibido en unos términos que no fuera aceptables.

 

Así pues, y con independencia de qué visión en concreto adoptemos, podemos decir que, a la hora de diseñar un sistema de justicia, deben equilibrarse varios intereses. Simplificando, podríamos decir que en un platillo tendríamos la persecución y condena de culpables, y en el otro la protección de los derechos ciudadanos ante los abusos del poder.  De ahí que existan todo tipo de garantías procesales que limitan la actuación del Estado - o si más no, la invaliden en el juicio posterior -. La fruta del árbol envenenado es una garantía más que en 1920 se sumó a la lista de las ya existentes, entre las que también se encuentran, por poner sólo algunos ejemplos, la obligatoria lectura de derechos a los detenidos, el derecho a disponer de un letrado, el Habeas Corpus, el derecho a no testificar contra uno mismo (¡y a mentir descaradamente!), etc...

 

Si asumimos como razonable estos equilibrios entre la justicia formal y la justicia material, también podemos aceptar en base a esa misma argumentación la garantía que defiende este texto; una garantía más, orientada a proteger a los ciudadanos (inocentes o culpables) de los abusos del Estado. En este caso, no obstante, la finalidad no es dar garantías para que el juicio al que uno sea sometido sea un juicio justo, sino evitar que la razón por la cual un ciudadano es sometido a ese proceso judicial no se fundamente en una motivación espuria, movida por las consideraciones personales de los instructores de la causa (policías o jueces) hacia las características individuales de ese ciudadano.[11] En este sentido, esta nueva doctrina que propongo podría encontrar su inspiración, por seguir con la analogía, en el Evangelio de Mateo, pero algo antes, en los versículos 7:13-14:

 

"Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan."

 

 

Que nos vendría a decir 1) que también debe ponerse el foco en el proceso anterior a la obtención de pruebas y al juicio -esto es, a la denuncia y a la investigación -[12]; y 2) destaca la dificultad de seguir el camino correcto al denunciar e investigar, deshaciéndose de los prejuicios y preferencias personales y centrándose solamente en los indicios de criminalidad objetivos. En este sentido, sugiero dos vías para elaborar esta “doctrina de la puerta estrecha”: 1) sancionar a los policías culpables de haber actuado incorrectamente; 2) y establecer una garantía para los acusados.  Sobre la primera cuestión creo que se debe ser prudente, ya que si bien debe indicársele al policía que está siendo vigilado y que un mal desempeño de sus funciones puede acarrearle consecuencias indeseables (sanción económica, cursos de reeducación, suspensión de empleo y sueldo, expulsión del cuerpo…), tampoco debería fomentarse una situación de inacción por miedo a ser sancionado. Es, por tanto, y de nuevo, un difícil equilibrio que merecería ser ponderado e instaurado con mucha prudencia.

 

Por ese motivo, la vigilancia sobre la acción policial debe acompañarla una segunda medida que de forma análoga a lo que ya sucede con las pruebas obtenidas ilegalmente, actúe como contrapeso al incorrecto trabajo policial. El resultado del implementación de esta garantía sería la creación de una instancia previa al desarrollo de cualquier juicio en el que las defensas podrían denunciar la irregularidad de la investigación o detención del acusado que diera inicio al procesoAhora bien, esta medida, es decir, este “nuevo” derecho, ¿debería ser de aplicación a cualquier tipo de infracción o de delito - desde el más trivial, como no llevar atado al perro; al más grave, como podría ser el asesinato o el secuestro -? No está claro. Es evidente que los elementos procesales en el sistema judicial son relevantes y deben tenerse en cuenta porque son una herramienta que se ha demostrado eficaz para evitar abusos y arbitrariedades. Ahora bien, no debe olvidarse que la finalidad de cualquier sistema de justicia es, precisamente, hacer Justicia en términos materiales, esto es, que los culpables sean condenados y los inocentes no.  Dicho de otro modo, los procedimientos y garantías deben adaptarse a este fin, y como ha venido sucediendo, cada sociedad y época, tratarán de encontrar equilibrio entre la protección de los ciudadanos - independientemente de si son culpables o inocentes - frente a las injerencias del Estado y una razonable eficacia en la persecución de los delitos. Por tanto, y con toda la prudencia que debe tenerse ante la inclusión de modificaciones que podrían alterar sustancialmente la eficacia de nuestro sistema judicial, entiendo que podría plantearse en el sentido siguiente: 1) si se probara que la denuncia fue arbitraría, 1.1) para violaciones leves, como son las infracciones administrativas y algunos delitos leves, viciaría el proceso conllevando el archivo del mismo, así como una sanción para el policía; 1.2) en cambio, para los delitos más graves, podría conllevar sanción para el policía, pero sin viciar el proceso - a fin de preservar la justicia material en los casos más relevantes -; sin embargo, 2) para aquellos casos en que no pudiera probarse que la denuncia fue espúrea, pero tampoco que no lo fuera, 2.1) viciaría el proceso para infracciones y delitos leves, pero sin sanción para el policía; 2.2) pero no lo viciaría, ni conllevaría sanción, para delitos graves, permitiendo continuar el proceso judicial; y finalmente, 3) si se probara que la denuncia no fue espúrea, tanto para infracciones y delitos de cualquier gravedad, se seguiría el proceso normalmente.

 

Vistas cuales serían las consecuencias, aún cabe tomar en consideración algunas reflexiones adicionales para determinar cómo debería articularse el ejercicio de esta garantía. Evidentemente no habrá una respuesta única, sino la necesidad de conjugar un equilibrio entre los dos siguientes elementos: sobre quién recae la carga de la prueba; y cuál es el estándar probatorio. Cabe pensar en 4 grandes modelos de implementación que son resultado de la combinación de estos dos elementos:

 

-Carga de la prueba en el denunciante; estándar probatorio bajo.

 

-Carga de la prueba en el denunciante; estándar probatorio elevado.

 

-Carga de la prueba en el denunciado; estándar probatorio bajo.

 

-Carga de la prueba en el denunciado; estándar probatorio elevado.

 

A su vez, cabría incluso imaginar modelos mixtos en los que, para cierto tipo de infracciones o delitos se aplicara un modelo - estoy pensando en aquellos delitos en los que podría ser más habitual que la policía actuara incorrectamente - y otros delitos donde - al no existir ese riesgo - podría optarse por un modelo menos garantista. La elección de una fórmula u otra, así como la ponderación entre estos dos elementos, es especialmente relevante dada la naturaleza del elemento a enjuiciar: la motivación de la conducta policial. Cada sistema jurídico encontrará junto al resto de garantías que en él estén presentes, -en la busca del equilibrio entre la eficacia y la protección frente al abuso- una fórmula concreta que se adapte mejor a su realidad.

 

¿Cómo se aplicaría algo así? Volviendo al caso de Tauri y Sota, la defensa necesitaría evidenciar - si es que fue el caso - que esa pareja de policías no actuaba movida por el criterio de oportunidad; y que se indagara, por tanto, en qué otros motivos excepcionales justificaron la actuación. Es evidente que determinar que esa actuación policial fue arbitraria es algo muy difícil, puesto que la toma de decisiones de los policías es un proceso psicológico inobservable. Pero con carácter general, podría decirse que una actuación policial es arbitraria si los mismos hechos realizados por otra persona - una que no reuniera determinadas características individuales -, no se hubieran perseguido. Por ejemplo, si un agente del que puede acreditarse (mediante sus declaraciones en redes sociales, historial policial, etc…) una conducta sistemáticamente racista, y encontrándose de patrulla en coche, sin que mediara una instrucción clara de actuar (por parte de sus superiores, fiscalía, etc…), al ver a una persona negra entre una multitud blanca, decidiera pararla para solicitar que se identificara, todo ello sin que esta persona estuviera haciendo nada diferente que el resto de los congregados; en ese caso, parecería razonable sostener, salvo que cupiera una justificación que desconociéramos, que el agente se había movido por intereses espúreos. Sirva este ejemplo, deliberadamente reduccionista, para entender mejor cómo propongo que deberían actuar las defensas y cómo enjuiciar los magistrados. Insisto, soy consciente que demostrar la motivación espuria será muy difícil en la gran mayoría de casos; sin embargo es esencial notar que sólo con que algunos pocos pudieran acogerse a esta garantía ya conseguiría modificar positivamente la conducta de la policía; y ser una salvaguarda contra los casos más flagrantes.

 

Visto todo lo anterior, ¿Por qué la patrulla decidió parar a Tauri? No lo sabemos. Lo que sí supimos después es que Tauri es un sin techo y que su perra Sota no era de raza “potencialmente peligrosa”. La perra no tenía prohibido deambular sin lazo o bozal y, atendiendo a ese hecho, la conducta de Tauri no era ilegal. ¿Se excedió la policía entonces? Es difícil saberlo, al menos, por ese motivo. Los policías no son, ni pueden ser, especialistas en la identificación de razas y cruces de razas potencialmente peligrosas, y por ello deben actuar si hay indicios razonables. En otras palabras, si Sota fuera un caniche, sería evidente la mala fe policial, pero no lo era. ¿Fue por ello la decisión policial de pararlo aséptica, atendiendo a los criterios de oportunidad e interés general que se exponían más arriba? Tampoco lo sabemos y aventurarnos a pensar que fue por su condición de vagabundo sería sensacionalista. Lo que sí sabemos es lo siguiente: si ya existiera la medida propuesta en este texto, y con la información del caso de la que disponemos, e incluso asumiendo que Sota fuera de raza “potencialmente peligrosa”, 1) un tribunal podría haber desestimado la causa si pudiera argumentarse que la actuación policial fue arbitraria; 2) ofreceríamos mayores garantías a la ciudadanía para defenderse de la arbitrariedad, una medida que también podría ayudar a evitar situaciones de tensión con los agentes que -correcta o incorrectamente- les hagan requerimientos, facilitando la labor de la policía; y 3) mandaría un mensaje claro a los agentes para que actúen correctamente, amenazando con la nulidad de sus actuaciones arbitrarias y sancionándolos por hacerlo.

 

[1]  Último año del que tenemos información completa de todos los datos que se señalan en este texto a fecha de publicación.

 

[2] La Guardia Urbana - la policía local de Barcelona - interpuso, en 2016, 2.329 denuncias por infracciones relacionadas con la tenencia de animales por los siguientes motivos:

 

Perro en parques infantiles o jardines infantiles y en su entorno: 72

No recoger las heces de los animales domésticos en las vías o espacios públicos: 76

Perro potencialmente peligroso sin microchip: 78

Perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin correa o cadena: 102

Perro potencialmente peligroso no censado: 106

Perro potencialmente peligroso en las vías y espacios públicos sin llevar la licencia municipal o documento identificativo: 110

Animal de compañía sin microchip: 146

No contratar el seguro de responsabilidad civil de perros potencialmente peligrosos: 217

Perro potencialmente peligroso sin licencia: 219

Animal de compañía no censado: 253

Perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal: 501

 

[3] Son razas potencialmente peligrosas: akita inu, terrier de Staffordshire americano, bullmastiff, dóberman, dogo argentino, dogo de Burdeos, fila brasileño, mastín napolitano, pitbull terrier, presa canario, rottweiler, staffordshire pitbull terrier y el tosa inu. https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20170121/barcelona-perro-por-cada-diez-vecinos-5753322

 

[4] Entre otras características que podrían ser fuente de discriminación.

 

[5] Es por ello que la policía sólo debe atender a criterios de oportunidad a la hora de decidir sus actuaciones y no a las características individuales del ciudadano contra quien se dirija su actuación. Ahora bien, ¿quiere decir esto que siempre que la policía actúe basándose en alguno de estos atributos actúa injustamente? No necesariamente. El llamado “racial profiling” admite escenarios en los que tomar en consideración los atributos de una persona puede ser un método que supere las objeciones desarrolladas más arriba. Por poner un ejemplo: si en España la policía quisiera identificar inmigrantes ilegales - y dada la hegemónica preponderacia de unos rasgos concretos en la ciudadanía española -, parece razonable que de forma generalizada la policía actúe para identificar a personas de piel negra. Es tan razonable como sería hacer lo contrario en Nigeria si, por un giro del destino, fueran los europeos quienes tuvieran la necesidad de emigrar ilegalmente allí. Para más reflexiones sobre este asunto, recientemente se publicó en esta revista un artículo sobre la materia: https://www.revistalibertalia.com/single-post/2019/02/19/Porque-eres-negro-Y-punto

 

[6] http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/8944-la-doctrina-del-fruto-del-arbol-envenenado/

 

[7] A no confundir con una prueba meramente irregular, es decir, conseguida sin seguir los cauces procesales adecuados pero no por ello vulneradora (necesaria) de derechos fundamentales y cuyo defecto formal podría ser subsanable en algunos casos. Así podría afirmarse que toda prueba ilícita es irregular, pero que no toda prueba irregular es ilícita.

 

[8] Aun cuando, debe reconocerse, la jurisprudencia constitucional española ha ido aproximándose progresivamente a la sensibilidad norteamericana, erosionando su posición inicial más estricta.

 

[9] Sería el caso en que la prueba no se hubiera obtenido realmente como consecuencia (causa-efecto) de la vulneración de derechos. Emparentada con ella se recogería también la excepción de la prueba, no independiente, pero sí con un nexo causal atenuado con la vulneración de derechos.

 

[10] Sería el caso en que la prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales hubiera sido obtenida igualmente de no haberse actuado de ese modo.

 

[11] ¿Es este el caso de los políticos independentistas procesados por rebelión? Eso es precisamente lo que trataba poner de relieve la letrada defensora del Jordi Sanchez sobre las causas que motivaron a la policía a investigar a su cliente (fuera este culpable o no). Uno de esos momentos puede encontrarse en este segmento de la declaración del Coronel Baena: https://youtu.be/oMldCOvdjTM?t=27833; sin embargo, la Sala consideró que esas apreciaciones, dado nuestro marco legal, eran irrelevantes. ¿Lo serían de aplicarse la Doctrina que se explicará más adelante? ¿Sería este el fenómeno el de aquellos que, incluso reconociendo la posible criminalidad de los actos de los acusados, afirman que se los persigue por sus ideas, y los por ello los consideran presos políticos.

 

[12] Como también sucede en en el texto bíblico, ya que se trata del pasaje inmediatamente anterior al que inspira la doctrina del fruto del árbol envenenado.

 

 

Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Please reload

Buscador

Entrevistas

Qué opinan las voces más destacadas sobre los asuntos más candentes.s

Series

Diversos temas tratados con mayor profundidad y extensión en formato de series de artículos monotemáticos

colabora.jpg

Si quieres quieres criticar o complementar este texto, si no compartes su perspectiva, no lo dudes, haznos tu propuesta a la redacción.

¿En desacuerdo con este artículo?

Please reload

Revista Libertalia

Filosofía y Humanidades

  • Twitter - Revista Libertalia
  • Facebook - Revista Libertalia
  • LinkedIn - Revista Libertalia
  • SoundCloud - Revista Libertalia

Revista Libertalia es un proyecto sin ánimo de lucro ni línea editorial centrado en la filosofía y las humanidades.

 

Nuestro objetivo es promover la reflexión seria y profunda entre gente joven de dentro y fuera de la academia, tratando los diversos temas de forma compleja, pero con un lenguaje claro y directo.

 

Si estás interesado en colaborar con nosotros no lo dudes, enviándonos tus textos; nuestro equipo estará a tu disposición para acompañarte en el proceso de edición y publicación;  o bien ayudándonos a financiarnos a través de Patreon. 

Recibe la Newsletter