Polizones, espíritus líbres y el Estado: una crítica a Juan Ramón Rallo

Eleonora Patricola @ele1010

 

 

En los últimos años Juan Ramón Rallo se ha destacado como una de las voces más visibles y autorizadas del liberalismo en España, acercando al gran público unas ideas (y unas formas) hasta entonces desconocidas en televisión y casi exclusivas de la academia. Así, y como decíamos en nuestra reseña, es siempre recomendable leer sus textos, esforzados en sintetizar unas ideas provocativas en unos términos comprensibles para el profano en la materia.  Con todo, no puedo compartir la visión expuesta en su último libro -“Los 10 principios básicos del orden liberal” (2019, Ed. Deusto)- alineada con el libertarismo, la filosofía política de corte liberal caracterizada por la negación absoluta de los deberes positivos. Esto es, por entender que las obligaciones (legalmente exigibles) que unos y otros nos debemos se limitarían a la no-agresión y al cumplimiento de lo pactado. Es en contra de esta idea y en pro de los derechos positivos a la que dedicaré las siguientes líneas.  

 

Abre Rallo la discusión al respecto afirmando con contundencia que “la extensión de derechos positivos es en gran medida incompatible con el reconocimiento de derechos negativos […] Cuanto mayor sea el número de obligaciones positivas, menor será su espacio moral para desarrollar sus propios proyectos vitales: más bien sus proyectos vitales quedarían sometidos a los proyectos vitales ajenos. […] las obligaciones positivas limitan la capacidad de agencia de los individuos que las soportan (p.39)”. Sin embargo, eso, por sí mismo, no es concluyente, ya que según esa misma lógica cuantos menos derechos negativos se postularan, mejor. En efecto, el espacio moral de las personas –i.e aquel conjunto de acciones que están legitimados a hacer- aumentaría si, directamente, adoptáramos una posición nihilista según la cual ni tan siquiera debiera respetarse el principio de no agresión. Y es que si el argumento es “cuanto más espacio moral mejor”, entonces cuantos menos principios mejor, siendo el nihilismo moral superior al minimalismo moral que predica el libertario. Esto es, si lo que se pretende es evitar que la existencia de los demás conlleve frenos éticos a nuestra capacidad de acción legítima, entonces la mejor manera de conseguirlo es postulando el más irrestricto “todo vale”. De lo contrario, de existir ni que sea alguna escueta norma moral sobre lo que cada uno puede hacer, podría afirmarse que los proyectos vitales de unos quedan sometidos a los proyectos vitales ajenos.

 

Naturalmente se responderá que el rechazo al principio de no agresión y el consiguiente  aumento del espacio moral conllevaría una reducción catastrófica de la capacidad de agencia efectiva de las personas y que, por tanto, no cabría adoptar una doctrina tal. Es decir, que si todo vale, entonces no se puede nada. Ahora bien, si el motivo para rechazar el nihilismo moral -o en general una doctrina moral aun más minimalista que el libertarianismo- fuera la maximización de la capacidad de agencia efectiva, entonces se abriría la puerta a toda clase de derechos positivos que podrían conllevar ese mismo resultado maximizador que el libertario no está dispuesto a aceptar. Es decir, si uno está dispuesto a ceder espacio moral a fin de obtener libertad efectiva, entonces ya no habría lugar para la crítica anterior a los derechos positivos basada en la supuesta preeminencia del espacio moral por encima de la libertad efectiva para actuar en ese espacio.

 

Así las cosas, pasemos al primer argumento explícitamente esgrimido en contra de los derechos positivos. Hablando sobre la propiedad privada se afirma que “puede equipararse el comportamiento activo de una persona dirigido a interferir en los planes de otro (agresión) con la actitud pasiva de una persona a la hora de abstenerse de impulsar los planes de vida de otra persona (no cooperación) (p.40)” ¿Qué decir de ello? Lo cierto es que la existencia de una distinción radical y de fondo entre hacer y permitir no es tan obvia como se acostumbra a pensar. Tal y como ha sido extensamente discutido en la literatura al respecto, cuando una acción y una omisión conllevan el mismo grado de esfuerzo, peso causal e intenciones, distinguir moralmente unas y otras se complica bastante. Con todo, lo más relevante es que, aun y asumiendo que existiera esa distinción, su existencia no probaría el punto deseado. Es decir, que sea peor atropellar a un motorista que no asistirlo al cruzarnos con él por la carretera, no muestra que no exista un deber de hacerlo. Sin duda, la pena por atropellar no podrá asimilarse a la pena por no llamar a la ambulancia, pero aun así parecería razonable que no llamar a la ambulancia estuviera penado (es decir, que sí existieran ciertos deberes positivos).

 

Segundo, el derecho negativo a la no interferencia, a la libertad, es el presupuesto que necesitan todas las personas para priorizar cuáles son sus fines vitales. […] no se trata de que la libertad sea, ni mucho menos, lo único realmente valioso o importante en nuestras vidas, pero sí es el presupuesto indispensable (p. 40)”. De nuevo, cabría poner en duda si la libertad negativa es más necesaria que cualquier otro bien, servicio o estado personal para que las personas consigan priorizar sus fines. Ahora bien, y como decíamos, incluso si asumiéramos esa posición privilegiada a nivel causal de la libertad negativa, ello no prejuzgaría la pregunta moral sobre el estatus jurídico que deba recibir toda vez que el plano fáctico y el moral no se confunden. Es decir, del hecho de que X sea lo más necesario para Y no se sigue que X sea totalmente inviolable, y que otros tantos factores pro Y no deban también protegerse en alguna medida, incluso sacrificando parcialmente X.

 

Y tercero, porque no es cierto que una persona necesite coaccionar al resto para desarrollar su capacidad de agencia: los individuos también contamos con la opción de cooperar con otros sin necesidad de obligarnos a ello (p.41)”. Una afirmación que, de nuevo, no parece demasiado plausible, al menos sin asumir una naturaleza humana sumamente altruista o racional. Imaginemos la isla de Robinson Crusoe, tan habitual en el imaginario libertario, y concebiremos con facilidad toda clase de situaciones en que la supervivencia de Robinson podría depender de que Jueves le ayudara sin por ello tener la certeza de que Jueves desearía hacerlo. Al contrario, podría estar perfectamente interesado en su fallecimiento para poder apropiarse de todos sus bienes. Afirmar que la colaboración siempre bastará para poder acceder a según qué recursos básicos es, cuanto menos, una generalización muy imprecisa. 

 

Ahora bien, una cosa debe quedar clara: con todos estos comentarios críticos no se pretende mostrar la existencia de deberes positivos. En absoluto. Por tres razones: 1) porque muchas refutaciones -en el caso de que lo fueran- no equivaldría a una demostración; 2) porque los 4 argumentos -muy someramente- abordados no constituyen todo el arsenal libertario; 3) y porque demostrar la existencias de los derechos positivos sería tan imposible como lo contrario. Qué clase de deberes tengamos las personas es una cuestión de “intuiciones básicas” no reducibles a otros principios más generales. Al contrario, constituyen los axiomas desde los que juzgamos los demás casos. Por ejemplo, y en relación al último argumento analizado, incluso si se concediera que la cooperación forzosa es estrictamente necesaria para que las personas desarrollaran su agencia en multitud de situaciones ello, tampoco mostraría la obligatoriedad de la misma (pues ello conllevaría confundir una vez más el plano fáctico con el moral). De hecho, y como sugeríamos, si quisiéramos zanjar este debate apelando a principios del tipo “debemos comportarnos de aquella forma tal que maximice la capacidad de agencia”, entonces nos comprometerías con un utilitarismo descabellado que no sería aceptado por ningún bando del debate. En definitiva, cuánto nos debamos unos a otros –si la no agresión, si una ayuda “mínima”, si una ayuda significativa…- es algo difícilmente conciliable, pues no cabe apelar a principios más generales desde los que buscar el acuerdo.

 

Un apunte antes de continuar. En este momento existiría la tentación de apostar por la “no agresión” en base a la aparente simplicidad de este principio en contraposición a la naturaleza gradual y por ende imprecisa de los supuestos deberes positivos. Es decir, parecería que decir “no nos debemos atacar” es fácilmente aplicable mientras que “debemos ayudarnos en determinado grado” es campo abonado para la arbitrariedad. Dos comentarios al respecto: en primer lugar debe recordarse que la sencillez en la aplicación de un principio solo constituye una razón pragmática en su favor, mas no una verdadera razón teórica o una evidencia de su verdad. Y en segundo lugar porque esa aparente simpleza no sería tal. Es decir, qué pueda considerarse exactamente una agresión no es algo auto-evidente. Por ejemplo, ¿puede un libertario insultar a su vecino? ¿Cuenta el insulto como “agresión”? ¿Es la “integridad moral” (o el honor) análoga a la integridad psicofísica que podríamos violar con una pedrada? La respuesta que le demos a estas preguntas –y a otras emparentadas- depende, como es evidente, de factores ajenos al propio principio de no agresión.

 

No obstante, aun y lo anterior, querría sugerir un argumento en pro de los deberes positivos que pudiera resonar en el pensar libertario: mostrar que, en contra de lo que se afirma, no cabría justificar la existencia de un Estado (mínimo) desde la negación de los deberes positivos, siendo el anarcocapitalismo la única opción para el libertario. O más concretamente, evidenciar que, de acuerdo con los presupuestos y matices que Rallo introduce, la justificación de un Estado mínimo sin apelar a la existencia de algunos deberes positivos quedaría restringida a un territorio en que no habitaran –lo que denominaré- “espíritus libres” genuinos. Me explico.

 

La legitimación del Estado –incluso en sus versiones más mínimas- siempre ha sido un punto complejo para el libertario. Justificar la existencia de, ni que sea, unos pocos impuestos destinados a financiar la policía, el ejército y la administración de justicia no es tarea fácil cuando se parte del principio de no-agresión como único deber legalmente exigible. Consciente de todo ello, Rallo –siguiendo a Epstein (2005) en su crítica a Nozick (1974)- abre la puerta a algunas transacciones forzosas excepcionales. Es decir, al cobro de determinados impuestos para financiar esos servicios. Para ello opta por conceptulizarlos como bienes públicos, es decir, “bienes no rivales (pueden ser usados por una pluralidad de personas a la vez) en los que no cabe excluir a los distintos usuarios [al menos no a un coste razonable](p.70)”. Ahora bien, como es conocido, los bienes públicos “puede inducir a los individuos a comportarse de forma oportunista: si uno se va a beneficiar del bien público con independencia de que contribuya a costearlo o no, ¿qué incentivo existe para pagar por él? Esas personas oportunistas se denominan free-riders o, más sencillamente, gorrones. Conviene remarcar que el gorrón no es una persona que rechace la provisión del bien público porque valore más su dinero que el bien público como tal: al contrario, es una persona que valora más los servicios que le ofrece el bien público que su coste, pero que aun así prefiere tratar de escaquearse (p.70)” Pues bien, como la existencia de estas personas podría imposibilitar el surgimiento de un Estado de adscripción puramente voluntaria perjudicando a todos los implicados –gorrones y no gorronoes- Rallo nos dice que “En tales casos, reducir el grado de protección de la propiedad privada a la indemnización contra daños podría contribuir a ampliar la cantidad y calidad de planes vitales que pueden alcanzar las personas: es decir, si se les <<expropia>> una cantidad de dinero pero se les indemniza con la prestación de unos servicios valoran más que esa cantidad de dinero (y a los que no habrían podido acceder sin esa <<expropiación>>), entonces la relajación de los términos de protección de la propiedad privada en ese supuesto concreto podría terminar beneficiándoles (p.71)”. Es decir, lo que Rallo nos está proponiendo es que, en algunos casos muy concretos – i.e cuando “todos desean el bien pero […] son incapaces de alcanzar un compromiso creíble de que todas van a contribuir a financiarlo (p.71)– y de acuerdo con las restricciones prudenciales añadidas en las páginas sucesivas, sí habría lugar para la recaudación legítima de impuestos, y la creación subsiguiente de un estado mínimo igualmente legítimo.

 

No obstante, y en contra de lo que entiendo que se sostiene, no creo que del principio implicado en las líneas anteriores (sobre las circunstancias que legitiman la expropiación compensada) pudiera justificarse la creación de un Estado mínimo en todas las circunstancias que un minarquista desearía. Son dos los problemas que, a mi juicio, se enfrentaría. En primer lugar es dudoso que, de acuerdo a una sensibilidad liberal, cupiera aceptar el principio anterior de acuerdo con el cual sería legítimo obligar a la creación y financiación de una asociación cuando (i) ello redundara en beneficio (subjetivamente apreciado) de sus implicados y cuando (ii) esa organización no se hubiera dado espontáneamente por dificultades importantes de coordinación. En efecto, a mi entender lo más coherente con el sentir libertario sería apreciar que si unas personas no son capaces de organizarse para mejorar sus vidas ese es solo su problema, mas no un “casus belli” para legitimar la violencia. Las personas deben responsabilizarse de sus actos y si no son capaces de jugar al dilema del prisionero como adultos, entonces que paguen sus consecuencias –diría el libertario.

 

Y en segundo lugar, y si acaso más importante, porque incluso si aceptáramos (i) y (ii) la construcción de un Estado solo podría darse sobre un territorio habitado por personas genuinamente interesadas en la creación del mismo  (fueran o no gorrones). Ahora bien, si en un territorio coexistieran verdaderos espíritus libres –i.e personas que realmente valoran más su dinero que el beneficio que podrían sacar al vivir y financiar un Estado mínimo- con personas interesadas en la creación de un modesto Estado, entonces (i) ya no se satisfacería: habría todo un conjunto de personas –los espíritus libes- cuya incapacidad para formar un estado no respondería a problemas de coordinación o falta de confianza. Se debería, entre otros factores, a sus preferencia personales, a su enamoriamiento máximo por la libertad.

 

Luego, bajo una comprensión al uso del Estado –“<<Estado>> aquella comunidad política que se ha arrogado la soberanía sobre un territorio y también sobre la población que reside dentro de él (p.144)”- la creación del mismo sería imposible allí donde existieran espíritus libres. A lo sumo el liberalismo aquí defendido podría justificar la creación de “agencias de seguridad y justicia” cuya “soberanía” se extiendería, no sobre todos los integrantes de su territorio –en ese caso hablaríamos de Estado-, sino solo sobre sus socios, no pudiendo afectar a los demás miembros de su territorio. Así pues, es falso que la solución propuesta para el problema de los bienes públicos justifique realmente la creación del Estado, ya que la respuesta planteada solo se encamina a lidiar con los gorrones pero no con los espíritus libres. Es decir, en contra de lo que se sostiene, el minarquismo y el anarcocapitalismo no son dos alternativas igualmente compatibles con los principios teóricos del liberalismo (p.146), al menos no en aquellos territorios en los que coexistan estatalistas (incluyendo también a los estatalistas gorrones) y espíritus libres.

 

¿Cómo podría justificarse entonces la creación de un Estado en los territorios en los que se dé esa coexistencia? O bien aceptando que la violación de los derechos individuales es legítima cuando el beneficio que se aportara a cambio fuera objetivamente superior al perjuicio causado –en cuyo caso se comprometería uno con el paternalismo. O bien aceptando que la violación de los derechos individuales es legítima cuando de ello se derive un gran beneficio colectivo –en cuyo caso se comprometería uno con toda clase de medidas que el libertario repudia, entre ellas la distribución de la renta. O bien aceptando que los individuos tenemos algunos deberes positivos que incluirían contribuir en cierta medida a la financiación de una organización que garantice el orden liberal (estemos o no interesados en ello) –en cuyo caso se abriría la puerta a toda clase de derechos positivos más o menos exigentes para con el particular.  Esta sería la opción por la que yo apostaría; una concepción del liberalismo según la cual el Estado sería un mal sí, pero necesario no solamente para luchar contra los gorrones sino, más generalmente, para ejecutar forzosamente las distintas obligaciones positivas que respectivamente nos deberíamos los unos a los otros. Unas obligaciones que, como sugiero, incluiría la financiación de un Estado razonablemente austero pero que, no obstante, también garantizara toda una serie de bienes (que juzgaría como) básicos y que irían más allá de la policía, el ejército y la administración de justicia (siempre y cuando el mercado no pudiera proveerlos adecuadamente, en aplicación del principio de subsidiariedad).  

 

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