Reseña: "Las cuentas pendientes del sueño americano", Cass Sunstein (2018)

03/05/2019

Brian Kraus @sonderquest

 

El libro de Cass Sunstein (Massachusetts, 1954) - Las cuentas pendientes del sueño americano. Porqué los derechos sociales y económicos son más necesarios que nunca, (ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 2018, pp. 288. y que puedes encontrar aquí)-, recientemente traducido al español presenta un diagnóstico actual de los derechos sociales en el contexto norteamericano y, al mismo tiempo, demuestra cómo pueden ser compatibles con las libertades individuales. Junto con Frank Michelman o Mark Tushnet, Sunstein es uno de los pocos filósofos que defienden, en los Estados Unidos, el reconocimiento de este tipo de derechos y una vigorosa intervención del Estado en la economía.[1] La primera parte de la obra, titulada “Roosevelt”, es de carácter especialmente histórica y explica, bajo una mirada elogiosa, el proceso del New Deal y la figura del propio presidente. En concreto, Sunstein hace hincapié en lo que denomina el “discurso del siglo” (p. 27): el discurso que pronunció Roosevelt el 11 de enero de 1944 con motivo del Mensaje al Congreso del Estado de la Unión y que instauró la propuesta de la Segunda Carta de Derechos (Second Bill of Rights), donde declaró un extenso catálogo de derechos sociales y económicos, como el trabajo, la seguridad social, la vivienda y la salud.  

 

Según Sunstein, la Segunda Carta “marcó la caída absoluta de la idea (absurda) de que la libertad proviene de la ausencia del gobierno” (p. 33). En efecto, el laissez-faire norteamericano, que predominó desde los albores de la nación americana a fines del siglo XVIII, centró su atención exclusivamente en la regulación del derecho de daños, el derecho de los contratos y el derecho a la propiedad privada. Así, la ofensiva del New Deal a la regulación del laissez-faire vino dada por la insuficiencia que mostró esta desregulación para resolver los problemas generados por la Gran Depresión de 1929, donde la especulación financiera causó estragos en la economía y franjas enteras de ciudadanos norteamericanos quedaron desempleados. En opinión de Sunstein, el sistema del laissez-faire es inadecuado e incapaz de explicar satisfactoriamente la relación de los mercados con los Estados, puesto que, a su juicio, la riqueza depende del gobierno y sus acciones. Si trasladamos esta afirmación a nuestro presente, ella queda confirmada por lo sucedido en la última crisis financiera: dejando a un lado los juicios de valor sobre el crack del 2008, lo que quedó en evidencia fue la indispensabilidad de los Estados, puesto que fueron vitales para el aseguramiento del orden económico, el rescate de las entidades bancarias y la estabilización de los mercados. Como apunta Suntein: “el reclamo de laissez-faire suele provenir de quienes, si realmente se los dejara solos, perderían de inmediato su poder de absorción de riquezas.” (p. 41).

 

Con el correr de las páginas, el autor se adentra en el problema de la constitucionalidad del New Deal: uno de sus rasgos principales fue la creciente absorción de poderes por parte del Presidente y el consecuente debilitamiento de las facultades del Congreso y el Poder Judicial. En efecto, el Gobierno central alegaba que los Estados particulares de la Unión eran débiles e ineficaces para hacer frente a la Gran Depresión, como así también el Poder Judicial era incapaz de disminuir el impacto de los problemas económicos desencadenados. En paralelo, el Congreso había transferido poderes legislativos a Roosevelt, principalmente por dos razones: la emergencia económica y el ingreso de Estados Unidos en 1941 a la Segunda Guerra Mundial. Con todo, la Corte Suprema consideraba creía que la delegación de poderes legislativos del Congreso hacia el Presidente era de dudosa constitucionalidad y dictó sentencias adversas al espíritu reformista del New Deal.

 

 

 

Ahora bien, Roosevelt, en 1937, comenzó a “llenar la Corte” (p. 72) y designó jueces con inclinaciones demócratas y progresistas que, mediante notables sentencias, emprendieron cambios de criterios interpretativos. A raíz de esos cambios, la pregunta que surge es: ¿El New Deal alteró o enmendó los objetivos y el diseño clásico del sistema constitucional norteamericano? Como en toda cuestión litigiosa, hay opiniones para todos los gustos: por ejemplo, Bruce Ackerman[2] defiende estos cambios en la interpretación constitucional, dado que la ciudadanía ratificó los nuevos derechos sociales y nunca los cuestionó, siendo el significado constitucional mutable en función de las ideas cambiantes de generación en generación (por ejemplo, el sentido constitucional no es el mismo en 1980 que en 2000). Del otro lado, existe una corriente muy difundida que niega legitimidad constitucional al New Deal, bajo el entendido de que le otorgó al Presidente poderes exorbitantes y permitió la restricción excesiva de las libertades, entre ellas la económica. La posición de Sunstein se inscribe en la tesis favorable al cambio en la interpretación constitucional, al entender que la Constitución es un “instrumento flexible” (p. 76): la Constitución es un texto vivo que se escribe día a día por la ciudadanía y los poderes públicos. Igualmente, ésta no prohíbe al Congreso que emita leyes que deleguen una amplia gama de poderes al Presidente, por lo que la Corte debe respetar la voluntad del Congreso, debido a que “los jueces no son nuestros gobernantes” (p. 77).

 

El otro argumento de peso que ofrece Sunstein para justificar la constitucionalidad del New Deal es la diferenciación que realiza entre “derechos constitucionales” y “compromisos constitutivos.” Así, los derechos constitucionales están escritos en la Constitución, como por ejemplo la libertad de expresión; en cambio, los compromisos constitutivos no están expresamente recogidos en el texto constitucional, pero su legitimidad viene dada porque cuenta con una “amplia aceptación y no pueden ser eliminados sin un cambio fundamental en su interpretación social” (p. 77). Son los que, en el sentido literal del término, constituyen los valores básicos del imaginario social y jurídico norteamericano, dado que se fueron integrando, con el correr de los años, al concepto de Constitución, como el derecho a la educación o la seguridad social. En este sentido, Roosevelt abogaba por este tipo de compromisos constitutivos y no pretendía modificar la Constitución ni tampoco alterar el significado original de la misma.

 

En la segunda parte del libro –designada “Los Estados Unidos”– Sunstein se dedicará a responder una pregunta con una sólida batería argumentativa que va desde de la historia y cultura estadounidense, a la actividad de la Corte Suprema y las elecciones que llevaron a Nixon al poder en 1968: ¿Por qué la Segunda Carta de Derechos no está reconocida en la Constitución de los Estados Unidos? Para ello, expone cuatro hipótesis. En primer lugar, una razón “cronológica” (p. 123): en el siglo XVIII, momento de la creación de la Constitución, no existían los derechos sociales y los Padres Fundadores ni siquiera pensaron en ellos. En segundo lugar, una razón de carácter cultural, o lo que denomina “excepcionalismo estadounidense” (p. 141): a lo largo de su historia, Estados Unidos nunca tuvo una revolución socialista, ni tampoco existieron movimientos políticos socialistas que promoviesen una reforma constitucional que incluyera los derechos sociales. La cultura política del país, intensamente individualista, ha sido particularmente hostil a la intervención a gran escala del Estado en la economía y a la redistribución de la riqueza.

 

El tercer argumento está vinculado al lugar de los derechos sociales en el Poder Judicial: los tribunales son los responsables de hacer cumplir la Constitución, mas éstos derechos no son exigibles porque, precisamente, los jueces no pueden decidir donde se tienen que invertir los recursos económicos, no pueden crear organismos públicos, no establecen impuestos, etc., es decir, los tribunales están en una “posición administrativa para la que no tienen las herramientas necesarias.” (p. 159). Por último, el cuarto argumento –y decisivo– es la actuación de la Corte Suprema en los años 60 y 70 y la victoria de Nixon en 1968. En aquel entonces, la Corte empezó a adoptar, en sus sentencias, principios propios de las reformas del New Deal y le otorgó a los derechos sociales y económicos especial protección, por lo que, en los años 60, todo iba camino a un reconocimiento de la Segunda Carta. Ahora bien, Nixon, que le ganó las elecciones en 1968 al candidato demócrata Hubert Humphrey, renovó la Corte y designó a cuatro miembros de tendencia conservadora: la Corte conocida como “Burger”, en alusión al entonces juez y cabeza del máximo organismo Warren Burger, dictó una serie de decisiones claramente contrarias a la anterior Corte y limitó de manera considerable el alcance de los derechos económicos, razón por la cual, según Sunstein, consumó una verdadera “contrarrevolución” (p. 174).

 

En la tercera y última parte, denominada “Constituciones y compromisos”, el autor expone su visión sobre los derechos sociales. La prioridad no reside en averiguar los fundamentos filosóficos de los mismos, sino en su comprensión como herramientas, como “instrumentos pragmáticos” (p. 188) que revisten especial importancia para los intereses de la mayoría. Al mismo tiempo, Sunstein se enfrenta a la clásica y extendida visión –principalmente en círculos conservadores y libertarios en Estados Unidos– entre derechos negativos y derechos positivos, respetándose los primeros “atándole las manos al Estado”: no censure, reprima y persiga la libertad de expresión, la libertad de reunión y de manifestación, etc. No obstante, para Sunstein, todos los derechos necesitan de la acción permanente y activa del Estado y, por consiguiente, todos los derechos son positivos. Garantizar la libertad de expresión o la propiedad privada cuestan mucho dinero e implica grandes dosis de gasto público. Sin un Estado fuerte y eficaz que cobre impuestos, redistribuya ingresos, administre recursos, etc., los derechos, en la realidad, se verían ostensiblemente desprotegidos. (Una idea también desarrollada con más profundidad en su libro escrito a cuatro manos con Stephen Holmes, titulado El costo de los derechos. Por qué la libertad depende de los impuestos[3]).

 

¿Por qué leer Las cuentas pendientes del sueño americano? En primer lugar, está escrito de forma clara y precisa, sin que abunde en tecnicismos jurídicos ni sean necesarios conocimientos especializados. En segundo lugar, constituye un excelente cuadro para adentrarse en el mundo de los derechos sociales en el ámbito norteamericano y el tratamiento que éstos han tenido a lo largo de su historia, por lo general poco tratado en las obras traducidas al español. En tercer lugar, se conjuga de manera consistente los derechos individuales, o negativos, y los sociales, o positivos, dicotomía que en la teoría jurídica ha permanecido, históricamente, disociada y que Sunstein quiebra bajo el entendido de que todos los derechos son positivos y necesitan de un Estado interventor en la economía. Por último, Sunstein esboza una pregunta que, en tiempos como los actuales, es más necesaria que nunca: ¿Es posible volver al Estado de Bienestar?

 

 

 

[1] En paralelo, el trabajo de Sunstein no se ha limitado a la actividad académica, puesto que fue asesor de la Administración Obama y director, entre 2009 y 2012, de la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios.

[2] En su ya clásico libro We The People. Fundamentos de la historia constitucional estadounidense, Traficantes de sueños, Madrid, 2015.

[3] Sunstein, Cass y Holmes, Stephen, El costo de los derechos. Por qué la libertad depende de los derechos, Siglo XXI, Buenos Aires, 2011.

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