Breve historia del voto femenino en España

El 9 de diciembre de 1931 se aprobaba en Cortes la Constitución de la Segunda República española cuyo artículo 36 disponía:  “Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes”. Por aquel entonces ya eran varios los Estados de nuestro entorno que habían reconocido el sufragio universal - Alemania (1918) o Reino Unido (1928)- aún cuando había otros tantos por llegar -como Francia (1944) o Italia (1946).

 

Los primeros conatos significativos de igualdad sufragista en la historia de España pueden situarse en 1924, durante el directorio militar de Primo de Rivera; precisamente un 8 de marzo. Casualidad o no, tal día se promulgaba el Decreto-Ley sobre Organización y Administración Municipal por el que se otorgaba el derecho de voto (activo y pasivo[1]) para las elecciones municipales a todas aquellas mujeres mayores de edad; eso sí, solo a aquellas solteras o viudas, (a fin de "no trastocar la paz familiar con eventuales disputas políticas"). Gracias a ello cerca de 1,8 millones de nuevos ciudadanos pudieron ser incorporados al censo electoral. Y es que, tal y como ya argumentó en la década anterior el conde Casa-Valencia, parecería razonable que en un país en que podía haber reinas, pudiera haber también alcaldesas[2].

 

Un año más tarde, un nuevo Decreto-Ley (sobre la organización provincial) extendería estos mismos derechos a las elecciones para las diputaciones. Y finalmente, en 1927, se firmaría el Real Decreto por el que se convocaba la Asamblea Nacional, en cuyo art. 15 se establecía que podrían formar parte de la misma “varones y hembras, solteras, viudas o casadas, éstas debidamente autorizadas por sus maridos”. Fueron 13 las mujeres escogidas, siendo la malagueña Concepción Loring -marquesa de la Rambla- la primera parlamentaria española en tomar la palabra en el Congreso.

 

No obstante, no debería verse el sufragismo de la dictadura de Primo de Rivera como una “seta afortunada” salida de la nada; estos mismos requisitos para votar que se recogían en los Decretos del 24 y el 25 venían proponiéndose en sede parlamentaria desde hacía ya medio siglo. Primero fue Alejandro Pidal quien, en las discusiones sobre la Ley Electoral de 1877, expuso tales argumentos, como también haría algo más tarde Francisco Pi, esta vez en relación a la Ley de Régimen de Administración Local allá por el 1908[3]. De hecho, tal y como tan curiosamente destaca Díaz Fernández (2005), la opinión pública no veía con malos ojos que las mujeres pudiera entrar en la política municipal al entender que esta solo era una extensión (de aquello que se denominaba) “sus labores”; y es que si las mujeres podían y debían encargarse de que los hogares estuvieran limpios y ordenados, ¿qué no podrían hacer con las calles y los jardines de pueblos y ciudades?

 

Sin embargo, con el fin de Primo de Rivera y la “dictablanda” del general Berenguer –al que Alfonso XIII encomendaría retornar a la legalidad de 1876- la cuestión del sufragio universal quedó paralizada, hasta el punto de que las elecciones municipales del 31, las que darían lugar a la República -legítimamente o no-, carecieron de presencia femenina.

 

Sello conmemorativo de la apertura de las Cortes Constituyentes, franquicia postal, República Española, 1931. Extraído de https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola

 

En junio del 31, formado ya el gobierno provisional con Alcalá Zamora como presidente, se convocan elecciones a Cortes Constituyentes pudiendo votar y ser escogidos todos los hombres mayores de 23 años, y pudiendo ser escogidas todas las mujeres mayores de 23 años. Conseguirían el puesto de diputada dos feministas históricas y viejas conocidas de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas: la abogada Victoria Kent, de la conjunción republicano-socialista, y la abogada Clara Campoamor, del partido radical, (que también integraría la comisión encargada de redactar el proyecto de Constitución [4].)

 

Ese primer borrador redactado en pocos días contenía de manera dispersa a lo largo del articulado el polémico sufragio universal. Sin embargo, lo contenía solo “en principio” pues el provisional art. 23 decía que:

 

No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: el nacimiento, la clase social, la riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas. Se reconoce, en principio, la igualdad de derechos de los dos sexos. El Estado no reconoce los títulos y distinciones nobiliarios

 

Un artículo que en conjunción con el también provisional art. 34:

 

"Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes"

 

Hacían temer excepciones de todo tipo, dejando a la igualdad política en una situación más bien precaria. Fueron dos los argumentos principales que se esgrimieron en sede parlamentaria en contra de un reconocimiento pleno de tales derechos. Por un lado, la existencia de supuestas deficiencias biológicas –la "histeria femenina"- que harían de la mujer un ser de emoción y no de razón lo que, o bien debía impedirle votar, o bien hacerlo a edades más tardías, transcurrida la menopausia. Por otro lado, y más comunes, también se usaron argumentos de “oportunidad” política, temiendo la izquierda que las mujeres apostaran masivamente por candidaturas conservadoras. Así, el diputado Álvarez Buylla diría que:

 

el voto de las mujeres es un elemento peligrosísimo para la República […] la mujer española […] no se ha separado de la influencia de la sacristía y el confesionario […] a la mujer puede dársele el derecho pasivo, pero nunca el derecho a ser electora”.[5]

 

Similarmente el diputado Guerra de Río llegaría incluso a sostener que:  

 

se reserve la República el derecho (de sufragio femenino) para concederlo en una ley electoral, para negarle al día siguiente si la mujer vota con los curas y la reacción[6]”

 

Por su parte, Indalecio Prieto, que ocuparía varias carteras ministeriales para los socialistas, calificaría al sufragio universal de “puñalada” a la República[7]. 

 

Con todo, el momento álgido del debate lo protagonizarían a primeros de octubre las parlamentarias, cada una en un lado de la polémica. Kent, movida también por razones de oportunidad y priorizando la cuestión obrera, razonaría del siguiente modo:

 

[…] creo que el voto femenino debe aplazarse. Que creo que no es el momento de otorgar el voto a la mujer española.  Lo dice una mujer que, en el momento crítico de decirlo, renuncia a un ideal.

 

Algo del todo cierto dado que, como decíamos, Kent tenía en su haber una dilatada carrera feminista.

 

[…]Y es necesario Sres. Diputados aplazar el voto femenino, porque yo necesitaría ver, para variar de criterio, a las madres en la calle pidiendo escuelas para sus hijos; yo necesitaría haber visto en la calle a las madres prohibiendo que sus hijos fueran a Marruecos; yo necesitaría ver a las mujeres españolas unidas todas pidiendo lo que es indispensable para la salud y la cultura de sus hijos. […]

 

Sres. Diputados, no es cuestión de capacidad; es cuestión de oportunidad para la República. Por esto pido el aplazamiento del voto femenino o su condicionalidad; […] Entiendo que la mujer, para encariñarse con un ideal, necesita algún tiempo de convivencia con la República; que vean las mujeres que la República ha traído a España lo que no trajo la monarquía.

 

Pensemos que en esos días el líder derechista Gil Robles entregaría al Congreso más de un millón de firmas de mujeres pidiendo que se protegiera a la Iglesia y que no se la desposeyera de sus derechos educativos (como efectivamente se hizo). Asimismo, es importante recordar que en la década anterior el importante periódico conservador “El Debate” había hecho campaña a favor del voto femenino, argumentando que no había nada que temer en ello puesto que las mujeres, en su gran mayoría, eran buenas católicas. Es más, la propia Iglesia había trabajado en ese sentido a través de la organización Acción Católica de la Mujer[8]. A pesar de todo ello, y tal y como destacó Campoamor en su libro “El voto femenino y yo. Mi pecado mortal”, las dos elecciones que tendrían lugar hasta el 36 se repartieron primero para la derecha y después para la izquierda, lo que arrojaría serias dudas sobre el alegado clericalismo y acriticismo de las mujeres. Con todo, Kent continuó su alegato diciendo que:

 

[…]cuando la mujer española se dé cuenta de que sólo en la República están garantizados los derechos de ciudadanía de sus hijos, de que sólo la República ha traído a su hogar el pan que la monarquía no les había dejado, entonces, Sres. Diputados, la mujer será la más ferviente, la más ardiente defensora de la República; […] Si las mujeres españolas fueran todas obreras, si las mujeres españolas hubiesen atravesado ya un periodo universitario y estuvieran liberadas en su conciencia, yo me levantaría hoy frente a toda la Cámara para pedir el voto femenino. […] Es por esto por lo que claramente me levanto a decir a la Cámara: o la condicionalidad del voto o su aplazamiento; [...] Por hoy, Sres. Diputados, es peligroso conceder el voto a la mujer.

 

Fotografía de Clara Campoamor publicada en la revista Mundo Gráfico, número 1026 de 1 de julio de 1931. Extraída de https://es.wikipedia.org/wiki/Clara_Campoamor

 

A lo que Campoamor respondería:

 

Señores diputados: lejos yo de censurar ni de atacar las manifestaciones de mi colega, señorita Kent, comprendo, por el contrario, la tortura de su espíritu […], ¿Que cuándo las mujeres se han levantado para protestar de la guerra de Marruecos? Primero: ¿y por qué no los hombres? Segundo: ¿quién protestó y se levantó en Zaragoza cuando la guerra de Cuba más que las mujeres? ¿Quién nutrió la manifestación pro responsabilidades del Ateneo, con motivo del desastre de Annual, más que las mujeres, que iban en mayor número que los hombres?

 

A fin de demostrar que, en contra de lo que sostenía Kent, las mujeres sí estaban politizadas, (tal y como reiteraría en momentos posteriores):

 

[…] Además, al hablar de las mujeres obreras y universitarias, ¿se va a ignorar a todas las que no pertenecen a una clase ni a la otra? ¿No sufren éstas las consecuencias de la legislación? ¿No pagan los impuestos para sostener al Estado en la misma forma que las otras y que los varones? ¿No refluye sobre ellas toda la consecuencia de la legislación que se elabora aquí para los dos sexos, pero solamente dirigida y matizada por uno?

 

Recurriendo aquí al viejo principio liberal “no taxation without representation”:

 

[…] sólo aquel que no considere a la mujer un ser humano es capaz de afirmar que todos los derechos del hombre y del ciudadano no deben ser los mismos para la mujer que para el hombre. […] una Constitución que concede el voto al mendigo, al doméstico y al analfabeto -que en España existe- no puede negárselo a la mujer.

 

Optando por una línea deontológica o de principios, y argumentando por analogía contra aquellos que proponían restricciones en base a la ignorancia, a lo que añadiría posteriormente que las tasas de alfabetización crecían mucho más rápido entre mujeres que entre hombres:  

 

[…] No dejéis a la mujer que, si es regresiva, piense que su esperanza estuvo en la dictadura; no dejéis a la mujer que piense, si es avanzada, que su esperanza de igualdad está en el comunismo. No cometáis, señores diputados, ese error político de gravísimas consecuencias. Salváis a la República, ayudáis a la República atrayéndoos y sumándoos esa fuerza que espera ansiosa el momento de su redención. […]La mujer española espera hoy de la República la redención suya y la redención del hijo. No cometáis un error histórico que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar; […] la única manera de madurarse para el ejercicio de la libertad y de hacerla accesible a todos es caminar dentro de ella.[…]

 

Manuel Azaña, testimonio de excepción del debate, diría: “Yo creo que tiene razón la Campoamor y que es una atrocidad negar el voto a las mujeres por la sospecha de que no votarían a favor de la República”. Y así fue: con 161 votos a favor, 121 en contra, y 188 abstenciones se aprobó –pírricamente- la igualdad política sin matices. Con todo, el sufragio femenino se cobraría a una víctima muy destacada como fuera la propia Campoamor que ante la falta de apoyos en su propio partido decidió abandonarlo, sin que posteriormente fuera aceptada por ninguna otra formación[9].

Así pues, y visto lo anterior, puede comprenderse mejor ese pedazo de nuestra histórica política y descubrir que se desarrolló en términos mucho menos ideales de los que a veces se sugiere; como si con la llegada de la República viniera también una ráfaga de razón inmaculada que sin sombras de ningún tipo diera un gran paso adelante en materia de igualdad. Al contrario, ese avance, como tantos otros, se consiguió a trompicones y envuelto por espúrios intereses partidistas, tanto a favor como en contra, a derecha e izquierda

 

 

[1] Si bien a los hombres se les permitía ser elegidos a los 23 años y a las mujeres solo a partir de los 25, como se recoge en: La dictadura de Primo de Rivera. Una oportunidad para la mujer, (2005) Paloma Díaz Fernández Espacio.

[2] El voto femenino en España, (2007) Paloma Durán y Laguna

[3] Tal y como expone Díaz Fernández (2005).            

[4] También obtendría el escaño de diputada por Badajoz la socialista Margarita Nelken, aun cuando tendría que esperar varios meses para tomar posesión debido a problemas jurídicos relacionados con su nacionalidad, por lo que no podría formar parte del debate constituyente.

[5] Citado en El sufragio femenino en la II república, (2018), Ignacio Álvarez Rodríguez

[6] Idem.

[7] Algunos aspectos sobre el voto femenino en la II república española: debates parlamentarios,  (2010), Juan Carlos Monterde García

[8] La dictadura de Primo de Rivera. Una oportunidad para la mujer, (2005) Paloma Díaz Fernández Espacio.

[9] El voto femenino en España, (2007) Paloma Durán y Laguna

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