España y Cataluña: entre la justicia y el diálogo

28/02/2019

Kristaps Grundsteins @grundsteins

 

Uno de los argumentos más utilizados en el proceso soberanista catalán por el Gobierno español, diversas fuerzas políticas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general, es su recurrente y sistemática apelación a la Constitución Española para invalidar las aspiraciones de una parte nada desdeñable de los ciudadanos de Cataluña sobre el derecho a decidir su futuro político o la posibilidad de mayor autogobierno. Así pues, se alega que los actos materiales y jurídicos que desde hace años se realizan en Cataluña son inconstitucionales porque fueron declaradas como tales en diversos Tribunales. Este argumento es absolutamente válido, además de que reviste un peso y relevancia importante. 

 

Ahora bien, el problema, a mi juicio, estriba no en el argumento en sí, sino en la forma en cómo se materializa. En este sentido, para su concreción se ha echado mano, principalmente, al Tribunal Constitucional (en adelante, TC) y otros tribunales, que a través de sendas sentencias han obstaculizado –cuando no directamente bloqueado– la asunción de mayores competencias por parte de la Comunidad Autónoma catalana y el refuerzo de su autogobierno y, por último, las aspiraciones secesionistas.

 

En el presente artículo, sostendré que la apelación a los órganos contra mayoritarios y cuya legitimidad democrática dista de ser obvia –como han puesto de relieve influyentes autores en la filosofía del derecho y política contemporánea– no ayuda a la construcción de una democracia robusta y no podrá resolver acabadamente los problemas y tensiones que existen entre España y Cataluña. En el fondo, subyace una pregunta: ¿cómo explicar el hecho de que unas pocas personas –los jueces constitucionales–, que no son electos directamente por la ciudadanía ni responden frente a ella por sus decisiones tengan la facultad de invalidar leyes fruto de las deliberaciones de los partidos políticos de los Parlamentos, los que son directamente elegidos por el pueblo?

 

Con este objetivo, utilizaré como base la idea de diálogo o deliberación que, precisamente, intenta dar respuesta a la pregunta del procedimiento, esto es, el cómo se resuelven los problemas políticos colectivos en una democracia. La perspectiva asumida es la democracia deliberativa, teoría que ha sido ampliamente desarrollada y discutida en las últimas décadas, principalmente por los trabajos de Jurgen Habermas, John Ralws, Jon Elster, Carlos Nino, Roberto Gargarella y otros.

 

Previo a la justificación de la utilización de técnicas deliberativas en el proceso catalán, es necesario ver cómo ha actuado el TC sobre el problema. En primer lugar, es necesario remontarse al 2008, precisamente en la decisión STC 103/2008 de 11 de septiembre, donde el TC declaró inconstitucional la Ley del Parlamento Vasco 9/2008, de convocatoria y regulación de una consulta popular al objeto de recabar la opinión ciudadana en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política. El fallo del TC fue trascendental puesto que marcó la línea jurídico-interpretativa sobre el asunto de cara al futuro. En dicha sentencia, no admitió el referéndum sobre la independencia sin que exista una reforma constitucional previa.

 

Posteriormente, el TC cargó contra el Estatuto catalán en la STC 31/2010 del 28 de junio. En ella se declaró inconstitucional catorce artículos del Estatuto e invalidó los objetivos de reforzamiento del autogobierno de la comunidad. Dejando de lado los artículos declarados inconstitucionales, el problema radica en el procedimiento: el Estatuto fue aprobado por mayorías en el Parlamento de Cataluña, sometido a referéndum por la ciudadanía catalana, donde fue ratificado con el setenta y cuatro por ciento y, por último, fue confirmado por el Congreso de los Diputados, el órgano representativo máximo de la voluntad popular de la democracia española.

 

Posteriormente, en 2014, el TC efectuó un giro considerable sobre la interpretación de la cuestión catalana. En efecto, en la sentencia STC 42/2014 de 25 de marzo, consideró que la referencia al derecho a decidir “no contradice los enunciados constitucionales”. En primer lugar, reconoció la posibilidad de realizar un referéndum como “aspiración política”, esto es, una demanda, un deseo colectivo y democrático al que “solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional”. Al mismo tiempo, la supremacía constitucional no implica un núcleo normativo duro e inaccesible que impida reformar la Constitución a los fines de insertar determinadas soluciones institucionales.

 

Al mismo tiempo, el TC instó al diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat, puesto que los problemas de la modificación del estatus jurídico de un Estado son, en última instancia, políticos, por tanto, corresponden que se diriman en el Congreso de los Diputados, y no deben resueltos por el TC. Por ello, la sentencia afirma que “los poderes públicos y muy especialmente los poderes territoriales que conforman nuestro Estado autonómico son quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en este ámbito.[i]” Por último, en las sentencias STC 31/2015 de 25 de febrero y STC 138/2015 de 11 de junio, el TC volvió a adoptar la postura de la doctrina contenida en la STC 103/2008 de 11 de septiembre.

 

Con esta radiografía general de la actuación del TC, es momento de analizar si las técnicas de la democracia deliberativa podrían otorgar soluciones a la crisis catalana. En la democracia deliberativa, la toma de decisiones se toma mediante un diálogo inclusivo: una decisión legítima y justificada son fruto de las discusiones –igualitarias– entre los participantes afectados. Según Gargarella[ii], los rasgos característicos de la democracia deliberativa serían los siguientes: es un modelo anti elitista, puesto que todos los participantes tienen el mismo valor y pueden discutir libremente sobre los problemas sometidos a debate; no toma a las preferencias de los individuos como dadas, es decir, las preferencias de los individuos pueden ser muy distintas en el mercado o en la política, por ejemplo, en el mercado una persona puede elegir determinado producto por el modo en cómo lo afecta sólo a él; en cambio, en el ámbito político las perspectivas personales se amplían, ya que crece el interés por la vida pública, aumentando el conocimiento acerca de la realidad de otros grupos e individuos, por tanto las preferencias pueden tomar en cuenta las realidades de otros participantes. Al mismo tiempo, cree que el sistema de decisiones debe basarse en la discusión, asociando discusión con el valor de la imparcialidad. Por último, la democracia deliberativa es un “ideal regulativo”, esto es, un modelo político normativo que pretende reformar progresivamente las instituciones públicas –y, con ello, corregir sus defectos– para establecer situaciones dialógicas entre todas las partes implicadas en un proceso de toma de decisiones.

 

En la cuestión catalana, las aspiraciones a decidir sobre el autogobierno o el aumento de las competencias autonómicas, tienen un carácter eminentemente político y, como tal, las cuestiones políticas deberían tramitarse con herramientas políticas democráticas, no judiciales –o solo excepcionalmente. Ello por varias razones. En primer lugar, si asumimos que la Constitución es, como apunta Rafael Bustos Gisbert, “fruto de un gran pacto deliberativo[iii]”, esto es, un acuerdo de mínimos que establece las bases de la comunidad política, el Gobierno español y la Generalitat deberán instaurar un diálogo fluido para renovar los pactos “territorial” y “democrático”, que, como bien subraya Bustos Gisbert, se encuentran quebrados. Para esto, es necesaria la reproducción de las dinámicas deliberativas y de consenso con que se elaboró el texto constitucional pero con una diferencia imprescindible: una futura reforma constitucional no podrá ser producto de “negociaciones secretas entre los desprestigiados partidos y deberá adoptar fórmulas infinitamente más democráticas y abiertas”[iv].

 

En segundo lugar, el diálogo debe hacerse desde la Constitución. La Constitución es el núcleo básico sobre el que las partes implicadas pueden dialogar. Por otra parte, el diálogo debe ser institucionalizado, esto es, en el Congreso de los Diputados, donde están representadas todas las fuerzas políticas (aunque en minoría, también los partidos políticos catalanes). El problema, como acertadamente ha señalado Bustos Gisbert, es que en la crisis catalana “cuanto más se han utilizado las instituciones contra mayoritarias (Tribunal Constitucional y Poder Judicial) contra este movimiento, más se ha alimentado la doble crisis. La renuncia a utilizar los mecanismos propios de la democracia para afrontar el problema ha sido la prueba final de que el pacto democrático constitucional ya no es útil.[v]

 

Lo dicho por el TC en la sentencia STC 42/2014 de 25 de marzo refuerza esta tesis. Allí estableció que los problemas referidos a la voluntad de una parte del Estado de alterar su sistema jurídico no deben ser resueltos judicialmente. Por otra parte, estos intentos de modificar la situación jurídica de Cataluña podrán realizarse en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución. Como se planteó más arriba, abrir un proceso de reforma es una vía idónea para ello e incorporar reclamos y demandas de la Comunidad catalana. Otra alternativa es reformar el Estatuto de Cataluña para fortalecer el autogobierno y las competencias de la Generalitat, o la negociación de un nuevo pacto fiscal, visto las contribuciones que Cataluña aporta a España y la asimetría que existe respecto de lo que se le devuelve. En este punto, podría incorporarse a la Constitución una disposición similar a la que ostenta el País Vasco en el sistema recaudatorio, más conocido como “Cupo Vasco”. Por último, otra solución es insertar un procedimiento de secesión mediante una cláusula en la Constitución, como ha sugerido Benito Aláez Corral[vi]. Ahora bien, esta opción se encuentra extremadamente lejos del panorama constitucional real y es de muy difícil concreción, visto la correlación de fuerzas políticas españolas.

 

Por otra parte, es necesario aumentar y promover mesas de participación, referéndums, audiencias públicas e iniciativas de los ciudadanos como herramientas del ideal de la democracia deliberativa, en la medida que se vinculan con el desarrollo de debates públicos de la sociedad acerca de los derechos y de la organización política del Estado, y sirven para expandir dichos debates. Además, estas técnicas eliminan –o pretenden eliminar– el marcado elitismo que afecta a buena parte de los regímenes contemporáneos, entre ellos el español –por ejemplo, la Constitución no permite la iniciativa ciudadana para reformar el texto constitucional.

 

En conclusión: los Gobiernos –central y autonómico- deberán institucionalizar mecanismos de diálogo y deliberación para arribar a acuerdos. Las alternativas o posibles soluciones requieren de voluntad política y consensos. Por esta razón, sería saludable, para el fortalecimiento de la democracia española, resolver el proceso soberanista catalán por la vía de negociaciones y pactos donde participen todas las fuerzas políticas de la vida española y, más importante e imprescindible aún, la ciudadanía. Es necesario dejar de pensar que los tribunales son la única o mejor solución a los problemas políticos y colectivos que se desarrollan en las democracias. Como sostuvo Mark Tushnet en un sugestivo libro, es preciso “llevar la Constitución fuera de los tribunales.[vii]

[i] Sentencia 42/2014, Fundamentos jurídicos, Punto 4, B), disponible en http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/23861.

[ii] Gargarella, Roberto, “La democracia deliberativa en el análisis del sistema representativo”, disponible en https://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/la%20democracia%20deliberativa%20en%20el%20analisis%20del%20sistema%20repres.pdf.

[iii] Bustos Gisbert, Rafael, “Es urgente reformar la Constitución”, http://agendapublica.elpais.com/es-urgente-reformar-la-constitucion/.

[iv] Ibíd.

[v] Ibíd.

[vi] Aláez Corral, Benito, “El procedimiento de reforma constitucional cuarenta años después”, en R. Punset, L. Álvarez, Cuatro décadas de Constitución normativa (1978-2018), Madrid, Civitas, 2018.

[vii] Tushnet, Mark, Taking the Constitution Away From the Courts, Princeton University Press, New Jersy, 1999.

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