"Porque eres negro. Y punto". Sobre la identificación racial

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¿Es legal que un policía te pare en una estación de tren para pedirte la documentación por ser de determinada raza? De acuerdo con la STC 13/2001, de 29 de enero, puede serlo. Es lo que se conoce como la doctrina “Rosalind Williams” cuyo recurso de amparo recibió la siguiente respuesta:

 

"forzoso es reconocer que, cuando los controles policiales sirven a tal finalidad, determinadas características físicas o étnicas pueden ser tomadas en consideración en ellos como razonablemente indiciarias del origen no nacional de la persona que las reúne. […]

 

De hecho los requerimientos de identificación en función de las apariencias que permitían razonablemente presumir la condición de extranjeros de determinadas personas hicieron posible que la actividad de la Brigada Móvil de Valladolid diera lugar a la localización de 126 extranjeros en situación ilegal durante 1992. […]

 

Lo discriminatorio hubiera sido la utilización de un criterio (en este caso el racial) que careciese de toda relevancia en orden a la individualización de las personas para las que el Ordenamiento jurídico ha previsto la medida de intervención administrativa, en este caso los ciudadanos extranjeros."

 

Con todo, la sra. Williams no quedó convencida y llevó su caso al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que en su Comunicación 1493/2006 consideró estas prácticas de “racial profiling” contrarias al art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

 

"El Comité estima que es legítimo efectuar controles de identidad de manera general con fines de protección de la seguridad ciudadana y de prevención del delito o con miras a controlar la inmigración ilegal. Ahora bien, cuando las autoridades efectúan dichos controles las meras características físicas o étnicas de las personas objeto de los mismos no deben ser tomadas en consideración como indicios de su posible situación ilegal en el país. Tampoco deben efectuarse de manera tal que sólo las personas con determinados rasgos físicos o étnicos sean señaladas. Lo contrario no sólo afectaría negativamente la dignidad de las personas afectadas, sino que además contribuiría a la propagación de actitudes xenófobas entre la población en general y sería contradictorio con una política efectiva de lucha contra la discriminación racial. […]

 

el Comité no puede sino concluir que la autora fue individualizada para dicho control de identidad únicamente por razón de sus características raciales y que éstas constituyeron el elemento determinante para sospechar de ella una conducta ilegal. El Comité recuerda asimismo su jurisprudencia de que no toda diferencia de tratamiento constituye discriminación si los criterios de diferenciación son razonables y objetivos y si el objeto que se procura es lícito en virtud del Pacto. En el presente caso el Comité dictamina que no se cumplen los criterios de razonabilidad y objetividad."

 

Actualmente el TEDH tiene entre sus manos un caso análogo, el del sr. Zeshan Muhammad al que, según su testimonio, un policía paró e identificó argumentando que "Hombre, a un alemán no le voy a identificar. Porque eres negro. Y punto". Pues bien, ¿en qué términos sería apropiado que fallase Estrasburgo? ¿Es legalmente aceptable el “racial profiling” en los Estados de Derecho liberales?

 

Para los propósitos de este texto podemos definir el "racial profiling" como la práctica policial consistente en detener, identificar, seguir u observar como sospechosa a una persona en base a su raza u origen nacional. Una práctica que, como reconocía el propio TC y como atestigua, entre otros, el estudio “Identificación policial por perfil étnico en España” VV.AA (2013, Tirant lo Blanc), se da en España de forma no excepcional. Como veíamos, el argumento en su defensa más habitual es aquel que destaca que esta clase de políticas aumenta la efectividad y eficacia de la actuación policial. Sus defensores sostienen que, en general, la policía debía guiarse en su actuación por cualquier "indicador de crimen": si las estadísticas apuntan que es más probable que las personas X comentan los delitos Y, entonces la policía deberá estar especialmente atenta y seguir de cerca a las personas X en relación a los delitos Y.

 

No obstante, en su contra también se esgrimen diversas razones, siendo habitual poner el acento en lo inútil o incluso peligroso de estas prácticas. Así, por ejemplo, se sostiene que en no pocas ocasiones las estadísticas en que se basan esas actuaciones ya están racialmente sesgadas, dando entonces lugar a un círculo vicioso por el que se vigilia más al colectivo X, y el colectivo X acaba sobre representado en las estadísticas. Similarmente, se argumenta que el "racial profiling" tiende a estigmatizar al colectivo X algo que, además de ser intrínsicamente negativo y peligroso para el mismo -pues lo expone a los ataques de terceros-, favorece también su marginación, incentivando así la criminalidad de X y dando lugar a un nuevo círculo vicioso. Igualmente, se destaca que estas prácticas policiales pueden generar una gran desconfianza hacia los cuerpos de seguridad por parte del colectivo X, algo que, además de intrínsicamente negativo, también puede facilitar la conflictividad en sus relaciones, retroalimentando una vez más el problema. Dicho esto, y sin ánimo de exhaustividad, en lo que sigue únicamente nos centraremos de forma breve en las dos cuestiones que, consideramos, pueden tener mayor relevancia en el plano legal: la alegada discriminación y el evidente potencial para el abuso policial.

 

En el estudio citado se tildaba la identificación étnica de discriminatoria al entender que “se toman decisiones sobre la investigación en función de los atributos del grupo, por la pertenencia a un grupo étnico, racial, nacional o religioso; en lugar de fundamentarse en un comportamiento potencialmente sospechoso. […] esta práctica se consideraría discriminatoria porque establece un trato diferente no justificado objetivamente, innecesario y que carece de una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el fin perseguido. (pp. 23)” Dejando de lado la cuestión de la proporcionalidad -que difícilmente puede enjuiciarse de manera general en vez de caso por caso- es muy dudoso que una práctica tal sea, por principio, discriminatoria pues no es cierto que la discriminación consista en tener en cuenta variables ajenas al comportamiento individual tales como el grupo al que pertenece un individuo. De una parte, porque inevitablemente siempre se juzga a una persona por el grupo al que pertenece, ni que sea, por ejemplo, "al grupo de personas que se comportan de manera sospechosa". Realmente no existe el juicio absolutamente individualizado, pues siempre se echa mano de generalizaciones más o menos acertadas. Al fin y al cabo, el “comportamiento sospechoso” no es más que otra aproximación estadística en la que, sin duda, pueden infiltrarse sesgos de todo tipo. De otra, porque tampoco es cierto que la actuación policial solo pueda basarse en variables relacionados con el comportamiento. Lo que convierte en discriminatorio por razón de X (raza, sexo, edad…) determinada práctica no es que la misma venga guiada por la característica X de la persona, sino que, en el caso en cuestión, tomar en consideración X sea arbitrario o irracional. Por ejemplo, si en un control de carretera la policía solo pidiera la documentación a las mujeres blancas de mediana edad, su actuación no podría considerarse discriminatoria por sexo, raza ni edad, no al menos si lo que estuvieran buscando fuera a una persona de ese mismo perfil recientemente fugada de una prisión cercana. Luego, si fuera cierto que con estas prácticas se persiguiera mejor los comportamientos ilegales que realizando controles aleatorios, entonces habría casos de "racial profiling" que deberían considerarse no-discriminatorios. Sin duda criticables por lo visto anteriormente y tantos otros motivos de peso, pero no necesariamente discriminatorios. 

 

Con todo, existiría otra dificultad importante en relación al "racial profiling" que debería sembrar más dudas en cuanto a su encaje legal. Consideremos lo siguiente: el aceptar que en algunos casos la policía pueda actuar en base a cuestiones raciales facilitaría o abriría significativamente la puerta a la comisión de abusos policiales; en especial en aquellos contextos o regiones en los que ya exista una tendencia en ese sentido. Esto es, tal y como tantas veces se destaca, facilitaría sobremanera los comportamientos policiales realmente arbitrarios -y por ende discriminatorios- al ofrecer al eventual racista una excusa perfecta en la que camuflar su vicio. En consecuencia, aceptar esta clase de prácticas -podría entenderse como- en fuerte tensión con la interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos que manda el art.9.3 CE[1]. Un artículo que exigiría la prohibición y persecución de los casos de arbitrariedad en el uso del poder, pero también –y esta es nuestra propuesta interpretativa- que no se facilitaran, es especial cuando los mismos pudieran afectar derechos fundamentales. Es decir, entender que un Estado de Derecho debería esforzarse no solo por perseguir y sancionar la arbitrariedad en el uso del poder público, pero también -y con la misma intensidad- dificultarla y prevenirla, prohibiendo aquellos comportamientos que, si bien en la teoría pueden ser constitucionalmente inocuos, en la práctica pueden resultar muy peligrosos . 

 

Tarde o temprano tendremos una respuesta “oficial” desde Estrasburgo y no sería extraño que, como ya hiciera la Comisión de NNUU, España recibiera un nuevo “tirón de orejas”. En este artículo hemos intentado apuntar una posible comprensión de la Constitución en sintonía con su espíritu liberal con la que revisar la tan criticada doctrina Rosalind Williams y adecuarla así a las exigencias que, presumiblemente, puedan derivarse del futuro fallo. Una revisión interpretativa basada, no tanto en lo que esta hace, sino en lo que permite.

[1] Art. 9.3 CE: La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

 

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