Inmersión lingüística y rendimiento académico: ¿se puede tener todo?

26/02/2019

Foto de kyo azuma (@tokyoboy)

 

 Recientemente ha aparecido un estudio sobre los efectos del modelo de inmersión lingüística (IL) en Cataluña en el alumnado castellanoparlante. Hace unos meses, esta revista albergó un interesante intercambio de artículos sobre este modelo, centrándose en las razones que le dotan o sustraen legitimidad. A pesar de llegar un poco tarde a ese debate, este artículo pretende ofrecer una nueva reflexión teniendo como punto de partida las conclusiones del estudio mencionado.

 

En primer lugar y como ejercicio de honestidad intelectual, quisiera indicar mis posicionamientos en algunos puntos clave del debate desarrollado en esta revista. A grandes rasgos estoy de acuerdo en que debemos descartar aquellos planteamientos lingüísticos del tipo “dado que vivimos en X, la lengua de la escuela (o de la administración, etc.) debe ser Y, pues en tal caso estaríamos suponiendo que un elemento abstracto como una lengua o una cultura debe tener unas prerrogativas por encima de la voluntad de los individuos. Además, estos planteamientos suelen acabar en interminables debates sobre si efectivamente vivimos en X o en realidad X no es más que una fracción de Z, debate estéril a todas luces.

 

Sin embargo, también creo que existe una riqueza intrínseca a la diversidad cultural y lingüística que merece cierto tipo de reconocimiento por parte de los poderes públicos, que sea palpable en políticas educativas, lingüísticas, culturales, etc. No es el objeto de este artículo desglosar mis razones para ello. Por supuesto se puede discrepar de esta visión y de hecho que yo piense así no es motivo suficiente para que esto se plasme en políticas públicas sufragadas e impuestas por y a toda la sociedad. ¿Cuándo es esto legítimo? Mi posición aquí se resume en el planteamiento democrático. Si una comunidad humana decide desarrollar estas políticas a través de procedimientos democráticos que alberguen fuertes consensos y que sean respetuosas con los derechos fundamentales, me parece legítimo que se implementen. Por supuesto, determinar cuáles deben ser esos procedimientos, el nivel de consenso o los derechos en liza, no es una tarea tan sencilla, como en general no lo es ninguna de las decisiones importantes que se toman en una sociedad. En cualquier caso, la IL implementada en las últimas décadas en Catalunya responde a lo que hemos descrito.

 

Para acabar con estos posicionamientos, solo quiero añadir que todo lo que hemos comentado anteriormente suele ser motivo de debate cuando quien lo quiere implementar es un territorio sin Estado propio. Normalmente cuando esto lo lleva a cabo un Estado soberano, se asume que es “normal”, dotando las instituciones de una falsa concepción de neutralidad en lo lingüístico, cultural, identitario, simbólico, etc. Se trata de lo que Michael Billig bautizó como “nacionalismo banal. También a menudo se achaca esta neutralidad a una suerte de fruto de un laissez faire en un supuesto libre mercado de culturas, lenguas, etc., obviando que las decisiones que los individuos acostumbran a tomar están profundamente influenciadas por esta falsa concepción de políticas neutrales del Estado. Por ello, también considero que la distinción entre lo que es y no es político en la educación es problemática, pues a menudo posicionamientos que se consideran neutros, o sustentados en razones aparentemente educativas, laborales, etc. encierran en realidad posicionamientos políticos.

 

Dicho todo esto, centrémonos ya en el estudio, que concluye que el modelo de inmersión lingüística provoca efectos negativos en el desempeño académico del alumnado cuyo lengua materna es el castellano. Lo cierto es que el estudio me produce algunas dudas desde el punto de vista metodológico[i], pero podemos dejarlas de lado. Vamos a asumir que, efectivamente, el modelo lingüístico catalán produce efectos negativos en el rendimiento académico de los alumnos castellanoparlantes. ¿Justificaría esto un cambio de modelo? Para los autores del informe y seguramente para muchos lectores la respuesta es que sí[ii]. Sin embargo, para mí la respuesta dista mucho de ser tan clara.

 

Como en casi todo en la vida, la IL es susceptible de tener aspectos positivos y negativos. El principal argumento positivo esgrimido por sus defensores (descartados los argumentos “en X se habla Y”), es que esta garantiza al alumnado un dominio suficiente del catalán y castellano al acabar la educación obligatoria. Que catalán y castellano tengan una presencia tan desigual en el modelo estaría justificado por “el argumento de la televisión”.

 

Desde luego, dominar ambas lenguas no es un beneficio precisamente pequeño en Cataluña, pues aunque a veces a algunos les sorprenda, la gran mayoría de los catalanes las utiliza libre y voluntariamente con asiduidad, y está conforme con que sus conciudadanos hagan lo propio. Pero, ¿es este dominio un beneficio superior al coste que el estudio ha detectado? Esta respuesta es más complicada. Y lo es en gran parte porque aquí ya no solo estamos considerando argumentos pedagógico/educativos, sino que entramos en el terreno de lo político/ideológico.

 

En otras palabras, si consideramos que el valor de dominar suficientemente el catalán es bajo o muy bajo, probablemente cualquier sospecha que la IL pueda suponer un impacto negativo (por pequeño que sea) en el rendimiento académico de los castellanoparlantes nos llevará a la conclusión de que la IL jamás será aceptable. Por contra, si consideramos que el beneficio de conocer el catalán es más bien alto, la IL podría ser aceptable aunque tenga algún impacto negativo en el rendimiento. Nuestra posición en esta valoración difícilmente estará exenta de tener un sustrato político, pues al fin y al cabo tiene mucho que ver con nuestra concepción de cómo es deseable que sea la sociedad.

 

Así pues, ¿qué deberíamos hacer? Mi solución pasaría por ponderar el peso de estos dos elementos y ajustar consecuentemente la proporción de catalán y castellano. Por ejemplo, si el coste detectado es de, pongamos por caso, un rendimiento académico inferior en unas pocas décimas, ante el beneficio de salir de la escuela dominando ambas lenguas no parecería necesario cambiar el modelo, o desde luego sólo mínimamente. Si por contra el coste fuese, por ejemplo, de un 20% de diferencia en el rendimiento, parecería razonable plantear un cambio más significativo, quizás cambiando la proporción de catalán-castellano a un 90-10, 80-20 o 70-30, etc., siempre que esta proporción siga siendo efectiva para dominar suficientemente ambas lenguas (el objetivo fijado), asumiendo que el “argumento de la televisión” sigue siendo vigente.

 

Creo que la fuerza de esta propuesta reside en su flexibilidad. Asumiendo el modelo de IL de partida, los centros educativos podrían realizar estas adaptaciones de acuerdo a sus necesidades educativas específicas detectadas. Probablemente estas necesidades variarán en función de características como la etapa educativa, la composición del alumnado, la realidad social del municipio, etc.

 

Se han planteado modelos completamente alternativos a la IL, que podemos resumir en dos dos grandes tipos. El primero hace referencia a la posibilidad que se ofrezca una suerte de equilibrio entre lenguas, del tipo 50%-50% entre catalán y castellano o un 33% a catalán, castellano e inglés respectivamente. Creo que esta proporción responde más a planteamientos políticos (“no puede ser que el castellano sea menos que el catalán”) que a una voluntad real de alcanzar el dominio de ambas lenguas, pues de nuevo, chocan contra “el argumento de la televisión”. La segunda alternativa pretende ofrecer a los padres la posibilidad de escoger entre modelos lingüísticos distintos. A esto se le podría objetar de inmediato que no se garantizaría el dominio de ambas lenguas. Creo que esta alternativa es la peor con diferencia, pero no por esto. Crear dos comunidades lingüísticas que cada vez se relacionen menos entre ellas me parece indeseable por naturaleza, pero todavía más en el contexto actual de polarización política en Cataluña.

 

Por último, no podemos acabar este artículo sin mencionar la libertad de elección de los padres en la educación de sus hijos. Hay quien podría argumentar que por muy convincentes que sean mis planteamientos, la libertad de elección de los padres debería primar por encima de ellos. En el primer artículo de Roger Florit se indicaba respecto a ello que el “campo de elección debe circunscribirse a las opciones que son igualmente buenas”. El quid de la cuestión reside aquí en determinar quién establece cuales son estas buenas opciones, donde sí que deberíamos dejar cierto margen de elección. Congruentemente con mis planteamientos iniciales, creo que esos márgenes deben incluirse dentro de los consensos sociales en que se fundamentan las bases de la educación. Así pues, si una mayoría de la sociedad catalana considera (como yo), que debemos evitar la existencia de dos comunidades lingüísticas distintas, deberíamos descartar la posibilidad que los padres pudiesen elegir entre modelos lingüísticos claramente distintos.

 

En conclusión, ningún modelo educativo debería estar exento de críticas y propuestas de mejora y la IL no es una excepción. Lo importante aquí es distinguir si estas comparten o no los objetivos de base del modelo, o por lo menos los objetivos que a mi entender generan más acuerdo en la sociedad catalana: el dominio de ambas lenguas al acabar la educación obligatoria y evitar fomentar comunidades lingüísticas diferenciadas. En caso de ser así, creo que hay un amplio terreno abierto para el acuerdo y la mejora del modelo. Si en realidad las críticas surgen como consecuencia (más o menos reconocida abiertamente) de no compartir dichos objetivos, creo que se debería hacer un ejercicio de honestidad y reconocer lo que se quiere hacer en realidad: mover los parámetros de ese consenso, o directamente acabar con él. En tal caso, el campo de batalla debería ser el del parlamento más que el de las aulas.

 

 [i] El estudio se basa en los resultados de PISA 2015, un estudio internacional que analiza el dominio de competencias, así que no se centra específicamente en el dominio de los contenidos del currículo educativo español o catalán. 

[ii] Por cierto, siendo coherentes con la preocupación sobre bajada de rendimiento al no estudiar en la lengua materna, también deberíamos estar en contra que en los centros privados que hacen IL en inglés, francés, etc., acudan alumnos cuya lengua materna no sea esa.

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