La libertad de expresión en 1 minuto (III): Discurso de odio

Democracia militante vs Democracia pluralista

 

De acuerdo con la doctrina constitucional España es una democracia pluralista, es decir, una en la que cabe negar, criticar o atacar los valores constituciones:


“[A]l resguardo de la libertad de opinión cabe cual quiera, por equivocada o peligrosa que pueda parecer al lector, incluso las que ataquen al propio sistema democrático. La Constitución –se ha dicho– protege también a quienes la niegan» (STC 176/1995, de 11 de diciembre, FJ 2).

 

“[E]n nuestro sistema –a diferencia de otros de nuestro entorno– no tiene cabida un modelo de «democracia militante», esto es, un modelo en el que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento (STC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 7).”

 

 

Negacionismo y discurso histórico

 

En relación al negacionismo y el discurso histórico se ha dicho que cuando el "error" en que se incurra no suponga una vejación, quedará constitucionalmente amparado:

 

[La CE] "ofrece cobertura a las opiniones subjetivas e interesadas sobre determinados hechos históricos, por muy erróneas o infundadas que resulten, que no supongan un menosprecio a la dignidad de las personas o un peligro para la convivencia pacífica entre todos los ciudadanosConviene destacar que la mera difusión de conclusiones en torno a la existencia o no de determinados hechos, sin emitir juicios de valor sobre los mismos o su antijuridicidad, afecta al ámbito de la libertad científica reconocida en la letra b) del art. 20.1 CE (STC 235/2007, de 7 de noviembre de 2007)"

 

Es decir:

 

[L]as afirmaciones, dudas y opiniones acerca de la actuación nazi con respecto a los judíos y a los campos de concentración, por reprobables o tergiversadas que sean —y en realidad lo son al negar la evidencia de la historia— quedan amparadas por el derecho a la libertad de expresión (art. 20.1 CE), en relación con el derecho a la libertad ideológica (art. 16 CE)" (STC 235/2007, de 7 de noviembre de 2007)

 

 

Apología, exaltación y justificación

 

No obstante, debe precisarse que, aun y con lo anterior, la CE no garantiza:

 

el derecho a expresar y difundir un determinado  entendimiento de la historia o concepción del mundo con el deliberado ánimo de menospreciar y discriminar, al tiempo de formularlo, a personas o grupos por razón de cualquier condición o circunstancia personal, étnica o social, pues sería tanto como admitir que, por el mero hecho de efectuarse al hilo de un discurso más o menos histórico, la Constitución permite la violación de uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, como es la igualdad (art. 1.1 CE) y uno de los fundamentos del orden político y de la paz social: la dignidad de la persona (art. 10.1 CE)” (STC 214/1991, de 11 de noviembre, FJ 8).

 

La distinción no es en absoluto clara pero se ha insistido en que:

 

"el reconocimiento constitucional de la dignidad humana configura el marco dentro del cual ha de desarrollarse el ejercicio de los derechos fundamentales y en su virtud carece de cobertura constitucional la apología de los verdugos, glorificando su imagen y justificando sus hechos cuando ello suponga una humillación de sus víctimas (STC 176/1995, de 11 de diciembre, FJ 5) Igualmente, hemos reconocido que atentan también contra este núcleo irreductible de valores esenciales de nuestro sistema constitucional los juicios ofensivos contra el pueblo judío que, emitidos al hilo de posturas que niegan la evidencia del genocidio nazi, suponen una incitación racista (SSTC 214/1991, de 11 de noviembre, FJ 8; 13/2001, de 29 de enero, FJ 7).

 

 

Mera adhesión

 

Así se afirma que: 

 

"La libertad de expresión no puede ofrecer cobertura al llamado “discurso del odio”, esto es, a aquél desarrollado en términos que supongan una incitación directa a la violencia contra los ciudadanos en general o contra determinadas razas o creencias en particular (STC 235/2007, de 7 de noviembre de 2007)"

 

Ahora bien, esta tesis según la cual determinadas ideas no pueden ser expresas de ningún modo también se ha visto matizada al conjugarse con la idea de que la mera adhesión a tales ideas sí es aceptable:

 

La especial peligrosidad de delitos tan odiosos y que ponen en riesgo la esencia misma de nuestra sociedad, como el genocidio, permite excepcionalmente que el legislador penal sin quebranto constitucional castigue la justificación pública de ese delito, siempre que tal justificación opere como incitación indirecta a su comisión; esto es incriminándose (y ello es lo que ha de entenderse que realiza el art. 607.2 CP) conductas que aunque sea de forma indirecta supongan una provocación al genocidio. Por ello, el legislador puede, dentro de su libertad de configuración, perseguir tales conductas, incluso haciéndolas merecedoras de reproche penal siempre que no se entienda incluida en ellas la mera adhesión ideológica a posiciones políticas de cualquier tipo, que resultaría plenamente amparada por el art. 16 CE y, en conexión, por el art. 20 CE.(STC 235/2007, de 7 de noviembre de 2007).

 

 

Conclusión

 

¿Cuál es pues la doctrina constitucional en materia de "hate speech"? Difícil saberlo. La posición al respecto es, como vemos, errática y oscura, basada en distinciones de contornos difusos. Parecería que, como también hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional se debatiría entre un acercamiento consecuencialista -según el cual se prohibirían aquellas expresiones potencialmente peligrosas- y otro de corte más bien deontológico -según el cual determinadas expresiones serían inaceptables con independencia de sus consecuencias. 

 

 

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