La Constitución española a examen

20/12/2018

 

Luca Bravo @lucabravo


En el artículo anterior planteamos unos aspectos mínimos para determinar cómo debería ser una transición de un régimen dictatorial a uno democrático, comparándolos con el caso español tras la muerte de Franco. Sin embargo, no entramos a valorar ningún aspecto del régimen constitucional posterior. ¿La Constitución de 1978 es una buena Carta Magna? ¿Qué consideración merece el régimen político surgido de ella? En este artículo nos proponemos explorar estas cuestiones.

 

Hay, no obstante, varios problemas que no podemos obviar. En primer lugar, quién escribe estas líneas no es jurista sino politólogo, así que no querríamos escribir ninguna aberración jurídica. Y en segundo lugar, difícilmente podríamos exponer en un solo artículo algo que podría alcanzar una tesis doctoral. Así pues, para pisar terreno seguro y fijarnos objetivos más alcanzables, haremos una pequeña aproximación a la Carta Magna y al régimen político que despliega desde uno de los planteamientos clásicos de la Ciencia Política: los clivajes.

 

 

A finales de la década de los 60, los politólogos Seymour M. Lipset y Stein Rokkan conceptualizaron el término clivaje (cleavage). En las sociedades contemporáneas existen determinados conflictos de especial importancia que dividen al electorado, conformando de forma sistémica grupos de votantes que optarán por una opción política u otra en función de su posicionamiento en dicho asunto. Se trata de asuntos presentes en el debate público de forma estable, configurando así los posicionamientos de los partidos políticos alrededor de ellos. De esta división nace el concepto de clivaje.

 

Lipset y Rokkan presentaron 4 grandes clivajes en las democracias occidentales, originados por los grandes cambios sociales y económicos surgidos en el siglo XIX. Los presentamos brevemente a continuación, de forma simplificada:

 

 

 

  • Propietarios vs. Trabajadores: también denominado clivaje capital/trabajo, económico, de clase o más comúnmente “izquierda/derecha”, hace referencia a los intereses contrapuestos entre los trabajadores y los propietarios en la sociedad industrial capitalista, plasmándose ideológicamente en propuestas de mayor o menor intervencionismo estatal para redistribuir la riqueza y proveer bienes y servicios. El nacimiento de partidos socialistas, socialdemócratas y comunistas es su prueba más fehaciente.

  • Centro vs. Periferia: se refiere al conflicto de intereses entre el poder central de un país (o en concreto de sus élites) y el de regiones periféricas. A menudo esto ha generado el surgimiento de partidos nacionalistas periféricos.

  • Estado vs. Iglesia: también denominado clivaje religioso, presenta el conflicto de intereses entre los estados seculares donde el poder de la Iglesia se estaba viendo disminuido y los intereses de esta. Dio lugar al surgimiento de los partidos cristianodemócratas.

  • Campo vs. Ciudad: también denominado clivaje tierra/industria, se refiere a un conflicto de intereses entre sectores económicos de las zonas urbanas contra las zonas rurales. En los países nórdicos supuso la aparición de partidos "agrarios".

 

¿Qué hay de estos conflictos en el caso español? Como en todos los países industrializados, el clivaje propietarios vs. trabajadores ha sido siempre de gran relevancia, sobre todo a partir de finales del siglo XIX con el surgimiento del PSOE y la UGT. Lo mismo se puede decir del conflicto centro vs. periferia, siendo de hecho España uno de los países donde es más evidente, a la vista de todos los partidos nacionalistas periféricos que existen. El clivaje Estado vs. Iglesia también fue capital en el siglo XIX y principios del XX. De hecho, estos tres conflictos fueron los motores principales de la vida política de la II República y el estallido de la Guerra Civil. El clivaje campo vs. ciudad pudo tener cierta importancia a finales del S. XIX y principios del XX, pero probablemente no podemos considerarlo tan relevante como los tres anteriores.

 

¿Cómo aborda la Constitución de 1978 estos conflictos? En cuanto al conflicto propietarios vs. trabajadores, cabe destacar que el artículo 1 denomina el Estado como “social”. El Capítulo III del Título I (principios rectores de la política social y económica) presenta elementos claramente en la línea de los Estado del Bienestar surgidos en el consenso europeo posterior a la II Guerra Mundial, anunciando la protección de ciertos derechos económicos y sociales. En el Título VII también se reconoce la intervención del Estado en la economía en un grado considerable.

 

En cuanto al clivaje centro vs. periferia, como es bien sabido la Constitución prevee la posibilidad de conceder la autonomía a los territorios que la deseen (artículo 2) previo paso del procedimiento previsto, diferenciando el concepto de “nacionalidades” y “regiones”. El capítulo III del Título VIII recoge las competencias de que podrán disponer las Comunidades Autónomas. Además, el artículo 3 expresa la posibilidad de que haya lenguas cooficiales en territorios con autonomía, que serán objeto de “especial respeto y protección”. Eso sí, todo ello bajo la premisa que España es una nación indisoluble (artículo 2) y listando las competencias exclusivas del Estado (artículo 149).

 

Respecto al clivaje Estado vs. Iglesia, el artículo 16 garantiza la libertad religiosa, ideológica y de culto y declara que ninguna confesión tendrá carácter estatal, si bien “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Esto se plasma en los conocidos concordatos con la Santa Sede.

 

Por último, sobre el clivaje campo vs. ciudad quizás no hay mucho que decir, pues parece claro que este fue amainando a medida que avanzaba el siglo XX en España. Sin embargo, cabe destacar que la organización territorial en provincias en cierta manera puede suponer una forma de proteger los intereses de las zonas rurales. Esto se plasma especialmente en el sistema electoral, organizado también a través de provincias que las sobrerepresentan en cuanto a diputados elegibles.

 

A tenor de lo expuesto, podemos afirmar que los contenidos que encontramos en la Constitución suponen un cambio significativo en la trayectoria histórica española respecto estos 4 clivajes. La Constitución da pie a reconocer unos derechos y crear un Estado del Bienestar que previamente nunca existió como tal, supuso un cierto reconocimiento en cuanto a la plurinacionalidad de España y, en un grado importante aparta la Iglesia Católica de la vida política española. Ninguno de estos tres elementos se puede detectar consistentemente en ningún periodo previo de la historia de España, con la breve excepción de la frustrada II República.

 

Por supuesto, se puede argumentar que estos cambios sólo fueron parciales. Es cierto que se desarrolló un Estado del Bienestar y se recogían ciertos derechos sociales y económicos, pero como es bien sabido, ni se blinda el tamaño y calidad de este Estado del Bienestar ni los derechos recogidos se pueden exigir por parte de la ciudadanía. En la cuestión territorial el marco que se creó fue muy abierto, sin ni siquiera concretar si el modelo que surgiría sería común o no para todos los territorios. Esto ha propiciado disfunciones en relación a la financiación, al marco competencial, al reconocimiento simbólico de los nacionalismos periféricos, etc. En el aspecto religioso, la pérdida de influencia de la Iglesia Católica en la sociedad española es más que evidente, si bien el trato privilegiado con el Estado sigue existiendo.

 

Para terminar, una reflexión que sirve para valorar la Constitución de 1978 en base a los clivajes propuestos por Lipset y Rokkan es que estos se suelen gestionar más que resolver. Muy a menudo, los grandes conflictos que dividen una sociedad perduran durante mucho tiempo y raramente se encuentra una solución que los cierre de forma definitiva. En este sentido, la Constitución de 1978 fue un punto de partida para empezar a gestionar de forma civilizada y democrática los grandes clivajes que en España históricamente han supuesto dictaduras, guerras civiles y represión de todo tipo. Creer que un marco legal puede resolver de una vez por todas y para siempre conflictos políticos de tan gran calado supone o bien un ejercicio de ingenuidad o bien una forma de imponer una determinada postura ante dicho conflicto.

 

 

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