La organización del Estado romano: una introducción

18/12/2018

El Estado romano quedaba constituido por la comunidad de ciudadanos libres, que recibía el nombre de populus romanus. Pare referirse a él, también podía usarse el término de República (derivado de la expresión res publica, literalmente “la cosa pública”), con el que se denominaba a todo el conjunto de intereses del populus, quedando por encima de cualquier institución[1]. Los asuntos del Estado eran manejados por los magistrados, individuos electos que se encargaban de cualquier tema relativo a éste. Pero los asuntos estatales no sólo eran manejados por los magistrados, sino que en ellos también intervenían el Senado y las asambleas de los ciudadanos. Todo este complejo aparato se apoyaba en una constitución no escrita, basada en el mos maiorum, esto es, la tradición[2].

 

Roma elaboró un modelo de ciudadanía muy concreto en el que la pertenencia a la misma era completamente independiente del origen racial de cada individuo. De esta forma, la civitas o la ciudad podía considerarse más bien como una asociación con carácter artificial entre pueblos de orígenes diferentes. Por tanto, la nación romana se entendía como una construcción abierta y sin terminar ya que, como Cicerón dijo, todo ciudadano tenía de esta forma dos patrias, la de nacimiento y la de derecho, presentando al Estado como una comunidad de tipo moral[3].

 

En su origen, el Estado romano (que fue monárquico hasta el año 509 a.C.) tuvo un fuerte componente de carácter agrario y territorial, lo que facilitó su organización en un modo centralista con instituciones basadas en la agricultura. De esta forma, podemos hablar claramente de una sociedad de campesinos y pastores, que se convertían en soldados y magistrados de la ciudad cuando ésta lo requería. Durante el siglo IV a.C. este estado agrario sufrió unas fuertes modificaciones por el desarrollo del comercio y el artesanado, cambiando completamente sus bases. A partir de ese momento, la sociedad se articuló en clases censitarias, estimadas a través de la riqueza personal de cada individuo. Surgió un ordenamiento aristocrático, distinguiéndose entre patricios (las clases más adineradas y aristocráticas) y plebeyos, que perduró a lo largo de la historia de Roma[4]. Desde este momento, los patricios se encargaron de la gestión del Estado, monopolizando las instituciones. Este fue el sistema que se siguió hasta finales de la República, cuando Roma comenzó a exigir una mayor concentración de poder debido al contexto de crisis política que se estaba viviendo, surgiendo un nuevo modelo asimilable a la monarquía, el Imperio.

 

El Estado romano estaba compuesto por varias instituciones. La principal de ellas era el Senado, una cámara que agrupaba a los patres conscripti, es decir, los miembros que componían la aristocracia detentadora del poder político. En un inicio, se componía de los jefes de los principales clanes romanos, pero poco a poco fueron accediendo al Senado todos los antiguos magistrados e incluso ciudadanos prominentes que no habían podido acceder a los cargos necesarios[5]. Fue durante la República cuando comenzó a desarrollar funciones de consejo supremo que asesoraba a los magistrados, especialmente a los cónsules. Sus miembros eran elegidos por los censores dentro de los diversos ex-magistrados, contando con un nombramiento de carácter vitalicio. El Senado se consideraba como el núcleo permanente y básico del Estado, manteniendo con su presencia la política y la sociedad romanas de forma estable. Sus dos competencias principales fueron el control de las finanzas y el de la política exterior, aunque su criterio se consideraba indispensable a la hora de gobernar el mundo romano. Precisamente por considerarse uno de los elementos indispensables del Estado, los senadores adquirieron ciertos privilegios entre los que se contaban el tener asientos especiales en los teatros, el usar la latus clavus (toga orlada con una ancha franja de color púrpura) y el derecho del ius imaginum, por el que podían hacerles una máscara de cera al morir, exhibida por sus descendientes.

 

Tras el Senado, se encontraban las magistraturas que, pese a su gran labor, eran cargos honoríficos gratuitos que no tenían remuneración. Esta falta de retribución provocaba que sólo pudiesen acceder al cargo quienes contasen con una posición económica desahogada, ya que era lo que les permitía ocupar su tiempo en gestionar el bien público[6]. Igualmente, suponían un cargo temporal, puesto que debían ocuparlo a lo largo de un año como máximo (aunque en algunas magistraturas podía concederse una prórroga de otro año más, conocida como prorrogatio imperii)[7]. El requisito de acceso a los diferentes cargos era que se dejase transcurrir dos años como mínimo entre el ejercicio de uno y otro. Las magistraturas tenían un carácter colegiado obligado y para ello, se creó la potestad de la intercessio o veto, que podía interponer un magistrado de igual o mayor rango con el objetivo de evitar los excesos de poder.

 

Gracias a la Lex Villia Annalis (fechada en el año 180 a.C.) quedaron organizadas todas las magistraturas que, siguiendo el cursus honorum, eran las siguientes: cuestura, edilidad curul, pretura y consulado[8]. Igualmente, los investigadores actuales las han clasificado en ordinarias permanentes (consulado, pretura, edilidad, cuestura y tribunado de la plebe) y en ordinarias no permanentes (censura y dictadura). Las ordinarias permanentes fueron aquellas que formaban parte de la constitución republicana o bien tenían un carácter electivo a través de los comitia, mientras que los no permanentes se conformaban cuando la República vivía una situación excepcional[9]. Otra ordenación usada era la que dividía a las magistraturas en mayores y menores. Las mayores quedaban investidas cum imperio, que les daba derecho a mandar tropas, y eran elegidas por comicios centuriados, mientras que las menores carecían de imperium y eran elegidas a través de los comicios por tribus[10].

 

La magistratura más importante era la del consulado, ocupada por dos cónsules con autoridad ejecutiva a los que les correspondía la dirección de todos los asuntos públicos[11]. Su origen se encuentra en la caída de la monarquía, tras la expulsión de los Tarquinios (509 a.C.), cuando el poder dejó de ser unipersonal para permitir que el pueblo eligiese a sus gobernantes -los cónsules- en los comicios centuriados[12]. Precisamente en ese momento, surgieron las magistraturas ordinarias, que quedaban bajo la autoridad consular, auxiliándola en su gestión del Estado. Los cónsules tenían imperium (ya que mandaban tropas) y el poder de veto recíproco antes mecionado. Como signo de su poder, usaban en la ciudad la toga praetexta (una toga blanca, orlada con una franja púrpura), se sentaban en la sella curulis (silla portátil de marfil sin respaldo), eran precedidos por una escolta de doce lictores[13] que portaban las fasces[14] y daban nombre al año[15].

 

Tras los cónsules, se encontraban los pretores, magistrados superiores que gozaban de imperium. Entre ellos, destacaban el pretor urbano y el peregrino[16]. El urbano podía convocar a los comicios por tribus para que votasen cualquier decisión y sustituía a los cónsules cuando éstos se encontraban ausentes. Como atributos de su cargo podían usar la toga praetexta y la sella curulis, además de ser precedidos por seis lictores. El cargo de pretor peregrino se creó en el año 242 a.C., con la idea de que desempeñase funciones judiciales para los extranjeros.

 

A continuación, encontramos a los ediles, divididos entre curules y plebis. Los ediles curules componían una magistratura con carácter colegiado y de tipo patricio, elegida por los comitia tributa, que contaba con jurisdicción civil y criminal. Los ediles de la plebe, en cambio, eran los magistrados auxiliares que socorrían a los tribunos de la plebe[17].

 

Después, encontramos a los cuestores, magistrados que ya no tenían imperium y suponían el primer escalón del cursus honorum. Se encargaban de la administración y del control del aerarium populi romani[18], ejecutando los cobros y los pagos que imponían los cónsules, además de la protección de los archivos[19].

 

El tribunado de la plebe era otra magistratura de carácter especial, surgida durante las luchas entre patricios y plebeyos[20], compuesta por diez miembros. Eran los representantes de la plebe, elegidos en concilios, que tenían como misión defenderla. Sus características eran la sacrosanctitas o la inviolabilidad de su persona, el derecho de auxilium o la posibilidad de acudir en ayuda de todo aquel ciudadano que lo solicitase y el intercessio o veto a cualquier magistrado que tratase de aplicar medidas abusivas o anticonstitucionales. Asimismo, también podía convocar y presidir los concilia plebis, es decir, las asambleas plebeyas. Su carácter de protector de la plebe se desarrolló claramente con la atribución de la tribunicia potestas, la función de velar por el Estado.

 

La censura era una magistratura excepcional, que tenía carácter colegiado y no gozaba de imperium. Eran elegidos cada cinco años y asumían el control total sobre las costumbres, lo que les convertía en la más alta autoridad moral del Estado romano. Su misión era elaborar el censo, contando a los ciudadanos en sus diferentes centurias y tribus clasificándolo según su fortuna y su riqueza[21].

 

Por último, estaba la dictadura, una magistratura extraordinaria, sin carácter colegiado, cuyo cargo se designaba en momentos de peligro por decisión del cónsul[22]. Asumía de forma temporal (con un máximo de seis meses) la autoridad suprema del Estado, con el objetivo claro de preservar la República romana, su orden constitucional y el gobierno frente a un grave peligro[23]. De esta forma, el dictador reemplazaba de manera temporal a los cónsules, concentrando todos los poderes del Estado. Su papel era tan autoritario y excepcional que no podía oponerse contra él ningún tipo de derecho de veto ni el de la apelación al pueblo[24]. Suponía, sin duda, un cargo excepcional de máxima responsabilidad, de ahí la enorme importancia de que ocupasen la dictadura solamente durante un breve período de tiempo.

 

Como paso previo a este cursus honorum, existían una serie de cargos menores públicos que los jóvenes aristócratas desempeñaban para foguearse en los asuntos del Estado, a lo que se añadía un servicio como tribuno militar durante diez años. Este tipo de cargos menores, englobados dentro del vigintisexviratus (llamado así por los veintiséis miembros que componían esta institución), iban desde la acuñación de monedas de cobre en nombre del Senado hasta el auxilio en los procesos judiciales menos importantes[25].

 

Para elegir a los magistrados se realizaban las asambleas del pueblo, divididas en comicios centuriados y en comicios por tribus[26]. Los comicios centuriados dividían a los ciudadanos en cinco clases, cada una de ellas compuestas por un número determinado de centurias. Era trabajo de los censores controlar los bienes de todos los ciudadanos, adscribiéndoles a la clase que le correspondía según su nivel de fortuna. Los comicios por tribus eran ligeramente diferentes a los anteriores, ya que se ordenaban por tribus (esto es, por distritos territoriales). De esta forma, la tribu quedaba constituida como una unidad de voto. Otra interesante diferencia entre ambos tipos de comicios es que los centuriados elegían a aquellos magistrados que gozaban de imperium, mientras que los comitia tributa escogían a los restantes[27].

 

Después de conocer brevemente este sistema, podemos deducir que eran los magistrados y el Senado quienes soportaban todo el peso del Estado. El pueblo quedaba subordinado a la aristocracia a través del complejo sistema de clientelas[28] de forma que, aunque tenían derecho a votar los diferentes cargos, solían escoger al candidato que su patrono les señalaba. De esta forma, su participación en la política era considerada poco importante, puesto que se creía que el pueblo estaba manipulado por los patricios.

 

Durante su dictadura, en el siglo I a.C., Lucio Cornelio Sila diferenció entre el gobierno de Roma como ciudad, gestionado por los magistrados, y el de las provincias, que asignó a los procónsules y los propretores, que recibían el encargo de administrarlas[29]. Los gobernadores de provincias (llamados praetor), de rango senatorial, eran las máximas autoridades jurisdiccionales de los territorios que gobernaban. Con la llegada de Augusto al trono, comenzó a distinguirse entre las provincias senatoriales (cuyo gobierno quedó confiado al Senado y administrado por el procónsul) y las imperiales (su administración dependía directamente del emperador, siendo gobernadas por praefectus o el legatus augusti pro praetore)[30].

 

Asimismo, los municipios romanos quedaron dotados de instituciones propias tales como la Curia (esto es, el Senado local) y una serie de magistraturas elegidas anualmente en los comicios, con carácter colegiado, detentadas por las elites locales que formaban parte del ordo decurionum[31]. La Curia estaba constituida por los decuriones, elegidas durante la lectio senatus (una elección realizada cada cinco años por los duunviros quinquenales), formando un cuerpo de cien miembros[32]. Tanto los duunviros como los ediles y los cuestores podían asistir a las reuniones de la Curia, pero no les estaba permitido votar las decisiones o participar de los debates. El duunvirato era la magistratura suprema a nivel local, cuya función era la de gestionar adecuadamente todos los aspectos básicos de la vida de la ciudad. Cada cinco años elaboraban el censo local, lo que les permitía ser llamados quinquenales, y podían convocar y presidir las asambleas legislativas y electorales, además de encargarse de las finanzas del municipio. En la epigrafia aparecían muchas veces como colegas de los ediles, constituyendo juntos el colegio de los quattorviri. Para acceder al duunvirato era requisito necesario el haber desempeñado antes los cargos de edil y de cuestor.

 

Los ediles contaban con el mismo poder jurídico que los duunviros pero sus atribuciones eran diferentes. Entre ellas, podemos destacar la cura urbis (vigilancia y seguridad pública), la cura annonae (aprovisionamiento y vigilancia general sobre el mercado) y la cura ludorum (la regulación y organización de los juegos públicos de la ciudad). A continuación, encontramos la edilidad, el primer escalón del cursus honorum local. Asimismo, podemos encontrar a los dos quaestores, con derecho a veto entre ellos, que ejercían las funciones de tesoreros en los municipios y administraban el cobro de los impuestos, relacionándose directamente con el cuestor provincial, encargado de las finanzas de toda la provincia[33].

 

Además de las magistraturas que controlaban el Estado y las provincias, los poderes judiciales del mundo romano eran sumamente importantes. A comienzos de la época republicana, en los procesos judiciales intervenían tanto el rex sacrorum (un sacerdocio creado tras la caída de la monarquía para hacerse cargo de los poderes religiosos del rey) como los flamines, dedicados al culto de Júpiter. Estos procesos, más que buscar un castigo a los culpables, trataban de celebrar un acto de purificación que ofrecía a los dioses a los criminales. Para llevar a cabo su misión, realizaban el acto de la consecratio, con el que restablecían la paz rota con los dioses. Sin embargo, poco a poco se comenzó entre un derecho sacro y otro laico, diferenciándolos durante los procesos judiciales. Asimismo, los procesos capitales fueron confiados al pueblo, reunido en comicios, que tuvo la responsabilidad de juzgar las apelaciones de los acusados de pena capital. También se formaron unos tribunales especiales, formados por los magistrados, que se encargaban de juicios en los que peligrase la seguridad del Estado. A comienzos del reinado del emperador Augusto quedó establecido ya el empleo de tribunales para juzgar procesos tanto privados como públicos, siguiendo la legislación vigente. En el proceso privado quedaban englobados todos aquellos casos pertenecientes al derecho privado que pertenecía al campo de los delicta. El procedimiento público se denominaba así porque la acusación y las acciones judiciales las podía ejercer cualquier ciudadano en interés del pueblo y del Estado romano[34].

 

La existencia de todas estas instituciones nos habla de lo importante que fue para los ciudadanos romanos su Estado, al que debían cuidar por encima de sus propias vidas, vigilando por su supervivencia y su integridad. Asimismo, e incluso bajo el periodo de gobierno imperial, se mantuvo la idea de que el gobierno de Roma debía quedar bajo las manos del Senado y del pueblo, reunidos en asambleas, una idea expresada perfectamente a través de las siglas SPQR, esto es, “Senatus PopulusQue Romanus[35]”. Es esta unión la que pervivió a lo largo del tiempo, manteniendo inamovibles las instituciones romanas pese a las épocas de gobierno de los Emperadores, quienes, poco a poco, acumularon el poder real que éstas detentaron.

 

 

[1] ROLDÁN, J.M. (1990) Instituciones políticas de la República Romana, Akal, p. 7.

[2] AVIAL CHICHARRO, L. (2018) Breve Historia de la vida cotidiana del Imperio Romano, Editorial Nowtilus, p. 27.

[3] Cicerón, Tratado de las Leyes, libro segundo.

[4] ROLDÁN, J.M. (1984) “El orden constitucional romano en la primera mitad del siglo II a.C.”. Gerión, 2, p. 71.

[5] BRAVO, G. (2005) Historia del mundo antiguo. Una introducción crítica, Alianza Editorial, p. 395.

[6] ROLDÁN, J.M. (1990) Instituciones políticas de la República Romana, Akal, p. 17.

[7] BRAVO BOSCH, M.J. (2010) “El Ius Honorum en la antigua Roma”. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, número 14, p. 234.

[8] BRAVO, G. (2005) Historia del mundo antiguo. Una introducción crítica, Alianza Editorial, p. 394.

[9] BRAVO BOSCH, M.J. (2010) “El Ius Honorum en la antigua Roma”. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, número 14, p. 236.

[10] Una tribu era una circunscripción de carácter territorial a la que cada ciudadano romano quedaba adscrito.

[11] ROLDÁN, J.M. (1990) Instituciones políticas de la República Romana, Akal, p. 28.

[12] SILES VALLEJO, A. (2014) “La dictadura en la República romana clásica como referente paradigmático del régimen de excepción constitucional”.  Revista de la Facultad de Derecho, número 73, p.413.

[13] El lictor era el oficial de la guardia que precedía a los grandes magistrados.

[14] Las fasces se componían de la unión de unas treinta varas de madera, que simbolizaban las curias de Roma, atadas con una cinta de cuero rojo y que sujetaban un hacha para decapitar o labrys. Dentro de la ciudad, no les estaba permitido llevar el hacha ya que en Roma los magistrados solo podían castigar, pero no ejecutar, quedando solo permitida a los dictadores.

[15] BRAVO BOSCH, M.J. (2010) “El Ius Honorum en la antigua Roma”. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, número 14, p. 239.

[16] ROLDÁN, J.M. (1990) Instituciones políticas de la República Romana, Akal, p. 30.

[17] BRAVO, G. (2005) Historia del mundo antiguo. Una introducción crítica, Alianza Editorial, p. 385.

[18] El fisco o tesoro, es decir, el conjunto de todas las propiedades e ingresos del Estado romano.

[19] ROLDÁN, J.M. (1990) Instituciones políticas de la República Romana, Akal, p. 31.

[20] ROLDÁN, J.M. (1990) Instituciones políticas de la República Romana, Akal, p. 31.

[21] ROLDÁN, J.M. (1984) “El orden constitucional romano en la primera mitad del siglo II a.C.”. Gerión, 2, p. 77.

[22] ROLDÁN, J.M. (1990) Instituciones políticas de la República Romana, Akal, p. 33.

[23] SILES VALLEJO, A. (2014) “La dictadura en la República romana clásica como referente paradigmático del régimen de excepción constitucional”.  Revista de la Facultad de Derecho, número 73, p.415.

[24] ROLDÁN, J.M. (1990) Instituciones políticas de la República Romana, Akal, p. 33-34.

[25] ROLDÁN, J.M. (1990) Instituciones políticas de la República Romana, Akal, p. 34.

[26] También existían los comicios por curias o comitia curiata en los que, ordenado el pueblo en treinta curias, se encargaban de distintos asuntos religiosos.

[27] ROLDÁN, J.M. (1990) Instituciones políticas de la República Romana, Akal, p. 17.

[28] La clientela era el lazo social mediante el cual el ciudadano tenía la posibilidad de participar de forma pasiva en la vida pública. Suponía una relación personal de protección a la que un individuo de mayor prestigio se comprometía con otro de inferior rango. Las personas que se sometían recibían el nombre de clientes y el protector era denominado patronus.

[29] BRAVO BOSCH, M.J. (2010) “El Ius Honorum en la antigua Roma”. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, número 14, p. 232.

[30] BRAVO, G. (2005) Historia del mundo antiguo. Una introducción crítica, Alianza Editorial, p. 452.

[31] HURTADO AGUÑA, J. (2000-2001) “Las magistraturas locales en las ciudades romanas del área septentrional del Conventus Carthaginensis”. Lucentum, XIX-XX, P.6.

[32] ROLDÁN, J.M. (2005) Historia de Roma, Ediciones Universidad de Salamanca, p.356.

[33] AVIAL CHICHARRO, L. (2018) Breve Historia de la vida cotidiana del Imperio Romano, Editorial Nowtilus, p. 41.

[34] AVIAL CHICHARRO, L. (2018) Breve Historia de la vida cotidiana del Imperio Romano, Editorial Nowtilus, p. 45.

[35] Literalmente “El Senado y el Pueblo Romano”.

 

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