Motines, islas desiertas y el derecho internacional

16/12/2018

Jamie Morrison @jamie_morrison

 


En 1837, el famoso filósofo y poeta Ralph Waldo Emerson escribió unos versos dedicados a la batalla de Concord de 1775, que junto con la batalla de Lexington, fue la chispa que encendió la mecha de la guerra de independencia americana. En su primera estrofa, se puede leer:

 

By the rude bridge that arched the flood,
Their flag to April’s breeze unfurled,

Here once the embattled farmers stood,
And fired the shot heard round the world.

 

Ese “cañonazo que se oyó alrededor del mundo”, que había de iniciar la guerra, fue disparado contra la avanzadilla británica que comandaba el escocés John Pitcairn, mayor de los Royal Marines. Este artículo no trata sobre la guerra de independencia de los EEUU, sino sobre otra lejana colonia británica llamada isla de Pitcairn. Y se preguntarán: ¿qué tiene que ver dicha isla con un oficial británico destacado en Boston?

 

Nueve años antes, en 1766, dos buques británicos, el HMS Dolphin, una fragata de 24 cañones y el HMS Swallow, una corbeta de 14 cañones, zarparon del Reino Unido con la misión de circunnavegar el globo terráqueo. Poco después de cruzar el estrecho de Magallanes se separaron. El primero acabó siendo el primer buque occidental en atracar en la isla de Tahití. A bordo del segundo y a sus tiernos 15 años iba el hijo de John Pitcairn, el cadete Robert Pitcairn, quien, el 2 de julio de 1767, avistó una isla a 25 grados y 2 segundos sur y 130 grados y 6 segundos oeste, a la que el capitán procedió a llamar Pitcairn en honor al joven aspirante a oficial. Sin embargo, los oficiales de a bordo anotaron mal las coordenadas de la isla, errando en tres grados su ubicación real, cosa que “perdió” la isla durante más de 40 años.

 

Volvamos a Tahití. Después de la visita del HMS Dolphin, otra corbeta británica, el HMS Endeavor, capitaneada por el famoso explorador James Cook, atracó en la isla. Con él viajaban varios científicos, entre ellos Joseph Banks, que se percató de que una planta autóctona de la isla, a la que procedió a llamar “árbol del pan” (Artocarpus Altilis, Breadfruit en inglés) era extraordinariamente nutritiva. A su regreso a Inglaterra, Banks devino presidente de la Royal Society, puesto desde el cual intentó convencer a la corona para que enviara una expedición con el objetivo de conseguir suficiente cantidad de la planta como para plantarla en las colonias americanas del Imperio Británico.

 

Banks lo consiguió, y en 1787, el HMAV Bounty, comandado por el Capitán William Bligh, fue despachado hacia Tahití. Una vez llegaron, la tripulación pasó muchos meses en Tahití, donde, mientras esperaban el punto de maduración adecuado para recoger los ejemplares, los marineros "confraternizaron" con las mujeres locales. Sin embargo, cuando llegó el momento de zarpar, dejando las mujeres (con las cuales algunos marineros ya habían procreado) en la isla, el malestar se propagó entre las filas, lo que eventualmente provocó a un motín liderado por un marinero llamado Fletcher Christian cuando estaban en el medio del Océano Pacífico.

 

El Capitán y los miembros leales de la tripulación fueron empujados a punta de mosquete a bordo de un pequeño bote a remos con pocas provisiones y abandonados a su suerte. De alguna forma lograron llegar a Timor, siendo luego recibidos en Inglaterra como héroes. Mientras tanto, en 1790 la Bounty, capitaneada por los amotinados y llevando consigo sus mujeres e hijos, después de pasar por Tahití y otras islas de la polinesia, redescubrió la isla de Pitcairn, perdida desde el avistamiento del cadete escocés. Allí, donde los mapamundis terminan, en una isla deshabitada y mal anotada en las cartas de navegación, a salvo de la Royal Navy, los amotinados decidieron establecerse. Para evitar que los encontraran y la tentación de regresar, decidieron quemar el buque.

 

Aproximadamente al mismo tiempo, un barco británico, el HMS Pandora, llegó a Tahití con la misión de capturar a los amotinados. La tripulación del Pandora capturó a los 14 marineros que se quedaron en Tahití, e intentó encontrar a la Bounty sin éxito. Eventualmente, 10 marineros llegaron a Inglaterra, donde fueron juzgados. 4 de ellos fueron absueltos por no haber participado en el motín, y los otros 6 fueron condenados a muerte, aunque 3 de ellos fueron indultados antes de la ejecución.

 

Un buque americano redescubrió la isla en 1808, y un buque británico hizo lo propio en 1814. La historia de Pitcairn a partir de entonces es apasionante, pero baste decir por ahora que los británicos visitaron Pitcairn esporádicamente durante el siglo XIX, estableciéndose incluso algunos colonos, y que mayormente dejaron en paz a sus habitantes, integrando más intensamente la isla legal y logísticamente al Reino Unido durante el siglo XX. A día de hoy, aproximadamente 50 personas viven en esta isla de 47 kilómetros cuadrados, la inmensa mayoría descendientes de los amotinados de la Bounty y las mujeres tahitianas, y hablan el Pitkern, un idioma que viene a ser una mezcla del inglés de siglo XVIII y el polinesio de Tahití.

 

¿Qué tendrá esto que ver con el derecho internacional? Fast forward hasta 2004. Estalla en Pitcairn el escándalo que habría de definir buena parte de la historia reciente de la isla. Siete isleños son acusados de violaciones y abusos sexuales a menores, cometidos desde los años 60 hasta la fecha. En el juicio está implicada prácticamente toda la isla: entre siete acusados, trece víctimas, familiares y vecinos, el juicio, que tiene lugar en Nueva Zelanda, es de enorme transcendencia. Y aquí viene la parte sorprendente y relevante para el tema que nos ocupa: la defensa de los acusados alega que Pitcairn no es parte del Reino Unido, y que por tanto las leyes británicas no surten efecto en la isla y los tribunales británicos son incompetentes para conocer del caso.

 

Tal estrategia jurídica se basaba en tres principales argumentos: primero, que los amotinados que llegaron a Pitcairn y su descendencia no tenían la nacionalidad británica, segundo, que ningún acto de los buques británicos que visitaron la isla estableció soberanía sobre la isla, y tercero, que la organización y costumbres de los habitantes de Pitcairn constituía un “gobierno indígena civilizado” previamente a la incorporación británica. Este último argumento se basa en un tecnicismo legal del derecho colonial británico, así que nos centraremos en los dos primeros.

 

Antes de entrar en mayor profundidad en los argumentos, es conveniente señalar que la mayoría de las afirmaciones hechas por la defensa intentan establecer que no existe soberanía británica (o British posession) sobre Pitcairn o que no existe un asentamiento británico (o British settlement), pero la defensa lo hace principalmente (y lógicamente, pues el juicio es ante tribunales que operan con ese sistema legal) desde el common law británico en vez de desde el derecho internacional. Debemos diferenciar, entonces, entre:

 

-las afirmaciones hechas en referencia a conceptos de derecho internacional como el de soberanía;

 

-las afirmaciones hechas en referencia a conceptos de derecho británico, como el de asentamiento británico.

 

Y con respecto a la soberanía, deberíamos diferenciar también entre varios tipos de enfoques:

 

-cuando se aborda el concepto de soberanía -o cuando se intenta afirmar o negar la soberanía- a través de la ley británica;

 

-cuando se aborda la soberanía a través de la legislación británica, pero la jurisprudencia internacional se utiliza para reforzar o aclarar un aspecto particular;

 

-cuando se aborda la soberanía a través del derecho internacional.

 


 

 

Al Soot @anspchee

 


La soberanía según el derecho colonial británico

 

Vayamos al primer argumento, sobre si los amotinados y sus hijos eran súbditos británicos (es decir, si tenían nacionalidad británica) o no. Es importante recordar en este punto que, si lo miramos a través del lente del derecho internacional, la nacionalidad de los colonos puede ser un signo que puede ayudarnos a establecer si el Estado puede ejercer su autoridad sobre un territorio, pero no constituye un aspecto crucial con respecto a la soberanía (como se explicará más adelante). Sin embargo, la nacionalidad de los habitantes es crucial para determinar la soberanía en el derecho británico[1]. Por lo tanto, la determinación de si los primeros colonos eran súbditos británicos es clave para determinar si la soberanía británica puede ser predicada sobre Pitcairn desde el principio de acuerdo con la ley británica.

 

El abogado de la defensa argumenta que el vínculo de nacionalidad surge de la lealtad al Monarca británico, y que esa lealtad se origina al nacer en suelo británico o de padres británicos o por medio de la naturalización. Este vínculo no hace falta que sea explícito, ya que se deriva de la protección que el Estado (o Monarca) ofrece a sus sujetos. En apoyo de esto, cita una sentencia histórica muy relevante (caso Calvin), en la que se dice que "protectio trahit subjectionem, et subjectio protectionem"[2], que significa que la protección (del Estado al sujeto) se legitima por el sometimiento (del individuo al Estado), y que el individuo tiene una expectativa de protección del Estado porque es un sujeto. Sin embargo, ¿en qué momento podemos determinar que esta protección no existe y, por lo tanto, que el vínculo de lealtad se ha roto? El caso Calvin puede arrojar algo de luz sobre él:

 

If a man be attainted of felony or treason, he hath lost the King's legal protection, for he is thereby utterly disabled to sue any action real or personal (which is a greater disability than an alien in league hath) and yet such a person so attainted hath not lost that […] protection which by the law of nature is given to this King, for that is indelebitis et immutabilis, and therefore the King may protect and pardon him […].

 

A man outlawed is out of the benefit of the municipal law […] and yet is he not out either of his natural ligeance, or of the King's natural protection; for neither of them is tied to municipal laws, but is due by the law of nature, which (as hath been said) was long before any judicial or municipal laws. And therefore if a man were outlawed for felony yet was he within the King's natural protection, for no man but the sheriff could execute him”[3]

 

Se dice, por tanto, que la ley protege al individuo, que sin embargo mediante sus propias acciones (por ejemplo, delitos graves, especialmente traición), puede renunciar a esa protección. Luego está otro tipo de protección: la que el Rey concede a sus súbditos, no por el ministerio de la ley, sino por naturaleza. Esta protección a los súbditos es "indeleble e inmutable". Nótese, sin embargo, que esta protección inmutable no es un hecho de la naturaleza o una obligación del rey, sino una prerrogativa ("por lo tanto, el Rey puede protegerlo y perdonarlo"), es decir, la naturaleza otorga al rey el derecho a proteger, pero puede elegir no hacerlo.

 

La defensa argumenta, entonces, que este lazo de sujeción sólo puede romperse si el sujeto comete delitos graves y no puede esperarse razonablemente que el Rey lo indulte. En el caso de Pitcairn, los nueve marineros amotinados eran ingleses de nacimiento, y cometieron delitos penados con la pena capital (motín, traición, piratería), e intentaron establecerse en uno de los sitios más remotos y desconocidos del mundo para evitar ser apresados por la justicia británica. Los delitos eran tan graves, se nos dice, que el indulto era inimaginable. Además, la defensa añade que el único amotinado que quedaba en la isla cuando los británicos la redescubrieron nunca fue indultado, sino simplemente ignorado.

 

La fiscalía y el tribunal no aceptaron esta versión. En vez de eso, mantuvieron que los amotinados siguieron siendo nacionales británicos hasta su muerte. Primero, porque el indulto real no era imposible, ya que algunos de los amotinados que permanecieron en Tahití, donde fueron arrestados, fueron juzgados y algunos de ellos indultados, lo que supuestamente lleva a la inferencia de que los nueve que se instalaron en Pitcairn podrían razonablemente haber aspirado también al indulto.

 

Este argumento difícilmente se sostiene. En primer lugar, los nueve amotinados de Pitcairn eran los más involucrados en el motín, por lo que tenían pocas esperanzas de obtener un indulto. Segundo, cuando decidieron quemar la Bounty, cometieron otro crimen que los otros no cometieron (traición). En tercer lugar, los tres marineros indultados lo fueron porque el tribunal, aunque los condenó por motín y piratería, recomendó que el rey Jorge III los perdonase por diversas circunstancias: en el caso de Peter Heywood, porque era un hombre rico y de familia bien conectada, y argumentó que llegó a la cubierta del barco demasiado tarde para ir en la balsa con el Capitán, y que su presencia en la balsa habría comprometido la capacidad de supervivencia del grupo; en el caso de James Morrison, quiso unirse al Capitán en la lancha, pero los amotinados se lo impidieron; y finalmente William Muspratt argumentó que se opuso al motín. En cualquier caso, estas circunstancias no son aplicables a los nueve amotinados recalcitrantes, por lo que la inferencia de que si Heywood, Morrison y Muspratt fueron indultados los otros nueve también lo podrían haber sido, es difícilmente válida.

 

El segundo argumento de la fiscalía para afirmar la nacionalidad de los amotinados es que la jurisprudencia británica al respecto de la renuncia a la nacionalidad en esa época es bastante clara. En una sentencia clave al respecto[4], se afirma un principio general del derecho británico respecto a la nacionalidad, resumido en el aforismo “Nemo potest exuere patriam”, eso es: nadie puede renunciar a su patria [nacionalidad]. Además, esta sentencia establece que el delito mismo enjuiciado (traición) no puede ser tomado como una vía del acusado para renunciar a su nacionalidad.

 

Esto obviamente sugiere una contradicción aparente entre “protectio trahit subjectionem, et subjectio protectionem” y “nemo potest exuere patriam”. Si la base para ser un sujeto, que es la protección del soberano, realmente no existe (como fue el caso, se ha argumentado, de los amotinados) ¿por qué una persona no debería poder renunciar a esa lealtad, y por tanto, a su nacionalidad británica? Por muy interesante que pueda parecer esta línea de razonamiento, parece que la doctrina británica del carácter indeleble de la lealtad era una realidad jurídica bien establecida en el momento en que la Bounty llegó a Pitcairn[5], y por lo tanto cualquier discusión en este sentido sería puramente filosófica.

 

La tesis de la defensa en este punto prosigue sosteniendo que los hijos de los amotinados tampoco tenían la nacionalidad británica, ya que, al haber nacido de relaciones sexuales fuera del matrimonio, según la ley inglesa de la época los descendientes heredan sólo la nacionalidad de las madres (que eran tahitianas). El tribunal no se entretiene especialmente en este punto, pues ya ha establecido que los amotinados eran británicos, y que antes de que muriera el último amotinado en la isla en 1829, otros tres colonos británicos se habían establecido en la isla, habiendo entonces una presencia ininterrumpida de británicos en la isla sin tener en cuenta los niños, considerando que esta presencia británica constituye una “membresía numéricamente significativa” respecto el conjunto de la comunidad.

 

Sin embargo, el tribunal no proporciona una estimación de cuántos, o qué porcentaje de pobladores británicos son necesarios para que una colonia se considere formalmente vinculada a la corona británica, especialmente porque desde la muerte del penúltimo amotinado (que fue antes de 1808) y la llegada de los primeros colonos británicos en 1823, sólo había un británico (siempre que estemos de acuerdo en que los amotinados seguían siendo británicos) en Pitcairn. Esto, una vez más, sería digno de un comentario muy interesante, pero ni la defensa ni el tribunal parecen interesados en ahondar más en el asunto.

 

En general, como señalan algunos autores, "sería extraño que el factor dominante para determinar el estatus constitucional de una comunidad como esa fuera el régimen [jurídico, de nacionalidad] de una minoría de sus miembros que buscaban activamente escapar de su funcionamiento [de dicho régimen], y que, antes de que se estableciese una comunidad [en la isla], se limitó a un grupo de cuatro hombres que permanecieron, como en el ejemplo de Adams [el último amotinado], con el temor de ser capturados si eran descubiertos"[6].

 

Veamos ahora el segundo argumento de la defensa: que, si Pitcairn no devino británica al ser poblada por los amotinados, tuvo que devenirlo después por actos del Estado británico. Esto lo argumenta -y la fiscalía lo discute- con un relato histórico muy interesante de las relaciones entre Pitcairn y la corona durante el siglo XIX. Baste decir que el tribunal considera especialmente significativa la visita del HMS Fly en 1838, cuyo capitán redactó un código básico de leyes a petición de los habitantes de Pitcairn y les dio una Union Jack para protegerles de saqueadores y piratas.

 

La defensa entonces insiste en lo que sucedió entre 1856 y 1859. Los habitantes de Pitcairn solicitaron a un capitán de buque británico que les trasladase a otra isla, entre otros motivos por el crecimiento de población, que amenazaba con agotar los recursos de la isla. Entre esos años, pues, los habitantes de Pitcairn fueron trasladados a la isla de Norfolk (que está a más de 4000 km), hasta que una parte de ellos privadamente decidieron pagarse el viaje de vuelta. La defensa argumenta que, incluso si se había establecido soberanía antes de 1856, ésta se había interrumpido al quedar despoblada la isla y ser repoblada privadamente.

 

El tribunal no estuvo de acuerdo con este argumento, ya que entiende que, en caso de duda (es decir, si no ha habido una declaración formal de abandono de un territorio), existe en el derecho internacional una presunción contra el abandono de un territorio, y que una interrupción en el asentamiento no afecta la soberanía. Además, independientemente de si hubo una interrupción del asentamiento y un abandono por parte de los británicos, los mismos argumentos que son válidos antes de 1856 son válidos después de 1859, es decir, que si los habitantes eran súbditos británicos antes de la reubicación, siguieron siendo súbditos británicos después de ella, y por lo tanto, incluso si hubo un abandono de Pitcairn y se convirtió en Terra Nullius durante tres años, los isleños que regresaron colonizaron de nuevo en la isla para la Corona.

 

Esto plantea otro interrogante: si sujetos ingleses colonizan un territorio deshabitado sin tener instrucciones o permiso Real para ello, ¿deviene ese territorio inmediatamente británico? A pesar del hecho de que los sujetos británicos traen sus leyes consigo cuando colonizan un territorio, y por tanto también la soberanía británica, la jurisprudencia nos dice que no puede crearse una colonia británica sin autorización de la corona[7].

 

El caso de asentamientos fundados privadamente por súbditos británicos solo ha sucedido en tres ocasiones: Pitcairn, Tristán da Cunha y la Honduras Británica. En este último hubo un juicio[8] en el que la soberanía británica antes de 1862 (año en que formalmente la corona incorporó Honduras como colonia) fue cuestionada, pero el tribunal sostuvo que la soberanía británica en realidad comenzó en 1817, cuando la corona comenzó a comportarse como soberano en ese territorio, haciendo las primeras concesiones Reales de tierra a particulares, cosa que no hizo en Pitcairn hasta bien entrado el siglo XX.

 

De hecho, como se ha apuntado, “la Corona nunca reclamó la propiedad de la tierra de Pitcairn, ni hizo concesiones de esa tierra. Su ejercicio de soberanía política sobre la isla fue inicialmente débil y no está claro si las acciones de los primeros oficiales navales de ayudar a los habitantes de Pitcairn con cuestiones de orden público se hicieron en nombre de una autoridad superior. Por lo tanto, no está claro cuando entró la isla por primera vez bajo el dominio de la Reina”[9].

 

De todas formas, lo que está claro es que, en 1898, el Reino Unido por primera vez incorporó Pitcairn en su ordenamiento jurídico. Previamente a esa fecha cabe discutir hasta qué punto el Reino Unido consideró Pitcairn parte de su territorio o no, pero en ese año, en el equivalente a una orden ministerial, el secretario para las colonias incluyó Pitcairn en la jurisdicción británica de las colonias del Pacífico. Por mucho que el abogado defensor intentara discutir esto con tecnicismos jurídicos, es evidente por esto, y también por los numerosos gestos del Reino Unido durante el siglo XX (redacción de leyes, envío de personal y dinero, etc.), que según el derecho británico Pitcairn está bajo soberanía británica.

 

Finalmente, el tribunal (y también los subsiguientes tribunales de apelación) reafirma la indiscutibilidad de un acto gubernamental respecto a la definición de cuál es el territorio nacional mediante una retahíla inmensa de citas jurisprudenciales. Básicamente los tribunales de toda la Commonwealth han repetido en numerosos casos ante demandas de pueblos indígenas que lo que es territorio soberano es un hecho político que se escapa del control judicial, pues los tribunales tienen que tomarlo como un hecho indiscutible. Una de estas sentencias contiene un comentario muy ilustrador al respecto: “Estos no son asuntos de derecho interno sino de la ley de las naciones y no son conocibles en un tribunal que ejerce jurisdicción bajo esa soberanía que se pretende desafiar”[10]. Vayamos, pues, al derecho de las naciones, al derecho internacional.

 


 

Dmitrij Paskevic @zeak


La perspectiva del derecho internacional

 

La soberanía es uno de los temas más centrales y estudiados en derecho internacional. Esta soberanía puede ser adquirida por cesión (ya sea pacífica, mediante un tratado, o mediante conquista militar) o bien por ocupación (en el sentido jurídico, no coloquial: encontrar un territorio vacío y establecerte en él). Una sentencia fundamental de la Corte Internacional de Justicia[11] nos dice que para que exista soberanía por ocupación son necesarios dos requisitos: la intención de actuar como soberano y algún ejercicio efectivo de autoridad del Estado sobre ese territorio. Respecto a la intención de actuar como soberano, podemos decir que en el caso de Pitcairn es difícil de afirmar antes del siglo XX, pues en ningún momento la Corona se comporta como si Pitcairn fuese suya, ni concluyó tratados ni contratos al respecto.

 

Respecto al ejercicio efectivo de autoridad, es necesario referirnos al caso de la Isla de Palmas[12], en el que los EEUU y los Países Bajos se disputaban una isla cerca de las Filipinas. En esa sentencia se examinan los actos de los holandeses respecto la isla, y si constituían dicho ejercicio efectivo de autoridad. De los que se examinan, a los que se da más peso son una especie de contratos de protectorado de los locales con la Compañía Holandesa de las Indias Orientales; el hecho de que se les dieron banderas holandesas; que se recolectaron impuestos; que se ejerció jurisdicción; y que, en la legislación administrativa holandesa, Palmas se consideraba holandesa.

 

Sólo dos de estos síntomas se dan en el caso de Pitcairn: el de la bandera, y el de los actos de jurisdicción (pues en alguna ocasión, delitos cometidos en Pitcairn por sus habitantes fueron juzgados a bordo de buques británicos). Este último síntoma ha sido considerado especialmente crucial en posteriores casos internacionales[13].

 

Por otro lado, otra jurisprudencia internacional parece desvirtuar la soberanía británica sobre la isla en el siglo XIX. En el arbitraje del caso de la isla Clipperton[14] estableció que, en casos ordinarios, la prueba de esta autoridad estatal debe provenir del establecimiento de una organización capaz de hacer respetar sus leyes, pero que en los casos de territorios deshabitados, como la Isla Clipperton, basta la mera aparición del Estado en el territorio, junto con la disposición absolutamente indiscutida de la tierra. Si aplicamos esto a Pitcairn tenemos, primero; que Pitcairn está habitada, segundo; que Gran Bretaña implementó algunas leyes en algunas situaciones a intervalos irregulares, pero que, tercero; no está nada claro si Gran Bretaña hizo cumplir sus leyes o si proporcionó el servicio de hacer cumplir un conjunto de leyes no británicas (lo que parece ser el caso en Pitcairn antes de 1898).

 

Lo que no es discutible, tampoco en derecho internacional, es que a partir de 1898, con la incorporación de la isla en el ordenamiento británico, Pitcairn deviene británica: sea por el -ahora sí- constante ejercicio de jurisdicción, por la incorporación en el ordenamiento jurídico interno o por la extensión de la validez de las leyes británicas en la isla.

 



Conclusión

 

Si después de 1898 está claro, tanto en derecho británico como internacional, que Pitcairn es británica, antes de dicha fecha no lo es tanto, y es de interés intentar determinar a partir de qué fecha deviene parte del Reino Unido, sea para el derecho británico o para el internacional.

 

En relación con el período anterior a 1898, entonces, de acuerdo con el derecho colonial británico:

 

1) Si suponemos que los amotinados se convirtieron en apátridas cuando llegaron a Pitcairn, entonces:

 

a) entre 1790 y 1823 (cuando llegaron los colonos británicos), Pitcairn era terra nullius, como lo había sido antes;

 

b) entre 1823 y 1898, Pitcairn pudo haber sido:

 

i) terra nullius, si concluimos que el porcentaje de colonos británicos entre los colonos no británicos no fue lo suficientemente grande como para afirmar que se estableció un asentamiento británico);

 

ii) una posesión británica, cuando el porcentaje mencionado anteriormente llega a ser lo suficientemente grande;

 

iii) una posesión británica, si consideramos que cualquier cantidad de colonos británicos que vivan entre colonos no británicos que se establezcan en una tierra previamente no reclamada constituye inmediatamente una posesión británica.

 

2) Si asumimos que los amotinados siguieron siendo súbditos británicos hasta su muerte (lo cual es la suposición legalmente más sólida, aunque, como se ha dicho, es algo extraño), entonces desde 1790 hasta 1898, Pitcairn pudo haber sido:

 

a) si llegamos a la conclusión de que un asentamiento hecho por súbditos británicos, incluso si se establecieron sin autorización de la Corona, en tierras deshabitadas, se convierte automáticamente en posesión británica;

 

b) si no llegamos a tal conclusión, entonces:

 

i) si afirmamos que Corona realizó acciones soberanas análogas a la cesión de tierras en el caso de Honduras, entonces se convirtió en una posesión británica solo después de esos actos;

 

ii) fue terra nullius antes de que se realizaran tales actos o si no creemos que tales actos se realizaran (nótese que, si partimos de este escenario, también debemos negar la soberanía británica en los casos 1.b.ii y iii).

 

Si examinamos el problema a través del derecho internacional, Pitcairn fue, antes de 1898:

 

1) Terra nullius, si concluimos que:

 

a) el Estado británico no tenía la intención de actuar como soberano con respecto a Pitcairn o;

 

b) que no ejerció suficientes actos de autoridad estatal como para poder afirmar su la soberanía por no haber hecho "exhibición pacífica y continua de la autoridad del Estado", es decir, que el ejercicio ocasional de la jurisdicción a bordo de buques británicos, la presencia de una bandera británica u otros signos concurrentes en el caso de Pitcairn no constituyen una prueba suficiente de la "exhibición pacífica y continua de la autoridad del Estado";

 

2) una posesión británica, si no concluimos nada de lo anterior.

 

Si tomamos las suposiciones que parecían ser las más seguras y jurídicamente más sólidas, podemos afirmar que, de acuerdo con la ley colonial británica, el Reino Unido comenzó a tener soberanía sobre Pitcairn en 1790 y que, de acuerdo con el derecho internacional, la soberanía británica comenzó en algún momento entre 1838 y 1898.

 

Finalmente, resulta obvio que, en el caso de los delincuentes sexuales, el Reino Unido tenía soberanía sobre Pitcairn en el momento en que se cometieron los delitos, y en ese sentido (tal vez no en otros) los tribunales tenían jurisdicción. Finalmente, de los siete acusados en el juicio de 2004, y a pesar de numerosas apelaciones hasta las últimas instancias, seis fueron condenados, dos a servicios a la comunidad y los otros cuatro a penas de prisión de dos a seis años; penas que fueron notablemente leves en atención al aislamiento de Pitcairn y su dependencia demográfica.

 

Michael Jasmund@jasmund

 

[1] Autores canónicos en el derecho británico como W. Blackstone sostienen que "si un país deshabitado es descubierto y plantado por súbditos ingleses, todas las leyes inglesas entonces vigentes, que son el derecho de nacimiento de todos los súbditos, están inmediatamente ahí vigentes"

[2] Calvin’s case 7 Coke Report 1a, 77 ER 377

[3] P. 393

[4] Joyce v Director of Public Prosecutions [1946] AC 347. En esta sentencia se juzgó al famoso “Lord Haw-Haw”, un irlandés que dirigía un programa de radio en la que difundía propaganda nazi en lengua inglesa durante la segunda guerra mundial. Se habló de la nacionalidad porque la defensa argumentó la falta de competencia de los tribunales ordinarios británicos al ser irlandés el acusado.

[5] Por ejemplo, en las transcripciones de os debates en la cámara de los comunes en 1812, aparece numerosas veces este precepto, y no solo en la sentencia de Joyce, de 1946

[6] Oliver, D. (2009). Justice, legality, and the rule of law: Lessons from the Pitcairn Prosecutions. Oxford: Oxford University Press.

[7] Campbell v Hall (1774) 1 Cowp 204, [1774] EngR 5 

[8] Attorney-General of British Honduras v Bristowe (1880) 6 App. Cas. 143

[9] Farran, S. (2007). The 'Re-Colonising' of Pitcairn. Victoria University of Wellington Law Review, 38(3), pp.435-464.

[10] Coe V. The Commonwealth Of Australia And The Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland [1979] HCA 68; 53 ALJR 403; 24 ALR 118 

[11] Legal Status of Eastern Greenland (Den. v. Nor.), 1933 P.C.I.J. (ser. A/B) No. 53 (Apr. 5)

[12] United States v. the Netherlands (1928) 2 R.I.A.A. 829, pp. 860-867

[13] Como en Minquiers and Ecrehos [1953] ICJ Rep 47, ICGJ 186 (ICJ 1953), en el que el RU y Francia se disputaban el control de dos islotes en el Canal de la Mancha

[14] France v. Mexico (1931) 2 R.I.A.A. 1105

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