La libertad de expresión e información en 5 minutos

Amanda Lins @amandalins


Las libertades de expresión e información son derechos personalísimos que derivan de la dignidad humana y que por tanto corresponden a todos; ocupan un lugar preferente en el sistema democrático español como garantes de la opinión pública libre y del pluralismo. Por lo tanto, si bien no son derecho absolutos, gozan de cierto favor en las ponderaciones con otros derechos.

 

La libertad de expresión incluye juicios, opiniones y valoraciones no contrastables, por lo que solo deben evitarse aquellas expresiones injuriosas sin relación con lo dicho e innecesarias a tal fin. Así pues, se reconoce ampliamente el derecho a la crítica mas no al insulto. En cambio, la libertad de información incluye descripciones contrastables y se ve limitada por la veracidad y la relevancia de la información.  Si la exposición de unos hechos no cumple estos requisitos no quedará amparada por la libertad de información (STC 107/1988).

 

De acuerdo con la jurisprudencia, por veracidad se entiende determinado grado de diligencia en la comprobación de los hechos que deberá ser mayor como mayor sea el potencial perjudicial de lo dicho (STC 240/1992). Para valorar ese grado de diligencia se estará al nivel de contrastación que era posible, la fiabilidad de la fuente y la calidad de los medios de contraste que se escogió (STC 68/2008). Igualmente, se aceptan algunos errores “siempre que la información yerre en cuestiones de relevancia secundaria en el contexto del reportaje periodístico, sin una directa y decisiva influencia en aquello sobre lo que se informa, y no se acredite malicia en el error [...] la información no deja de ser por ello veraz en los términos constitucionalmente exigidos” (STC 192/1999).

 

Asimismo, para que lo dicho pueda quedar encuadrado en la libertad de información el hecho expuesto debe ser noticiable, es decir de interés público. Ello puede sustentarse tanto en el sujeto del que trata la información como en el hecho en sí mismo. Entre otros, se consideran noticiables los sucesos de relevancia penal (STC 320/1998) y también aquellos hechos que hayan alcanzado notoriedad (STC 154/1999). Cuando no resulte claro del todo si se trata de expresión o información se estará al elemento predominante. A destacar que las personas que ejercen cargos públicos o están implicados en actividades públicas deben soportar un mayor nivel de injerencia en sus derechos (STC 19/1996), sin que por ello pueda hablarse de las mismas con absoluta libertad, inventado o faltando al respeto.

 

Así pues, el grado de protección constitucional que se le otorga a un comentario depende de la relevancia pública del asunto del que versa, el grado de contribución a la formación de una opinión libre, la calidad de público o privado del personaje que lo recibe, el contexto, modo e intención de lo dicho, y finalmente, la naturaleza crítica o insultante/vejatoria de la expresión.

 

Tal y como decíamos, las libertades de expresión e información, aun y su lugar preferente en el ordenamiento, no tienen valor absoluto y en determinados casos deben ceder ante otros derechos fundamentales. ¿Cuáles son esos derechos? Honor, Intimidad, Imagen y Protección de datos. 

 

El derecho al honor es el derecho a no ser humillado o escarnecido (STC 85/1992). El contenido exacto del mismo depende de los valores y las ideas de la sociedad en cada momento, pero en todo caso ampara la buena reputación, protegiéndole a uno de los mensajes gratuitamente ofensivos que lo harían desmerecer en la opinión ajena (STC 107/1988). El margen de crítica se amplía cuando se trata de una persona que ejerce un cargo o función pública, e incluye no solo las críticas inofensivas, sino también las que puedan molestar, inquietar o disgustar (STC 100/2000) pues así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y el espíritu abierto que deben caracterizar a una democracia (STC 77/ 2009). Pero incluso donde la crítica puede ser más amplia no se reconoce un “derecho al insulto”. No están amparadas las expresiones absolutamente vejatorias que resulten innecesarias para transmitir las opiniones o informaciones de que se trate (STC 77/2009). No obstante, a la hora de realizar esta ponderación, siempre debe tenerse en cuenta la intensidad de las frases, su tono humorístico o mordaz, la finalidad política de lo dicho, el ánimo con que se hagan, el aspecto criticado (STC 85/1992) y por encima de todo si contribuyen al debate público (STC 9/2007).

 

El derecho a la intimidad implica la existencia de un ámbito propio y privado reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás que según nuestra cultura es necesario para mantener una calidad de vida mínima. (STC 115/2000). No obstante, “en aquellos casos en los que, a pesar de producirse una intromisión en la intimidad, tal intromisión se revela como necesaria para lograr un fin constitucionalmente legítimo [normalmente informar sobre algo de interés público], proporcionada para alcanzarlo y se lleve a cabo utilizando los medios necesarios para procurar una mínima afectación del ámbito garantizado por este derecho, no podrá considerarse ilegítima” (STC 156/2001). Ahora bien, “es esa relevancia comunitaria ­y no la simple satisfacción de la curiosidad ajena lo único que puede justificar la exigencia de que se asuman aquellas perturbaciones o molestias ocasionadas por la difusión de una determinada noticia” (STC 127/2003).

 

El derecho a la protección de datos conlleva la facultad de controlar, disponer y decidir sobre los datos personales, esto es, aquellos que puedan servir para identificarle a uno. Así pues, los datos personales de un ciudadano sólo pueden tratarse, recogerse y emplearse, si el interesado ha dado su consentimiento y se persiguen un fin legítimo. A destacar además que los datos relativos al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recogidos, tratados y cedidos, si alguna Ley así lo dispone por razones de interés general, o en caso de que el afectado haya consentido expresamente.

 

El  derecho a la propia imagen atribuye a su titular el derecho a impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen (íntima o no) por parte de un tercero no autorizado cualquiera que sea su finalidad (STC 81/2001). Este derecho decaerá en pro de la libertad informativa cuando la captación y difusión de la imagen sea de interés público (STC 156/2001). En cada caso deberán ponderase estos dos intereses en juego.

 

¿Pueden emplearse estas libertades para erosionar el sistema que las hace posibles? Sí. De acuerdo con la doctrina constitucional España es una democracia pluralista, es decir, una en la que cabe negar, criticar o atacar los valores constituciones pues “al resguardo de la libertad de opinión cabe cual quiera, por equivocada o peligrosa que pueda parecer al lector, incluso las que ataquen al propio sistema democrático. La Constitución –se ha dicho– protege también a quienes la niegan (STC 176/1995, de 11 de diciembre, FJ 2)".  “[E]n nuestro sistema –a diferencia de otros de nuestro entorno– no tiene cabida un modelo de «democracia militante», esto es, un modelo en el que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento (STC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 7).”

 

En relación al negacionismo y el discurso histórico se ha dicho que cuando el "error" en que se incurra no suponga una vejación, quedará constitucionalmente amparado pues la Constitución "ofrece cobertura a las opiniones subjetivas e interesadas sobre determinados hechos históricos, por muy erróneas o infundadas que resulten, que no supongan un menosprecio a la dignidad de las personas o un peligro para la convivencia pacífica entre todos los ciudadanos. Conviene destacar que la mera difusión de conclusiones en torno a la existencia o no de determinados hechos, sin emitir juicios de valor sobre los mismos o su antijuridicidad, afecta al ámbito de la libertad científica reconocida en la letra b) del art. 20.1 CE (STC 235/2007, de 7 de noviembre de 2007)". Es decir, “las afirmaciones, dudas y opiniones acerca de la actuación nazi con respecto a los judíos y a los campos de concentración, por reprobables o tergiversadas que sean —y en realidad lo son al negar la evidencia de la historia— quedan amparadas por el derecho a la libertad de expresión (art. 20.1 CE), en relación con el derecho a la libertad ideológica (art. 16 CE)" (STC 235/2007, de 7 de noviembre de 2007)

 

No obstante, debe precisarse que, aun y con lo anterior, la CE no garantiza “el derecho a expresar y difundir un determinado entendimiento de la historia o concepción del mundo con el deliberado ánimo de menospreciar y discriminar, al tiempo de formularlo, a personas o grupos por razón de cualquier condición o circunstancia personal, étnica o social, pues sería tanto como admitir que, por el mero hecho de efectuarse al hilo de un discurso más o menos histórico, la Constitución permite la violación de uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, como es la igualdad (art. 1.1 CE) y uno de los fundamentos del orden político y de la paz social: la dignidad de la persona (art. 10.1 CE)” (STC 214/1991, de 11 de noviembre, FJ 8).

 

La distinción no es en absoluto clara pero se ha insistido en que "el reconocimiento constitucional de la dignidad humana configura el marco dentro del cual ha de desarrollarse el ejercicio de los derechos fundamentales y en su virtud carece de cobertura constitucional la apología de los verdugos, glorificando su imagen y justificando sus hechos cuando ello suponga una humillación de sus víctimas (STC 176/1995, de 11 de diciembre, FJ 5) Igualmente, hemos reconocido que atentan también contra este núcleo irreductible de valores esenciales de nuestro sistema constitucional los juicios ofensivos contra el pueblo judío que, emitidos al hilo de posturas que niegan la evidencia del genocidio nazi, suponen una incitación racista (SSTC 214/1991, de 11 de noviembre, FJ 8; 13/2001, de 29 de enero, FJ 7)."

 

Así se afirma que "La libertad de expresión no puede ofrecer cobertura al llamado “discurso del odio”, esto es, a aquél desarrollado en términos que supongan una incitación directa a la violencia contra los ciudadanos en general o contra determinadas razas o creencias en particular (STC 235/2007, de 7 de noviembre de 2007)" Ahora bien, esta tesis según la cual determinadas ideas no pueden ser expresas de ningún modo también se ha visto matizada al conjugarse con la idea de que la mera adhesión a tales ideas sí es aceptable. De este modo, se afirma que "La especial peligrosidad de delitos tan odiosos y que ponen en riesgo la esencia misma de nuestra sociedad, como el genocidio, permite excepcionalmente que el legislador penal sin quebranto constitucional castigue la justificación pública de ese delito, siempre que tal justificación opere como incitación indirecta a su comisión; esto es incriminándose (y ello es lo que ha de entenderse que realiza el art. 607.2 CP) conductas que aunque sea de forma indirecta supongan una provocación al genocidio. Por ello, el legislador puede, dentro de su libertad de configuración, perseguir tales conductas, incluso haciéndolas merecedoras de reproche penal siempre que no se entienda incluida en ellas la mera adhesión ideológica a posiciones políticas de cualquier tipo, que resultaría plenamente amparada por el art. 16 CE y, en conexión, por el art. 20 CE.(STC 235/2007, de 7 de noviembre de 2007)".

 

¿Cuál es pues la doctrina constitucional en materia de "hate speech"? Difícil saberlo. La posición al respecto es, como vemos, errática y oscura, basada en distinciones de contornos difusos. Parecería que, como también hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional se debatiría entre un acercamiento consecuencialista -según el cual se prohibirían aquellas expresiones potencialmente peligrosas- y otro de corte más bien deontológico -según el cual determinadas expresiones serían inaceptables con independencia de sus consecuencias. 

 

 

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